ACTIVIDADES DE SIPAZ (De mediados de mayo a mediados de agosto de 2013)
04/09/2013
Mural en San Cristóbal de Las Casas © SIPAZ
ENFOQUE: Violencia hacia las mujeres – “En México olvidan castigar a los responsables”
26/11/2013

ANÁLISIS: México – Multiplicación de las movilizaciones sociales sin respuestas de las autoridades

Marcha de mujeres en Oaxaca, 13 de octubre © Subversiones

El 1° de septiembre se hizo entrega del Primer Informe de Gobierno, documento que enumera distintos retos que el gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) plantea lograr, en buena medida a través de reformas estructurales, mismas que han sido la prioridad de este primer año de mandato. En este marco, los partidos de la oposición realizaron diversas críticas destacando la ineficiencia, la crisis económica y la ingobernabilidad reinante. Diversas marchas de protesta, como la convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en contra de la reforma educativa, se desarrollaron en este marco. Las protestas desembocaron en enfrentamientos entre policía y manifestantes, que se saldaron con la detención de 16 jóvenes.

Marcha de mujeres en Oaxaca, 13 de octubre © Subversiones

Marcha de mujeres en Oaxaca, 13 de octubre
© Subversiones

Las siguientes semanas siguieron marcadas por la multiplicación de marchas, bloqueos y otras acciones de protesta. El proceso más fuerte ha sido impulsado por el magisterio que se encuentra en plantón en la Ciudad de México desde hace casi tres meses. No obstante, la mayoría de las manifestaciones no sólo centran su rechazo en la reforma educativa, sino en el conjunto de ”reformas estructurales” promovidas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, incluidas la energética (en negociación) y la fiscal (aprobada).

El 2 de octubre, el movimiento social marchó para conmemorar la masacre de estudiantes de 1968. La movilización fue interceptada por un fuerte operativo policial. Los enfrentamientos dejaron decenas de heridos, entre ellos 32 agentes, y más de un centenar de detenidos. Observadores de derechos humanos acreditaron que los policías lanzaron gases lacrimógenos, balas de goma e incluso piedras contra los manifestantes. Señalaron además que hubo personas vestidas de civil que realizaron detenciones arbitrarias y “actos de provocación”.

Plantón magisterial en el Monumento de la Revolución de la Ciudad de México, octubre © SIPAZ

Plantón magisterial en el Monumento de la Revolución de la Ciudad de México, octubre
© SIPAZ

El 14 de octubre, maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), que había sido el impulsor de la movilización, regresaron a clases aunque aseguraron que mantendrían su protesta. Ciertamente, el movimiento magisterial no se ha desinflado a pesar de seguir sin obtener respuestas por parte de las autoridades; al contrario ha seguido ampliando su presencia en el Distrito Federal y en al menos otros doce estados. Paralelamente, numerosas marchas y actos de solidaridad con la protesta magisterial han sido protagonizadas por padres de familia y estudiantes, así como por organizaciones sociales y civiles.

Por otro lado, desde el mes de septiembre, el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), base social del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (AMLO), realizó movilizaciones masivas ante la iniciativa de reforma energética, al considerarla orientada por intereses neoliberales y al quitarle al Estado la exclusividad para manejar áreas estratégicas de la industria petrolera y eléctrica. AMLO y Cuauhtémoc Cárdenas, exjefes de Gobierno del Distrito Federal y ex candidatos de la izquierda a la Presidencia, se unieron para afirmar que la reforma energética implica un “acto de traición a la patria”. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) por su parte ha estado intentando sostenerse bajo la imprecisa consigna de ‘Modernizar sin privatizar’.

Fruto de la movilización magisterial y popular, y de la presión social, la reforma fiscal finalmente presentada por Peña Nieto resultó más reducida de lo que se planeaba (renunciando en particular al IVA sobre alimentos y medicinas), pero no se dio ni un paso atrás en lo ya planteado.

