E n marzo pasado, Amnistía Internacional presentó su informe anual, en el que aborda la crisis de derechos humanos en México y destaca la falta de acción gubernamental para hacerle frente.

Informó que, en 2022, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió 476 quejas contra la Guardia Nacional (GN) y 404 contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por violaciones de derechos humanos, como torturas, homicidios, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. Subrayó que se sigue observando un uso excesivo de la fuerza pública. Además, señaló que el año pasado la GN ocupó 227 áreas que normalmente eran jurisdicción de las autoridades civiles, de las cuales 148 (65,1 %), no tenían nada que ver con la seguridad pública.

Poniendo un freno a esta tendencia, en abril, se produjo una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inválido el traslado operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta medida fue considerada inconstitucional debido a que implicaba que la GN perdiera su carácter de fuerza policial civil. Dicho traspaso había sido aprobado por el Congreso en septiembre de 2022. La SCJN también determinó que el Ejecutivo tiene plazo hasta el 1º de enero de 2024 para devolver la Guardia Nacional al mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Desde esta sentencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), arremetió contra los ministros de la SCJN. Además, informó que presentará una propuesta de reforma constitucional en septiembre de 2024 para permitir que la GN quede nuevamente bajo el mando militar.

Por su parte, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Volker Türk, exhortó a las autoridades a cumplir la sentencia de la Suprema Corte. Reiteró la importancia de garantizar el carácter civil de la GN “en consonancia con la Constitución mexicana y los estándares internacionales de derechos humanos”. Ello cuando las fuerzas armadas sólo deben ser desplegadas “en circunstancias excepcionales, subordinadas a las autoridades civiles y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes”.

Uno de los nuevos campos en el que el Ejército mexicano está teniendo mayor presencia es en la construcción, blindaje y explotación de megaproyectos promovidos por el gobierno federal, frenando expresiones de inconformidad hacia los mismos.

No obstante, en marzo, se llevó a cabo una audiencia del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza en la península de Yucatán “por el mal llamado Tren Maya, un megaproyecto de transporte ferroviario que pone en grave peligro de destrucción a ecosistemas y comunidades mayas”. Comunidades impactadas y expertos señalaron, entre otros, la deforestación de casi 9 millones de árboles; el crecimiento de las agroindustrias; impactos directos al agua del ecosistema de la península; la violación de los acuerdos de Escazú sobre la protección al medio ambiente; y la privatización y parcialización de territorios ejidales. “Exigimos la desmilitarización inmediata del territorio, hacemos un llamado urgente al estado, a todas las instancias defensoras de los derechos humanos en México y de los organismos regionales e internacionales (…) a garantizar la vida de todos aquellos y aquellas que cuestionan el tren maya y los proyectos conectados”, sentenció el tribunal que pidió la suspensión inmediata del tren Maya ante la alerta de ecocidio y etnocidio.

En cuanto a empresas extractivas, en mayo, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación las reformas a las Leyes Mineras; de Aguas Nacionales; del Equilibrio Ecológico y la de Protección al Ambiente. Determinan que de ahora en adelante las concesiones tendrán una vigencia por un máximo de 80 años (en lugar de los 100 años previstos en la ley que fue reformada). En los avances, quedará prohibido el otorgamiento de concesiones en áreas naturales protegidas, donde se ponga en riesgo a la población, y en zonas sin disponibilidad de agua. También fue eliminado el carácter preferente de la actividad minera sobre cualquier uso o aprovechamiento de las tierras. No obstante, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), cuestionó las leyes aprobadas, ya que considera que no se trataba nada más de “‘nivelar’ jurídicamente las condiciones para hacer de la minería un negocio ‘mejor administrado’ o ‘más justo’”. Recalcó que “cualquier reforma a la ley minera que no plantea la prohibición y cierre planificado de esta actividad nociva en el país (…) es una simulación que solamente va a seguir legitimando y dando pie a la expansión del modelo extractivo”.

