Ayotzinapa: la punta del iceberg

Una fiesta de aniversario del estudiante desaparecido Julio César López Patolzin el día de su 25 cumpleaños. Su tía y sobrina se abrazan mientras un grupo de músicos toca sus canciones favoritas. Tixtla, Guerrero. 29 de enero de 2015 © Emily Pederson

La noticia de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, ha dado la vuelta al mundo. El denominado “caso Iguala” posicionó en los medios de comunicación el tema de las desapariciones forzadas en el país y, al día de hoy, es sabido que Ayotzinapa es tan sólo la cara más visible de esta problemática. “México es una gran fosa común”, declaró ya en 2014 Javier Sicilia, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), ante la explosión de hallazgos de fosas clandestinas a lo largo de la República.

“Muchas familias aquí en México estamos muertas en vida, laceradas, con duelos congelados, porque nos arrebataron lo que más amábamos en la vida: nuestros seres queridos”, escribió la madre de un desaparecido en Michoacán en una carta al Papa Francisco en su reciente visita. Como ella, otras decenas de miles de testimonios cuentan cómo sus familiares “algún día salieron de sus casas sin nunca más volver, estando en un mundo incierto: no están muertos no están vivos, ¿dónde están? Otros, dentro de sus casas, fueron sacados salvajemente para ser desaparecidos o asesinados”. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas tiene constancia de que en México, a la fecha, más de 27.000 personas se encuentran en paradero desconocido.

A pesar de esta alarmante cifra, múltiples organizaciones y medios de comunicación han apuntado a que el total de personas desaparecidas puede ser todavía superior. Como indicó Amnistía Internacional (AI) en el informe “Un trato de indolencia” (2014), “la mayoría de los delitos permanecen sin ser denunciados, por lo que no se conoce la magnitud real del problema y la cifra oficial podría estar subvalorando la gravedad del asunto”. Por un lado, el registro gubernamental sólo incluye los casos de desaparición que cuentan con una averiguación previa del Ministerio Público, los cuales según Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM), solamente son 1 de cada 9. Ello excluye tanto a las personas migrantes indocumentadas que son desaparecidas —a pesar de ser uno de los grupos identificados como altamente vulnerables ante esta problemática—, como a los cuerpos hallados en fosas o que permanecen en hospitales y dependencias del Servicio Médico Forense. Como indica la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción (ENVIPE) 2015, muchas familias optan por no denunciar por desconfianza en las autoridades o por ver la denuncia como una pérdida de tiempo, mientras que organizaciones de familiares de víctimas apuntan a que también es frecuente el miedo a represalias por parte de los autores de las desapariciones. Además, el propio gobierno reconoció ante el Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Desaparición Forzada que no disponen de un número claro de personas desparecidas. Esta falta de denuncias y de un registro exhaustivo de desapariciones forzadas deja entrever la posibilidad de que, como han denunciado integrantes de FUNDEM, la cifra real de personas desaparecidas en el país podría ser superior a las 300.000.

¿Cómo es posible?

Víctimas del crimen organizado. Tercer premio de World Press Photo 2014. Saltillo, Coahuila. 8 de marzo de 2013 © Christopher Vanegas

El país ha llegado hasta esta preocupante situación debido a una complejidad de factores. Por un lado, los grupos del crimen organizado han penetrado en el tejido social en buena parte de los estados de la República, más intensamente en el norte del país y particularmente cerca de la frontera con los Estados Unidos. Ello se debe al afán de controlar la ruta del trasiego de drogas, principalmente hacia el país vecino. Esta extensión ha sido producto de la ineficacia de las autoridades en el combate a los grupos del crimen organizado, también llamados cárteles, o incluso por su colusión con ellos, como han apuntado varios organismos de derechos humanos y medios de comunicación. Estas bandas, que lucran con actividades ilegales como el tráfico de drogas, armas u órganos; la trata de personas o las extorsiones y secuestros, han involucrado a parte de la población en esos negocios, tanto a través de pagos como mediante amenazas para lograr su participación. La situación generalizada de pobreza que se vive en México ha facilitado en parte la expansión de estas organizaciones criminales.

