E n septiembre, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional el control total de la Guardia Nacional. Al día siguiente, una periodista preguntó a López Obrador por qué había cambiado de opinión cuando, durante su campaña, dejó clara su posición contra la militarización y prometió regresar a los militares a sus cuarteles en 6 meses. “Cambié de opinión, ya viendo el problema que me heredaron”, reconoció AMLO.

Organizaciones civiles se pronunciaron en contra de esta decisión, por ir “en contra de la voluntad popular que lo eligió, que entre otras cosas votó por él esperando que actuará para pacificar el país, frenar los mega proyectos en contra de las comunidades y acabar con la militarización. Es un acto en contra de la Constitución y del gobierno civil”. La Alta Comisionada para los derechos humanos de la ONU, Nada Al-Nashif expresó su preocupación, especialmente por la falta de rendición de cuentas de las fuerzas armadas. Además, de que esta estrategia no ha logrado reducir la criminalidad en el país sino han aumentado las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos. Según medios, “en lo que va de este sexenio se han registrado más de 130 mil homicidios dolosos, 33 mil desaparecidos y 3, 615 feminicidios; de los cuales, el 98% permanecen impunes”. Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo la decisión “puede ser y es admisible, desde el punto de vista de los derechos humanos” siempre y cuando su intervención se encuentre limitada en el tiempo y sujeta a casos de excepcionalidad, por lo que “no promoverá ninguna acción de inconstitucionalidad”.

En otro aspecto que igualmente lleva a cuestionar el decreto, una investigación de la Red por los Derechos Digitales (R3D) y varios medios, reveló que el programa espía Pegasus ha seguido operando durante el sexenio de AMLO. Este malware, supuestamente sólo se vende a gobiernos para perseguir terrorismo y criminales; sin embargo, en el caso de México, se ha detectado su uso desde 2017 para vigilar a defensores de derechos humanos, periodistas y ciudadanos. La investigación más reciente, detalla que los teléfonos de al menos 3 periodistas y defensores de derechos humanos fueron espiados con Pegasus entre 2019 y 2021. La investigación revela que la Sedena es la estructura que estableció el contrato de 2019. AMLO declaró que “no tendríamos porqué, además de ser indebido, contrario a nuestros principios, nuestras convicciones, nosotros que hemos sido espiados durante años, perseguidos, no podríamos hacer lo mismo”.

Se realizaron varias movilizaciones buscando frenar la militarización. Entre ellas, se llevó a cabo la marcha anual en conmemoración de la masacre estudiantil en Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. Más de cinco décadas después, varias demandas parecen vigentes: no a la militarización y alto a la impunidad. “El Ejército mexicano ha cometido de manera reiterada y sistemática, graves violaciones a los derechos humanos, la persecución y la detención extrajudicial, la desaparición forzada, la tortura y los tratos crueles e inhumanos, la violación y la ejecución son el común denominador de una larga lista de agravios”, expresó el Comité 68 ‘Prolibertades Democráticas’.

Por su parte, el Congreso Nacional Indígena (CNI) convocó el 12 de octubre, día del 26º aniversario de su fundación, a una “Acción Global contra la militarización y la guerra capitalista y patriarcal hacia los pueblos de todo México y del mundo”. “La lucha por la vida es nuestra palabra colectiva desde hace 530 años y la guerra en contra de nuestros pueblos siempre ha sido la respuesta de los malos gobiernos. Por tal motivo alzamos la voz y nos movilizamos para exigir un alto total al cerco militar, los ataques paramilitares y la guerra contrainsurgente dirigida en contra del EZLN y las comunidades zapatistas; y en contra de los pueblos originarios de México a través de la militarización y paramilitarización, el crimen organizado, los megaproyectos de muerte y el despojo de nuestras tierras y territorios”, afirmó el CNI.

Otras preocupaciones en materia de derechos humanos

En los últimos doce meses, se dieron un total de 118 eventos que violaron los derechos humanos de personas defensoras, según el informe “Defender los derechos humanos en México: entre la omisión y la simulación”, presentado por Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C. (ACUDDEH), el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada. Si bien comparado con gobiernos anteriores, el número de violaciones a derechos humanos de personas defensoras ha disminuido, el gobierno de AMLO “no ha cumplido con las responsabilidades que tiene con respecto a los Derechos a la memoria, la verdad y la justicia de las víctimas”. El 69% de los hechos fueron realizados por comisión con un aumento “de la participación en otras violaciones a derechos humanos de gobiernos dirigidos por Morena, y el incremento de esas otras violaciones por el gobierno federal; el aumento de la participación de las fuerzas armadas en los eventos; y la lentitud en el desarrollo, mejoría y perfeccionamiento de una iniciativa de ley general para el respeto y promoción de los derechos de las personas que defienden los derechos humanos y periodistas”.

