SUMARIO: Acciones recomendadas

En México, como en todo el mundo, los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos generaron una gran conmoción. Como resultado, se redujo el interés por otros conflictos no resueltos, incluido el de Chiapas.

Aun antes del 11 de septiembre, el proceso de paz se había estancado una vez más. La reforma constitucional sobre derechos indígenas aprobada por el Congreso federal en abril había sido calificada por el EZLN y las principales organizaciones indígenas como una «traición«. Y los congresos de los estados con mayor población indígena votaron en contra de la reforma. Aun así, la administración Fox proclamó que la misma constituía un importante avance e incluso una prueba de que el conflicto de Chiapas se había resuelto efectivamente. Ese discurso fue bien recibido durante la gira que el presidente hizo por Europa, donde crece el interés por expandir las relaciones comerciales con México.

Al mismo tiempo, el gobierno ha manifestado reiteradamente su voluntad de reanudar las negociaciones. Sin embargo, el EZLN ha guardado silencio desde abril, y otras organizaciones indígenas han rechazado con fuerza la idea, desde que el momento que, según su visión, el gobierno aún no ha cumplido los compromisos asumidos. En el terreno de Chiapas, el nivel de polarización y conflictividad continúa alto; las denuncias de las comunidades indígenas sobre hostigamiento militar y paramilitar han aumentado; al menos 10.000 desplazados internos permanecen sin seguridad para regresar a sus hogares, y las negociaciones sobre los retornos han resultado en pocos logros concretos para las comunidades indígenas. El EZLN se encuentra «en resistencia», rechazando toda asistencia económica del gobierno, y al parecer apostando a seguir desarrollando los municipios autónomos paralelos a las estructuras oficiales de gobierno local.

Las organizaciones indígenas y de derechos humanos continúan denunciando la ilegitimidad de la reforma aprobada, e incluso desafiando su misma legalidad. Más de 300 recursos fueron planteados ante la Suprema Corte de Justicia, tanto por autoridades locales como estatales. También se presentaron reclamaciones ante la Organización Internacional del Trabajo alegando que México no cumple sus compromisos internacionales en materia de derechos indígenas (Convenio 169 de la OIT). Otros esfuerzos apuntan a mejorar la ley indígena, ya sea a través de una revisión de la misma en el Congreso, o de las leyes secundarias que deberán elaborarse a nivel estatal para implementar la reforma.

El tema seguramente va a definirse en el terreno político más que en el estrictamente legal, y las fuerzas conservadoras continúan oponiéndose a cualquier ampliación de la legislación. Si bien el debate ha mostrado una novedosa independencia entre los tres poderes del Estado, la reforma en sí misma se ha convertido en un obstáculo de facto para la resolución del conflicto de Chiapas.

El 19 de octubre, el asesinato de la destacada defensora de derechos humanos Digna Ochoa provocó una fuerte condena nacional e internacional. No obstante, fue seguido de una ola de amenazas contra otros conocidos activistas de derechos humanos.

Después de este crimen, el presidente Fox dispuso la libertad de dos líderes campesinos ecologistas del estado de Guerrero, a quienes Ochoa había defendido de acusaciones y delitos fabricados. Esto apuntó las sospechas hacia Guerrero, donde la abogada había sido hostigada por el Ejército durante sus recientes visitas. A un mes del asesinato, las organizaciones de derechos humanos dieron a conocer su insatisfacción por el poco avance en la investigación del mismo.

Para opacar aun más la imagen del gobierno en materia de derechos humanos, en noviembre la Comisión Interamericana de DDHH de la OEA le dio un ultimátum exigiendo la libertad inmediata del General José F. Gallardo, preso desde hace ocho años por haber propuesto la creación de un ombudsman para el Ejército.

Las elecciones municipales y legislativas de octubre en Chiapas dieron al PRI una cómoda mayoría en el Congreso estatal. Una vez más, el EZLN boicoteó el proceso electoral, y el abstencionismo llegó casi al 50%. El gobernador Pablo Salazar, quien fuera elegido por una coalición de oposición al PRI el año pasado, tendrá que seguir gobernando con un Congreso controlado por la actual oposición.

Los enfrentamientos se han incrementado en Chiapas, incluso entre organizaciones indígenas y campesinas antes aliadas. Las disputas son por la tierra, la hegemonía política y las diferentes estrategias políticas, especialmente en relación con el gobierno estatal. Por supuesto, el telón de fondo es el conflicto no resuelto con el gobierno federal, y los costos son similares: heridos, muertos, secuestros, expulsiones, casas quemadas y amenazas crecientes.

Por otro lado, hay algunas señales de distensión, como el diálogo ecuménico en Chenalhó (región Altos) y algunos acuerdos que permitieron la reapertura de templos católicos en El Limar y Sabanilla (zona Norte).

A pesar de los reclamos no resueltos acerca de las indemnizaciones y de la amenaza paramilitar, varios grupos desplazados de la organización civil Las Abejas -en total unas 1336 personas- retornaron a sus hogares entre agosto y octubre. La decisión de volver fue impulsada por la creciente escasez de agua potable, leña y alimentos en los campamentos.

Los así llamados «retornos forzados» fueron acompañados por observadores nacionales e internacionales y por el gobierno estatal. Hasta la fecha no ha habido incidentes, pero existe todavía preocupación por la seguridad de los retornados. De todos modos, estos retornos son una excepción a la regla, pues la situación de más de 10.000 desplazados continúa sin solución.

Después de los atentados del 11 de septiembre, la presencia militar en Chiapas se incrementó, especialmente en la frontera con Guatemala. La afirmación del gobierno norteamericano de que el EZLN es una organización terrorista fue refutada tanto por el gobernador de Chiapas Pablo Salazar como por el Comisionado federal para la Paz, Luis H. Álvarez. No obstante, como en todas partes, crece la preocupación de que el aumento del temor pueda llevar a una mayor intolerancia hacia las minorías. El mayor impacto de los atentados ha sido económico, agravando significativamente los efectos de la recesión que ya existía en la economía global. En algunas zonas de Chiapas, los productores optaron por no cosechar el café, después que el precio cayó un 50% respecto al del año pasado, que ya era bajo. La tradicional emigración a los Estados Unidos ha sido siempre una válvula de escape para los mexicanos en tiempos difíciles. Sin embargo, con la economía de aquel país también en recesión, la migración ha bajado al 50% desde septiembre.

ACCIONES RECOMENDADAS

• Es importante que la comunidad internacional continúe expresando su preocupación ante la ausencia de una paz justa y duradera en Chiapas.
• Escribir al presidente Fox expresándole: preocupación porque la reforma constitucional sobre derechos indígenas se ha convertido en un obstáculo para reanudar el proceso de paz;
• la esperanza de la comunidad internacional en que el gobierno mexicano, a través de los poderes Ejecutivo y Legislativo, trabajará en la revisión de la legislación indígena para hacerla congruente con los Acuerdos de San Andrés y el Convenio 169 de la OIT;
• profunda preocupación por el asesinato de Digna Ochoa y las amenazas a defensores de derechos humanos, y la necesidad de una investigación exhaustiva para llevar a los responsables ante la Justicia.
• Exhortar a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a que exija al gobierno mexicano que su legislación en materia de derechos indígenas sea congruente con el Convenio 169 que México ratificó en 1990.
• Difundir información -como la contenida en este Informe- sobre la situación en Chiapas.

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