Cuerpos de personas ejecutadas expuestos en espacios públicos, cadáveres desmembrados, personas decapitadas o ahorcadas son ejemplos de los “mensajes” de terror y de castigo ejemplar que mandan los grupos del crimen organizado. Estos mensajes ejemplifican las consecuencias que puede tener no cooperar o denunciar los abusos de las bandas. Van dirigidos tanto a los cárteles contrarios -en disputa por la exclusividad de operación en un territorio concreto- como a las autoridades y a la sociedad en general, causando miedo y terror generalizado para conseguir su cooperación e inhibir las denuncias. Las desapariciones forzadas son otro rostro de estas prácticas.

Desde 2006, año del inicio de la llamada “guerra contra el narco” impulsada por el presidente de la República de 2006 a 2012, Felipe Calderón (Partido Acción Nacional, PAN), más de 155.000 personas han sido asesinadas y unas 300.000 han sido desplazadas forzadamente por la violencia, según datos del gobierno y del Centro de Vigilancia de Desplazados Internos respectivamente. Como apuntó una comisión internacional de expertos, coordinada por la revista británica The Lancet y la Universidad Johns Hopkins, los “niveles intolerables de violencia, inseguridad y corrupción han dado lugar a desplazamientos masivos en México y América Central, con niveles similares a los documentados en zonas de guerra”. En opinión de Gilberto López y Rivas, antropólogo y colaborador de La Jornada, la desaparición forzada tiene un carácter político: eliminar la lucha social para facilitar el avance del neoliberalismo y sus empresas. “Ver desde el aspecto político el asunto de la desaparición, o de las ejecuciones extrajudiciales, nos deja ver lo que quieren lograr con estas prácticas forzadas, que es romper la resistencia de nuestros pueblos”.

Mosaico en memoria de los 43 estudiantes desaparecidos. Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, Tixtla, Guerrero © SIPAZ

Diversos organismos de observación y defensa de los Derechos Humanos se han pronunciado ante la situación. Éste es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien tras su visita a México “pudo constatar que la desaparición de personas en grandes extensiones del territorio mexicano ha alcanzado niveles críticos”, así como de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que aseveró que México presentaba “una situación crítica en materia de desaparición”. También destacan las declaraciones de familiares de personas desaparecidas, como las de Nadín Reyes, del Comité de Familiares Hasta Encontrarlos, quien afirma que las desapariciones forzadas en México “forman parte de una política de Estado, sistemática y generalizada”, un crimen “de lesa humanidad” que afecta a familiares, víctimas y a la población en su conjunto.

Nada nuevo

El periodo de 2006 hasta la fecha ha sido el repunte de desapariciones forzadas más destacado en México después de la década de los ‘70, cuando hubo una fuerte oleada de personas desaparecidas en el marco de la llamada “Guerra Sucia” -época en la que el Estado intentó acallar las voces opositoras que clamaban por una reforma agraria, salud, educación, democracia e igualdades sociales-. A nivel nacional, unas 1.350 personas fueron desaparecidas, de entre las cuales unas 650 tuvieron lugar en el estado de Guerrero, como indica el informe del Grupo de Trabajo de la ONU de 2012. Según la fuente, el propósito de estas desapariciones fue desactivar el apoyo a varios grupos armados disidentes en la región.

Uno de los casos más emblemáticos ha sido el de Rosendo Radilla Pacheco, campesino y cantautor de corridos, quien no volvió a aparecer después de haber sido detenido en un retén militar en agosto de 1974 en Atoyac de Álvarez, Guerrero. Rosendo, quien había sido presidente municipal y había trabajado por la salud y la educación de su pueblo, fue visto por última vez en el antiguo Cuartel Militar de Atoyac. En la actualidad, su familia sigue en búsqueda de la verdad, en exigencia de su aparición y reclamando que se haga justicia.

