2006
02/01/2007
ENFOQUE: Chiapas, camino hacia el Norte …
30/03/2007
Los primeros meses de 2007 han coincidido con los primeros meses de los gobiernos de Felipe Calderón, presidente de la República, y Juan Sabines, gobernador del estado de Chiapas. El 1º de diciembre, frente a un Congreso polarizado, en el que no faltaron los forcejeos violentos entre los diputados, y en medio de un fuerte operativo policíaco-militar, tomó protesta Felipe Calderón. Las primeras acciones tomadas por su gobierno permiten anticipar las que podrían ser líneas de su sexenio respecto a los temas más candentes en la actualidad.
Lucha contra el narco, en manos del ejército
En el ámbito de la lucha contra la delincuencia (especialmente el crimen organizado y el narcotráfico), el gobierno presentó diversas iniciativas, encaminadas a recuperar la confianza en las fuerzas de seguridad y a lograr una mayor coordinación entre las diversas entidades públicas implicadas en estas tareas. Entre otras medidas, se integrará a 10.000 miembros del ejército en la Policía Federal Preventiva. Por otro lado, se están realizando operaciones militares de gran magnitud contra el crimen organizado, frente a los que no han faltado críticas sobre su verdadera efectividad más allá del impacto mediático y sobre la posibilidad de que se trate de un pretexto para militarizar el país. También han sido cuestionadas como un excesivo acercamiento a las fuerzas armadas las múltiples apariciones de Calderón en actos militares (incluso con atuendo militar), en los que se ha comprometido a aumentos salariales para las tropas. El 19 de enero, fueron extraditados a Estados Unidos varios capos del narcotráfico que tenían procesos pendientes en México. Esta decisión fue justificada por Calderón como necesaria ante la vulnerabilidad de los jueces mexicanos, a menudo amenazados e incluso asesinados. Las críticas se han centrado en el carácter anticonstitucional de la medida (al no contar los extraditados con las garantías previstas) y en el reconocimiento que supone de la extrema debilidad de las instituciones del país. La violencia asociada al narcotráfico es uno de los problemas más urgentes en el país: durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) produjo una media de 1.500 homicidios anuales(1).
© México, Presidencia de la República
Políticas económicas
La oposición y diversos movimientos sociales especulan sobre la posible privatización de las empresas públicas del sector energético (Petróleos Mexicanos -PEMEX- y Comisión Federal de Electricidad -CFE-), negada por Calderón. Cabe recordar que los beneficios derivados del petróleo suponen el 33% del presupuesto nacional.
En cuanto a las políticas contra la pobreza, se prevé una línea de continuidad aunque el nuevo gobierno reconociera errores durante el gobierno de Fox. Una de las novedades será que el programa asistencial Oportunidades, emblemático del último sexenio, estará ligado a proyectos productivos y promoverá las microempresas. El Banco Mundial señaló en su último informe que el 19% de los mexicanos se encuentra en situación de extrema pobreza, mientras diversas ONGs y movimientos críticos denuncian que el gasto en materia social se reduce visiblemente en el nuevo presupuesto federal. Diversos productos de la canasta básica vienen subiendo sus precios y, en enero, se dio un espectacular aumento del precio de la tortilla, alimento básico en las familias mexicanas. Pasó de alrededor de $6 a $10 el kilo, cuando el salario mínimo diario es de aproximadamente $50. Expertos de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) advirtieron que el aumento afecta especialmente a las familias más pobres (19 millones de personas), cuyos ingresos no alcanzan siquiera los $50 del salario mínimo y cuya alimentación se limita casi exclusivamente a este producto(2).
Derechos humanos
En relación a violaciones de derechos humanos, especialmente graves en 2006 durante las actuaciones policiales contra las movilizaciones sociales en Oaxaca y Atenco, diversas ONGs han expresado su temor a una política de «mano dura» por parte del nuevo presidente. Existen diversas señales preocupantes: la detención de líderes de la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) a pocos días de su toma de protesta, la elección de Ramírez Acuña (acusado por organismos de derechos humanos de ser responsable directo -como gobernador de Jalisco- de casos de tortura y detenciones ilegales en la represión policial contra los manifestantes durante la cumbre de jefes de estado en Guadalajara en 2004) como Secretario de Gobernación, así como la iniciativa de reformas legales para que puedan realizarse detenciones, allanamientos de morada, cateos, intervenciones telefónicas y arraigos sin autorización judicial. En palabras de Calderón: «en ocasiones, acudir a la autoridad judicial dificulta la investigación».
Otras declaraciones del propio Calderón pueden resultar contradictorias: por un lado, afirma, «No creo en la mano dura, que tiene una connotación de desconocer los derechos humanos», y por otro, «estamos decididos a no tolerar desafíos a la autoridad del Estado». A finales de enero, Amnistía Internacional (AI) denunció que Calderón «no ha hecho público cómo va a cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos«. Según AI, el nuevo gobierno «carece de una visión de protección de los derechos humanos y no aborda las deficiencias estructurales de la administración de justicia y de la seguridad pública».
