La presencia del Ejército mexicano en Chiapas, desde el levantamiento zapatista en 1994 ha sido objeto de críticas por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), organizaciones indígenas, sociales, de derechos humanos nacionales e internacionales y partidos de la oposición. Por otra parte, dicha permanencia ha sido explícitamente solicitada por varios grupos de filiación priísta y el gobierno mexicano ha defendido su presencia. En el marco de la actual coyuntura política, el Ejército sigue jugando un papel clave en las posibilidades de la reanudación del diálogo de paz en Chiapas.

Histórico pacto

Para entender los planes y doctrinas militares en México, habría que dar unos pasos hacia atrás en la historia: «Hay un pacto cívico-militar en México, vigente desde los años 40, sustentado en dos reglas no escritas, resultantes de un hecho: en 1947, cuando quien fuera el primer presidente civil de la revolución, Miguel Alemán, tomó el bastón de mando que le ofrecían los generales de la revolución, lo hacía a cambio de un compromiso: el respeto absoluto a la institución castrense. En correspondencia a este compromiso se desprendió la segunda norma […]: los militares respetarían a capa y espada ese poder civil. […] Al respecto, el Ejército mexicano nunca tuvo autonomía del sistema político, […] por lo que no fue factor de inestabilidad. ⁽¹⁾«

Planes de guerra

Los planes de guerra y doctrinas para impulsar el despliegue de las Fuerzas Armadas se desprenden de la Constitución y de las leyes que regulan su actividad: preparación para la defensa externa (descrito en el llamado plan DN-I); garantía de la seguridad interna y la paz social (plan DN-II); y desde los años setenta, intervención en caso de desastres naturales (el DN-III)..

Las mencionadas críticas a las Fuerzas Armadas se relacionan mayoritariamente con el plan DN-II, cuyas misiones son amplias: «Van desde la preparación y entrenamiento para la guerra contra el narcotráfico, combatiéndolo constitucionalmente en respaldo a la Procuraduría General de la República (PGR), hasta la contrainsurgencia, el apoyo a ineficaces fuerzas de seguridad pública y la realización de la denominada acción cívica, que se ocupa de vacunar y dar atención odontológica a la población en zonas rurales marginadas, establecer misiones de protección de la naturaleza y otras acciones. […] El Ejército es directamente responsable de detener a los grupos insurgentes que han declarado la guerra al Estado, como el EZLN, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), y sus acciones las emprenden en coordinación estrecha con la Secretaría de Gobernación. Cuando se trata de narcotráfico o de seguridad pública, donde hay que sustituir a los ineficaces cuerpos de seguridad pública federal o estatales y municipales, su coordinación es con la PGR» ⁽²⁾. La crítica al respecto es que la ejecución de la mencionada acción cívica correspondería, según la Constitución y las leyes mexicanas, a otras dependencias federales e incluso estatales o municipales.

Chiapas: la realidad

Desde el levantamiento zapatista en 1994, el número exacto de efectivos ha sido objeto de muchas discusiones nunca resueltas: «mientras el gobierno y la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) han reportado de 17 a 25 mil efectivos en diversos momentos, las organizaciones indígenas, campesinas, de derechos humanos y civiles, han consensuado públicamente un aproximado de 70 mil» ⁽³⁾. Al mismo tiempo, se reconoce que «[…]el número exacto de militares en Chiapas nunca lo conoceremos con verdad y exactitud […]. Pero existen otros criterios para medir la militarización en términos cuantitativos y hacer el cálculo no sólo en cuanto a la cantidad de efectivos militares, sino sobre sus posiciones, acciones y consecuencias para la sociedad.[…]». Sobre sus posiciones, los autores de «Siempre lejos, siempre cerca» mencionan que en febrero de 2000 contaron «259 puntos geográficos: 175 posiciones fijas, 24 retenes permanentes, 60 retenes intermitentes», que estaban presentes físicamente en 58 municipios, teniendo así una presencia en 52.20% del total de ellos ⁽⁴⁾.

Las razones oficiales que se dan para la presencia del Ejército mexicano en Chiapas son la seguridad nacional, el combate al narcotráfico, al terrorismo y a la ingobernabilidad, así como el desempeño de la llamada labor social (o acción social). Algunos ejemplos del último son: la construcción de carreteras, trabajos de reforestación, campamentos militares donde los militares ofrecen comida, atención médica, información sobre planificación familiar, cortes del pelo y reparación de construcciones o materiales a los pobladores.

