Los hechos de violencia

El pasado 10 de abril, bases de apoyo zapatistas de la región de los Altos de Chiapas sufrieron una emboscada por miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD), originarios de Zinacantán (municipio tzotzil de los Altos, cercano a San Cristóbal de Las Casas).

Este día los zapatistas conmemoraban con una marcha la muerte del líder campesino Emiliano Zapata, de quien tomaron el nombre y la lucha por «Tierra y Libertad». Durante la manifestación pacífica, en un acto solidario, también llevaron agua a zapatistas de la comunidad de Jech’vó, quienes desde el 9 de diciembre pasado habían sido privados de este servicio por orden de miembros del PRD de Zinacantán, exigiéndoles colaborar con una cooperación ligada a la participación en los cargos tradicionales.

Cuando regresaban de este acto, «perredistas» obstaculizaron el camino y les lanzaron piedras, palos y algunas balas. Como resultado: 35 heridos y más de 500 personas quedaron desplazadas por temor a ser nuevamente agredidas. Se trata de la mayor agresión sufrida por bases de apoyo zapatistas desde el alzamiento armado de 1994.

La Junta de Buen Gobierno de Oventik (las autoridades autónomas zapatistas de la región) emitieron varios comunicados condenando los hechos, informando sobre los heridos y dando la lista de los responsables de dichas agresiones. Acusaron al PRD de «haberse unido a la guerra del mal gobierno contra los pueblos indígenas».

La dirigencia nacional del PRD expresó que la emboscada tenía que ver con un problema de suministro de agua y que no correspondía verlo como un problema del PRD contra los zapatistas. El secretario de Gobernación, Santiago Creel y el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar afirmaron de un mismo modo que se trataba de un «conflicto intermunicipal» por el tema del agua.

Retorno sin justicia

Semanas después las autoridades zapatistas anunciaron el regreso de las familias desplazadas pese a que los responsables de las agresiones todavía no habían sido detenidos. Convocaron el domingo 25 de abril a la sociedad civil nacional e internacional a organizar una caravana para acompañar el retorno, y solicitaron la instalación de campamentos civiles por la Paz en las comunidades para evitar agresiones futuras.

Llegaron también alrededor de 200 bases de apoyo zapatistas encapuchados de otros municipios de los Altos:

»Hemos venido hasta aquí con el fin de acompañar a nuestros compañeros y compañeras que se encontraban desplazados desde el 10 de abril. Pero el día de hoy hemos venido a dejarlos en su comunidad de origen a estos compañeros y compañeras, y aquí van a estar, porque aquí es su casa, aquí es su pueblo y nadie tiene derecho a molestarlos ni expulsarlos de su propia comunidad; ellos son zapatistas y seguirán siendo zapatistas»
(comunicado leído por ellos al principio y al final de la caravana)

Iniciamos el trayecto por la carretera que va camino de Tuxtla (la capital del estado chiapaneco) hasta el lugar donde estaban refugiados los desplazados. Se mantuvieron atónitos desde el borde de la carretera, mirando la gran cantidad de coches y camiones que acompañaban a los «encapuchados«. Sumaban más de 20 vehículos y de 100 personas, incluyendo sociedad civil nacional e internacional, prensa y derechos humanos. El camino también fue «acompañado» por miembros del gobierno estatal, de las fuerzas de seguridad pública, del Centro de Inteligencia Secreta y por un helicóptero.

Se llegó primero a la comunidad de Jech’vó donde la tensión estaba palpable. Bajaron de los camiones las familias que quedaban allí recibiendo de miembros de la sociedad civil ramilletes de flores blancas. Las mujeres, l@s niñ@s y los hombres descendían con sus morrales, con las pocas pertenencias que llevaban la mañana de la agresión. Los niñ@s miraban asustados y curiosos, sin apenas entender el porqué de su protagonismo, el porqué decenas de cámaras se les echaban encima robándoles el anonimato que exige la infancia.

En esta primera comunidad, los representantes zapatistas leyeron un comunicado en el centro de la plaza pidiendo respeto a su proyecto de vida:

»Queremos decirles otra vez a los hermanos que no son zapatistas, o los que pertenecen a diferentes partidos políticos: nosotros los zapatistas no queremos pelear contra nuestros hermanos indígenas del mismo paraje y del mismo municipio. Nosotros no molestamos a nadie, no ofendemos a nadie; los zapatistas respetamos a todos sin distinción de organización, de partido o de religión. Pero también queremos que nos respeten, que respeten nuestra lucha y nuestra resistencia. Nuestra lucha no es en contra de nuestros hermanos pobres; nuestra lucha tiene su causa justa que se llama democracia, libertad y justicia para todos.»

