Tal como lo han ilustrado numerosos informes que se han publicado en los últimos meses, la situación de violencia hacia las mujeres en México está lejos de mejorarse. Dichos informes dan cuenta de múltiples formas de violencia, tanto directa y físicamente, como estructural y culturalmente. Como menciona un estudio de la organización Inicia A.C. de 2010, la violencia es una forma de ejercicio de poder, de dominio mediante el empleo de la fuerza (física, psicológica, económica, política) e implica la existencia de relaciones inequitativas y desiguales entre quien la ejerce y quien la recibe. El estudio menciona específicamente la violencia hacia mujeres jóvenes en comunidades indígenas, donde se registra al interior de la familia y de la comunidad. Subraya también que la violencia es perpetrada y tolerada por el Estado.

Mural en San Cristóbal de Las Casas
© SIPAZ

Por supuesto, la violencia basada en el género no se restringe para nada a los ámbitos indígenas. La sociedad mexicana es altamente machista y en ella, el hombre y lo masculino suelen ser valorado por sobre la mujer y lo femenino. Este sistema machista y patriarcal está presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana y en todos los estratos de la sociedad, tanto entre pobres como entre ricos, indígenas o mestizos, y zonas urbanas o rurales. Como enfatiza un ensayo de Margaret Bullen y Carmen Diez Mintegui, de 2012, sobre la violencia feminicida: «[l]as niñas y las mujeres asesinadas en México tenían distintas edades […]; pertenecían a todas las clases sociales y estratos socioeconómicos, aunque la mayoría eran pobres o marginales, algunas fueron mujeres ricas, de clase alta y de las élites». El documento enfatiza que «[l]a violencia feminicida florece bajo la hegemonía de una cultura patriarcal que legitima el despotismo, el autoritarismo y el trato cruel, sexista –machista, misógino, homófobo y lesbófobo-, alimentado por el clasismo, el racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación». Esta omnipresencia de la violencia contra las mujeres en la sociedad mexicana genera su normalización entre la población.

Manifestación de la violencia ‘cotidiana‘

Las formas en las que se manifiesta la violencia van desde el aborto selectivo por sexo a favor de los varones, hasta el embarazo forzado; del acceso diferencial a la alimentación y la educación, al abuso sexual, la violación y el maltrato por parte de la pareja. Sin embargo, según un estudio realizado en comunidades de Chiapas, en 2011, por la investigadora Mercedes Olivera, las mujeres indígenas sólo consideran la violencia cuando hay golpes. La violencia psicológica se minimiza como regaño o enojo. En las encuestas de esta investigación se notó que muchas mujeres no se atrevieron a decir que su esposo les pegaba, dado en muchos casos él estaba presente durante la encuesta. Al analizar los datos con las mujeres participantes, estuvieron de acuerdo en que realmente casi no hay mujer que no haya recibido golpes de su esposo y que la situación no ha mejorado.

Conmemoración de las mujeres asesinadas en Chiapas, 1 y 2 de noviembre, San Cristóbal de Las Casas
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Según el estudio, con relación a las mujeres jóvenes indígenas, existe todo un marco legal nacional e internacional que ubica a la violencia contra ellas no sólo como una cuestión penal o social, sino como una violación a los derechos humanos. Sin embargo, el problema es más complejo, ya que las mujeres indígenas sufren discriminación y violencia no sólo como mujeres sino también como indígenas. Por tal motivo, la violencia hacia ellas no sólo es un atentado a sus derechos individuales sino también a sus derechos como colectividad. Además, la violencia también se realiza por medio de la omisión, la impunidad, la injusticia, la represión y la discriminación.

Otro estudio de la organización Inicia A.C., de 2011, menciona la falta de autonomía de las mujeres jóvenes indígenas en estados como Oaxaca y Chiapas, al momento de casarse. Menciona que hay un elemento androcéntrico (que no es exclusivo de las culturas indígenas), que se expresa en la afirmación «hacerse cargo de», ya que las mujeres jóvenes suelen ser cosificadas y vistas como sujetos bajo la propiedad y tutela de un hombre: el padre, el esposo o el hermano. En un caso extremo que las mujeres mencionaron en la comunidad de San Jorge Nuchita, en Oaxaca, el novio entrega dinero en efectivo al padre de la novia, lo que se expresa como una «compra de la mujer». Las mujeres en la investigación mencionaron que «como las compraron, los hombres piensan que ellas les pertenecen como si fueran cosas y por eso nos golpean como si fuéramos animales». En la región de Los Altos de Chiapas, solamente cuando hay problemas muy grandes entre los esposos y en los casos de reincidencia pueden aceptar la separación y cuando es definitiva la familia de la mujer tiene que devolver a la del hombre el dinero y los regalos que recibió cuando la pidieron en matrimonio.