Mural de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Tixtla, Guerrero © SIPAZ

A diferencia de las desapariciones perpetradas durante la Guerra Sucia, la mayoría de ellas cometidas en contra de activistas o simpatizantes de grupos disidentes, hoy en día las desapariciones se extienden a personas sin alguna militancia social o política, muchas de ellas en edad laboral, según señalan organizaciones de la sociedad civil. Se sospecha que parte de las personas desaparecidas podrían haber sido secuestradas por los grupos del crimen organizado y podrían estar retenidas realizando trabajos forzados para los cárteles en actividades relacionadas a la siembra o al procesamiento de drogas. Asimismo, en los últimos años se ha registrado un aumento de desapariciones de personas con una alta formación profesional, en su mayoría ingenieros con experiencia en instalación de antenas, además de arquitectos, médicos y veterinarios. Según el presidente de la Comisión de Seguridad en el Senado de la República, “el que hayan estado desapareciendo personas capacitadas en esas áreas no es algo casual ni accidental”. El Ejército y la Marina han encontrado sofisticados sistemas de comunicación compuestos por más de 400 antenas, los cuales se sospecha que fueron desarrollados por los especialistas desaparecidos por el crimen organizado.

Bajo el manto de la impunidad

Aunque México ratificó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas en 2008, el combate a esta problemática sigue siendo ineficaz. “En México no importa si un caso de desaparición se trata de una situación oculta o es un caso de alto perfil, las autoridades parecen incapaces de dar respuestas sólidas e institucionales que estén encaminadas a encontrar la verdad y garantizar justicia”, sentenció Amnistía Internacional.

Mural de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Tixtla, Guerrero © SIPAZ

Varios organismos y familiares de desaparecidos han concluido que la búsqueda de las personas en paradero desconocido es comúnmente deficiente. “Nuestro país no tiene mecanismos de búsqueda”, afirmó la madre de una joven desaparecida. Hay centenares de testimonios sobre cómo las autoridades competentes no realizan las acciones básicas de investigación que se requerirían, inician tarde las averiguaciones y algunos casos ni se investigan. Además, muchas familias han referido haber sido tratadas sin interés, de forma hiriente o deficiente por parte de las instancias competentes: “[c]uando yo llegué a poner la denuncia nos dijeron que se había ido con su novio. Eso nos dicen, que se van porque quieren. ¡Tenemos un dolor tan grande! Cuando se nos desaparecen nuestros hijos, no sabemos qué hacer, a dónde acudir, a dónde tenemos que ir para que nos ayuden a encontrar a nuestros hijos”, expresó la madre de una chica desaparecida. A veces les es negado el acceso a los expedientes o incluso se les piden pagos para realizar diligencias o para agilizar las investigaciones. Más aún, la CIDH ha recibido denuncias de amenazas y hostigamiento hacia familiares para que dejen su búsqueda de verdad y justicia. Una madre señaló: “[m]e dicen, ya no busques porque te voy a cortar la lengua. Ya no busques porque tus otros tres hijos van a aparecer en la puerta de tu casa y van a ir en tu consciencia”. Muchas familias han llegado a cambiar de lugar de residencia por miedo a represalias por parte de los perpetradores de las desapariciones.

Varias son las opiniones que han acusado al Estado de llevar a cabo una política de simulación en cuanto a procuración de justicia en los casos de desaparición. Según AI, “[e]n la mayoría de los casos, la investigación no parece estar dirigida a determinar la verdad de lo sucedido. Las autoridades se limitan a realizar algunas acciones con poca utilidad en la indagación. Esta forma de investigación es solamente un formalismo que parece destinado, de antemano, a ser infructuoso”. Por si fuera poco, hay casos en los cuales las investigaciones se han enfocado a la documentación de la vida privada de las personas desaparecidas, llegando a criminalizar a la propia víctima insinuando que tenía nexos con el crimen organizado. Ante este panorama, no es de extrañar que en todo el país sólo se hayan emitido seis sentencias en el ámbito federal por el delito de desaparición forzada, según el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

Para más información:

• Amnistía Internacional: “Un trato de indolencia”. La respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México.
• Organización de las Naciones Unidas: La desaparición forzada en México: una mirada desde los organismos del Sistema de Naciones Unidas.