También agradecieron a los miembros de la sociedad civil nacional e internacional su presencia. Varios de ellos se quedaron como observadores para intentar inhibir posibles agresiones. Para los retornados, este acompañamiento de personas que ni conocen representa potencialmente un escudo y sus miradas, una denuncia.

Mientras tanto, decenas de elementos de la policía observaban, enfundados en sus uniformes azules en una «pose» que resultaba más bien intimidatoria. En las siguientes comunidades la tensión disminuyó. En total, retornaron 35 familias a Jech’vó, 19 a Elambó Alto, 33 a Elambó Bajo y 15 a la comunidad de Apaz.

¿Qué está en juego en este conflicto?

Controlando la caravana también estaba el presidente municipal perredista de Zinacantán que los zapatistas han responsabilizado de ser instigador de las agresiones en su contra. Se trata de un zinacanteco con un fuerte control político y económico en la región. Domina el transporte de camionetas que se dirigen diariamente a Tuxtla. Él y sus seguidores estuvieron todo el tiempo de pie sobre un cruce de la carretera a Tuxtla por donde observaron a la caravana entrando, saliendo y regresando a San Cristóbal.

Los zapatistas escapan de su control político y económico. Ellos tienen sus propias autoridades autónomas, su propio proyecto político que rompe con el sistema de gobierno oficial pero también con los tradicionales cacicazgos que han dominado durante décadas estas tierras.

El conflicto en estas comunidades zinacantecas no está solucionado. Tampoco existen condiciones que garanticen un regreso sin problemas, pero los zapatistas como otras organizaciones indígenas del Estado, conocen el significado del desplazamiento, el no poder trabajar la milpa (plantación de maíz), la pérdida de sus animales y el desarraigo de sus tierras. Nadie quería un nuevo «Polhó«, el municipio autónomo rebelde zapatista situado en Chenalhó (municipio constitucional de la región de los Altos) habitado en la actualidad por aproximadamente, un@s 5000 desplazad@s, como consecuencia del fuerte conflicto desatado en 1997 en aquel municipio.

Los Altos es una de las zonas donde se implementaron las estrategias de contrainsurgencia que caracterizaron durante años a esta guerra denominada «de baja intensidad», con la formación de grupos paramilitares conformados por indígenas de las mismas comunidades afiliados al Partido de Revolución Institucional (PRI, partido que controló los poderes federal, estatal y municipal durante más de 70 años, hasta el año 2000). En Chenalhó, la escalada de violencia terminó con la masacre de 45 indígenas pertenecientes a la organización Las Abejas, Sociedad Civil, en Acteal el 22 de diciembre de 1997. Cabe subrayar que el presidente y el vicepresidente de Las Abejas acompañaron el retorno de l@s zapatistas de Zinacantán. Ellos conocen bien el dolor del desarraigo durante años y el sabor del retorno sin justicia.

Muchos han revivido con los actos de Zinacantán, el miedo y la incertidumbre que «Acteal» generó, y han comparado ambos hechos. Hay diferencias. Para entender los hechos de Zinacantán hay que pensar que nos encontramos con un tejido social que lleva sufriendo una guerra integral de desgaste durante 10 años, caracterizada por la descomposición y la polarización de las comunidades. Los conflictos hoy son detonados a partir de cuestiones básicas como el pago de la luz, el agua, o la construcción de carreteras. Pero esto representa solo la chispa de la bomba. La esencia de los conflictos radica en la incapacidad de respetar la diferencia, en el tema del poder, en la dificultad para permitir que los pueblos se determinen y decidan cómo organizar su educación, su gobierno, su salud o su producción.

No cabe el regreso a la uniformidad monocroma. La diversidad plantea un reto en todos los lugares, y en esta tierra, para los zapatistas y el resto de organizaciones sociales y políticas representa la semilla que deberá cultivarse para conseguir hacer crecer flores blancas de esperanza que reinventen el color de la vida intercultural.

En estos momentos, no se han detenido a los responsables de las agresiones. La tensa calma ha hecho que permanezcan campamentistas en las comunidades zinacantecas donde estalló el conflicto. En dichas comunidades, no solo escasea el agua, sino que la poca que hay no está limpia y está generando enfermedades en el estómago y en la piel.