Se mantiene deterioro en cuanto a seguridad de periodistas y defensores de derechos humanos

En marzo, Artículo 19 presentó su informe anual “Voces contra la Indiferencia”. Documentó que “en los últimos cuatro años del gobierno que se erigió como “transformador”, el panorama de la libertad de expresión continúa con una marcada tendencia de deterioro”. En 2022, la organización “registró 696 ataques contra la prensa (…). Los 12 asesinatos registrados el año pasado también sellaron el año más letal para la prensa junto con 2017”. Un 42,53 % de los casos de agresiones fueron cometidos por autoridades. Además, Artículo 19 documentó que “en al menos 176 ocasiones el Ejecutivo vertió comentarios estigmatizantes a medios de comunicación, periodistas e, incluso, organizaciones de la sociedad civil”. El informe también da cuenta de «las preocupaciones sobre la militarización del país y la opacidad que ronda a las fuerzas armadas, particularmente en torno a acciones de espionaje como herramienta de intimidación y amenaza en contra de periodistas y defensores de derechos humanos». La impunidad es otro eje de preocupación: “desde 2010 (…) hasta diciembre de 2022, de un total de 1592 indagatorias por crímenes contra periodistas, se han obtenido únicamente 32 sentencias”.

Durante el mes de abril, Front Line Defenders lanzó su informe anual de 2022, el cual revela que en México se reportaron 45 defensores de derechos humanos asesinados. En este mismo mes, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) informó que durante el año pasado se registraron al menos 24 casos de defensores ambientales asesinados. Estos trágicos eventos se suman a un total de 82 personas defensoras ambientales asesinadas desde el inicio de la administración del presidente AMLO. De los 582 ataques documentados, un 56% fueron dirigidos hacia integrantes de los pueblos indígenas y comunidades equiparables. Entre las entidades con más agresiones letales están Guerrero, seguido de Chihuahua y Oaxaca. Un 45% de las agresiones fueron perpetradas por alguna autoridad. La delincuencia organizada representó el 13% de los casos, en tanto que en 21% de ellos se desconoce al victimario.

Migración: otra “tragedia»

En marzo, se produjo un incendio en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, ciudad fronteriza con Estados Unidos, con un saldo de 40 muertos. AMLO declaró que los migrantes, detenidos este mismo día por presuntos disturbios en la vía pública, decidieron quemar colchonetas como protesta cuando pensaron que iban a ser deportados. El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió una investigación exhaustiva mientras el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que “esta tragedia es un recordatorio desgarrador de los riesgos que enfrentan los migrantes y refugiados en todo el mundo”. Refugees International afirmó por su parte que “el Inami [INM] tiene una larga historia de abusos hacia los migrantes en México, y una mayor rendición de cuentas por esos abusos podría haber evitado esta tragedia”.

En abril, aproximadamente cuatro mil migrantes de Centro, Sudamérica y de otros países salieron de Chiapas, en una Vía crucis rumbo a la Ciudad de México, para “visibilizar el calvario de los migrantes en México”. Entre las demandas del Vía Crucis se encontraba que se desmilitarice el INM; que se garantice que los culpables en el caso de la muerte violenta de 40 migrantes en Ciudad Juárez sean juzgados, al igual que el comisionado del INM, Francisco Garduño; y que se cierren las “cárceles migratorias”.

Búsqueda de construcción de alternativas en medio de la adversidad

A pesar de un panorama oscuro, varios sectores están buscando seguir construyendo alternativas. En marzo, tuvo lugar la Conferencia Nacional de Paz convocada por 206 organizaciones, colectivos y universidades, en la que los participantes compartieron preocupaciones y propuestas ante el contexto de violencia. “He aquí la agenda urgente de un país surcado de violencias: romper el aislamiento y unir a quienes las padecen y las resisten a pesar de todo. No es ni puede ser una agenda electoral. Es una tarea de grupos y organizaciones que quizás, ojalá, comiencen a reconocerse y abrazarse”, declaró Mauricio Merino, coordinador de Nosotrxs y uno de los principales impulsores de esta iniciativa.

