El 3 de octubre pasado se realizaron elecciones en Chiapas con el fin de elegir a 118 presidentes municipales y 40 diputados locales para el Congreso del Estado.

Las JBG (Juntas de Buen Gobierno) zapatistas cumplieron con su promesa de respetar los trabajos de los órganos electorales. Informaron de ella en agosto pidiendo que «así como nosotros respetamos a quienes quieren votar, ustedes respeten a quienes no quieren hacerlo». Con esta decisión se confirma la opción de no confrontación del movimiento zapatista.

Durante los últimos diez años, se habían registrado incidentes violentos como robo, quema de urnas y enfrentamientos entre grupos antagónicos en cada comicio local y federal. En esta ocasión, las elecciones se llevaron a cabo con relativa calma, aunque se recibieron posteriormente 12 denuncias por la posible comisión de delitos electorales. También se siguieron reportando prácticas clientelistas (repartición de despensas y dinero) y acarreos a votantes a las casillas electorales.

La participación del 3 de octubre fue bastante alta comparada con años anteriores, con un abstencionismo de más del 45 por ciento aunque el número de votos nulos superó los 73 mil (representando más de 5% de los que votaron).

Otro elemento llamativo y hasta paradójico es que la mayoría de los actores políticos consideraron haber «ganado» en estas elecciones. Aunque el PRI (Partido Revolucionario Institucional) perdió por primera vez la mayoría absoluta en el Congreso local, continúa siendo la principal fuerza política en el estado con 18 de las 40 diputaciones. A nivel municipal, el PRI arrebató al PAN (Partido de Acción Nacional) y a otros partidos varias ciudades importantes de la entidad, como la capital Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas. Sin embargo, de tener en su poder 72 de los 118 municipios ahora sólo conservará 53. Es decir, perdió en 19 municipios donde antes gobernaba.

La Alianza por Chiapas conformada por el PRD (Partido de la Revolución Democrática), el PAN y el PT (Partido del Trabajo) se quedó con casi la mitad de los escaños legislativos y 27 de los municipios de Chiapas.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha obtenido más de 14 por ciento de los sufragios, lo cual le coloca muy cerca del PAN y el PRD. Seguirá gobernando en 4 municipios y estará participando en 4 gobiernos municipales más a través de su alianza con el PRI.

El actual gobernador del estado, Pablo Salazar Mendiguchía, sufrió un relativo revés, ya que personas cercanas a él fueron derrotadas en estas elecciones por ejemplo en San Cristóbal de las Casas. Sin embargo, el principal contrapeso que tenía era la mayoría absoluta del PRI en el Congreso perdida tras estas elecciones. Eso le podría permitir fortalecer su proyecto de gobierno en los dos últimos dos años que restan a su administración.

Elección Diputados

Elecciones Municipales

Panorama electoral estatal en vistas del 2006

Pablo Salazar Mendiguchía © Expediente 2010

Las elecciones de octubre sirvieron de barómetro político pensando en las elecciones del 2006 donde se elegirá al sucesor del actual gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía.

Los representantes de los partidos que conformaron la Alianza por Chiapas (PAN, PRD y PT) afirmaron en declaraciones públicas que sólo con alianzas se logrará vencer al PRI en el 2006. También, reconocieron el carácter polémico de las coaliciones entre partidos por lo demás «incompatibles» a nivel federal, ya que implican aliar la izquierda con la derecha. El PAN no tiene mucha presencia en zonas rurales. El PRD se encuentra dividido por luchas internas. Habrá que ver como se logra sostener esta Alianza.

En este sentido, vale la pena subrayar un desdibujamiento y debilitamiento de los partidos (en menor medida en el caso del PRI). El 27 de septiembre, unos ocho mil fieles de la Diócesis de San Cristóbal (que abarca 46 municipios de Chiapas) realizaron una marcha para exigir la liberación de varios presos suyos (ver informe anterior). En su comunicado, y refiriéndose al proceso electoral diagnosticaban que «la política, bajo los grandes intereses económicos, parece que se ha perdido el rumbo y sólo se expresa en una enfermiza lucha y búsqueda del poder por el poder, olvidándose de responder a las necesidades y a las demandas de la población en general».

Otro elemento implica un cambio en vistas al 2006: a finales de octubre, se aprobó una iniciativa de ley proponiendo modificaciones al artículo 35 de la Constitución Política del Estado en cuanto a los requisitos para llegar a la gubernatura del estado que podrían dejar fuera a varios «pretendientes» como a Roberto Albores, del PRI, y Emilio Zebadúa, del PRD.

Incluyen por ejemplo que para contender como candidato a gobernador es requisito no haber ocupado el cargo de gobernador constitucional, provisional, interino o sustituto, y no estar sujeto a proceso penal. También se establece que el aspirante deberá tener una residencia en la entidad de un mínimo de cinco años, y ser chiapaneco de nacimiento.

