En las últimas semanas, México se convirtió en uno de los países con más casos de COVID-19 a nivel mundial con, por lo menos, más de medio millón de casos de contagio (sexto lugar) y, para mediados de agosto, en uno de los que presenta mayor mortandad (tercer lugar), con más de 50 mil muertos. Con más de un 60% de la población económicamente activa en el sector informal y con necesidad de salir a trabajar a pesar de los riesgos, el gobierno ha optado por un modelo que llama a la distancia social pero no de manera mandatoria. El país, además, ha tenido que enfrentar la pandemia con un sector salud que quedó desvalijado por las administraciones anteriores, y con un alto porcentaje de su población vulnerable, sea por obesidad, diabetes, o hipertensión.

Muchas voces han criticado la respuesta gubernamental, sus resultados y el hecho que probablemente la situación sea peor que la visible, cuando México está entre las tasas de pruebas más bajas entre las principales economías. Desde el inicio, México apostó al llamado Modelo Centinela, establecido en 2006 para enfermedades similares a la influenza estacional, a través de una red de 475 estaciones de monitoreo. El modelo, explicó en su momento Hugo López-Gatell, Subsecretario de Salud y vocero de la estrategia sanitaria gubernamental, permitió a México hacer proyecciones con datos parciales a modo de una “encuesta de opinión”. Aunque desde principios de junio se pasó a lo que se ha llamado la “nueva normalidad”, dos meses y medio después, más de la mitad de los estados seguían en un nivel alto o de máximo riesgo.

Nuevos acuerdos de libre comercio: ¿Oportunidad para frenar los impactos económicos de la pandemia?

El 1° de julio, entró en vigor un nuevo acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá, llamado T-MEC, que constituye una actualización del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN o NAFTA), que venía implementándose desde 1994 (ver Enfoque). En este marco, y en su primer viaje internacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) viajó a Washington a reunirse con su homólogo, Donald Trump. Algunos analistas subrayaron la importancia de esta visita, cuando debido a la pandemia, la reactivación de la economía mexicana dependerá en buena medida de EUA, siendo este país su mayor socio comercial, y cuando el envío de remesas de los más de 12 millones de mexicanos en Estados Unidos, representa el mayor financiamiento de dinero del exterior (más que la inversión extranjera directa o las divisas que deja el turismo y solo por debajo de los ingresos petroleros). No obstante, este encuentro ha sido criticado por otros especialistas dada la caída en las preferencias electorales de Donald Trump, y debido a que el actual presidente estadounidense, en más de una ocasión y desde su campaña en la elección anterior, se ha expresado en forma despectiva y racista hacia los mexicanos. El T-MEC plantea una serie de preocupaciones, viendo el balance por lo menos mitigado de lo que fue el TLCAN y en distintos temas, en particular la libertad de expresión con nuevas leyes digitales y para el campo mexicano.

En fechas previas, también se aprobó otro tratado de libre comercio, el “Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación”, entre la Unión Europea y México. En julio, se encontraron en la IX^a edición del Diálogo Bilateral de Alto Nivel en materia de derechos humanos, donde se abordaron desafíos y experiencias, en particular “para evitar que la crisis de salud global exacerbe los problemas existentes”. En este marco, más de cien organizaciones mexicanas y redes internacionales prepararon un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país. Alertaron sobre el hecho que la crisis de por si existente se encuentra “agudizada por los efectos de la crisis sanitaria y económica que han impactado de forma desproporcionada a los derechos humanos de las víctimas”.

Si bien las organizaciones valoraron que el gobierno de AMLO haya “reconocido, en parte, la magnitud de la crisis en materia de derechos humanos”, consideraron que “en la práctica, se siguen manteniendo altos índices de violencia y violaciones a los derechos humanos e impunidad”. El diagnóstico cubre una amplia gama de pendientes: la crisis de desapariciones; la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos y periodistas; la violencia contra las mujeres, la niñez, los migrantes, los pueblos indígenas y la comunidad LGBTTTI+; las deficiencias estructurales de las instituciones de administración de justicia; el mantenimiento de la militarización de la seguridad pública, y el incumplimiento de recomendaciones internacionales. Respecto al “Acuerdo de Asociación”, resaltaron el cierre de las negociaciones durante la pandemia, “sin consulta ni participación de la sociedad civil, lo que evidencia la priorización de los actores económicos sobre los derechos humanos.