Mientras las fuentes militares hacen énfasis en la legalidad y necesidad de su presencia, en los últimos siete años la población indígena ha realizado centenares de denuncias sobre interrogatorios, hostigamiento en retenes y a través de patrullajes y sobrevuelos constantes de aviones y helicópteros, ocupación de edificios comunitarios como escuelas, introducción de prostitución y enfermedades venéreas en las comunidades, condicionamiento político a la entrega de ayuda humanitaria, violación de niñas y mujeres, desplazamiento forzado de la población a través de operativos policiaco-militares, apoyo o escudo de paramilitares, robo de maderas preciosas, obstrucción del libre tránsito, profanación de lugares sagrados, inyección o control de recursos económicos clientelares a través de diversas instancias y dependencias públicas, contaminación ambiental, actor activo en la división de las comunidades y en la inminente impunidad en la región, siembra de mariguana, entre otros. Por las mismas denuncias, una gran cantidad de indígenas de las bases simpatizantes zapatistas y grupos de desplazados ha rechazado los servicios sociales del Ejército.

En una sistematización de 1160 cartas de denuncias de comunidades y organizaciones indígenas del Archivo Histórico de la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) de 1994 a 98, los autores de «Siempre cerca…» identificaron a las Fuerzas Armadas y Policiacas como el agresor más denunciado (36%) ⁽⁵⁾. Para el año 1999, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas concluyó que «del total de casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos por el Centro, el 39% fueron realizadas por el Ejército mexicano, ubicándolo en el principal agresor. La mayoría de los casos se refirieron a violaciones a la integridad física y a las garantías de seguridad jurídica» ⁽⁶⁾.

Críticas internacionales

En febrero de 2000, la comisionada para Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Erika Irene Daes, pidió al Ejército federal que regrese a sus cuarteles. En el mismo mes el informe de la Relatora Especial para Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias de la ONU, Ashma Jahangir recomendaba que el gobierno de México «logre la desmilitarización de la sociedad y evite delegar en las Fuerzas Armadas el mantenimiento del orden público o la lucha contra el delito» ⁽⁷⁾.

Unos meses después, el Comité de Derechos Humanos de la ONU manifestó que «el Comité está […] preocupado por la creciente intervención de los militares en la sociedad, especialmente en los Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca donde desarrollan actividades propias de las fuerzas policiacas». Observó además que «El Comité está profundamente preocupado por la inexistencia de procedimientos institucionalizados para investigar las alegaciones de las violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por militares y por las fuerzas de seguridad y que, como consecuencia de ello, estas denuncias a menudo no son investigadas». Recomendó que «el mantenimiento del orden dentro del territorio del país debe realizarse por medio de las fuerzas de seguridad civiles» y que «el Estado debe establecer procedimientos adecuados para que se lleven a cabo investigaciones independientes de las denuncias de violaciones a los derechos humanos imputados a los militares y a las fuerzas de seguridad y para que se procese a las personas acusadas de tales violaciones […]» ⁽⁸⁾.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) recomendó ya en 1998 que el gobierno mexicano » revise el contenido de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de mantener a las Fuerzas Armadas en el rol propio para el cual fueron creadas, de acuerdo a lo establecido por la legislación internacional en la materia, en especial por el artículo 27 de la Convención Americana» ⁽⁹⁾.

Propuestas de cambio

Últimamente se dieron a conocer varias propuestas de parte del gobierno federal y estatal y del mismo Ejército para una modernización de las Fuerzas Armadas y un reajuste de sus actividades en Chiapas, específicamente.

En un acto inédito, y en reacción a las diversas críticas nacionales e internacionales, el general Cervantes Aguirre, entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), dijo poco antes de la presentación del último informe presidencial de Zedillo en septiembre del 2000 que «la presencia del Ejército federal en Chiapas es un asunto doloroso para la conciencia de los militares».

En preparación del periodo político del nuevo presidente, y a invitación del mismo, la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, en el documento que entregó a Fox el 22 de noviembre de 2000, considera que una de las «medidas urgentes» para el proceso de paz en Chiapas, es el repliegue del Ejército de las inmediaciones de las comunidades rurales chiapanecas. Además se recomienda «prohibir la participación de las Fuerzas Armadas en tareas ajenas a su misión constitucional, como la seguridad pública y el combate al narcotráfico; […] reformar el artículo 93 constitucional, para prever que los jefes de los estados mayores de las Fuerzas Armadas puedan ser citados por el Congreso de la Unión, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio de su incumbencia; y […] fortalecer las facultades de las comisiones legislativas en materia de defensa nacional, con el objeto de darles competencia para revisar y auditar las partidas presupuestales ejercidas por los mandos e instituciones militares» ⁽¹⁰⁾. El presidente Fox decidirá qué sugerencias mandará al Congreso para su discusión.

