El 1° de diciembre, el presidente electo Vicente Fox Quesada prestó juramento en el Congreso de la Unión, convirtiéndose en el primer presidente de la época posrevolucionaria surgido de un partido distinto al Partido Revolucionario Institucional (PRI). En su primer discurso anunció que luchará contra la corrupción y la impunidad. Se comprometió a promover siete reformas medulares que garanticen una «democracia eficaz y una eficacia democrática», y a llevar a cabo una reforma del Estado que asegure un ejercicio del poder cada vez más equilibrado. Con respecto a Chiapas, poco antes de posesionarse ya ordenó el retiro de 53 retenes militares en las tres zonas de conflicto: Altos, Norte y las Cañadas.

Gabinete de «orden y respeto»

Como de «orden y respeto» definió el presidente Fox a su gabinete.

El nombramiento de Luis H. Alvarez como Comisionado para la Paz en Chiapas, recibió el saludo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y fue calificado como de mucho acierto y con autoridad moral para participar en los diálogos de paz. Luis H. Alvarez fue miembro fundador de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), y participó en las negociaciones y en la firma de los Acuerdos de San Andrés. Según el Comisionado, «el proyecto de la COCOPA (iniciativa de ley sobre Derechos y Cultura Indígena, elaborada por esta instancia en noviembre de 1996 en base a los Acuerdos de San Andrés) es acorde con los principios de unidad nacional. La libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas se propone sin menoscabo de la soberanía nacional, siempre dentro del marco constitucional del Estado mexicano».

Llamó la atención el nombramiento del general Rafael Macedo de la Concha en la Procuraduría General de la República (PGR). Después de casi un siglo de tradición civil, por primera vez un militar asume este cargo. Cuando fue procurador de Justicia Militar, dejó sin atender una serie de acusaciones de violaciones a los derechos humanos, según organizaciones de derechos humanos.

El EZLN rompe el silencio

En una conferencia de prensa el 2 de diciembre en la comunidad zapatista de La Realidad, el EZLN pidió al nuevo gobierno tres señales para reanudar el diálogo: cumplimiento de los Acuerdos de San Andres, libertad de todos los presos políticos zapatistas y el retiro y cierre de siete posiciones del Ejército, » de las 259 que mantiene actualmente en la zona de conflicto». Anunció que en febrero de 2001, 23 miembros del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN, viajarán a la ciudad de México para convencer al Congreso de la Unión de las «bondades» de la iniciativa de ley elaborada por la COCOPA.

Aunque no lo retoman explícitamente en sus demandas, en un comunicado el EZLN acusó al gobierno de no hacer nada en cuanto a los grupos paramilitares. Denunció además que el 20 de diciembre, nueve familias zapatistas de la comunidad Santa Fe el Duraznal, municipio de Chilón, fueron desplazadas por aquellos.

Respuestas gubernamentales

Casi inmediatamente, Fox respondió diciendo que buscará cumplir las condiciones del EZLN. El 5 de diciembre envió al Congreso la iniciativa de ley de la COCOPA. Posteriormente el senador priísta Manuel Bartlett, en su carácter de presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, advirtió que no legislarán «al vapor», puesto que antes se debería realizar una consulta nacional, porque el proyecto no sólo debe centrarse en Chiapas sino en todas las entidades donde hay grupos indígenas.

En respuesta a las demandas zapatistas del retiro de posiciones militares, la primera posición en ser abandonada fue Amador Hernández, predio en el que el 9 de agosto de 1999 entró el Ejército, y el 18 de octubre de 2000, el entonces presidente Ernesto Zedillo expropió 3,5 hectáreas a los ejidatarios. El 22 de diciembre, el presidente Fox restituyó el predio a la comunidad, lo que fue saludado por el EZLN, y visto como una buena señal rumbo al diálogo. El 31 de diciembre, ante una protesta de simpatizantes zapatistas, se aceleró la salida de los militares del cuartel Jolnachoj (San Andrés Larrainzar). Por orden presidencial, Cuxuljá fue la tercera posición desmantelada, el 9 de enero. Y, el 17 del mismo mes salieron del campamento militar de Roberto Barrios.

Después del retiro del cuarto campamento militar, el presidente Fox dijo que no habrá más repliegue del Ejército, hasta que el EZLN dé una señal de reanudación del diálogo.

Chiapas antes del cambio de gobernador

Luego de la detención (28 de octubre) de 11 líderes del presunto grupo paramilitar Unión Campesina Indígena Agropecuaria y Forestal (escisión de «Desarrollo, Paz y Justicia»), y a pocas semanas de la posesión del nuevo gobernador de Chiapas, Pablo Salazar, el ambiente se tensionó debido a que varias comunidades, especialmente de la zona Norte y Altos, entre ellas los desplazados de Tierra y Libertad, Yajalón (desalojados el 3 de agosto), denunciaron las amenazas de que eran objeto por parte de paramilitares.

En este clima de intranquilidad, en la madrugada del 13 de noviembre, 150 policías judiciales federales y 20 agentes del Ministerio Público realizaron un operativo en los Chorros, municipio de Chenalhó, en busca de armas en manos de presuntos paramilitares. Con la pasividad del Ejército ante las agresiones de la comunidad a los agentes federales, los pobladores impidieron que el operativo se llevara a cabo, con un resultado de más de 20 personas heridas. La PGR reconoció su fracaso y dijo que continuarán los operativos.

