ENFOQUE: Empresas, gobierno y derechos humanos en México – Entre negocios y despojo
02/12/20162016
10/01/2017
De julio a septiembre, el movimiento magisterial opuesto a la reforma educativa de 2013 ocupó la primera plana de los periódicos. Después de los hechos represivos de Nochixtlán, Oaxaca, con un saldo de 8 muertos y decenas de heridos, se abrieron mesas de diálogo entre la Secretaría de Gobernación y representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a principio de julio.
“Viva la insurgencia magisterial”, plantón de maestros en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas © SIPAZ
La CNTE exigía la “suspensión permanente de la reforma, la construcción de un modelo integral de educación y la reparación inmediata de los efectos nocivos de la reforma”. En este marco, fueron trasladados cuatro profesores oaxaqueños de la sección 22 de la CNTE de Sonora a un penal de Oaxaca. Habían sido detenidos en junio, por el presunto delito de lavado de dinero. Familiares suyos aseguran que los juicios “se basan en crímenes inventados, con la intención de mantenerlos presos”.
En julio, el bloqueo-plantón que mantenía la CNTE en Chiapas en la carretera de cuota de Tuxtla Gutiérrez, a la salida de San Cristóbal de Las Casas, fue destruido “por un grupo de 150 personas armadas”. Según los agredidos, los agresores pertenecen a “dos grupos de choque: ALMETRACH (Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas) -que trabaja con el presidente Municipal de San Cristóbal de las Casas, Marco Cancino- así como una agrupación comandada por el presidente Municipal de San Juan Chamula”. Estos grupos “de choque y la Policía Municipal llegaron a agredir, emplearon (…) armas de fuego y gas lacrimógeno, respectivamente”. Se reportaron 5 heridos, cuatro personas del magisterio y una periodista.
Aún con el regreso a clases previsto para el 22 de agosto, la CNTE optó por mantener su paro y acciones de bloqueos en carreteras y zonas comerciales, principalmente en Chiapas y Oaxaca. La CNTE denunció nuevas amenazas de ceses y descuentos. Señalaron que dependencias gubernamentales amenazaban a padres de familia beneficiarios de programas sociales para que a su vez presionaran al magisterio. Ante el anuncio de una escalada de acciones previo al cuarto informe presidencial en septiembre, se informó de la llegada de cientos de policías federales a Chiapas y Oaxaca.
“No más violencia institucional”, manta en Peregrinación del Pueblo Creyente de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, julio de 2016 © SIPAZ
El 19 de septiembre, las y los maestros inconformes en Chiapas iniciaron el ciclo escolar, después de cuatro meses de paro laboral. Los de la Sección 22 en Oaxaca habían hecho lo mismo desde el 7 de septiembre. Dirigentes magisteriales explicaron que su decisión de regreso a clase pretende ayudar a « fortalecer la etapa de reorganización, impulsar la vía legislativa para dar respuesta a nuestra demanda de abrogación de la reforma educativa y continuar con la construcción de una propuesta alternativa de educación ». Aurelio Nuño, secretario de la Educación Pública, expresó que habrá diálogo en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas « para poder arreglar cuestiones locales de estos cuatro estados; es decir, problemas administrativos ». Reiteró que bajo ningún motivo se van a aceptar mesas para tratar la abrogación de la reforma.
Cuarto Informe de gobierno: Pocos resultados
El 1° de septiembre marcó la entrega del Cuarto Informe del Gobierno. En agosto, una encuesta publicada por Reforma indicaba que la aprobación al gobierno de Enrique Peña Nieto era de apenas un 23 %. Previamente al Informe, varios medios criticaron el desempeño de la actual administración, cuestionando, entre otros, el aumento de la violencia, los escándalos políticos, las violaciones a derechos humanos y los pobres resultados económicos.