Derechos Humanos: 176 recomendaciones a México en el Examen Periódico Universal

En el marco del segundo Examen Periódico Universal (EPU) que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas realizó a México en Ginebra, Suiza, el 23 de octubre pasado, los países miembros emitieron 176 recomendaciones al gobierno mexicano (hace cuatro años, había recibido 91). Los puntos en que más se pusieron énfasis fueron la falta de protección de defensores de derechos humanos y periodistas, la persistencia de la figura del arraigo y del fuero militar, así como la situación de las mujeres y de los grupos sociales vulnerables, como los migrantes y los pueblos indígenas. Es preciso recalcar que las problemáticas abordadas ya habían sido externadas en el EPU de 2009, y cuatro años después, siguen siendo temas pendientes. México deberá analizar las recomendaciones, y, en marzo de 2014, deberá informar a la ONU las acciones que emprenderá.

Por su parte, diversas organizaciones civiles señalaron un grave deterioro de la situación de derechos humanos en el país. Subrayaron que aunque el gobierno de México ha presentado varias iniciativas legales en la materia, no ha hecho lo suficiente para llevarlas a la práctica ni ha ratificado convenios internacionales para demostrar su compromiso en este sentido. Cabe recordar que, en septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió restringir los convenios internacionales de derechos humanos cuando se contrapongan a la Constitución. Organizaciones civiles han opinado que eso podría anular los avances de la reforma constitucional de junio de 2011 en dicha materia.

Chiapas: entre marchas y bloqueos

Plantón del movimiento magisterial en Tuxtla Gutierrez, 11 de septiembre © SIPAZ

Plantón del movimiento magisterial en Tuxtla Gutierrez, 11 de septiembre
© SIPAZ

En Chiapas desde finales de agosto, también han estado marchando maestros de las secciones 7 y 40, así como padres de familia y estudiantes. Se han dado plantones, bloqueos, “liberación” del peaje entre San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez y cierres de los accesos a la capital. Han tomado la Torre Chiapas (donde se encuentran oficinas del gobierno y un estudio de Tv Azteca) y en dos ocasiones, cercaron la Torre de Pemex, impidiendo que entrara o saliera combustible. En fechas distintas también bloquearon grandes centros comerciales.

Los padres de familia han brindado a los maestros su solidaridad marchando junto a ellos los 2 y 12 de octubre. Más de 3 mil personas se integraron en el Comité Democrático Estatal y Regional de Padres de Familia de Chiapas en Defensa de la Educación Pública y la Nación. No ha permitido que los maestros interinos contratados por el gobierno estatal para sustituir a los paristas entren a las escuelas y cerraron las que aún tenían clases. En octubre, tomaron 59 presidencias municipales y, simbólicamente, el Congreso del estado. Estudiantes de escuelas preparatorias y técnicas de igual modo han tomado las aulas.

A pesar de los descuentos salariales, de la campaña de intimidación y difamación implementada en su contra, del intento de organizar “contra-manifestaciones” obligando por ejemplo a las mujeres que reciben el programa Oportunidades a marchar para exigir el regreso a clase, o la multiplicación de rumores (incluyendo la vinculación a grupos armados), el movimiento sigue sin que se vislumbre un horizonte claro de cómo pueda desbloquearse el asunto.

Desplazadas de Colonia Puebla en en marcha de Pueblo Creyente, San Cristóbal de las Casas, 12 de septiembre © SIPAZ

Desplazadas de Colonia Puebla en en marcha de Pueblo Creyente, San Cristóbal de las Casas, 12 de septiembre
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Otras movilizaciones también se dieron en el plazo: el 10 de octubre se realizó en la ciudad de Palenque una marcha en defensa de la Madre Tierra convocada por organizaciones indígenas. Señalaron estar cansados de los programas gubernamentales, como el FANAR (antes PROCEDE) y la Cruzada Contra el Hambre, que provocan división en las comunidades en lugar de promover el desarrollo económico social de estas. El 12 de octubre, el Pueblo Creyente de Simojovel realizó una peregrinación ante el incremento de la violencia en ese municipio. Este mismo día también tuvieron lugar marchas en San Cristóbal en el marco de la “Campaña contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas”.