Una crisis sanitaria que exacerba problemas ya existentes

En mayo, AMLO negó una vez más que la violencia de género estuviese en aumento, y descartó que existiera relación alguna con el confinamiento. Varias organizaciones civiles lamentaron las declaraciones del mandatario, entre ellas, la Red Nacional de Refugios (RNR) expresó: “Es muy grave que se hagan esas declaraciones, vengan de donde vengan, en un país donde hay 10 feminicidios en promedio al día, pero si además vienen de quien tiene la responsabilidad de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres, los niños y niñas, resulta un mensaje que perpetúa la impunidad y la naturalización de la violencia”.

En junio, fue publicado oficialmente el acuerdo que posibilitará la creación de una Comisión de Amnistía. La ley de amnistía fue aprobada dos meses antes en forma urgente, principalmente bajo el argumento de despresurizar a penales mayoritariamente sobrepoblados y prevenir contagios por COVID-19. Beneficiará exclusivamente a personas en prisión por delitos menores del fuero federal. Problemas burocráticos debido a las medidas de austeridad anunciadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, retardaron la instalación de esta comisión. Mientras tanto, quedó claro que esta ley no será de mucha ayuda ante los riesgos de la pandemia en el sistema penitenciario, tanto por los tiempos que conlleva, como por su limitado alcance. No obstante, podría ser relevante ante lo que analistas consideran “el uso excesivo que estamos haciendo del derecho penal y del sistema carcelario”.

En julio, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, lanzó un informe que documenta violaciones a los derechos humanos durante la contingencia. Desde el 15 de marzo, se registraron 140 agresiones contra periodistas y defensores. Chiapas y Oaxaca fueron las entidades con mayor índice de violencia. Activistas que defienden el derecho de protección a la salud sufrieron 103 agresiones en 29 estados mexicanos.

En agosto, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), presentó un análisis sobre el impacto que ha tenido la pandemia en la niñez. Señaló que ya había una crisis de derechos humanos antes de la propagación del virus, cuando el 49% de los niños vivían en situación de pobreza, que se agravará con la crisis económica. “Se estima que antes del COVID-19, 3.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años se encontraban en condición de trabajo infantil”, dijo la REDIM, que estima que esta cifra se podría incrementar hasta 4,5 o 5 millones. Otro aspecto preocupante es el derecho a la educación: El modelo de “aprender a distancia” que se plantea para el nuevo ciclo escolar, no funcionará para tod@s por falta de una computadora o internet. Antes de la pandemia unos 4,8 millones de niñas, niños y adolescentes no asistían a la escuela. Por el confinamiento, niños y niñas se encuentran aún más expuestos a sufrir violencia doméstica. “Se requiere una nueva agenda de acciones que se tienen que discutir, para enfrentar los efectos de la pandemia”, señaló el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPPINA).

Megaproyectos: Otro punto de tensión con organizaciones civiles y sociales

En junio, AMLO dio por iniciada su gira para dar el banderazo a los trabajos del Tren Maya. 244 organizaciones manifestaron que, dicho banderazo es inconstitucional, puesto que hay antecedentes de múltiples llamados de actores sociales para interrumpir actividades no esenciales durante la pandemia, así como de los amparos otorgados por jueces federales para la suspensión del proyecto. La visita de López Obrador “desdeña y desacata órdenes judiciales afectando el delicado balance y el equilibrio de ejercicio de poder en el país”, afirmaron en un documento. Manifestaron también que, en el avance del proyecto “se han atropellado los derechos y garantías de la población y se ha violentado el Estado de derecho”, y que los procesos jurídicos iniciados contra el megaproyecto, “han evidenciado claras violaciones a la ley, contradicciones y falsedades”.

En agosto, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) y la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal, informaron sobre dos recursos legales que presentaron contra cinco megaproyectos del gobierno mexicano. Interpusieron un amparo indirecto y una queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Las leyes que existen están recetadas por empresas que se allegan a los legisladores para que el despojo se vuelva legal. Las leyes no son una gran esperanza para nosotros, pero ahora recurrimos a los tribunales tanto nacionales como internacionales para que quede constancia de que queremos hacer una lucha”, declaró Pedro Regalado Uc Be, defensor del territorio maya. Los proyectos en cuestión son el denominado Tren Maya, el Corredor Transístmico, el Aeropuerto Internacional en Santa Lucía, la refinería Dos Bocas (Tabasco) y el Proyecto Integral Morelos. Denunciaron que no se llevó a cabo una consulta conforme a los estándares internacionales y criticaron los daños al patrimonio cultural y arqueológico que causarán.