La propuesta también prevé otras modificaciones a las leyes secundarias en materia electoral. Propone la no participación en las contiendas electorales a los cónyuges o familiares de los gobernadores o alcaldes. Se plantea la reducción de los tiempos de campaña a dos meses y la creación de una fiscalía electoral como órgano autónomo e independiente; sin embargo, esta última sería designada por el Congreso del estado a propuesta del Ejecutivo local.

Este hecho despertó diversas reacciones de protesta, particularmente entre el PRI estatal, que en voz del coordinador de la fracción parlamentaria de ese partido, Mario Carlos Culebro, calificó la medida de «antidemocrática, autoritaria, avasalladora, totalitaria, arcaica y que está en contra de la voluntad del pueblo de Chiapas».

Creciente deslegitimación de la democracia partidista

Andrés Manuel López Obrador © Observatorio Político de Veracruz

Lo que se vive en Chiapas es también reflejo de la situación a nivel nacional donde el 2006 también coincide con elecciones federales. Los principales partidos políticos se encuentran en una severa crisis de credibilidad política luego de distintos escándalos financieros recientes de los que ninguno salió ileso. También fueron cuestionados los juegos de poder apuntando a impedir una posible candidatura presidencial para el 2006 del actual jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, al empujar su desafuero.

A mediados de noviembre, otro hecho pareció acabar de consumir la ruptura existente entre el poder ejecutivo y legislativo cuando el presidente Fox anunció que impugnará jurídicamente el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2005, aprobado por la Cámara de Diputados. Calificó dicho presupuesto de »incongruente e inviable». Afirmó que los diputados de oposición pretenden bloquear al gobierno federal e impedir que cumpla con el objetivo de mejorar el bienestar de los mexicanos. Senadores del PRI y del PRD demandaron al presidente Fox dejar de confrontarse con el Congreso de la Unión y aceptar el Presupuesto de Egresos aprobado en la Cámara de Diputados, o de lo contrario llevará al país a la ingobernabilidad.

En noviembre, otro hecho que se interpretó como muestra del debilitamiento y desprestigio de las instituciones y de la desconfianza creciente de la población hacia las mismas fue el linchamiento de dos policías en Tláhuac en el Distrito Federal. Los analistas también señalaron la responsabilidad de los medios de comunicación, en particular televisivos, al alentar un «clima de terror» para justificar la represión y la violencia. Para el director de Amnistía Internacional sección México esas expresiones violentas van en aumento, sobre todo en aquellas naciones donde existe incapacidad para garantizar un estado de derecho.

La búsqueda de Alternativas

Primer Diálogo Nacional por un Proyecto de Nación con Libertad, Justicia y Democracia

En este contexto, el 27 y 28 de noviembre, se convocó en la ciudad de México al Primer Diálogo Nacional por un Proyecto de Nación con Libertad, Justicia y Democracia. Esta iniciativa promovida, sobre todo, pero no exclusivamente, por un conjunto de fuerzas sindicales se proponía convocar «a todos los sectores sociales, culturales y políticos para que avancemos juntos en la elaboración de un diagnóstico sobre los grandes problemas nacionales e internacionales, trazando los aspectos esenciales de un Proyecto de Nación Alternativo y uniendo todas las resistencias frente al capitalismo salvaje y al sistema corporativo para construir una propuesta capaz de disputar la conducción de la nación a la barbarie neoliberal».

Más de 1700 participantes de 164 organizaciones sociales, obreras, campesinas, indígenas, estudiantiles, sindicales y políticas, etc. asistieron al espacio y acordaron «rechazar el modelo de destrucción y muerte llamado Neoliberalismo» y «continuar este Proceso de diálogo en todo el territorio nacional, con el propósito de que las luchas de resistencia se fortalezcan y nutran a su vez el proceso de formulación de un Proyecto de Nación con Libertad, Justicia y Democracia». Cabe subrayar que varias ponencias hicieron referencia a los caracoles zapatistas como un ejemplo positivo de los nuevos modos de participación que se deben de impulsar más allá de las acciones contestatarias.

A principios de diciembre, en Chilpancingo, Guerrero, se llevó a cabo el foro «Contra el silencio y el olvido: la voz de los pueblos indígenas de México». Las organizaciones participantes reafirmaron la determinación de seguir su lucha contra la «contrarreforma indígena de 2001» (ley sobre derechos y cultura indígena aprobada en el 2001 y que desconocieron tanto por el EZLN como las principales organizaciones indígenas del país) y a ejercer su derecho «a ser gobierno» por la vía de los hechos.

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Breves sobre Montes Azules

En octubre, la representante especial para el caso de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Martha Cecilia Díaz Gordillo anunció que 25 comunidades «irregulares» en la Comunidad Lacandona y Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules han firmado acuerdos para la solución del problema agrario-ambiental y que se está negociando con 18 más sobre la posibilidad de que acepten ser reubicados o regularizados vía expropiación (El Universal, 12 de octubre de 2004).

Por otro lado, a finales de octubre, el EZLN anunció su intención de reconcentrar varias de sus comunidades asentadas en el sur de la biósfera de Montes Azules pidiendo apoyo a la sociedad civil nacional e internacional para que apoye los traslados y nuevos agrupamientos.

El EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) explicó esta decisión afirmando que «con el avance de las llamadas ‘juntas de buen gobierno’, gran parte de las comunidades indígenas zapatistas se han dotado de medios que mejoran sustancialmente sus condiciones de vida. Sin embargo, la lejanía y dispersión de varios de estos poblados representan dificultades importantes, por lo cual el EZLN ha acordado, con el consentimiento expreso de sus habitantes, reconcentrar algunos de los pueblos zapatistas en esa zona, para que así sean cobijados por la Junta de Buen Gobierno de la zona selva fronteriza». El comunicado explicita también: «así podrán resistir mejor las amenazas, podrán cuidar mejor la selva, serán partícipes de los avances de las juntas de buen gobierno, y podrán participar mejor en la lucha del EZLN por el respeto y reconocimiento de los derechos y la cultura indígenas».

Los poblados que se han ido reconcentrando y por reconcentrarse (sin ser las únicas comunidades zapatistas en la zona) son Primero de Enero, San Isidro, 12 de Diciembre, 8 de Octubre, Santa Cruz, Nuevo Limar, Agua Dulce. Esta reconcentración que implica un reposicionamiento estratégico por parte del EZLN ha sido considerado por algunos como un repliegue y por otros como la única vía para poder defender y apoyar mejor a sus comunidades en la parte sur de la reserva. Se ha venido realizando sin violencia ni publicidad.

En noviembre, 29 familias tzotziles que provienen de los asentamientos San Isidro (parte no zapatista de la población) y Sol Paraíso fueron reubicados en el nuevo poblado Nueva Magdalena, fuera de la zona forestal protegida. Este mismo mes, los representantes de 20 de Noviembre y Nuevo México, dos poblados de los más de 40 que se tiene proyectado desalojar o reubicar rompieron negociaciones con los gobiernos federal y estatal. Expresaron: «Pensamos que estamos siendo objeto nuevamente de mentiras, que nos quieren utilizar, y por ello pedimos al secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, y al gobernador Pablo Salazar, dejarnos definitivamente en el lugar, sin que alteren nuestra paz social»

A finales de noviembre, diversas organizaciones sociales del municipio de Ocosingo con presencia en Montes Azules advirtieron que «si el gobierno quiere mantener el dialogo, debe ser con respecto y de primer nivel, no se aceptarán personas que no tengan capacidad de decisión». Pidieron también el cese inmediato al hostigamiento que supuestamente el CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) está ejerciendo en su contra.

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Persistentes preocupaciones en materia de Derechos Humanos

En octubre varias organizaciones Civiles expresaron su indignación por la ratificación de José Luis Soberanes, como Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para el próximo período 2004-2009. Deploraron «la manera en la que se condujo el proceso de selección: con un acuerdo partidario a última hora, una participación sumamente limitada y reducida en cuanto al número y al tiempo concedido a las organizaciones de la sociedad civil para presentar sus opiniones y sus propuestas, a puerta cerrada (…) sin explicar los criterios en los que se basó (…) para ratificar casi automáticamente al Doctor Soberanes». Afirmaron que «el Senado no está contribuyendo a fortalecer un organismo autónomo, sino todo lo contrario. Lo que realmente hace es poner en riesgo su legitimidad, ya de por sí cuestionada, debilitando así todo el Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos en el país».

En noviembre, la Red Chiapas de Derechos Humanos se pronunció en contra de la Ley para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos aprobada en el estado este mismo mes, considerando que genera un retroceso en la autonomía y eficacia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas (CEDH). También cuestionaron la reciente designación de Yesmín Lima Adam como titular de dicha institución que afirman fue nombrada «sin un perfil adecuado y sin un procedimiento transparente e incluyente de la sociedad». Subrayaron: «Estos actos del Congreso del Estado, sumados a la destitución arbitraria del Lic. Pedro Raúl López en meses recientes, y a las reformas al Código Penal del Estado en vigor desde mayo pasado, vulneran dramáticamente la vigencia de los derechos humanos en el estado de Chiapas, limitando el goce de garantías fundamentales y debilitando al organismo dedicado para su protección«. (ver en Frayba)

En diciembre, Amnistía Internacional publicó un informe «Abusos desoídos en Guadalajara: la resistencia a esclarecer violaciones de los derechos humanos sólo perpetua la impunidad» que señala: «El gobierno de México ha expresado en reiteradas ocasiones su compromiso de prevenir y sancionar las violaciones de los derechos humanos en el estado mexicano. Sin embargo las violaciones, como la detención arbitraria, la tortura y malos tratos ocurridos en Guadalajara durante la Tercer Cumbre de América Latina, El Caribe y la Unión Europea en mayo de 2004 ponen en relieve que serios abusos de esta naturaleza, particularmente en el ámbito estatal y municipal, siguen siendo comunes en el país». Respecto al caso, aunque la CNDH ha documentado 118 detenciones y 19 casos de tortura, las recomendaciones contenidas en dicho informe han sido rechazadas hasta la fecha por el gobernador de Guadalajara.

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