El secretario de Gobernación, Osorio Chong, entregó el Informe al Congreso, subrayando que la relación entre el Ejecutivo y Legislativo ha demostrado un diálogo eficaz permitiendo la aprobación de “las reformas que México exigía”. Legisladores de la oposición cuestionaron, no obstante, la ausencia de resultados. Por su parte, Enrique Peña Nieto sostuvo un encuentro con unos 300 jóvenes en el que destacó la disminución de los precios de Internet y de los servicios celulares; la creación de 2 millones de empleos, y el hecho de que México es un país atractivo para el turismo y la inversión. Sin embargo, aunque en materia de empleo las cifras pretenden indicar una mejoría, la “Tasa de condiciones críticas de ocupación” (población ocupada que percibe ingresos inferiores al salario mínimo) ha aumentado aproximadamente la misma cantidad desde 2014.
Peña Nieto fue cuestionado acerca de la visita a México del candidato presidencial norteamericano, Donald Trump poco antes (afirmó que “permitió que recogiera la relevancia que tiene México para EU”); sobre las acusaciones de plagio de su tesis de licenciatura (dijo que fue un “error metodológico”); y sobre el aumento al precio de la gasolina (aseguró que “nunca prometí que no fuera a elevarse”). Sobre violaciones a derechos humanos, sostuvo que existe el compromiso de lograr su esclarecimiento a partir de las investigaciones de la Procuraduría General de República (PGR). Recalcó que ha habido avances y que los casos que involucran a las fuerzas armadas y a las instituciones de seguridad pública han disminuido.
Caso Ayotzinapa: Justicia pendiente
Evento por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa © SIPAZ
El 10 de septiembre, se aprobó la implementación del Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa en base a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estipuladas en sus informes sobre el caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural durante la noche del 26 y 27 de septiembre 2014 en Iguala, Guerrero. Igualmente en septiembre, el GIEI presentó su segundo informe al Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y solicitó “que los derechos humanos ocupen su lugar en las negociaciones que sostiene actualmente la Unión Europea (UE) con el gobierno mexicano para la “modernización” del acuerdo de libre comercio”. Varios medios han enfatizado en cambio que los intereses europeos son un “ejemplo del neoliberalismo más descarnado” (Proceso 2072).
Poco después, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez denunció haber recibido intimidaciones por Twitter, justo antes del inicio de la marcha por el segundo aniversario de Ayotzinapa. Recibieron el siguiente mensaje acompañado con una imagen de balas: “Espero que no se paren a las 16:00 en el Ángel si es que no quieren que su sangre sea derramada. El patrón ya dio la orden”. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos subrayó que “el tuit generó especial atención por la mención al «Patrón», cuyo nombre aparece en los expedientes de la investigación sobre el caso de Ayotzinapa, lo cual demuestra que la persona es conocedora de los detalles del caso. El mismo perfil de Twitter del que provienen las amenazas ha emitido también mensajes amenazantes en contra de varios periodistas”. Las y los padres de familias de los 43 desaparecidos, a quienes se suman miles de voces en México y el mundo, no han dejado de exigir verdad y justicia.
Comunicado EZLN y CNI “Que retiemble en sus centros la tierra”
Compartición CNI/EZLN en el Caracol de Oventik, Altos de Chiapas, 12 de octubre de 2016 © Noé Pineda
Del 9 al 13 de octubre, en el marco del 20° aniversario del Congreso Nacional Indígena (CNI), se llevó a cabo el Quinto Congreso Nacional Indígena, en San Cristóbal de Las Casas. Participaron alrededor de 500 delegados de 32 pueblos indígenas de México, así como integrantes y bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y más invitados e invitadas.
Al finalizar el evento, el CNI y el EZLN publicaron el comunicado “Que retiemble en sus centros la tierra” (parafraseando el himno nacional), en el que denunciaron 27 agravios que enfrentan los pueblos indígenas en el país. Lo que generó más revuelo fue el anuncio del inicio de una consulta a sus bases para ver la conveniencia de nombrar un concejo indígena de gobierno y de invitar a una mujer indígena a que les represente en las elecciones presidenciales de 2018. El comunicado afirmó que “nuestra lucha no es por el poder, no lo buscamos; sino que llamaremos a los pueblos originarios y a la sociedad civil a organizarnos para detener esta destrucción, fortalecernos en nuestras resistencias y rebeldías (…) Es el tiempo de la dignidad rebelde, de construir una nueva nación por y para todas y todos, de fortalecer el poder de abajo y a la izquierda anticapitalista, de que paguen los culpables por el dolor de los pueblos de este México multicolor”.
