En marzo de 2015, el informe del Relator para la Tortura del Alto Comisionado de Naciones Unidas que indicaba el carácter generalizado de la tortura y la impunidad en México había sido fuertemente cuestionado por la diplomacia mexicana. El segundo semestre de 2015 fue igualmente marcado por informes y declaraciones críticas de distintas instancias de alto nivel hacia la situación de los derechos humanos en el país.