CHIAPAS: COVID-19, “Las cifras que no cuadran”

Desde el principio de la pandemia y hasta la fecha, representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, han alertado sobre la precariedad en los hospitales en el estado, así como la falta de medicamentos e insumos. Además del riesgo de contagio, se han presentado diversos ataques contra personal médico y hacia hospitales en distintos lugares del estado, en la mayoría de los casos tras informaciones falsas que han circulado en las redes sociales y en particular ante sanitización y fumigaciones.

Desde hace varias semanas, las cifras presentadas por la Secretaría de Salud, implicarían que ya se ha rebasado el punto más crítico de la pandemia y ha ido de la mano de un aumento de la movilidad y normalización de las actividades. No obstante, varios medios han cuestionado la veracidad de estas cifras, que incluso no coinciden con las manejadas a nivel federal. “La realidad que manifiesta la población es otra, cientos de personas denuncian el contagio y muerte de sus familiares, en sus viviendas, sin atención médica, sin que les hayan hecho la prueba”, informó Chiapas Paralelo.

Otra situación que ha generado movilización dentro y fuera de Chiapas, ha sido la detención en julio del doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca. En días previos, el médico había atendido a varios pacientes infectados de Coronavirus, entre ellos al ex diputado local Miguel Arturo Ramírez López, quien lamentablemente falleció. La hija del ex funcionario, denunció que Grajales Yuca le pidió material e insumos para atender a su padre, por lo que interpuso una denuncia por “abuso de autoridad”. Manifestantes que se solidarizaron en su caso, expresaron que Grajales Yuca solamente hizo lo que desde el inicio de la pandemia se “normalizó”, solicitar a los familiares de pacientes los insumos con los que los hospitales no cuentan. Si bien, desde agosto, Grajales Yuca se encuentra en su domicilio por problema de salud, sigue enfrentando un proceso penal “injusto, que desnudó los privilegios para una clase política que se suponía ya no existía en Chiapas”, denunció la Federación de Colegios Médicos de Chiapas.

Derechos Humanos: Pendientes sin resolver

Desde mayo, el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México A.C. (FISANIM) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C (Frayba), alertaron sobre el riesgo de hambruna para más de 3 mil desplazados en los Altos de Chiapas. No son las únicas personas enfrentado una situación de este tipo ya que también existen casos en varios municipios representando un total de 10.113 víctimas de desplazamiento forzado en el estado.

Una de las situaciones de mayor de violencia se está presentando entre Aldama y Santa Martha (municipio de Chenalhó), por un añejo conflicto territorial de 59 hectáreas que ha generado, al menos, 25 muertos, decenas de desplazados y varios heridos. Según Frayba, desde marzo de 2018 a la fecha, se han registrado 307 agresiones armadas. En este mismo plazo, realizó “167 intervenciones a diversas instancias de los gobiernos estatal y nacional, sin tener una respuesta efectiva”. El 30 de julio, las autoridades municipales de Aldama y Chenalhó, ratificaron el pacto de no agresión firmado el año anterior para evitar más violencia.

En junio, en el marco del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, Frayba informó que desde enero de 2019 a marzo de 2020 recibieron denuncias de 41 casos de tortura. La FGE informó que en 2018 abrieron 31 carpetas de investigación por este delito, de las cuales 26 se encontraban en trámite, solo una de estas se vinculó a proceso y que en ninguna hay sentencia. Añadió, que, en el contexto de la pandemia, se han detenido los procesos jurídicos de víctimas, aumentando los riesgos para las víctimas.

OAXACA: Se multiplican casos y formas de agresión contra defensores de derechos humanos

En mayo, fue asesinado el defensor ambiental Eugui Roy Martínez Pérez en un ataque armado en San Agustín Loxicha.

En junio, fuera de las puertas de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca fue encontrada una bolsa negra con pedazos de carne y una amenaza de muerte por escrito. La organización feminista denunció que la amenaza podría estar relacionada con los cuestionamientos que han hecho al gobierno de Alejandro Murat por feminicidios, desapariciones de mujeres y ataques a defensoras.