Compartición CNI/EZLN en el Caracol de Oventik, Altos de Chiapas, 12 de octubre de 2016 © Noé Pineda
La polémica desatada ha sido alimentada tanto por críticos como adeptos. En los actores que pertenecen a partidos políticos, Andrés Manuel López Obrador, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), reconoció que el EZLN tiene todo el derecho de participar en la vida política del país. No obstante, sentenció que esta propuesta era una maniobra “para hacerle el juego al gobierno”. Francisco Gárate del Partido Acción Nacional (PAN) consideró la iniciativa como una “ocurrencia” y un “disparate”: “hoy la población indígena del país es de menos de uno por ciento y diseminada en pueblos que van de Sonora a Yucatán”.
En el comunicado “Preguntas sin respuestas, respuestas sin preguntas, concejos y consejos”, el EZLN se pronunció sobre las críticas hechas hasta ahora. Preguntó entre otras cosas “¿en qué medida la propuesta de que un concejo (con “c”) indígena de gobierno, es decir, un colectivo y no un individuo, sea el responsable del ejecutivo federal, apuntala-el-presidencialismo- se- hace- cómplice- de- la- farsa- electoral-contribuye-a- reforzar-la-democracia-burguesa -le- hace- el- juego- a- la- oligarquía- y- al- imperialismo-yanqui-chino-ruso-judeoislámico-milenarista,- además- de- traicionar -los-altos-principios- de- la- revolución- proletaria- mundial? (…) ¿Qué tan sólido estará el sistema político mexicano (…), que basta que alguien diga públicamente que está pensando algo, y que le va a preguntar a sus demás iguales qué piensan de lo que está pensando, para que se pongan histéricos?”. La consulta terminará a finales de diciembre, abriéndose una nueva sesión del CNI en Chiapas, días “intermedios” en el Encuentro “L@s Zapatistas y las ConCiencias por la Humanidad”.
CHIAPAS: Conflictos postelectorales “partidistas”
Compartición CNI/EZLN en el Caracol de Oventik, Altos de Chiapas, 12 de octubre de 2016 © Noé Pineda
Desde las elecciones municipales pasadas, la victoria del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM) ha desatado varios conflictos en zonas anteriormente dominadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En los casos más destacados, en julio, fue asesinado el presidente municipal de San Juan Chamula, Domingo López. Había sido presidente municipal por el PRI, y obtuvo su segundo mandato por el Verde. Durante su campaña, prometió elevar el pago anual a las artesanas locales. Empezó a distribuir 7 mil pesos a cada mujer en algunas comunidades pero no alcanzaba para todas generando una inconformidad que llevó a su asesinato.
En agosto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó restituir en su cargo como presidenta municipal de Chenalhó a Rosa Pérez Pérez (PVEM). En mayo pasado, después de varias semanas de protestas, un grupo de inconformes retuvo al presidente del Congreso y a un diputado local como medida de presión. Ante la decisión del TEPJF, el obispo coadjutor de la diócesis de San Cristóbal, Enrique Díaz Díaz, afirmó que no “estamos de acuerdo en los modos violentos en que se le quitó y ahora con temor escuchamos esta situación de que será reinstalada”. Dijo que el caso Chenalhó “está viciado desde el origen”, pues “no podemos decir que las elecciones hayan sido completamente libres”.