Toma de posesión de Pablo Salazar

El 8 de diciembre, con la presencia del presidente Vicente Fox, Pablo Salazar Mendiguchía como el primer gobernador no priísta en la historia posrevolucionaria, asumió la gobernatura de Chiapas. En su primer discurso solicitó al presidente Fox que se auditen todos los recursos federales enviados los últimos años a Chiapas. Señaló que hará valer el estado de Derecho y aplicará la ley para que no haya más derramamiento de sangre. Planteó la necesidad de conocer la verdad sobre las masacres de Acteal y el Bosque, y «las bandas paramilitares».

En cuanto a la conformación de su gabinete, destacan miembros de la sociedad civil y empresarios. En la Secretaría de Gobernación fue nombrado Emilio Zebadúa, vocal del Instituto Federal Electoral. Porfirio Encino, de Asociación Rural de Interés Colectivo Independiente y Democrática (ARIC-I), una organización indígena histórica, ocupa la Secretaría de Pueblos Indígenas.

Acciones del nuevo gobernador

El ejecutivo estatal prometió que homologará el retiro de efectivos policiacos al del Ejército mexicano de los siete puntos exigidos por el EZLN para reiniciar el diálogo; derogó la Comisión Estatal para la Remunicipalización creada por el anterior gobierno, factor altamente conflictivo, pues había creado siete nuevos municipios principalmente en las regiones donde se encontraban los consejos autónomos del EZLN. En este sentido, el secretario de Gobierno, Emilio Zebadúa, señaló que las instancias para la remunicipalización atentaban contra una salida pacífica al conflicto y la independencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), porque ambas estaban a cargo del presidente del organismo, Noé Castañón. Agregó, que los municipios autónomos deben ser considerados en el marco general de la revision que se hará de los Acuerdos de San Andrés.

De otro lado, con la presencia del comisionado para la paz, Luis H. Alvarez, fueron excarcelados 22 zapatistas del penal de Cerro Hueco. De un total de 103 detenidos y procesados a partir de 1994, varios con sentencias de hasta 25 años, está pendiente la liberación de 81 indígenas. El Procurador de Justicia del Estado dijo que el caso de los presuntos zapatistas se atenderá de dos maneras: Ley de Sentencia Suspendida para quienes han sido sentenciados, y desistimiento de la acción penal para quienes están en proceso.

Pugna de poderes

Días antes de la toma de posesión del nuevo gobierno estatal, la fracción parlamentaria del PRI aprobó una serie de reformas al Código de la Hacienda Pública, según Salazar «para quitarle facultades al Ejecutivo para revisar las cuentas a los ayuntamientos a través de la Controlaría General del Estado y convertir al legislativo en el único poder con capacidad de auditar a los gobiernos municipales».

La bancada del PRI en el Congreso estatal interpuso una demanda de juicio político contra Salazar y Zebadúa, porque el nombramiento del secretario de Gobierno, Emilio Zebadúa, sería anticonstitucional «por no ser chiapaneco». Hasta que no se resuelva este conflicto, el Congreso se niega a discutir varias propuestas del Ejecutivo (como la propuesta de revocar una reforma del Congreso de octubre 2000 para prohibir alianzas de los partidos que participen en las contiendas electorales por las presidencias municipales y diputaciones, y una propuesta de reforma legislativa). Además, aunque Salazar derogó la Comisión de Remunicipalización, el Congreso estatal indicó que seguirán discutiendo la segunda etapa del proyecto de remunicipalización.

Aumentaron el presupuesto del Congreso en el 90 por ciento, reduciendo al mismo tiempo el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social en el 17 por ciento. El gobernador vetó este presupuesto por considerar que contravenía disposiciones de la Constitución Política de Chiapas. Mientras se resuelve la pugna de poderes, en Chiapas se mantiene el presupuesto del año 2000.

Por su parte, el presidente del STJE, Noé Castañón, responsabilizó al gobernador Salazar de las amenazas de muerte en su contra y en contra de los 16 magistrados priístas. Noé Castañón, quien se había desempeñado como titular del STJE durante 6 años, fue relecto por otro período igual con el voto de la mayoría priísta de magistrados.

Más cambios

Mediante un comunicado presidencial se dio a conocer que se eliminaba el requisito migratorio de permiso para ser observadores de derechos humanos en el país. Dicha actividad estará sujeta al estado de Derecho y marco jurídico aplicable.

Por primera vez en la historia electoral mexicana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló las elecciones de gobernador de Tabasco (colindante con Chiapas) por irregularidades cometidas. El posesionado candidato priísta, fue revocado de su cargo. Después de semanas de incertidumbre política en que el estado llegó a tener dos gobernadores interinos, finalmente mediante un acuerdo político entre la Secretaría de Gobernación, las dirigencias nacionales de los partidos y el Congreso local se llegó al nombramiento de un gobernador interino priísta con el compromiso de convocar a elecciones en noviembre y entregar el poder en diciembre del 2001.

En Yucatán se dio otro conflicto electoral por el supuesto nombramiento unilateral de integrantes del Consejo Electoral del Estado. El mismo tribunal federal intervino para exigir al Congreso de mayoría priísta elaborar una nueva lista de consejeros electorales más amplia, para ser elegido al azar esta vez. La bancada priísta se negó a hacerlo y anunció que el Consejo anterior seguirá desempeñando su trabajo.

En Oaxaca (al lado de Chiapas) se aprobó a finales de diciembre una Ley de Aministía que beneficia a todas las personas involucradas con grupos guerrilleros. De esta manera fueron excarceladas 32 personas, y 129 que están prófugas y supuestamente tienen vinculación con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), serán también beneficiadas.