Por otro lado, de acuerdo con el informe de Global Witness, México ocupó en 2021 el primer lugar en la lista de países con más activistas ambientales asesinados, teniendo un total de 54 víctimas. Casi la mitad de ellos eran indígenas. “En los últimos 10 años, el país se ha convertido rápidamente en uno de los lugares más peligrosos para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, con 154 casos documentados durante este periodo”, afirma el informe.

En otro aspecto de creciente preocupación, la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internas, Cecilia Jimenez-Damary, estuvo en México del 29 de agosto al 9 de septiembre. Visitó la Ciudad de México, Chihuahua, Guerrero y Chiapas. Al finalizar su visita, destacó que “las causas del desplazamiento son diversas y multifactoriales. Entre ellas están distintos tipos de violencia, a menudo originada por el crimen organizado, a veces relacionadas con los proyectos de desarrollo, la minería y tala ilegal, o por los conflictos electorales, religiosos y agrarios”. Mencionó que “el gobierno federal no cuenta con una estadística, pero que algunas organizaciones, académicos y autoridades locales, le entregaron estimaciones de que habría entre 350.000 y 400.000 desplazados internos”. Recomendó crear una ley que proteja a los desplazados internos, así como un registro federal de víctimas. Instó al gobierno a destinar un presupuesto adecuado y sostenido para poder brindar a las personas desplazadas atención, protección y soluciones duraderas.

CHIAPAS: Múltiples focos rojos en un trasfondo de creciente violencia por lucha entre grupos criminales

En septiembre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), expresó su preocupación ante la aprobación de la reforma de la Guardia Nacional. “Los cuarteles se han instalado en territorios de Pueblos Originarios que se oponen al despojo de sus espacios de vida a través de los megaproyectos del Gobierno Federal, como el tren maya, el corredor interoceánico, la Refinería Dos Bocas o la infraestructura carretera que los conectan”, alertó. Denunció además que “en medio de la remilitarización actual de Chiapas, se han intensificado el tráfico y consumo de drogas, persisten las desapariciones y los homicidios, lo que evidencia que, como en los noventas, la estrategia es fallida. Dentro de los impactos de la violencia están: comunidades agredidas y obligadas a desplazarse, en otras se han impuesto toques de queda por grupos criminales y zonas de silenciamiento”.

En este mismo sentido, la Asamblea del Movimiento de Mujeres por la Defensa de la Madre Tierra y Nuestros Territorios, realizó un encuentro en Chapultenango para analizar la situación que viven en Chiapas. “Coincidimos que en todos nuestros territorios está el Crimen Organizado gobernando, vemos aumento de la venta y circulación de armas, drogadicción, prostitución, y alcoholismo. En complicidad con un proceso de militarización que permite el despojo y control de nuestros territorios. Siendo las mujeres las más afectadas al aumentar los feminicidios, muertes, hambre y desapariciones de niñas y jóvenes,” manifestó.

Igualmente, en septiembre, habitantes de Santa Marta en el municipio de Chenalhó reportaron, disparos, quema de casas y desplazamiento de más de 100 personas, dejando 4 personas muertas. De acuerdo a testimonios, a inicios del presente año se firmó un acuerdo de paz y desarme, por lo que se expulsó a las personas que querían seguir haciendo parte del grupo armado que mantiene hostilidad contra sus vecinos del municipio de Aldama. Estas mismas personas (aproximadamente 60) decidieron tomar por la fuerza casas y terrenos.

Este mismo mes, más de un millar de hombres y mujeres convocados por el Pueblo Creyente de la Zona Chab, participaron en una peregrinación en Bachajón, municipio de Chilón, para exigir la libertad inmediata de nueve lideres y defensores comunitarios; dos de esta región, cinco de San Juan Cancuc y dos de Pantelhó, además de solicitar la cancelación definitiva de la orden de aprehensión contra el padre Marcelo Pérez Pérez. “Estas detenciones intentan reprimir la justa denuncia de nuestros pueblos y obstaculizan la paz en nuestros territorios. La criminalización de estos hermanos ha sido por defender los derechos de los pueblos originarios, así como su territorio y sus costumbres”, afirmaron.

Apuntando a otro tipo de preocupación, Roberto Flores, periodista y director de la página web “Chiapas Denuncia ¡Ya!”, se encuentra desaparecido desde septiembre. Fue visto por última vez en Comitán, lugar de donde es originario. Chiapas denuncia ¡ya!, es un sitio informativo que cubre denuncias ciudadanas contra presuntas irregularidades de autoridades. Según la organización para la libertad de expresión Artículo 19, Flores había recibido mensajes intimidatorios tras publicar información relacionada al Cártel de Sinaloa.