En septiembre, el TEPJF también ordenó restituir como presidenta municipal de Oxchuc a María Gloria Sánchez Gómez (PVEM), quien se vio forzada a renunciar a dicho cargo en febrero pasado. Inmediatamente después, más de 500 tseltales cerraron la carretera San Cristóbal-Ocosingo por varias horas. El grupo opositor acusa a Sánchez Gómez junto con su esposo de haber establecido un cacicazgo en el municipio al alternar el cargo por varios períodos. Previo a su destitución, ocurrieron actos violentos, entre ellos la retención de funcionarios así como la quema de viviendas y vehículos en Oxchuc.
Derechos humanos: violencia estructural detrás de casos concretos
Peregrinación en las afueras de la cárcel de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, para denunciar la “mala impartición de justicia que se vive en el Estado mexicano” © SIPAZ
En septiembre, organizaciones civiles informaron que el joven Maximiliano Gordillo Martínez, desaparecido desde mayo cuando fue detenido en un control migratorio en Tabasco, apareció con vida. Denunciaron que “desde su detención (…) hasta el día de su localización (…) fue víctima de delitos y graves violaciones a sus derechos humanos, responsabilidad del Estado mexicano. (…) lo vivido por Maximiliano nos revela la magnitud de la violencia estructural, institucional y social que sufren las personas mexicanas y provenientes de otros países, durante sus traslados y destinos migratorios al interior de nuestro país”.
En octubre, obtuvieron su libertad Margarita Gómez López y David Hernández Gómez, indígenas tsotsiles, detenidos desde 2014, víctimas de un proceso injusto. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas planteó que su caso “representa un patrón de violaciones a derechos humanos que de manera sistemática vulnera a población especialmente indígena y en extrema pobreza, quienes se encuentran sin protección ante un sistema que utiliza la Tortura como método para fabricar culpables”. Poco después, la Parroquia de Teopisca, a la que pertenece la pareja, convocó a una celebración eucarística frente a la cárcel de San Cristóbal para denunciar la “mala impartición de justicia que se vive en el Estado mexicano”, en particular el caso de Roberto Paciencia Cruz, actualmente encarcelado en este mismo penal.
Tierra y Territorio: conflictos actuales, conflictos en puerta
Desde finales de septiembre, varias comunidades de Acacoyagua y Escuintla, en la región del Soconusco, han mantenido un bloqueo carretero para impedir que empresas mineras continúen con la exploración y explotación minera, así como para denunciar la contaminación de ríos y los problemas de salud que han provocado. La empresa mexicana El Puntal SA de CV, que mantiene una mina a cielo abierto, llamada Casas Viejas, en Acacoyagua es de las más señaladas ya que se encuentra a sólo 200 metros del sistema de captación de agua que abastece a la comunidad. “Desgraciadamente Casas Viejas es sólo uno de los cuatro proyectos mineros en actividad en el municipio, que abarca en total 13 concesiones mineras (más de 36 mil hectáreas), y a éstas se suman las ocho concesiones ubicadas en el municipio vecino de Escuintla (más de 15 mil hectáreas)”, denunció Otros Mundos.
En octubre, la Secretaría de Energía inició un proceso de consulta a los pueblos zoques de los municipios de Francisco León, Ixtacomitán y Pichucalco para poder abrir doce pozos de hidrocarburos que se encuentran en licitación y que afectarían alrededor de 80 mil hectáreas. El Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia (Mopor) adelantó que la mayoría de comunidades se opone a dicha explotación.
GUERRERO: Entre violencia e impunidad
“Moveremos montañas para alcanzar la justicia y la verdad”, manta en el marco del Aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Tlapa de Comomfort © SIPAZ
En agosto, se celebró el 22° aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Su director, Abel Barrera, se refirió a la violencia en el estado: “Aquí contamos un promedio de 6,8 muertes diarias (…) por la violencia y la indolencia de la autoridad, que está unida a ese poder delincuencial que nos ha enmarañado a lo largo de tres décadas.”
