Las consecuencias desatadas en el ámbito internacional a raíz de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos relegaron a segundo plano otros conflictos regionales, como el estancado proceso de paz en Chiapas y con él, uno de los temas que dicho proceso había permitido sacar a la luz: la situación de pobreza y marginación de los 10 millones de indígenas de México.

En su gira por Europa en octubre, el presidente Fox minimizó el conflicto chiapaneco, presentándolo como ya resuelto. Este discurso encontró buena aceptación en los países de la Unión Europea, que ven a México como un socio comercial prometedor, en transición hacia la democracia y con un sistema institucional cada vez más creíble. Sin embargo, varios aspectos preocupantes de la realidad mexicana y chiapaneca parecerían contradecir las declaraciones optimistas del presidente Fox.

Discursos optimistas para una realidad no tan alentadora

En sus discursos en Europa, el presidente Fox habló de «tranquilidad y paz» en Chiapas. Sin embargo, el silencio del EZLN después de su comunicado del 29 de abril de rechazo a la ley indígena no significa aceptación de la situación. Como en otras ocasiones en estos casi ocho años de conflicto, el silencio prolongado es una forma de rechazo categórico a la postura gubernamental; en este caso, las comunidades zapatistas han entrado nuevamente en una etapa de «resistencia«, que pasa por el rechazo de cualquier tipo de asistencia gubernamental y por el ejercicio de su autonomía por la vía de los hechos.

Por otra parte, es difícil hablar de paz cuando tantas comunidades siguen denunciando hostigamiento militar y paramilitar y cuando se están recrudeciendo los conflictos comunitarios hasta entre organizaciones anteriormente amigas. Después de un tiempo de mayor optimismo al principio del año, el prolongado estancamiento del proceso de paz agudizado por la aprobación de una ley indígena que no hace justicia a los Acuerdos de San Andrés, llevó a una radicalización de las posturas, provocando nuevas divisiones y polarización.

Como lo explicamos con más detalles en el Enfoque, y a cambio de lo expresado por el presidente Fox, los retornos tampoco pueden ser vistos como una solución de fondo a la problemática de los desplazamientos en Chiapas.

Otro timbre de alarma ha sido el asesinato de la abogada Digna Ochoa, y la ola de amenazas crecientes a defensores de derechos humanos que le siguió. Estos hechos revelan problemas institucionales serios, en particular cuando una de las líneas de investigación apunta al Ejército.

No se puede negar, sin embargo, que se han dado pasos hacia la construcción de una cultura democrática en México. El debate nacional generado alrededor de la ley indígena, y las posiciones independientes de los tres poderes del Estado ante ella, son una muestra de esos avances. Pero la persistencia de estructuras de poder del viejo régimen dentro del nuevo, tanto a nivel local y estatal como nacional, es uno de los mayores desafíos que enfrenta la transición mexicana.

Estancamiento alrededor de la ley indígena

Por otra parte, sigue abierta la polémica sobre la ley indígena. Si bien muchos de sus defensores insisten en que constituye un avance respecto a la legislación anterior, es indiscutible que no será un paso hacia la reanudación del proceso de paz en Chiapas, sino un nuevo obstáculo y una fuente de mayor conflicto, en la medida que ha sido rechazada por los propios beneficiarios.

Las posiciones hasta ahora se articulan en dos grandes bloques: los que plantean la posibilidad de hacer una «reforma de la reforma» (es decir, cambiar la ley aprobada), y quienes proponen mejorar la ley vigente a través de las leyes secundarias. Si bien esta postura parece más pragmática, sus críticos sostienen que optar por este camino es renunciar a la responsabilidad del Estado de garantizar el reconocimiento de los derechos indígenas en la Constitución federal. Además, por experiencia histórica los indígenas no confían en los poderes estatales, sujetos a intereses políticos y correlaciones de fuerza variables.

Por otro lado, los recursos formales presentados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México o la Organización del Trabajo Internacional (OIT) no necesariamente permitirán reabrir el tema, ya que sus pronunciamientos son limitados por la naturaleza de esas instituciones. Si finalmente la ley no es modificada, quienes hasta ahora la han rechazado en términos absolutos tendrán que redefinir su estrategia ante la implementación de políticas y legislación secundaria derivadas de la reforma.

Este último estancamiento del proceso de paz resulta más complicado que nunca de destrabar: mientras el gobierno considera que ha hecho todo lo que estaba a su alcance, el EZLN ve la reforma indígena como una «traición«, y en las comunidades se empieza a escuchar comentarios de que Fox «es lo mismo que Zedillo». Este distanciamiento creciente entre gobierno y zapatistas está cada vez más lejos de las esperanzas surgidas en los primeros meses de la administración Fox, y cada vez más cerca de la polarización existente durante el régimen anterior.

En esta etapa, la ausencia de una instancia de mediación complica más aún la posibilidad de encontrar canales de diálogo. La COCOPA no ha sido capaz de superar sus divisiones internas, y sigue manifestándose sólo como un catalizador de los desacuerdos entre posturas partidistas.

Reacomodos después de las elecciones en Chiapas

El mapa del poder ha seguido reorganizándose después del último proceso electoral local. Estos comicios se caracterizaron por la baja credibilidad del Instituto Estatal Electoral (IEE) y el alto abstencionismo de la población. Los analistas preveían una correlación de fuerzas más equilibrada entre partidos, sobre todo por las crisis internas vividas en el PRI estatal en estos últimos meses.

La victoria de dicho partido se explica en gran parte por los candados puestos a la conformación de coaliciones, junto con una oferta de opciones partidarias particularmente amplia. Mientras siguen dándose viejas prácticas (caciquismo, compra de votos, etc.), la estructura de partidos se está desdibujando cada vez más en Chiapas.

Eso por cierto no facilitará la gestión del gobernador Pablo Salazar, quien tendrá que seguir lidiando con un Congreso estatal dominado por el PRI, aun cuando dicho partido esté más dividido que nunca. Esta situación podrá complicar la resolución de los múltiples asuntos que siguen pendientes en Chiapas, a menos que ambos poderes puedan llegar a un acuerdo político mínimo.

Otras consecuencias del 11 de septiembre

El 11 de septiembre ha exacerbado algunas tendencias que no ayudan a avanzar en los problemas vinculados con el proceso de paz en Chiapas. Una de las consecuencias más inmediatas fue una mayor militarización del estado, lo cual agregó más tensiones en un lugar donde la presencia militar es de por sí muy alta.

Aunque la discusión para llegar a definir qué grupos armados en México son terroristas parece haber dejado fuera al EZLN, no se puede soslayar la preocupación de que, junto con el miedo, crezca la intolerancia y con ella el riesgo de que los grupos minoritarios o disidentes sean más vulnerados en sus derechos.

El factor económico será también un elemento de peso en los próximos meses, al aumentar las tensiones en las comunidades entre los que seguirán en resistencia y los que aceptan los programas de asistencia del Estado. Por otro lado, la crisis no afectará sólo al estado de Chiapas, en la medida que se han reducido las posibilidades de migración hacia Estados Unidos.