Actividades de SIPAZ (Diciembre 2003 – Marzo 2004)
31/03/2004
Presidente Vicente Fox</br>© Diario REFORMA
COYUNTURA: México-Chiapas, informes de gobierno
30/09/2004

COYUNTURA I: Chiapas, multiplicación de focos rojos en un contexto de alta tensión

Ciertamente Chiapas ya no ocupa tanto las primeras planas de los periódicos nacionales como en los primeros años posteriores al levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994. Sin embargo, al revisar las otras páginas de aquellos o la prensa local, uno no puede dejar de experimentar cierta alarma al ver multiplicarse hechos violentos o focos rojos que podrían derivar en mayor violencia en cualquier momento. Mucho más si tenemos en cuenta que la mayor parte de las causas responden a los factores estructurales que generaron el levantamiento.

De los Altos…

Un primer hecho violento, en estos últimos meses, ocurrió el 10 de abril pasado, en el municipio de Zinacantán donde centenares de bases de apoyo zapatistas realizaron una marcha pacífica para recordar el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. Después de la manifestación, repartieron agua a las comunidades que habían sido privadas de este servicio por las autoridades municipales del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Fueron emboscados por simpatizantes del PRD dejando un saldo de decenas de heridos y 125 familias desplazadas que pudieron regresar a sus comunidades de origen 15 días después (ver artículo aparte en este mismo informe).

También existe un conflicto parecido en sus raíces en el municipio de Tenejapa sobre la propiedad y el uso de un manantial de agua que podría degenerar en violencia según señalaron habitantes de una de las comunidades afectadas.

A finales de mayo, el consejo autónomo de Polhó (Chenalhó), denunció que “los grupos armados vinculados al gobierno perredista de Zinacantán, que ya han actuado anteriormente, están aliados con al menos un sector de los paramilitares de Chenalhó, quienes nunca fueron desarmados, y desde 1997 no han dejado de operar, amenazar y mantener en el exilio a miles de indígenas zapatistas”.

A la Selva…

EL CASO MÁS PUBLICITADO SE REFIERE A LA RESERVA DE LA BIÓSFERA DE MONTES AZULES DONDE SIGUEN LAS AMENAZAS DE DESALOJO Y ESTÁ PENDIENTE LA REUBICACIÓN DE MÁS DE 30 POBLADOS. INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES HAN VENIDO INSISTIENDO EN QUE SE HA PRIVILEGIADO LA LÍNEA DEL DIÁLOGO CON LOS ASENTAMIENTOS “IRREGULARES”. EN MARZO, 10 COMUNIDADES UBICADAS EN LA RESERVA Y AGRUPADAS EN LA UNIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA SELVA CHIAPANECA RECHAZARON DIALOGAR CON LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA SOBRE SU POSIBLE REUBICACIÓN DICIENDO QUE NO ACEPTARÁN “MÁS SUPUESTOS DIÁLOGOS Y NEGOCIACIONES EN LAS QUE NO SE CONCRETAN COMPROMISOS Y ACUERDOS SERIOS”.

Otras declaraciones públicas suenan más ambiguas. En abril, por ejemplo, el panista Jorge Nordhausen de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca del Senado de la República propuso que continúen los desalojos en Montes Azules “con el propósito de restaurar el orden y la legalidad en la reserva de la biosfera ubicada en la selva lacandona”. Subrayó que los desalojos “no consisten en medidas arbitrarias, sino en acciones fundadas en la ley motivadas por esas invasiones en perjuicio del patrimonio natural de la nación”.

En mayo, la PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) aseguró haber logrado 13 acuerdos de reubicación y cinco de regularización que deberían hacerse efectivos en junio.

En la zona de Las Cañadas, en abril, se han producido fuertes acusaciones recíprocas entre las organizaciones de la zona: la Junta de Buen Gobierno “El Camino del futuro” desmintió que los zapatistas estén creando grupos de policías. Por el contrario, denunciaron que priístas y miembros de la Asociación Rural de Interés Colectivo, ARIC Independiente son quienes desde hace dos meses han instalado retenes en las proximidades de Ocosingo a pesar de la inconformidad de los zapatistas.