Por otro lado, en octubre, la Parroquia San Pedro y San Pablo de Chicomuselo denunció la agravación de la situación en esta zona, así como las amenazas, hostigamiento e intimidación contra los defensores de derechos humanos de dicho municipio. Esto debido al interés de empresas y personas en reiniciar la explotación minera. Informan del ingreso de varios camiones de carga para transportar material minero. La parroquia informó que “de manera formal se ha presentado la denuncia ambiental ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) sobre el caso y la respuesta ha sido evasiva, argumentando que no existen condiciones de seguridad para realizar la investigación ante la ola de violencia e inseguridad que se está dando en la región”.

Finalmente, en noviembre, colectivos feministas, familiares de víctimas de feminicidio y la ciudadanía en general se concentraron en Tuxtla Gutiérrez para denunciar el aumento de la violencia contra las mujeres en el estado. Recordaron que el 18 de noviembre de 2016, se instaló en el estado la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). Sin embargo, hasta el momento han aumentado las denuncias por este tipo de violencias. Exigieron justicia, investigación con perspectiva de género que permita capturar a los responsables, oportunidades de vida dignas para las mujeres e instituciones públicas capaces de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Otro aspecto que nutre la percepción de descontrol han sido la multiplicación de bloqueos de carreteras, los principales siendo liderados por grupos inconformes ante procesos electorales. Uno de esos grupos fue de pobladores de Teopisca que, por varias semanas en agosto y septiembre, bloquearon el tramo federal Teopisca-Comitán y Teopisca-San Cristóbal. Ello, para exigir la destitución inmediata del presidente del Consejo Municipal Luis Alberto Valdez Díaz, quien fue nombrado por el Congreso del Estado en sustitución de su hermano y en aquel entonces alcalde de Teopisca, Rubén Valdez, quien fue asesinado en el mes de junio. La asamblea general conformada por 52 comunidades expresó que esta movilización es por la violación de los derechos a elegir democráticamente a sus gobernantes.

Otro grupo que ha bloqueado carreteras está integrado por habitantes de Oxchuc para exigir la salida del Luis Santiz Gómez, actual presidente concejal del municipio, ya que su mandato ha concluido y se debería de nombrar a un nuevo presidente municipal por usos y costumbres. Algunos de estos bloqueos se tornaron violentos y derivaron en la detención de decenas de personas.

OAXACA: Agresiones contra defensores de derechos humanos se mantienen

En septiembre mientras realizaban actividades de limpieza en una primaria comunitaria, un grupo de personas entre las que había mujeres, niñas y niños, fue atacado por hombres armados. La Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidad (UCIDEBACC) denunció que el defensor de Derechos Humanos Gregorio López resultó con heridas de bala. Además, mencionaron “nos queda claro que este nuevo ataque obedece a una política de represión sostenida de manera sistemática en contra de nuestra organización social y sus integrantes e incluso acompañantes ya que desde el asesinato de nuestro compañero Humberto Valdovino Fuentes hemos visto incrementados los incidentes de inseguridad”. Ese mismo día, diversos colectivos feministas denunciaron el hostigamiento y criminalización de la que ha sido objeto Lucero Rivero Ortiz, vocera de la UCIDEBACC, que ha exigido el esclarecimiento del asesinato de su compañero Baldovino Fuentes, defensor comunitario afro mexicano de UCIDEBACC en mayo del presente. Desde 2020, Lucero está integrada en el Mecanismo federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, pero considera que no le provee protección.

En octubre, asesinaron a Filogonio Martínez Merino, exagente municipal de Paso de la Reyna, del municipio de Santiago Jamiltepec. Durante quince años encabezó protestas en contra de los proyectos hidroeléctricos de Paso de la Reina. Martínez fue comisariado Ejidal de Paso de la Reyna en el período 2008-2011. En 2021 fueron asesinados 5 defensores del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), crímenes que siguen impunes hasta la fecha.

En otro aspecto, a cuatro años de emitirse la alerta por violencia de género en 40 municipios de Oaxaca, no se perfilan avances. Desde el inicio del año, 100 oaxaqueñas han sido asesinadas, denunció el colectivo “Rosario Castellanos, GES Mujer”. En 2021, GES Mujer registró 87 feminicidios. En los últimos 6 años, 676 niñas y mujeres fueron víctimas de asesinatos violentos. GESMujer subrayó que en han continuado las mismas prácticas de actuación, que son omisas y/o negligentes, investigaciones carentes de una perspectiva de género o con una clara intención de ocultar o minimizar la violencia feminicida, así como la revictimización de las familias que exigen justicia.