El 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer, fecha que aprovechó el representante de Naciones Unidas en México para hacer públicas preocupantes cifras de violencia contra las mujeres: en la actualidad una de cada cinco mujeres sufre de violencia por parte de su pareja y tres la han padecido alguna vez en su vida(3). El mismo día, Amnistía Internacional hizo público un informe en que se señala que en México existe un grado muy preocupante de violencia sexual por parte de agentes del Estado (especialmente contra mujeres indígenas), que abusan sexualmente de mujeres en un marco de total impunidad(4).
La migración es otro de los temas más urgentes en México, desde una doble perspectiva: por un lado, la falta de alternativas económicas está obligando a un número mayor de personas a abandonar el país en busca de empleo. Por otro lado, México recibe a miles de migrantes de Centroamérica en su camino hacia los Estados Unidos. Pese a que la Iglesia católica y diversas ONGs reclaman la protección de estas personas en situación de gran vulnerabilidad, hay señales de que la persecución de personas indocumentadas podría recrudecerse. Este tema es abordado con mayor profundidad en el Enfoque de este informe.
El 6 de marzo, el Senado de la República aprobó por unanimidad la despenalización de los delitos de difamación, calumnia e injurias, lo que constituye según diversos medios de comunicación un indiscutible avance en la libertad de expresión. Sin embargo, en Chiapas sigue vigente desde 2004 la llamada Ley mordaza, que penaliza los delitos de difamación y la calumnia con las penas de cárcel más altas en toda América Latina y que se considera como grave ataque a la libertad de prensa(5). Sabines, nuevo gobernador de Chiapas, se comprometió durante la campaña a su reforma.
La oposición sigue su camino
© SIPAZ – Jon Izaguirre
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue nombrado «presidente legítimo» por la Convención Nacional Democrática, ante cientos de miles de personas reunidas con ese fin el 20 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México, ratificando así su negativa a reconocer al gobierno de Calderón. En febrero, AMLO se declaró «recuperado» del «golpe» que supuso el supuesto fraude. Actualmente, se encuentra realizando una gira para visitar cada uno de los municipios del país, concentrando su discurso en la oposición a la privatización del sector energético (especialmente de PEMEX), que dice impedirá a toda costa. Está considerando ya las próximas elecciones presidenciales en 2012: «es muy importante defender el patrimonio del país, porque cuando termine el sexenio vamos a recibir una nación en desastre y sería muy difícil sacarlo adelante».
La Otra Campaña, la iniciativa del EZLN para construir un nuevo frente de izquierda (al margen de los partidos políticos tradicionales) con organizaciones de todo el país, concluyó su recorrido de casi un año de duración el 30 de noviembre, tras haber atravesado las 32 entidades federativas de la República. Por otro lado, se celebró en Oventik, municipio de San Andrés Larrainzar, el Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo, sobre el que se informa en uno de los artículos de este Informe.
Continúa el conflicto en Oaxaca
Los enfrentamientos entre el movimiento popular y las fuerzas de seguridad se recrudecieron nuevamente el 25 de noviembre, cuando agentes de la PFP se enfrentaron con miembros de la APPO que marchaban hacia el centro histórico de la ciudad de Oaxaca. El saldo fue de más de 140 heridos, 140 detenidos y numerosos autos e inmuebles incendiados. Varias de las personas presas fueron trasladadas a centros penitenciarios de Nayarit, a más de mil kilómetros de distancia de la ciudad de Oaxaca.
El 4 de diciembre, a sólo tres días de la toma de protesta del presidente Felipe Calderón, Flavio Sosa y otros tres líderes de la APPO fueron detenido en del Distrito Federal (donde se encontraban negociando la reanudación del diálogo con el nuevo gobierno) por los delitos de sedición, ataques a las vías generales de comunicación e incitación a la violencia. Fueron llevados a un penal de máxima seguridad en el estado de México, a petición del gobernador del Oaxaca, Ulises Ruiz, quien considera a los líderes del movimiento «delincuentes de alta peligrosidad».
El 16 de diciembre, la PFP se retiró del centro histórico de la ciudad de Oaxaca y al día siguiente 43 de las personas presas en Nayarit fueron liberadas. En las siguientes semanas, la APPO ha venido concentrando sus movilizaciones en exigir la liberación de las personas detenidas, con varios plantones frente a las prisiones, uno de los cuales fue desalojado de forma violenta.