Entre abril y mayo, diferentes organizaciones de pueblos indígenas, la mayoría de ellas parte del Congreso Nacional Indígena (CNI) iniciaron una Caravana Nacional e Internacional El Sur resiste en Pijijiapan, Chiapas, para encontrarse en los territorios que defienden y para hermanar sus procesos de lucha. Después de Oaxaca, pasó por Veracruz, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Campeche. El recorrido terminó en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde fue convocado un encuentro internacional con representantes de otras comunidades indígenas de México y del continente (ver Enfoque).

En abril, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la Compañía de Jesús en México y la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México (CIRM) convocaron a un Diálogo Nacional por la Paz, que se llevará a cabo en septiembre en Puebla, con el objetivo de elaborar una Agenda Nacional de Paz. Declararon que “es tiempo de convocar a los especialistas, de conocer las mejores prácticas locales, escuchar a las víctimas, a los indígenas, a los migrantes, tomar en cuenta a quienes han logrado sostener bajos índices delictivos en los territorios, a las iglesias”.

CHIAPAS: Multiplicación de denuncias ante el aumento generalizado de la violencia

En abril, los obispos de la diócesis de San Cristóbal de las Casas expresaron su “preocupación por la descomposición social que va en aumento por la violencia generalizada”. En elementos de preocupación hablaron de “la disputa del territorio que va deteriorando cada día más el tejido social, la explotación desmedida de los bienes naturales (reactivación de extracción minera; venta ilegal de madera, material pétreo, gasolina, etcétera), la manipulación y el despojo de la dignidad de nuestros pueblos, la guerra sicológica, feminicidios, el detrimento de la fuerza comunitaria, la criminalización de las luchas y resistencias pacíficas, así como de las actividades pastorales de nuestra diócesis”.

La diócesis señaló también “la fuerte impunidad que prevalece en la entidad, el incremento de la inseguridad y la violencia desbordada por células del crimen, el sistema político-jurídico que criminaliza a defensores de derechos humanos, la falta de acceso a la justicia plena, la infiltración de personas en actos de culto y en encuentros de servidores, la fabricación de delitos, la falta de interés en la reconstrucción del tejido social por parte de las autoridades”.

En este mismo sentido, Indigenous Peoples Rights International (IPRI) y Front Line Defenders compartieron las conclusiones que sacaron de una visita a Chiapas a finales de marzo. Declararon haber identificado “un claro patrón de criminalización en contra de personas defensoras indígenas que defienden los derechos ambientales, al territorio, a la autonomía y a la libre determinación”. Asimismo, observaron “la falta de soluciones duraderas a los conflictos agrarios y territoriales en las comunidades, lo que sigue representando un riesgo alto para las personas defensoras y continúa perpetuando la descomposición del tejido social (…). Esto se ha visto agravado con la situación actual de despojo de tierras en el contexto de militarización de la región y por la disputa por el control territorial (…) por parte de grupos del crimen organizado”. Por otra parte, señalaron con preocupación “la falta de intervenciones oportunas por parte de las autoridades” en “un contexto de proliferación y diversificación de grupos armados, lo que ha empeorado una compleja situación heredada del contexto del paramilitarismo de los años 90 y la continua impunidad”.

En mayo, el Centro de derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas presentó el informe «Chiapas, un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado». “Estamos en medio de un contexto de continuidad de la violencia generalizada, de guerras que lastiman a la humanidad. En Chiapas esto se refleja en una hondonada de interacciones notables entre delincuencia organizada, grupos armados y evidentes vínculos con los gobiernos y empresas. Sus impactos reproducen violaciones sistemáticas a los derechos humanos, en un contexto donde el Estado (…) es omiso, permisivo y aquiescente frente a la actual violencia generalizada y a los múltiples estratos de impunidad que históricamente se suman”, sentencia el informe.

En este último aspecto, ni la turística San Cristóbal de Las Casas resultó ser una excepción: En abril, en una videograbación compartida en redes sociales, un grupo de alrededor de 50 hombres encapuchados, armados y uniformados indicaron que San Cristóbal, Chamula y Betania son libres y que no quieren ningún cártel en esta zona. Señalaron que ya están vigilando y que, como autodefensas, “cuidarán y velarán por la paz”. “A todos los líderes que se han vendido ya los tenemos ubicados y sabemos quiénes son. Así que dejen de apoyar a la delincuencia organizada o tendrán que enfrentar las consecuencias”, acotaron.