En julio, la Coordinación para la Libertad de Personas Defensoras Criminalizadas en Oaxaca, expresó su preocupación por la detención y tortura del defensor Joaquín Zarate Bernal, integrante de la Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades (UCIDEBACC). La orden de aprehensión en su contra, deriva de la misma causa penal que mantuvo por casi 6 años en prisión a otros dos miembros de UCIDEBACC, que dio pie a una opinión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU.

Este mismo mes, la Coordinación también denunció la muerte del defensor de derechos humanos Nicasio Zaragosa Quintana, integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI), en el penal de Santo Domingo Tehuantepec. Responsabilizó a las autoridades estatales por el fallecimiento ante “las condiciones en las que viven cientos de reclusos en Oaxaca, quienes no tienen garantizado el derecho a la salud, alimentación, viven en condiciones de hacinamiento y aislamiento infrahumano”. Según la Coordinación, su participación política en la UCIRI es lo que le llevó a la cárcel donde estuvo recluido desde el 2003 en un proceso penal que estaba a punto de ser repuesto por violaciones procesales.

Otro tema de preocupación: la violencia de género. En junio, Consorcio Oaxaca informó que, ante el confinamiento, “cientos de niñas y mujeres se encuentran en contextos que ya de por si resultaban peligrosos por los altos índices de agresiones a las que están expuestas de manera cotidiana y sistemática”. Detalló que del 21 de marzo a la fecha han ocurrido 16 feminicidios en Oaxaca. Del 1° de diciembre de 2016 a la fecha, han sido 427 feminicidios en la entidad. Ello, “sin que el Estado demuestre voluntad para garantizar la seguridad y el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias”. Recalcó que la violencia familiar se incrementó un 25% respecto al año pasado. También fueron registrados 7 casos de delitos sexuales en lo que va de la contingencia.

La cuestión de la tierra y el territorio se mantiene en el centro de muchos reclamos sociales. En junio, a unos días de la llegada AMLO para “dar el banderazo” al Corredor Transístmico, más de 100 organizaciones civiles, académicos y artistas ratificaron su oposición al proyecto al considerar que “está violando el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas” cuando, denunciaron, la consulta realizada en marzo no cumplió con los estándares internacionales en la materia. Reclamaron que “existen amparos promovidos por pobladores mixes, zapotecos e ikoots del Istmo en contra del proyecto del corredor interoceánico, y por lo tanto, no existen las condiciones legales”. Recordaron además que “la supuesta Manifestación de Impacto Ambiental no fue autorizada por estar plagada de irregularidades y graves omisiones”. Señalaron que AMLO “está aprovechando el confinamiento en casa por la pandemia, que limita nuestros más elementales derechos como lo es el derecho a la reunión, a la protesta y movilización para imponer (…) su propio concepto de proyectos esenciales para la Nación”. A pesar de las críticas, AMLO dio el banderazo explicando que “la pretensión es contener la migración en estas comunidades para que la gente no las abandone en busca de trabajo en el norte”.

En julio, la Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio publicó un comunicado en el marco de una gira de AMLO en el estado en el que denunció que “las obras del tren están arrancando violando los derechos de los pueblos indígenas, de la tierra y la naturaleza con consultas simuladas y amañadas”. “El desarrollo que anuncia el gobierno no es el hoy ni el mañana que queremos (…) La comunidad, la colectividad, el apoyo mutuo, la mano vuelta, el tequio, la solidaridad real, son las formas que nos sacarán adelante”, afirmó.

En cuanto a impunidad, cabe resaltar un posible avance en medio de una multitud de casos que no logran romper con esta tendencia. En junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó conocer los recursos de revisión presentados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR) ante el juicio de amparo por la desaparición forzada de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Dicha desaparición ocurrió en 2007 en la Ciudad de Oaxaca, presuntamente a manos del Ejército y de la entonces Policía Ministerial de Oaxaca. En agosto, fueron ejecutadas órdenes de captura del extitular de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), del ex titular de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y otros comandantes de esa corporación, por su probable responsabilidad en este caso.

GUERRERO: Ayotzinapa, ¿resquebrajamiento en los pactos de impunidad?