De la zona Norte a la Costa

A finales de abril, la Junta de Buen Gobierno “Semilla que va a Producir” acusó a presuntos paramilitares ligados al PRI de atacar a familias bases de apoyo del EZLN, de la comunidad Tiutzol, municipio de Tila (zona Norte).

Siguen los conflictos en torno a la resistencia al pago de la luz. Se ha informado de bloqueos (Tapachula) y detención de empleados de la Comisión Federal de Electricidad –CFE- (Costa, zona Norte). Sin embargo, a finales de mayo, el gerente de la División Sur-Sureste de la CFE aseguró que el 90 por ciento de la Región Costa ya aceptó el programa preferencial “Vida Mejor” (Ver informe de SIPAZ de marzo de 2004). Afirmó que los conflictos que se han dado son “pequeños brotes” y que continuarán suspendiendo la energía a todos los que se nieguen a pagar.

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¿Conflictos comunitarios o la punta de un iceberg?

Algunos buscan atribuir esos brotes de violencia a problemas inter o intra comunitarios. De visita a Chiapas en abril, el secretario de Gobernación, Santiago Creel dijo que “Chiapas ha dejado de ser un dolor de cabeza para el gobierno federal” y que a pesar del enfrentamiento en Zinacantán “goza de estabilidad política”. Calificó dicho enfrentamiento de “incidente“.

Otros sin embargo ven esos hechos como sintomáticos de una situación de carácter más amplio. La Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (Coreco) afirmó que “Lo sucedido el 10 de abril no fue simple gresca, ni pura consecuencia de la incapacidad de los gobiernos estatal y municipal para resolver una necesidad de la población. Tampoco es resultado de la agudización del conflicto por la existencia de dos marcos jurídicos. La emboscada, la agresión, la violencia, la amenaza y el hostigamiento hacia la marcha y las comunidades en resistencia en Zinacantán, ocurrieron, una vez más, como intento para forzar a las bases de apoyo del EZLN a la renuncia a su filiación política”.

Diputados de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa, instancia legislativa conformada para coadyuvar en el diálogo entre el EZLN y el gobierno) afirmaron que los hechos de Zinacantán reflejan el “arrinconamiento” del tema Chiapas en la agenda del gobierno federal.

Luis H. Álvarez, comisionado por la paz del gobierno federal en Chiapas sostuvo por su parte: “El EZLN tiene una importante responsabilidad en la generación de un espacio de negociación política que permita evitar mayores conflictos y el derramamiento de sangre indígena. Es necesario que el EZLN admita de una vez que es necesario reabrir el diálogo con las autoridades gubernamentales para lograr los acuerdos básicos que permitan la convivencia pacífica en la entidad”.

En junio, la bancada del PRD en la Cámara de Diputados dijo que solicitará la comparecencia ante comisiones del comisionado para la paz en Chiapas, Luis H. Alvarez al considerar que el representante desvirtuó su encomienda al dedicarse a la entrega de láminas y otras obras entre la población que ha desertado del zapatismo o está en su contra en sus visitas a Chiapas. A su vez, el perredista Gerardo Ulloa consideró que la distribución de materiales por el comisionado lo coloca más como un instrumento del gobierno para minar las bases zapatistas, lo cual no ayuda a la reactivación del diálogo, sino que reduce su calidad moral como negociador.

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El caldo de cultivo

Detrás de los hechos violentos, existen múltiples factores.

Secuelas de años de guerra

A la marginación social, política y económica de las comunidades indígenas de Chiapas que existía antes de 1994, se suman las consecuencias de la guerra de baja intensidad sufrida por esa región en estos años, cuyo rostro más visible es la permanente militarización del territorio chiapaneco. Otra consecuencia ha sido la descomposición del tejido social, que ha implicado conflictos inter e intracomunitarios, donde predomina una cultura creciente de intolerancia y una tendencia a dirimir las diferencias ideológicas, políticas o religiosas por medios violentos.

A principios de junio, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas denunció que la situación de los más de 12.000 desplazados en Chiapas a causa del conflicto armado sigue siendo uno de los temas pendientes. Señaló que, a pesar de que algunos han buscado negociar con el Gobierno, en ninguno de los casos se les ha dado una tierra para vivir, ni se ha investigado a los responsables de los desplazamientos.