A mediados de abril, se reportó el asesinato de Gerónimo Ruiz López, líder de uno de los grupos de artesanos del mercado de Santo Domingo. Él y su primo Narciso Ruiz encabezaban la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de San Cristóbal de las Casas (ALMETRACH). Se sospecha que ambos estaban vinculados a grupos de choque conocidos como «motonetos». Durante más de 8 horas, se reportaron movilizaciones de personas armadas y disparos de armas de fuego en diversos puntos de la ciudad. Se informó también sobre la quema de viviendas, bloqueos en algunas calles y el homicidio de dos personas.

Posteriormente, 25 organizaciones civiles y redes manifestaron su “profunda preocupación” frente a “la violencia desbordada” en San Cristóbal de Las Casas, vinculada a la creciente presencia de grupos armados, situación en la que “es evidente que poderes fácticos los utilizan a través de acciones de terror, para controlar a la población y el territorio estratégico para las economías legales e ilegales de la delincuencia organizada”. Lamentaron que después de lo ocurrido, el presidente Municipal de San Cristóbal de Las Casas transmitiera “un mensaje discriminatorio en contra de personas indígenas y jóvenes de las periferias a quienes responsabilizó de la violencia, con ello promueve la estigmatización y criminalización”. Además, alertaron sobre el hecho que existan “diversas señales de colusión, minimización, o inacción [de parte de las autoridades], que incrementan el riesgo e indefensión para las víctimas y la sociedad en general”. Llamaron al Estado mexicano a “generar alternativas desde la sociedad con una mirada de construcción de paz duradera”.

OAXACA: el Istmo, principal foco rojo

En los últimos meses, comunidades, organizaciones y activistas denunciaron la criminalización y amenazas en contra de “los y las indígenas del Istmo de Tehuantepec que luchan por sus derechos, y que se han venido movilizando en la zona de Mogoñe Viejo municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca, quienes de manera reiterada han venido siendo hostigados por elementos de la Secretaria de Marina”, ello en el marco de su lucha contra el Corredor Transístmico, de parques industriales y por la defensa del territorio. Expresaron particular preocupación por la seguridad e integridad de Carlos Beas Torres, líder de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), a quienes periodistas han señalado “como responsable de las movilizaciones y vinculando a su organización con el crimen organizado».

En abril, fue asesinado el defensor medioambiental y agente municipal de la comunidad 20 de Noviembre El Morro, municipio de San Francisco Ixhuatán, Félix Vicente Cruz. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) subrayó que es el segundo defensor asesinado en San Francisco Ixhuatán del que tiene conocimiento. La Ucizoni destacó el trabajo realizado por Vicente Cruz en defensa de la tierra y el territorio en el Istmo, en particular su participación en acciones contra las altas tarifas eléctricas y en rechazo al proyecto del Corredor Transístmico. Asimismo, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio declaró que “este acto de violencia contra quienes defendemos la tierra, el territorio y los derechos se da en el contexto de la imposición del Corredor Interoceánico, en perjuicio de las organizaciones que rechazamos la imposición, el despojo, saqueo, contaminación y muerte de nuestros bienes naturales y territorio que ese proyecto traerá al Istmo”.

En otros aspectos de preocupación, en abril, Consorcio Oaxaca denunció que “a casi 5 meses de haber iniciado la administración de Salomón Jara Cruz, en Oaxaca los feminicidios siguen incrementándose en total impunidad, indiferencia institucional y al amparo del Ejecutivo Estatal, quien con su omisión como gobernante en turno ha perpetuado una política de Estado que no solo olvida y revictimiza a las mujeres, sino que solapa la violencia de género”. Documentó que del 1º de diciembre al día de hoy, “se han registrado al menos 50 asesinatos de mujeres”.