El estudio de Inicia A.C. de 2011 menciona también la dificultad que las mujeres jóvenes indígenas tienen para obtener «permisos» por ejemplo para salir a la calle o para estudiar en otro lugar. Si las jóvenes salen sin compañía son calificados como «locas» o «fáciles» ya que hay una preocupación por su honorabilidad, principalmente sexual. El informe además enfatiza que, en cada una de las 5 regiones¹ del estudio, encontraron casos de mujeres que fueron molestadas verbal o físicamente en sus comunidades: insultadas, atajadas en los caminos por hombres e incluso agredidas durante los bailes de las fiestas comunitarias. En la zona de la Mixteca de Oaxaca, todas las mujeres jóvenes afirmaron conocer a algún maestro o maestra que haya agredido a sus alumnas en la escuela.

El programa de Oportunidades: un ejemplo de la violencia estructural

Mural en San Cristóbal de Las Casas
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Varias personas y organizaciones han llegado a considerar el programa de Oportunidades como una forma de violencia estructural desde el gobierno federal hacia la población femenina por las condiciones que conlleva el programa. Este acondicionamiento genera un cierto nivel de dependencia y pasividad entre las beneficiarias. Según el estudio de Mercedes Olivera de 2011, más de 95% de las familias marginadas en Chiapas reciben dinero del programa de Oportunidades. El dinero que reciben las madres por cada hijo que asiste a la escuela primaria o secundaria representa una ayuda importante y «segura» para las familias pobres y su subsistencia cotidiana. En la región de Los Altos, el 46% de las familias lo considera el ingreso cuantitativamente más importante para el gasto familiar cotidiano, sólo después de lo que reciben del esposo o compañero (48%). Una mujer del municipio de Chilón mencionó: «[l]o único que nos da de comer es Oportunidades, la tierra ya dejó su fuerza, ya no da nada, tampoco hay trabajo, ahora mantengo a la familia de lo que da el gobierno con Oportunidades».

Las investigadoras consideran que el dinero que las beneficiarias reciben por cada hijo tiene un carácter asistencialista y patriarcal porque tienen que aceptar las condiciones impuestas si quieren seguir recibiéndolo. Las condiciones mencionadas son por ejemplo el tener que ir regularmente a consultas médicas innecesarias y no deseadas por ellas mismas, y asistir obligatoriamente a capacitaciones mensuales o bimensuales acerca de temas como higiene personal o asuntos de salud. Las capacitaciones suelen darse en momentos fijos sin considerar la disponibilidad de las mujeres y con la amenaza de cortar el beneficio en el caso que no se presenten. Una mujer de San Cristóbal entrevistada durante la investigación mencionó «ahora soy como prostituta del gobierno porque a cambio del dinero que me da dejo que los doctores metan mano en mi cuerpo». Si las beneficiarias no se presentan en tales citas les cortan (parte de) el bono de Oportunidades.

Últimamente en Chiapas se han sumado dos condiciones nuevas al programa Oportunidades. Por un lado las madres que reciben el dinero de Oportunidades tienen que tomar clases para aprender a escribir y leer el español, lo cual a muchas mujeres indígenas les resulta difícil por ser monolingües y aún más así si son mujeres mayores. Otra condición recientemente añadida es la de obligar a las mujeres a gastar 200 pesos del total de 850 pesos del bono de Oportunidades en una despensa de productos de consumo predefinidos y en tiendas del gobierno, amenazando con que, de no hacerlo, no recibirán nada. La despensa, sin embargo, lleva productos que, según mujeres de comunidades indígenas del norte de Chiapas entrevistadas por SIPAZ, no les sirven mucho como la harina de la marca Maseca mientras hay harina de maíz en las comunidades o productos enlatados que no acostumbran consumir. Además, mencionaron que está más cara la despensa de lo que se gastaría en el conjunto de los productos comprándolos en una tienda de abarrotes en la comunidad misma. Habitantes de comunidades de la Selva Lacandona mencionaron las mismas inconformidades, durante una visita de SIPAZ a esta región a inicios de noviembre. La investigación de Mercedes Olivera de 2011 concluye que el servilismo y la dependencia que ocultamente genera el Oportunidades reproduce -en beneficio del sistema neoliberal- mujeres despolitizadas y subordinadas a su condición de mujeres modernamente esclavizadas.