Se presentaron varios avances en el caso Ayotzinapa en el plazo. En junio, la detención de José Ángel Casarrubias, alias “el Mochomo”, líder de Guerreros Unidos, agrupación delincuencial señalada en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela normal rural de Ayotzinapa en Iguala en septiembre de 2014, generó expectativas. Si bien una jueza federal ordenó su liberación en base a un tecnicismo sobre las pruebas presentadas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), fue capturado inmediatamente después. Además, se lanzó una orden de captura contra Tomás Zeron, exdirector de la Agencia de Investigación de la PGR, quien huyó del país. Finalmente, fueron presentadas 46 órdenes de aprehensión contra funcionarios de Guerrero posiblemente involucrados.

En julio, la Unidad Especial para el caso anunció que han identificado al normalista Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 desaparecidos. “A más de cinco años de los hechos, ha sido identificado un resto humano perteneciente a una de las víctimas. Este, además, no fue tirado ni encontrado en el Basurero de Cocula, ni en el río San Juan, tal y conforme a la versión que, pública y judicialmente, sostuvo la anterior administración… (…). Hoy a las familias y a la sociedad les decimos que el derecho a la verdad imperará, la búsqueda de sus hijos seguirá y garantizaremos el derecho a la justicia”, dijo el Titular de la Unidad para el caso. El Centro Agustín Pro Juárez declaró que “los pactos de impunidad y silencio que rodean al caso Ayotzinapa empiezan a resquebrajarse, pero aún no los podemos dar por rotos. Los próximos meses serán clave para saber si, con nuevas acusaciones y nuevas búsquedas, es posible llegar a la verdad”.

Nuevos casos de preocupación se siguen presentando. En junio, fue detenida la defensora de los derechos humanos Kenia Inés Hernández Montalbán, también integrante del Colectivo Zapata Vive, en el estado de México. Hernández Montalbán es beneficiaria del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Fue detenida por su presunta participación en el delito de robo con violencia. Después de 5 días encarcelada, Hernández Montalbán, fue liberada bajo reservas. Varias organizaciones civiles expresaron preocupación por la criminalización de personas defensoras y exigieron la libertad incondicional de la defensora.

También en junio, la periodista y defensora, Hercilia Castro Balderas recibió amenazas de muerte de dos hombres que se presentaron a su domicilio en Zihuatanejo, donde se encontraba con su compañero, también defensor del territorio. El CCTI informa que la defensora “ha sido amenazada reiteradamente en el último mes por su trabajo de defensa y denuncia de actos del gobierno municipal de Zihuatanejo y de la Guardia Nacional. Hace 2 semanas su casa fue allanada y hubo agresiones físicas”.

En julio, el CNI publicó un comunicado del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), en el que denuncia las injusticias y ataques armados, hasta muertes, que enfrenta. A pesar de las promesas del gobierno de brindar seguridad, “el fuego nuevamente cimbró las tierras de Chilapa en manos del grupo narco-paramilitar “Los Ardillos”.” Informaron que el 11 de julio, 100 integrantes de dicho grupo armado abrieron fuego contra la comunidad de Tula. Destacaron que “los hechos ocurrieron a escasos dos kilómetros de la base permanente de la Guardia Nacional, quienes escucharon las más de tres horas de balacera, sin hacer absolutamente nada”.

En agosto, el periodista Pablo Morrugares Parraguirre fue asesinado en Iguala. El director del diario digital PM Noticias de Guerrero, era beneficiario de medidas cautelares del Mecanismo del Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos desde 2015. También en agosto, las instalaciones del Diario de Iguala fueron atacadas a balazos por desconocidos. Articulo 19 y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan recordaron que existe una disputa entre grupos de la delincuencia organizada por el control de esa zona, quienes amenazan a periodistas para que digan o dejen de decir cosas de acuerdo con sus intereses.

La impunidad sigue compacta en muchos otros casos. En junio, Tlachinollan recordó la masacre cometida por el ejército mexicano en la comunidad de El Charco, en el municipio de Ayutla de los Libres en 1998. Militares arribaron al lugar el 7 de junio de 1998, dejando un saldo de 11 ejecutados extrajudicialmente, 27 torturados y detenidos arbitrariamente y 5 heridos. Tlachinollan denunció que “nunca se abrió una investigación contra los militares que ultimaron a los campesinos” pero sí la de 27 indígenas a los que se les imputaron diversos cargos, se les procesó y estuvieron más de 2 años en prisión. “Es un ejemplo de lo que ocurre cuando el ejército mexicano realiza tareas de seguridad pública, carece de controles civiles y mecanismos de rendición de cuentas”, dijo.