Tensiones en varias otras partes del estado

Uno de los casos más álgido con aparentes matices religiosos que sigue sin resolverse se presenta en el municipio de Chenalhó. El 20 de agosto hubo un intento fallido de regreso a Colonia Puebla por parte de algunos integrantes del mismo ejido después de 30 días desplazados en San Cristóbal de Las Casas. Dicho retorno no se pudo llevar a cabo al ser agredidos con piedras e insultos tanto los desplazados como la caravana civil que los acompañaba. El 21 de agosto, el párroco de Chenalhó fue detenido en Puebla, golpeado, amarrado por 5 horas y amenazado con rociarle gasolina. El 23 de agosto casi la totalidad de familias católicas, y algunas de otras religiones, salieron huyendo hacia San Cristóbal. El 26 de agosto decidieron volver a la zona, aunque no a su comunidad. 95 personas, 13 familias católicas y 2 familias bautistas, se trasladaron hasta Acteal donde se han mantenido a la fecha. La Sociedad Civil Las Abejas ha denunciado que “los paramilitares de Chenalhó ya están reactivados, disparando sus armas y están causando desplazamientos como en el (…) 1997”, año de la masacre de Acteal.

Recibimiento de los desplazados de Colonia Puebla en la comunidad de Acteal, 26 de agosto © SIPAZ

Recibimiento de los desplazados de Colonia Puebla en la comunidad de Acteal, 26 de agosto
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En octubre, a cinco meses del desplazamiento forzado de estas familias, organizaciones civiles denunciaron la tibia intervención del gobierno estatal en lo que se refiere a la investigación e intervención judicial en este caso. En noviembre, el Equipo Pastoral de la Zona Tsotsil organizó una Peregrinación a Acteal, exigiendo “la inmediata solución de la problemática que está viviendo la comunidad Puebla”. Hicieron un recuento de las amenazas y agresiones que han sufrido las y los desplazados de Colonia Puebla y denunciaron que “las autoridades de los tres niveles no solo han estado cruzadas de brazos mientras se violan nuestros derechos sino que en realidad han estado ayudando a los violadores”.

Otros casos siguen de alta tensión. El Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz García denunció que en septiembre “Fernando Coello, abuelo del gobernador, acompañado de otras personas, se presentó ante un grupo de jóvenes que pertenecen a la coordinación juvenil de la Parroquia de Chicomuselo. (…) Después de dar su nombre con una actitud prepotente preguntó por el Sacerdote de la Parroquia (…) dijo que lo andaba buscando para decirle que ellos van a explotar los recursos minerales en el municipio, (…) que de nada le sirve oponerse si de todas maneras lo van hacer”. El 31 de octubre, el mismo Comité denunció que empresarios intentan reactivar la mina La Revancha, del ejido Nueva Morelia. Cabe recordar que desde 2008, se han organizado múltiples actividades para frenar la actividad minera en Chicomuselo. El activista anti-minero Mariano Abarca fue asesinado en 2008, por lo cual el gobierno estatal clausuró las actividades mineras que se iban desarrollando. Sin embargo, permanece vigente el permiso de extracción y se ha señalado el interés de algunos actores en reactivarlas.

En noviembre, ejidatarios de San Sebastián Bachajón, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, señalaron amenazas de desalojo, por la disputa de un banco de grava, el cual aprovechan “para beneficio del pueblo”, y que ahora se lo quiere apropiar un grupo oficialista del mismo ejido. Denunciaron también el secuestro de un joven en noviembre, señalando que los responsables “participaron en el grupo armado que desalojó a nuestros compañeros de la caseta de cobro el 2 de febrero de 2011”.

EZLN: comunicados y denuncias

Bases de apoyo del EZLN © SIPAZ

Bases de apoyo del EZLN
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En un comunicado del 3 de noviembre titulado “Malas y no tan malas noticias”, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) rindió cuentas -en el sentido propio y figurado- de la primera generación de “La Escuelita” que se llevó a cabo en agosto pasado. Anunció las nuevas sesiones previstas en diciembre y enero próximos. El EZLN, en voz del subcomandante insurgente Marcos, también criticó las “raterías mal disimuladas” llamadas “reformas estructurales”. Señaló que la “izquierda bien portada” ahora está unida en “santa cruzada” con la derecha ancestral para acusar a los jóvenes y viejos anarquistas de ser culpables de todo lo que anda mal en el país.

Por su parte, en octubre, la Junta de Buen Gobierno (JBG) de La Realidad denunció agresiones hacia bases de apoyo zapatista del predio Che Guevara, del municipio autónomo de Tierra y Libertad, municipio Oficial de Motozintla de Mendoza. En noviembre, la JBG de la Garrucha denunció el hostigamiento que la Central Camionera de Ocosingo está ejerciendo contra otros camioneros independientes, siendo uno de ellos base de apoyo del EZLN, a quienes se les detiene y confisca sus camiones; también señaló la falsa acusación y la orden de aprehensión que contra un base de apoyo zapatista por la tala de un árbol. Este mismo mes, la JBG de Morelia denunció los problemas que se han ido agravando con la organización CIOAC (Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos) por un terreno trabajado por bases de apoyo del ejido 10 de abril.