La violencia contra mujeres en México en la mira de la comunidad (inter)nacional

Conmemoración de las mujeres asesinadas en Chiapas, 1 y 2 de noviembre, San Cristóbal de Las Casas
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En los últimos meses, varios organismos nacionales e internacionales han publicado informes acerca de la creciente situación de violencia contra mujeres e incluso de feminicidios en diferentes partes de México. El pasado 23 de octubre, por ejemplo, en el marco de la segunda evaluación del Examen Periódico Universal (EPU), México recibió 176 recomendaciones de países miembros del Consejo de Derechos Humanos, de las cuales 33 se enfocaron en los derechos humanos de las mujeres. En un informe sombra de la organización Equis – Justicia para las Mujeres, se menciona que entre los años 2007 y 2010 las entidades federativas de la República mexicana incluyeron en su marco normativo legislación específica para la protección del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Asimismo fortalecieron los códigos penales para reconocer distintas formas de violencia contra la mujer y/o precisar algunas tipificaciones ya existentes. Sin embargo, «la amplitud de definición sobre los tipos y modalidades de violencia incluidas en las leyes de acceso a una vida libre de violencia no se ve del todo reflejada en su justiciabilidad por la vía penal debido a que existe una falta de armonización entre los códigos penales y estas leyes». El informe menciona que «[d]e las 240 sentencias analizadas en 15 Tribunales Superiores de Justicia tan solo cuatro sentencias mencionan las Leyes Generales de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, un 1.66%. Existe un gran vacío en la implementación de estas leyes de parte de las y los operadores de justicia».

También en el marco del EPU, Amnistía Internacional (AI) recomendó al Estado mexicano dar prioridad a las medidas para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres en los 31 estados, «especialmente los que tienen un elevado índice de denuncias de asesinatos y ataques contra mujeres y niñas, como Chihuahua, Nuevo León, el estado de México y Oaxaca». De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, las entidades donde hay discriminación o feminicidios y ameritan una declaratoria de Alerta de Violencia de Género son Chiapas, Sinaloa, Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sonora, Oaxaca, Guerrero, Guanajuato y Morelos. En algunas de esas entidades, organizaciones civiles han solicitado declaratorias de Alerta de Violencia de Género al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, aunque ninguna ha sido aceptada en cinco años de existencia del mecanismo.

A inicios de noviembre, fue presentado un informe elaborado por las Premio Nobel Jody William y Rigoberta Menchú, acerca de la situación de violencia contra las mujeres en México. El informe «De sobrevivientes a defensoras: Mujeres que enfrentan la violencia en México, Honduras y Guatemala», advierte que el problema de los feminicidios y violación a los derechos humanos en México alcanza niveles de «crisis«. Menciona que en México se cometen 6.4 asesinatos de mujeres por día, de los cuales, 95% quedan impunes, según datos del informe y de la Organización de Naciones Unidas. El reporte fue presentado por la Asociación por lo Justo (JASS), el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad.

«En México olvidan castigar a los responsables»

Mural en San Cristóbal de Las Casas
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El tema de los feminicidios no solo está recibiendo atención por parte de la sociedad civil, sino también la diplomacia internacional está llevando una campaña de incidencia sobre el tema hacia las autoridades mexicanas. El 5 de noviembre, la embajada de los Países Bajos en la Ciudad de México organizó una comida para conmemorar a Hester van Nierop, una joven holandesa que fue asesinada en Ciudad Juárez en 1998. La víctima fue encontrada bajo una cama con señas de tortura y abuso sexual. El objetivo del evento fue reunir a diferentes sectores de la sociedad mexicana e internacional, tales como gobierno, víctimas y organizaciones no gubernamentales, para discutir sobre las acciones que hacen falta para mejorar las políticas públicas en el combate al feminicidio. En entrevista, Arsene van Nierop, madre de la joven asesinada, dijo «[e]l feminicidio no es algo propio de Juárez o México, tiene lugar en todo el mundo, el problema es que en México olvidan castigar a los responsables […]. Para las mujeres en México es muy importante reconocer su historia, pero con los ojos de una mujer extranjera, como yo. Voy a seguir luchando, no se trata de un asesino, se trata de toda la impunidad».

Datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio determinan que la violencia hacia las mujeres en México aumentó en un 125% durante 2013, particularmente los homicidios por razones de género en contra de niñas y jóvenes. «La figura del feminicidio aún no ha sido reconocida por la totalidad de los estados mexicanos», según el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM). Los feminicidios muchas veces están acompañados de violencia sexual y tortura. La impunidad de los feminicidios, por razones de discriminación, es más alta en comparación con otros crímenes. En el encuentro el 5 de noviembre en la embajada holandesa, se urgió a México a investigar y sancionar las agresiones contra mujeres desde una perspectiva de género, así como proteger de manera efectiva a las defensoras de Derechos Humanos. Además, se enfatizó en la necesidad de crear Centros de Justicia para las Mujeres, y activar de manera efectiva los mecanismos de protección con los que ya cuenta la legislación mexicana. Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, 10 estados atraviesan situaciones de crecimiento de homicidios contra mujeres, entre los cuales se encuentran Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Mujeres levantándose contra la violencia

En agosto en Guadalajara, se reunieron alrededor de 1600 mujeres para celebrar el IX Encuentro Nacional Feminista, con el objetivo de discutir cómo convertir al feminismo mexicano en un verdadero interlocutor en las decisiones de Estado para contribuir al abatimiento de la violencia contra las mujeres. Según sus denuncias, esta violencia cobra la vida de más de mil 800 mujeres cada año, impide el ejercicio de sus derechos humanos a indígenas y campesinas, ha deteriorado el salario de más de 16 millones de trabajadoras y ha restringido el derecho al aborto legal de las mujeres en 18 entidades del país. Las feministas coincidieron en una agenda en común concentrada en cuatro ejes: repudio a todas formas de violencia contra las mujeres, a favor de los derechos sexuales y reproductivos, a favor del derecho a decidir sobre su propio cuerpo y el derecho a no ser discriminadas por su condición de género y orientación sexual.

Mural en San Cristóbal de Las Casas
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También a nivel estatal se han estado esforzando las mujeres para llamar la atención sobre los altísimos niveles de violencia y feminicidios. Los días 1 y 2 de noviembre se celebró en todo México el Día de Muertos, donde las familias conmemoran a sus difuntos montando altares en las casas y pasando el día en el panteón con alimentos y bebidas que les gustaban a sus muertos. En varias partes de la nación se tomaron esas fechas como oportunidad para llamar la atención sobre los alarmantes números de mujeres asesinadas durante los últimos años. En Chiapas, por ejemplo, activistas y diferentes organizaciones que forman parte de la «Campaña Popular Contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas», organizaron varias actividades y ofrecieron una ofrenda en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Instalaron un altar donde colocaron cruces blancas hechas de cartón para denunciar la muerte violenta y feminicidios de más de 80 mujeres en lo que va del año. Según las estadísticas, esta situación ha colocado al estado de Chiapas en el 5° lugar a nivel nacional en cuanto al número de feminicidios. A la campaña se integran alrededor de 20 grupos civiles y de mujeres, de San Cristóbal de las Casas, y tiene como objetivo, entre otras cosas, informar y sensibilizar a la población acerca del origen y los riesgos de este tipo de violencia, así como promover el cambio de las relaciones de género.

También en el marco del Día de Muertos, en la Ciudad de Oaxaca, fueron presentados pan, fruta, flores, licor y veladoras en un altar para conmemorar las mujeres asesinadas en Oaxaca y el país. Montaron una ofrenda por las mujeres víctimas de la violencia, «recordando sus nombres, sus edades, a que se dedicaban, que les sucedió, quien fue su agresor y cuál es la situación actual de su proceso legal», explicó el Grupo Bordando Feminicidios de la República. Unas semanas antes, en el marco de acciones contra la violencia feminicida, en Oaxaca, decenas de mujeres marcharon por el centro de la ciudad, siendo esta la primera actividad realizada por el colectivo «Acción Radical Antipatriarcal». Integrantes del colectivo mencionaron: «Solo a partir de nosotras vamos a poder generar un cambio, solo a partir de que nosotras salgamos y alcemos la voz vamos a poder ser escuchadas».

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1. La investigación se llevó a cabo en la Sierra Norte de Puebla y Totonacapan, en la región de la Mixteca de Oaxaca y en 3 regiones de Chiapas (Los Altos, la Selva Lacandona y la región Frontera) (^^^)