Unos días después, Emilio Zebadúa, diputado federal perredista, recalcó que los desplazados de Chiapas se encuentran en una situación de “alta vulnerabilidad” como resultado de la salida del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que beneficiaba este sector. Zebadúa cuestionó que el gobierno federal no ha cumplido las recomendaciones en favor de los desplazados emitidas hace un año por Francis Deng, relator de la Organización de la Naciones Unidas.

Marco pre-electoral

Otro factor que explica un aumento de la tensión social tiene que ver con las elecciones locales del 3 de octubre en las que se elegirán a 118 alcaldes y 40 diputados estatales. La lucha por el poder (candidaturas y elecciones) enrarece el ambiente.

A nivel federal, aunque las próximas elecciones federales serán hasta el 2006, la agenda política ya está enfocada hacia ello en medio de escándalos, luchas internas en los partidos y descalificaciones.

Dentro del Partido de Acción Nacional (PAN), actualmente en el gobierno federal, se han producido roces entre el Presidente Fox, y sus posibles sucesores dentro del partido, como fue el caso de Felipe Calderón, Secretario de Energía, quien anunció su candidatura a la Presidencia durante la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la UE. El presidente le obligó a dejar su actual cargo en caso de dedicarse a la campaña política, reflejándose así las diferencias entre las distintas familias ‘panistas‘.

En el marco de los partidos de oposición, el caso más cubierto gira alrededor de los conflictos entre el gobierno federal y el actual jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, posible candidato a la presidencia por el PRD.

Denuncia de cierre de espacios

Ley “Mordaza”

El pasado 17 de febrero se aprobaron en Chiapas reformas al código penal que se refieren a los delitos contra el honor, por los cuales se podrán imponer sanciones de nueve años de cárcel y multas hasta de mil días de salario mínimo. Organizaciones defensoras de derechos humanos, grupos de periodistas y la sociedad civil manifestaron su repudio a dichas reformas argumentando que son contrarias a los derechos de libertad de opinión y de expresión así como al derecho a la información. Subrayaron además que atentan contra documentos legales firmados por el gobierno mexicano, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, estas reformas entraron en vigencia a finales de mayo de 2004.

CEDH

Otra situación que generó preocupación para las organizaciones de derechos humanos en Chiapas, en cuanto al efectivo recurso que los organismos públicos de protección deben ofrecer a la ciudadanía, tiene que ver con la controversia surgida entre la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH) y su homóloga estatal (CEDH), con respecto a una recomendación emitida por esta última. Según la CNDH, la mala integración de la recomendación por parte de la CEDH posibilitó que permanezcan sin castigo los policías sectoriales y municipales de Comitán que agredieron a 66 personas durante un desalojo en el 2002.

En junio, el Congreso de Chiapas dio entrada a la denuncia por desacato que presentó la CNDH contra su homóloga estatal. A su vez, el ombudsman local, Pedro Raúl López Hernández, pidió a los legisladores que respeten su derecho de audiencia antes de tomar alguna determinación al respecto.

Ley sobre DDHH

En abril, la iniciativa de reforma a la constitución en materia de derechos humanos esta vez a nivel federal también generó polémica. Las organizaciones integrantes del Comité de Enlace entre el gobierno federal y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), denunciaron que a pesar de tocar aspectos claves la iniciativa de reforma se aleja de la letra y el espíritu de la propuesta trabajada conjuntamente, minando el proceso de diálogo entablado. (Para más detalles, ver en el sitio del Centro de Derechos Humanos Augustín Pro Juárez).

Cuestionaron las declaraciones del presidente Fox en el sentido de que nadie puede cuestionar al gobierno de no respetar los derechos humanos: “Existen importantes evidencias de que contradicen su afirmación, las cuales pueden encontrarse en el Diagnóstico del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), las numerosas quejas recibidas y documentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los organismos internacionales. Así como todas aquellas violaciones que constituyen el mayor número que no son denunciadas por la población debido a la desconfianza por ineficaces frente a las instituciones tanto jurisdiccionales como no jurisdiccionales, responsables de la protección de sus derechos humanos. Situación que exige con urgencia ya no discursos alejados de la realidad sino una verdadera política de Estado que asegure respeto, garantía y protección de los derechos humanos”.