En octubre, unas 2 mil personas de varias organizaciones sociales marcharon en Chilpancingo. Exigieron, entre otras demandas, la liberación del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González, del policía comunitario de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, Samuel Ramírez Gálvez; así como la del asesor de la Casa de Justicia de El Paraíso, Arturo Campos Herrera. Poco después, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) cumplió 21 años. Pidió respeto para la Policía Comunitaria y libertad para sus presos “injustamente acusados de delito de secuestro“, pese a que varios tratados internacionales reconocen el derecho de los pueblos indígenas a contar con su propio sistema de justicia y seguridad.
En octubre, alrededor de 100 personas llevaron a cabo una ceremonia en Mexcalpetec en Atoyac, para recordar a Rocío Mesino Mesino, ex dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (Ocss), a tres años de su asesinato en ese lugar. Al término de la conmemoración, la OCSS demandó la alerta de género en la entidad ante el incremento de feminicidios en la actualidad. Este mismo mes, también bajo la manta de la impunidad, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad informó que el Estado mexicano solicitó a la CIDH que declare “inadmisible” el caso de la masacre de 11 indígenas y un estudiante en El Charco, municipio de Ayutla, por soldados mexicanos en 1998.
OAXACA: Hechos represivos no representan una situación aislada
México, 7 mujeres asesinadas diariamente #Ni una Menos © SIPAZ
En julio, diversas organizaciones civiles presentaron el “Informe preliminar sobre violaciones de Derechos Humanos el 19 de junio en Oaxaca” para “dar a conocer la cronología de hechos y violaciones a derechos humanos ocurridos en Nochixtlán, y lugares cercanos a la Ciudad de Oaxaca” en el marco de la represión contra el magisterio. Según Proceso, estos hechos represivos no representan una situación aislada sino que en Oaxaca, “en los últimos cinco años y medio han ocurrido al menos 44 ejecuciones extrajudiciales, 12 desapariciones forzadas, 220 detenciones arbitrarias y 29 agresiones en distintas modalidades. Se trata de unos 300 ataques, la mayoría enderezados contra dirigentes de organizaciones, destacadamente opositores a proyectos gubernamentales, obras de infraestructura o políticas públicas”.
El tema Tierra y Territorio sigue en el centro de muchas de las inconformidades sociales. En julio, autoridades agrarias, comunidades y organizaciones civiles y sociales se reunieron en Oaxaca para instaurar el Día Estatal de Rebelión Contra la Minería. Manifestaron su “decisión de luchar juntos para detener esos atropellos y afirmar nuestras maneras propias de vivir y gobernarnos”. En octubre, más de 500 personas de siete municipios del Istmo de Tehuantepec se pronunciaron en contra de la mina a cielo abierto que empresas canadienses pretenden instalar en 30 mil hectáreas de la zona, incluyendo 19 mil de bosque en los Chimalapas. Acordaron por unanimidad conformar un Comité de Defensa Regional contra la Minería y denunciaron que el gobierno vendió los permisos sin consulta.
En cuanto a derechos humanos, se han registrado 75 casos de feminicidios este año. De acuerdo con Consorcio Oaxaca, se tienen contabilizados 500 feminicidios durante la administración de Gabino Cué Monteagudo, casi el doble comparado con el sexenio anterior. El Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos acusa que el “discurso del gobierno quedó en formalismos pese a los compromisos que el gobernador mantuvo con organizaciones sociales”.
En octubre, Juan Macario Bautista Ramírez fue detenido en Estados Unidos al ser señalado como uno de los responsables del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola (finlandés), cuando participaban en una caravana humanitaria rumbo a San Juan Copala, en la zona Triqui en 2010. Karla Michell Salas, quien acompaña jurídicamente el caso, declaró a Desinformémonos, que “es preocupante el actual contexto político en Oaxaca, el regreso el PRI al gobierno del Estado y también el reciente nombramiento de Rene Juárez Cisneros, político priista y exgobernador de Guerrero, (…) como nuevo subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación lo que podría influir en el desenlace de los juicios de las cinco personas hasta ahora detenidas y en si se efectúan o no las ocho detenciones que quedan pendientes”.