Compromisos y hechos

En diciembre de 2000 y enero de 2001, ya se han dado varios cambios a nivel militar en la región. En las primeras semanas después de su toma de posesión, Fox ordenó el desmantelamiento de decenas de retenes, y en respuesta a las condiciones planteadas por el EZLN, ordenó el retiro de varias bases militares.

Estas iniciativas requieren de un monitoreo de seguimiento, ya que varias organizaciones indígenas denunciaron que los soldados de los retenes levantados siguen con su trabajo, vestidos de civil, al lado de la carretera; que reinstalaron retenes ya levantados, y que refuerzan distintos campamentos militares.

Brechas comunitarias

Los pasos del Presidente han generado cierto alivio en múltiples comunidades indígenas y desacuerdo en otras. El retiro del Ejército de las comunidades indígenas ha sido una demanda constante por parte de distintas organizaciones y grupos de pobladores indígenas en los últimos años. Por otro lado, varios grupos priístas piden la permanencia del Ejército, con los argumentos que se debe normalizar la vida pública e institucional de Chiapas así como solucionar los aspectos que provocaron el levantamiento en primer lugar. También dicen que con el retiro de los militares se rompería con acuerdos comunitarios de reconciliación.

Esta divergencia de entendimiento plantea un reto en el sentido de que justamente, la reconciliación de los pueblos chiapanecos será una de las prioridades más importantes para el gobierno estatal, visto el daño al tejido social que se ha dado desde el levantamiento, e incluso antes.

Democratización

Sería demasiado fácil creer que la ‘desmilitarización‘ de Chiapas se resolvería con sólo un reposicionamiento o repliegue del Ejército. Esto, para empezar, debería ser acompañado por una garantía de que la abundante presencia de armas y/o el hostigamiento a la población no sea ‘copiada‘ por fuerzas policiacas, y que se desmantelen los grupos civiles armados/paramilitares como fuente continua de mayor tensión en la región. El gobernador Salazar ya ha indicado a mediados de diciembre 2000 que se homologará el retiro del Ejército mexicano con el de la Seguridad Pública. Queda pendiente la garantía del gobierno federal de que no establecerá una presencia fuerte de elementos policiacos federales. Tales retos y pasos requieren de una mayor estabilidad y gobernabilidad en el estado, dificultadas por el momento por los crecientes conflictos entre los diferentes poderes estatales (vea Actualidad y Análisis de este informe).

Aún así, una conclusión sobre la presencia del Ejército en Chiapas no se puede desvincular de una más amplia que incluya la situación política y social en la región y el resto del país. Tomando en cuenta que, además de que le corresponde al gobierno federal asegurar que el desempeño de actividades en el marco de la acción cívica sea asumido por instituciones federales y estatales, esto requiere de un proceso de democratización del sistema político en todo el país. Lo cual a su vez va de la mano de la lucha contra la corrupción y la impunidad en los diferentes niveles del gobierno.

Por el momento, varias cartas están en la mesa. En la medida en que las Fuerzas Armadas acaten el poder político, y en la medida en que dicho poder político cumpla con su palabra, el Ejército podrá convertirse en un factor que facilite la reanudación del proceso de paz.

• 1 «Siempre cerca, siempre lejos; Las Fuerzas Armadas en México», Global Exchange, CIEPAC, CENCOS, 2000, p. 16/1 (Volver)
• 2 «Siempre cerca….», p.24. (Volver)
• 3 «Siempre cerca….», p.132. (Volver)
• 4 «Siempre cerca….», p.133. (Volver)
• 5 «Siempre cerca….», p.124. (Volver)
• 6 «La guerra en Chiapas: ¿Incidente en la historia?», Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C., Abril 2000, p.54. (Volver)
• 7 Recomendación 107.b, febrero 2000. (Volver)
• 8 Comité de Derechos Humanos, 66 período de sesiones, ONU, julio 1999. (Volver)
• 9 «Informe sobre la situación de los DDHH en México«, OEA/CIDH, Septiembre 1998. Recomendación 738, p.167 (Volver)
• 10 Proceso 1255, 19 de noviembre de 2000, p.22/23. (Volver)