Caso Patishtán: al fin libre

Peregrinación de Pueblo Creyente por la liberación de Patishtán, San Cristóbal de las Casas, 12 de septiembre © SIPAZ

Peregrinación de Pueblo Creyente por la liberación de Patishtán, San Cristóbal de las Casas, 12 de septiembre
© SIPAZ

En agosto, Amnistía Internacional (AI) se sumó al llamado a favor de la liberación de Alberto Patishtán, profesor tsotsil originario del Bosque, encarcelado desde el 2000. En agosto, alrededor de 1.500 personas pertenecientes al Equipo tsotsil del Pueblo Creyente, así como a organizaciones nacionales e internacionales, peregrinaron en Tuxtla Gutiérrez enarbolando la misma demanda. En septiembre, el Primer Tribunal Colegiado con sede en dicha ciudad declaró infundado el incidente de reconocimiento de inocencia interpuesto por Patishtán. La resolución se dio horas después de que miles de integrantes de Pueblo Creyente peregrinaran en San Cristóbal exigiendo su libertad.

No obstante, el 31 de octubre, Alberto Patishtán obtuvo su libertad tras recibir el indulto que le otorgó el presidente Enrique Peña Nieto. Expresó: “Quisieron apagar mi lucha, hacerla restar, pero lo que pasó fue multiplicarla -quisieron ocultarlo-. Lo que hizo (mi lucha) fue resplandecer”. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas afirmó que el indulto no es suficiente justicia y exigió un perdón público y la reparación integral de los daños hechos al profesor tsotsil y su familia.

Oaxaca: Entre movilizaciones magisteriales y agresiones al movimiento social

Marcha de mujeres en Oaxaca, 13 de octubre © Subversiones

Marcha de mujeres en Oaxaca, 13 de octubre
© Subversiones

En el marco del conflicto abierto por la reforma educativa impulsada por el gobierno federal, la Sección 22 de Oaxaca ha participado activamente en las movilizaciones. Durante este tiempo han sido numerosas las marchas y actos de solidaridad con la protesta magisterial protagonizadas por estudiantes y padres de familia del estado de Oaxaca.

Diversos atentados contra miembros de movimientos sociales y partidos políticos tuvieron lugar en los últimos meses. El 10 de septiembre fue ejecutado el presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social de la LXI Legislatura local, Everardo Hugo Hernández Guzmán, uno de los fundadores del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP). El 16 de octubre, el representante de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ), Juan Sosa Maldonado, sufrió un atentado en la ciudad de Oaxaca de Juárez, del que resultó ileso.

El 25 de agosto integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) fueron baleados y agredidos con cuchillo cuando se encontraban recorriendo las tierras comunales donde se está construyendo el parque eólico Bií Hioxho de la empresa Gas Natural Fenosa. Los agresores fueron denunciados como sicarios contratados por dicha empresa. El 3 de septiembre, Mariano López, vocero de la APPJ sufrió un intento de secuestro en la ciudad de Juchitán. El 5 de octubre, fue incendiada por desconocidos parte del campamento de resistencia que, desde el mes de febrero, mantiene la APPJ en oposición a la construcción del citado parque eólico.

También en relación al movimiento de resistencia a la construcción de megaproyectos en el Istmo de Tehuantepec, el 9 de octubre, se decretó un nuevo amparo a favor de los comuneros de San Dionisio del Mar en el que se determinó la suspensión temporal de las actividades de construcción del parque eólico que el consorcio multinacional Mareña Renovables aspira a levantar en la Barra de Santa Teresa, tierras pertenecientes al citado municipio. La resolución del amparo fue celebrada por la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) como una gran victoria en la lucha por el respeto al territorio y los derechos de los pueblos indígenas.

El 13 de octubre decenas de mujeres marcharon por el centro de la ciudad de Oaxaca, siendo esta la primera acción realizada por el colectivo “Acción Radical Antipatriarcal”, colectivo social que pretende evidenciar todos los tipos de violencia que se ejercen hacia las mujeres y proponen la autodefensa y la autonomía como formas de poder cambiar la situación que sufren. El 2 de octubre, Día de muertos, un altar fue instalado en memoria de las mujeres asesinadas en el estado y en el país.