El 18 de diciembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (organismo público autónomo) publicó un documento sobre los hechos de violencia en Oaxaca con los siguientes saldos desde su comienzo: 349 personas detenidas, 370 lesionados y 20 fallecidos. En enero, la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) presentó su informe(6), en el que se constata la existencia de una estrategia gubernamental para aterrorizar a la población evitando así la consolidación de la movilización popular. Esta estrategia, que denuncian dejó graves secuelas entre los habitantes de Oaxaca, incluyó graves violaciones de derechos humanos entre las que destacan 20 ejecuciones extrajudiciales. La directora de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación rechazó la credibilidad del informe y de la propia CCIODH («no tiene la respetabilidad de otras tipo Amnistía Internacional»). Más tarde se matizaron estas declaraciones, y la Secretaría se mostró dispuesta a analizar el informe y al diálogo con la CCIODH.
En enero, se suspendió el diálogo entre la APPO y el gobierno federal, quedando una salida negociada al conflicto bajo gran incertidumbre. Diversos diputados del PRD (Partido de la Revolución Democrática) se comprometieron a denunciar al gobernador Ulises Ruiz ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad cometidos en los últimos meses.
Sabines, nuevo gobernador de Chiapas
En diciembre tomó posesión de su cargo Juan Sabines, nuevo gobernador de Chiapas electo representando a la Coalición por el Bien de Todos (que incluye a los partidos de izquierda PRD, Partido del Trabajo -PT- y Convergencia) y ex alcalde de Tuxtla Gutiérrez por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Una de las primeras medidas tomadas ha sido la instalación de una Comisión Especial «que atienda las solicitudes de las diversas agrupaciones civiles y campesinas que por años han sido abandonadas, para revisar la situación legal en la que se encuentran diversas personas que se hayan privado de su libertad en cumplimiento a una sentencia penal», con el objetivo de favorecer la reconciliación. Todo ello, «sin poner en duda las razones y circunstancias en las que la justicia de Chiapas dictó sentencia». La ambigüedad en la redacción del comunicado causó dudas y preocupación en buena parte de organizaciones civiles y sociales en Chiapas, especialmente centradas en dos puntos: primero, la posibilidad de que se trate de un estrategia de propaganda política sin una revisión del sistema penal y de justicia en el estado, y, segundo, el temor a que los líderes presos de Paz y Justicia (grupo acusado de ser paramilitar, especialmente activo entre 1995 y 2000) sean liberados. De hecho, los dirigentes de Paz y Justicia recluidos en el penal de El Amate, en Chiapas, pidieron en una carta pública el 15 de febrero ser incluidos en la amnistía, mostrando su «beneplácito hacia la buena voluntad (del gobierno estatal), al promover la ley de amnistía, con la que salimos beneficiados los que pertenecemos a diferentes organizaciones sociales y nos encontramos en reclusión»(7).
Continúa la conflictividad
El conflicto más violento en los últimos meses se desató en el municipio de Ocosingo, cuando cientos de personas (incluyendo campesinos de la Comunidad Lacandona y personas uniformadas) atacaron a 17 familias asentadas en el poblado Viejo Velasco Suárez, en la Selva Lacandona. Esta agresión, en medio de una gran confusión sobre el número de víctimas y sobre su posible pertenencia al EZLN, tuvo un saldo de 4 muertos, entre ellos una mujer embarazada y 4 desaparecidos, presuntamente ejecutados. Amnistía Internacional ha criticado seriamente la respuesta gubernamental al suceso. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas subrayó que no se trata de «enfrentamientos entre comuneros», sino de ataques realizados con «premeditación y complicidad de autoridades gubernamentales por acción u omisión con grupos de interés de la región» en una «lógica contrainsurgente».
Otro de los temas relevantes en Chiapas es la expansión de la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC). Con una base social que crece rápidamente, se trata de una organización cercana al PRI que gestiona proyectos productivos gubernamentales y la negociación de títulos de propiedad sobre la tierra para sus miembros. Diversas ONGs, medios de comunicación y el EZLN denuncian su carácter presuntamente paramilitar y sus actividades armadas clandestinas. La OPDDIC ha emitido diversos comunicados, declarándose partidaria de los gobiernos de Juan Sabines y Felipe Calderón, y mostrándose especialmente beligerante y amenazadora contra el EZLN, en lo que parece constituir una lucha por la tierra y el territorio. Por un lado, exigen a los gobiernos estatal y federal que actúen inmediatamente contra las comunidades del EZLN, a quienes consideran «invasoras» de las tierras que recuperaron tras el levantamiento de 1994. Por otro, amenazan a las mismas comunidades del EZLN con desalojos forzosos. También han amenazado de muerte a diversas organizaciones y activistas civiles: entre otros, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y Miguel Ángel García Aguirre (de la organización Maderas del Pueblo del Sureste).
No ha sido éste el único caso de hostigamiento contra organizaciones civiles en Chiapas. El Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC) de San Cristóbal de Las Casas ha sido objeto de hostigamiento y amenazas de muerte (Ver en sitio Web de SIPAZ), sumándose a una larga lista de acciones contra organizaciones de derechos humanos y de trabajo a favor de la paz en Chiapas en los últimos meses.