En mayo, Consorcio Oaxaca urgió al gobierno estatal a garantizar la libertad de expresión en Oaxaca, el quinto estado con más asesinatos de periodistas y el segundo con más asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Destacó que Oaxaca ocupa el segundo lugar a nivel nacional de personas incorporadas en el Mecanismo de Protección federal, con un total de 155 personas: 131 personas defensoras y 24 periodistas. A pesar de ello, la inseguridad que enfrentan defensores y periodistas sigue crítica y el papel del gobierno del estado, en lugar de ayudar, ha contribuido a su estigmatización y vulnerabilidad. En particular, Consorcio condenó que «desde la administración estatal se hagan señalamientos públicos que vulneran el ejercicio periodístico”.

GUERRERO: “Naufragio por la Verdad”

En febrero, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan presentó su informe “43: el naufragio por la Verdad”, en referencia al caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa en 2014. Ante el caso más emblemático de la crisis de derechos humanos en Guerrero, el director de Tlachinollan Abel Barrera explicó: “Lamentablemente, hay un naufragio por la verdad. Se ha dado un golpe de timón en estos últimos meses. (…) hace falta voluntad política de las autoridades, compromiso de la Fiscalía General de la República para profundizar en las investigaciones y de las élites del ejército mexicano para poder proporcionar toda la información relacionada con la desaparición de los 43. Vemos que ha habido reticencias, ya hay informes de la subsecretaría de derechos humanos como del GIEI que dan más elementos de la responsabilidad que apunta al ejército como presunto responsable (…). Sin embargo, las puertas siguen cerradas”.

Si bien “el tema central de este libro son las desapariciones forzadas en Guerrero, las del pasado y las actuales”, el informe aborda otras problemáticas. La violencia en primer lugar, cuando “vemos una expansión de los grupos de la delincuencia organizada y un debilitamiento de las instituciones de seguridad, por no decir un repliegue, que impide que se garantice seguridad a la población. En las siete regiones del estado hay más de 22 grupos de la delincuencia organizada que están usurpando el poder en términos territoriales y presenciales en los municipios”.

De manera similar al caso de Ayotzinapa, en febrero, en el Día del Ejército en México, familiares de víctimas de la Guerra Sucia protestaron frente a las instalaciones del Sexto Batallón de Ingenieros de Combate, en Chilpancingo. Sus demandas: que la Fuerza Aérea Mexicana de a conocer los nombres y el número de personas que fueron lanzadas al mar en los vuelos de la muerte en ese contexto de represión; y que se castiguen quienes ordenaron esas acciones que, estiman, condujeron a la desaparición de más de 600 personas. Asimismo, exigieron la destitución del actual Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Declararon que, a la fecha, “las investigaciones de los hechos no avanzan, porque el secretario de la Defensa Nacional lo impide y protege a los militares criminales que aún viven”.

En elementos de mayor esperanza, en marzo, se dictó una sentencia de 20 años de prisión contra un integrante del ejército mexicano, por los delitos de tortura, violación, robo y allanamiento de morada cometidos en contra de Inés Fernández Ortega, mujer indígena del municipio de Ayutla de los Libres hace 21 años. En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia contra el Estado mexicano, obligándolo a sancionar a los responsables y a reparar los daños de manera integral. Una pequeña victoria cuando, durante todos estos años, Inés y su familia fueron víctimas amenazas y represalias, incluso su hermano fue asesinado, caso que hasta la fecha sigue impune.

Por otro lado, en abril, en San Luis Acatlán, se llevó a cabo una asamblea del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET). Decidió negar permisos que pudieran posibilitar la prospección, exploración y explotación de concesiones mineras. La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) destacó que los pueblos de la Montaña y la Costa Chica llevan 10 años de diálogo en la construcción de una defensa colectiva del territorio, a diferencia de los “falsos procesos de consentimiento” organizados desde el gobierno donde en cuatro horas se toman decisiones que a las comunidades «les cambian la vida para siempre». Recordó que en Guerrero hay cinco minas operando, 12 cárteles involucrados y por lo menos 35 mil personas desplazadas por las disputas mineras.