En el ámbito de la comunicación, el 4 y 5 de septiembre tuvo lugar el relanzamiento de la Radio Comunitaria Totopo de la localidad de Juchitán de Zaragoza. La radio permanecía sin emitir desde el pasado 26 de marzo, día en el que, tras un operativo policial que intentó desalojar el campamento de resistencia de la APPJ, un grupo de individuos entraron en las instalaciones de la radio robando el transmisor y cortando los cables de suministro eléctrico. Por último, entre los días 7 y 13 de octubre tuvo lugar la segunda Cumbre Continental de Comunicación Indígena del Abya Yala en la comunidad mixe de Tlahuitoltepec. Este evento estuvo envuelto en la polémica debido a que la coordinación invitó a la inauguración al presidente Enrique Peña Nieto, motivo que ocasionó que algunas organizaciones mexicanas y extranjeras se deslindaran del evento.

Guerrero: ¿Campaña de “aniquilamiento” contra el movimiento social?

En los últimos meses, aparte de la situación de emergencia que se vivió en el estado por las inundaciones después de las tormentas que azotaron el estado en septiembre, se dieron varios momentos de movilización y tensión. Aunque no fueron tan persistentes ni tan masivas como en otras entidades, también en Guerrero hubo movilizaciones de los maestros inconformes con la reforma educativa. El 11 de septiembre, marcharon unos cinco mil maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG). Suspendieron actividades para atender al llamado de movilización nacional de la CNTE.

En la Costa Grande persiste la situación de extrema inseguridad para los y las defensores de derechos humanos, así como para la población en general. Organizaciones no gubernamentales encabezadas por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan consideraron que la administración del gobernador perredista Ángel Aguirre Rivero aplica una “campaña de aniquilamiento” contra activistas. El 19 de octubre, fue asesinada la luchadora social Rocío Mesino Mesino en el municipio de Atoyac de Álvarez. El Procurador de Justicia del estado, Iñaki Blanco Cabrera dijo que se investigan varias líneas en el asesinato de la líder de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), entre ellos el involucramiento de la delincuencia organizada que opera en la región de la Costa Grande del estado. El 10 de noviembre, en Coyuca de Benítez, fue asesinado por personas armadas no identificadas el dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), Luis Olivares, junto con su pareja, Ana Lilia Gatica. Su ex esposa, Zeferina Romero Fernández, dijo que “él no tenía contrarios; yo pienso que fue el mismo gobierno”. Con su muerte, se suman ya 12 los asesinatos de activistas en lo que va de la administración actual.

También en los últimos meses ha habido represión hacia integrantes del sistema comunitario de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). A raíz de la campaña de credencialización de los policías comunitarios promovida por el gobierno de Ángel Aguirre, entre otras razones, fueron detenidos varios integrantes de este sistema. El 21 de agosto, fue arrestada Nestora Salgado García, dirigente de la Policía Comunitaria en Olinalá. Hasta la fecha sigue encarcelada en una prisión de alta seguridad en Nayarit. Unos días después de la detención, policías comunitarios de Ayutla fueron detenidos y desarmados por integrantes del ejército. El 6 de octubre, fueron detenidos 12 policías comunitarios de la Casa de justicia de Zitlaltepec. 11 de ellos fueron liberados bajo fianza.

Después de las inundaciones de septiembre, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) denunció que hubo daños graves a las comunidades de Cacahuatepec porque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desfogó la presa La Venta. Campesinos de la zona expresaron su temor ante las intenciones de los gobiernos estatal y federal de desalojarlos con el pretexto de reubicar a los poblados asentados en los márgenes del río Papagayo, para que quede el camino libre a quienes impulsan la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota.

El 14 de noviembre, campesinos de la Montaña de Guerrero presentaron un amparo demandando la cancelación de concesiones mineras, pues aseguran que se viola el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre proyectos que afectan su territorio y su cultura. Su preocupación deriva de la información que en las regiones de la Montaña y Costa Chica, hay 42 yacimientos mineros, y que el gobierno federal ha otorgado 30 concesiones por 50 años para la realización de actividades mineras.