ANALISIS: Discursos de paz, política de fuerza

En los últimos meses, el ambiente en Chiapas se ha tensado nuevamente. El recrudecimiento de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad se ha dado en un contexto en el que el movimiento zapatista ha retomado la iniciativa y ha demostrado nuevamente su poder de convocatoria. Desde su encuentro con representantes de la sociedad civil en noviembre de 1998, la consulta zapatista sobre ‘Derechos y Cultura Indígena’ en marzo pasado y los dos foros de seguimiento de la misma (en mayo y junio), el EZLN ha podido demostrar que sigue siendo un actor que hay que tomar en cuenta.

A nivel estatal, la realización de estos últimos eventos le ha permitido un nuevo acercamiento con organizaciones sociales que, aunque no todas comparten sus medios de lucha, plantean las mismas reivindicaciones que los zapatistas.

A nivel nacional, el EZLN ha encontrado eco en otros movimientos populares que han marcado la actualidad: la organización social en contra de la privatización eléctrica y el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México (que lleva ya varios meses de huelga). Ciertamente, el tema de Chiapas ya no despierta tanto interés como al principio del conflicto. No obstante, el EZLN ha abierto caminos a otras formas de organización y de hacer política. Además, ha logrado poner y mantener la cuestión indígena en los temas pendientes de la agenda política nacional.

Frente a esta persistencia del movimiento zapatista y a cinco años de buscar minarle el terreno, la respuesta del gobierno del estado se ha venido adaptando de manera progresiva. A principios de año, se dieron muchas iniciativas de ley que parecían buscar una solución al conflicto excluyendo al EZLN: ‘ley de Amnistía para el desarme de los grupos civiles en Chiapas’, ‘ley de Derechos y Cultura Indígena’ y el proyecto de remunicipalización (ver Informe de mayo de 1999).

Luego, apenas una semana después de la Consulta zapatista, empezó una ofensiva propagandística alrededor de supuestas deserciones zapatistas. Esta campaña tenía como propósito hacer pensar a la opinión pública nacional e internacional que el conflicto había perdido intensidad y que el EZLN ya no contaba con el mismo apoyo por parte de las comunidades indígenas. La entrega de armas y pasamontañas se repitió en varios lugares generando mucha confusión, aunque se reveló más tarde que los supuestos zapatistas no lo eran desde por lo menos 1995 e incluso que algunos nunca lo fueron. Algunos de ellos reconocieron públicamente que se habían prestado a esta mascarada a cambio de apoyos económicos. Con esta campaña que viene junto con la promesa de otras ayudas, el gobierno apuesta al desgaste de las comunidades indígenas después de más de cinco años de resistencia. Pretende responder (algunos dicen que aparenta responder) a las demandas planteadas por los zapatistas… sin los zapatistas de manera que se piense que la situación en Chiapas ya está ‘bajo control’.

Como último recurso para debilitar el movimiento zapatista, el gobierno parece haber optado por regresar a una estrategia de fuerza. Como en el pasado, las acciones de hostigamiento se han dirigido no solamente en contra de los zapatistas sino también en contra de organizaciones sociales y campesinas (posibles aliados del EZLN).

Desde febrero de 1995, fecha en que el Ejército federal entra en la Selva para arrestar a la comandancia zapatista, los gobiernos estatales y federales no han cambiado su discurso y sus llamados a la paz y al diálogo. Sin embargo, desde aquel entonces se han dado reiterados períodos de hostigamiento policiaco-militar (en particular con el desmantelamiento de cuatro municipios autónomos zapatistas el año pasado).

En las últimas operaciones, la policía ha jugado un papel más activo que el Ejército debido a que este último no lo puede hacer abiertamente en la zona ‘de conflicto’ (según la ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas de marzo de 1995). El pretexto para entrar a las comunidades es fácil de encontrar cuando la justificación se da por la existencia de problemas -supuestos unos y reales otros- entre zapatistas y priístas. El Ejército sigue asumiendo un papel que no le corresponde constitucionalmente, mostrándose cada vez más agresivo en los retenes de la zona, en particular en los Altos.

Todos estos elementos nos hacen pensar que las nuevas acciones podrían responder a distintos objetivos: una represión ‘moderada’ e intimidaciones constantes que apuntarían a generar el miedo suficiente para que la gente deje de apoyar al EZLN (el ‘quitarle el agua al pez‘ al que se refieren los ‘manuales‘ contrainsurgentes); o bien, se podría tratar de provocar una respuesta violenta de los zapatistas (lo cual les haría perder apoyo por parte de la sociedad civil, o, en un caso extremo, permitiría justificar una estrategia militar de línea más dura).

Algunos analistas hablan de la formación de ‘grupos paramilitares‘ como parte de la estrategia contrainsurgente del gobierno. Después de la masacre de Acteal, ampliamente condenada por la sociedad nacional e internacional, no han habido acciones violentas tan ‘visibles‘ por parte de grupos de esta índole. Sin embargo, se siguen acumulando denuncias de formación y entrenamiento de grupos armados o de amenazas proferidas por ellos. En la región de Taniperlas, donde ocurrió el desmantelamiento de uno de los municipios autónomos zapatistas en 1998, nos tocó escuchar una interesante y mucho más amplia definición de lo que son los paramilitares: «son los que ayudan a la policía o a los militares», señalando a líderes de la comunidad, de organizaciones, a simpatizantes zapatistas y hasta a promotores de derechos humanos.

Algunos vieron el cambio en la Secretaría de Gobernación como una señal positiva para Chiapas, debido al trabajo de Carrasco Altamirano cuando fue gobernador de Oaxaca (donde ya se promovió una ley de Derechos y Cultura Indígena). Otros, sin embargo, al escucharlo decir que «no habría cambios en la postura gubernamental de privilegiar la solución del conflicto mediante el diálogo», lo interpretaron como una muestra de que el gobierno seguiría con la misma política. Una indicación de esto puede ser el hecho de que el recrudecimiento de la violencia coincidió con la toma de posesión de su cargo.

Un elemento preocupante en cuanto a la posible resolución del conflicto es que en el marco de las elecciones presidenciales del 2000, el tema de Chiapas se ve relegado a un segundo plano. Las primeras planas de los medios de comunicación hablan más que todo de la contienda dentro de los partidos para elegir a sus candidatos a la presidencia. El hecho de que el PAN no haya asistido a la primera reunión entre la COCOPA y el nuevo secretario de Gobernación por desacuerdo con el PRI parece una clara demostración de sus prioridades partidistas.

Por otra parte, no beneficiaría mucho al gobierno federal y a su partido que Chiapas fuera un tema de debate electoral por el poco avance que se ha tenido en la resolución del conflicto. Para el gobierno de Zedillo, resultará más conveniente ‘administrarlo’ hasta el 2000, siguiendo con su política de desgaste pero evitando en la medida de lo posible una confrontación abierta.

‘Más de lo mismo’ podría ser la frase que resume los recientes acontecimientos en Chiapas. Por un lado, los discursos de diálogo y paz por parte del gobierno, y junto con ellos una política social enmarcada en una estrategia preelectoral. Por el otro lado, el EZLN promoviendo acciones que le dan mayor cobertura nacional e internacional para no quedar fuera de la agenda política, buscando alianzas con otros movimientos.

Ante estos hechos, pocos avances se esperan en la delicada situación del estado. Más bien al contrario los acontecimientos y reacomodos políticos a todos los niveles en las luchas por el poder en México podrían generar mayores situaciones conflictivas.