No obstante, el contexto crítico, dos movimientos de defensa de tierras y territorios lograron algunos avances en sus demandas. Después de aproximadamente 15 años de lucha, la Asamblea General de la comunidad San Bartolo Coyotepec logró el cierre de los pozos que desde 2002 habían sido concesionados a la envasadora Gugar S. A. De C. V. En 2007 iniciaron el litigio para recuperar sus tierras ante la escasez de agua en la comunidad y al considerar que la concesión fue otorgada sobre terrenos que son de propiedad comunal, y sin consulta. Por otro lado, en septiembre, el Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec falló a favor de comuneros de Unión Hidalgo quienes llevaban desde hace 9 años un proceso legal en contra de Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex), empresa filial de la española Renovalia Energy. Se otorgó la nulidad de los contratos de arrendamiento de tierras que “fueron consideradas indebidamente propiedad privada cuando en realidad son tierras comunales”. Algunas organizaciones señalaron que esta sentencia es de suma importancia pues deja en manos de las comunidades la decisión de celebrar contratos de arrendamientos.

GUERRERO: Muros de impunidad propician la agudización de violencias

El caso más sonado de violaciones de derechos humanos en Guerrero es el Ayotzinapa, y si bien se han creado varias instancias nacionales e internacionales para ayudar a esclarecerlo, la impunidad no acaba de retroceder (ver Enfoque). En septiembre, un juez federal absolvió a José Luis Abarca, ex alcalde del municipio de Iguala, por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, en 2014.

En octubre, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentó un peritaje técnico que prueba que 181 de las 467 capturas de pantallas de celulares presentadas por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj) en su informe en agosto de 2022 “no tienen veracidad, pues no garantizan su originalidad”. El GIEI dijo que “el intento del Gobierno mexicano por acelerar los resultados del caso Ayotzinapa (…) generan una mayor incertidumbre y enorme malestar”.

Aprovechando de este cuestionamiento, en noviembre, los abogados de cuatro militares encarcelados por el caso acusaron al titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ), Alejandro Encinas, por el presunto delito de fabricación de pruebas para incriminar a sus clientes. Al respecto el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez que ha venido acompañando a los familiares de las víctimas, declaró que “la no verificación de partes de informe COVAJ no resta valor a pruebas de acusación sobre colusión entre narco y 27 Batallón”.

Otros casos, de menor perfil mediático, igualmente siguen sin avanzar. A tres años de la desaparición y asesinato del defensor Arnulfo Cerón, familiares y compañeros del Frente Popular de la Montaña llamaron a perseverar en la búsqueda de la justicia. El Centro de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan afirmó que “ya constatamos que cualquier partido de cualquier color, no va a comprometerse con las víctimas, ellos tienen sus intereses económicos y no les interesa la justicia para los pueblos aprisionados. (…) tenemos que sacar la casta y seguir luchando como lo hicieron los hombres y mujeres que perdieron la vida luchando para transformar nuestro estado”.

Mientras tanto, la violencia tampoco retrocede. En octubre fueron asesinadas al menos 20 personas, entre ellos, el presidente municipal de San Miguel Totolapan y su padre, quien también había sido alcalde de este municipio en dos ocasiones. De acuerdo con Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, dichos ataques obedecerían a una disputa territorial entre grupos del crimen organizado. “En esa región imperó un grupo conocido como Los Tequileros quienes se dedican al trasiego y comercialización de amapola, así como al secuestro y extorsión, la disputa podría ser con La Familia Michoacana”, señaló.

En noviembre, fueron asesinados tres integrantes del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) por el grupo criminal “Los Ardillos” y “los malos gobiernos” en Chilapa de Álvarez. Integrantes de la organización dijeron que acudieron con el presidente de la República para advertirle sobre la situación pero que “tal como si nada hubiera sido dicho y estuviéramos condenados a repetir la misma historia, a llorar a nuestros muertos y nuestros desaparecidos, el 5 de noviembre tres de nuestros hermanos fueron asesinados”. Recordaron que desde 2015, han sido asesinados 50 integrantes de la agrupación y 19 más se encuentran desaparecidos.

Otro tema de preocupación, de acuerdo con Artículo 19, Guerrero es el segundo estado más peligroso para ejercer el periodismo, albergando 16 de los 157 homicidios de comunicadores en las últimas dos décadas. Con el asesinato de Fredid Román, director del medio “La Realidad” y columnista de diversos medios locales, en agosto, sumaron 15 los periodistas asesinados en México en lo que va del 2022.

Finalmente, en documentos filtrados por los llamados “Guacamaya leaks” se reveló información que señala que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) identifica a Vidulfo Rosales Sierras, abogado en el caso Ayotzinapa, como integrante de una organización dedicada al cobro de cuota, extorsión y privación de la libertad en Guerrero. Además, se hacen señalamientos hacia otros luchadores sociales y defensores de derechos humanos. Ante ello, diversas organizaciones declararon que “el acuerdo de las fuerzas armadas con el Presidente de la República les asegura inmunidad y se creen con el derecho de señalar y atentar contra luchadores sociales y defensores de derechos humanos, mientras tanto a las bandas delictivas les permiten que actúen libremente y en muchos casos se asocian con ellos para delinquir”.