A finales de mayo, en su informe 2004, Amnistía Internacional afirmó por su parte que los esfuerzos del gobierno del presidente Vicente Fox para garantizar el respeto a los derechos humanos han sido “insuficientes” para frenar las “frecuentes y generalizadas violaciones”. Denuncia que los “fallos estructurales” del sistema de justicia penal siguen siendo causa clave de las violaciones de derechos humanos y la impunidad. Además, indica sobre el tema de los pueblos indígenas que la discriminación, la marginación y los conflictos comunitarios siguen ocasionando múltiples violaciones de derechos humanos. El informe recuerda que en junio del 2003 se invitó a México a reanudar las negociaciones con el EZLN y reformar la “controvertida” legislación de 2001 sobre derechos indígenas. También señala que existe gran preocupación por el peligro que representa el Plan Puebla-Panamá para las comunidades indígenas del sur de México, ya que amenaza con violar los derechos económicos, sociales y culturales de estas comunidades.

A finales de mayo, representantes de organizaciones civiles se reunieron con el secretario de Gobernación, Santiago Creel y lograron una serie de acuerdos para garantizar la continuidad del diálogo con Gobernación.

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Proceso Sociales y Espacios Oficiales

En cuanto a pueblos indígenas, a mediados de mayo, se realizó la reunión número trece del Congreso Nacional Indígena (CNI), en Unión Hidalgo, Oaxaca. Delegados de la región Centro-Pacífico acordaron ratificar los Acuerdos de San Andrés como “Constitución Indígena” y avanzar en una “rebelión pacífica” mediante el ejercicio de la autonomía. Juan Chávez, purépecha de Nurio, subrayó: “no hay que caer en seguirle pidiendo al Estado lo que ya nos negó (el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indios con la aprobación de la iniciativa de ley de la Cocopa), no tenemos que pedirle permiso al gobierno ni estarle sombrereando, esa demanda quedó rebasada con la creación de los caracoles en Chiapas y con municipios autónomos como Xochistlahuaca (Guerrero) y lo que sucede en Unión Hidalgo (Oaxaca) y Tlalnepantla (Morelos)”.

El 28 de mayo, inició la cumbre de Jefes de Estado y de gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea con representantes de 58 de países en Guadalajara, Jalisco, México. Se realizaron varios foros sociales “altermundistas” paralelos (ver enfoque aparte). Lamentablemente, en los medios, poco se rescató del contenido de las discusiones ya que la marcha de protesta que debía culminar varios días de trabajo terminó en forma violenta. Varias organizaciones presentes denunciaron que la intensidad de la represión policial superó las medidas de seguridad que se pudieran establecer para defenderse de actos violentos ejercidos por reducidos colectivos de la marcha.

45 jóvenes mexicanos fueron detenidos. Ocho extranjeros fueron privados de libertad y finalmente expulsados del país. Organizaciones defensoras de derechos humanos condenaron los abusos, vejaciones y violaciones a sus derechos de acceso a la justicia y a la protección de su integridad física a los que fueron sometidos. Una semana después, los detenidos mexicanos fueron declarados formalmente presos por los delitos de motín, pandillerismo, resistencia o desobediencia de particulares, ataques a las vías de comunicación, lesiones, robo y daño.

Por último, recuperamos la Declaración de Tepeaca (Estado de Puebla) donde del 4 al 6 de junio se celebró el Encuentro Mexicano de Alternativas de Vida de los Pueblos, preparatorio de los próximos foros sociales mesoamericanos del mes de julio a celebrarse en El Salvador. Reunidos representantes de 112 organizaciones sociales de todo el país, rechazaron las políticas neoliberales impuestas por el Presidente, así como las consecuencias directas de las mismas. Reiteraron su lucha por la autonomía de los pueblos y por tanto, por el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. Propusieron la elaboración de un Plan Alternativo de Vida para los Pueblos Mesoamericanos basado en la dignidad de sus gentes, de su cultura y de la madre tierra.