ACTUALIDAD: México – El riesgo de la invisibilización y agravación de múltiples pendientes de derechos humanos en el contexto de la pandemia

En abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presentó su quinto informe trimestral. Frente a la pandemia del COVID-19, informó que este año habrá 22 millones de beneficiarios en los diferentes programas sociales y que en nueve meses se van a crear dos millones de empleos nuevos, entre otros por el programa Sembrando Vida.

© Noé Pineda Arredondo

Destacó que su gobierno ya había “tomado la decisión de superar el estado ruinoso en el que nos dejaron el sistema de salud público”. “Esta crisis es pasajera, transitoria, pronto regresará la normalidad. Venceremos al coronavirus”, declaró. Cabe recordar que el presidente mexicano fue criticado a nivel internacional por su actitud frente a la pandemia. Mientras otros gobiernos latinoamericanos empezaban a implementar medidas de aislamiento, López Obrador llamó a seguir “con nuestras vidas como de costumbre” por varias semanas, antes de implementar un confinamiento que ha sido más voluntario que mandatorio. El 21 de mayo, a 60 días del inicio de la “Jornada Nacional de San Distancia”, México reportaba 6 mil 510 decesos por COVID-19, por lo que integró la lista de los 10 países con más muertes registradas por la pandemia; contaba además con casi 60 mil casos acumulados. Aun así, ya se anunció que a partir del 1° de junio se pasará a la “Nueva Normalidad”, con un sistema de semáforos que se irán publicando para cada región del país.

Pueblos indígenas, presos, migrantes: sectores altamente vulnerables ante el Covid-19

Estación migratoria Siglo XXI en Tapachula © Mural.com

En abril, organizaciones civiles hicieron “un llamado urgente para que se dote de personal y equipo suficientes que le garanticen a la gente indígena una atención de calidad”. Además, exigieron que se ejecute un plan nacional de rescate de la economía comunitaria para quienes no pueden ejercer su trabajo debido al confinamiento y que la información respecto a la pandemia se traduzca a los idiomas indígenas. Este último punto también fue uno de los exhortos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), este mismo mes.

En mayo, organizaciones civiles reiteraron su “profunda preocupación ante las condiciones que la pandemia pueda generar en las comunidades” indígenas. “A la falta de infraestructura, personal médico y abasto continuo de medicamentos, se suma la discriminación institucional y la falta de un enfoque preventivo culturalmente adecuado y asequible a las comunidades; así como, en este contexto, la falta de un monitoreo y seguimiento adecuado a los migrantes que regresan”, denunciaron. Asimismo, se preocuparon por “la vulnerabilidad económica de la mayoría (…). La falta de acceso a fuentes de empleo digno en las comunidades las hace dependientes del comercio y del empleo informal, así como de las remesas de los migrantes”, fuentes de ingresos que “se encuentran en riesgo de disminuir fuertemente”.

En marzo, organizaciones civiles llamaron a tomar medidas en centros penitenciarios para evitar la propagación del Covid-19. Recordaron que “debido a las condiciones de estrecha proximidad en las cárceles, el encarcelamiento genera las condiciones idóneas para el contagio y éstas se agravan cuando existe hacinamiento, falta de agua y condiciones de higiene”. La CNDH también pidió medidas preventivas para proteger la vida y salud de las personas privadas de la libertad, de las visitas, del personal de las cárceles y de los proveedores de servicios.

En este marco, en abril, fue aprobada una Ley de Amnistía, mediante la cual se podrían liberar a personas que hayan cometido delitos menores. No podrá beneficiar a “reincidentes, personas acusadas de homicidio, secuestro, lesiones graves, violencia o utilización de armas de fuego, feminicidas, violadores, tratantes, huachicoleros o delincuentes dedicados al robo de casas habitación”. También aplicará para personas indígenas a las que no se les haya garantizado “el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura”. La Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-DH) urgió a “la rápida aplicación de la ley”. Planteó además que “es un paso positivo que debe enmarcarse en la discusión sobre la transformación del sistema de justicia de México”, para revisar figuras como la “prisión preventiva oficiosa” y “diversos tipos penales que llevan al abuso de la pena de prisión”.

En abril, Human Rights Watch pidió a México la “liberación inmediata de migrantes si ya no pueden ser deportados a sus países de origen o si se encuentran en detención arbitraria”, ello ante el cierre de fronteras y para prevenir brotes de coronavirus en los centros de detención. Denunció que “miles de migrantes están retenidos (…) en condiciones inhumanas e insalubres” por lo que no resulta sorprendente que desde marzo “personas detenidas en cinco centros de detención de migrantes en México han iniciado protestas y han exigido ser liberadas” por temor a contagiarse. Se han provocado “enfrentamientos en los que hubo decenas de heridos y al menos un muerto”, agregó. “Es absolutamente imperioso que el gobierno mexicano actúe de inmediato para liberar o encontrar alternativas”, recalcó. México no ha tomado medidas al respecto.

Megaproyectos: ¿actividades “esenciales”?

Líneas de tren en la actualidad, Palenque, una de las estaciones en el proyecto del Tren Maya © SIPAZ

Desde el 6 de abril, AMLO decretó la suspensión de labores para las actividades no esenciales por la emergencia sanitaria, pero quedaron eximidas las actividades relacionadas con los megaproyectos. Ratificó esta postura el 22 de abril, cuando dio a conocer una serie de directrices contenidas en un decreto para atender la crisis económica generada por la pandemia. Además de reducir el salario de los altos funcionarios y los gastos de funcionamiento de instancias de gobierno, plantea la garantía de continuidad de proyectos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la producción petrolera y programas sociales.

Ante ello, comunidades, activistas y organizaciones civiles pidieron la suspensión de la construcción del Tren Maya por poner en riesgo “la salud y la vida de las y los trabajadores que tendrán que continuar con las obras (…) así como de la población, mayoritariamente indígena, afectada por el mismo”. “Pareciera ser que el gobierno federal se aprovecha de la actual coyuntura para avanzar, sin el riesgo de oposición, en la continuación de un proyecto que ha sido cuestionado por diversos sectores y cuya opacidad incluso ha generado la emisión de una orden de suspensión por parte de un Juez Federal ante un amparo presentado por comunidades de Calakmul y Candelaria”, criticaron. Solicitaron también que, pasada la emergencia, se inicie “un proceso de diálogo real, serio, informado y equitativo que garantice los derechos” de los pueblos indígenas. Recalcaron que “de manera insistente se ha señalado la ausencia de información sobre los impactos ambientales, económicos y sociales que dicha obra acarreará”.

En mayo, una jueza federal otorgó un amparo a indígenas chiapanecos para que se suspendan las obras del Tren en el tramo de Palenque, ya que “potenciaría el riesgo de los habitantes de la comunidad Maya Ch’ol de contraer el virus Covid-19 y en esa misma proporción disminuiría la posibilidad de ser atendidos”. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), aseguró que no ha sido notificado y consideró improcedente la suspensión provisional. Posteriormente, la CNDH también hizo un llamado para detener los trabajos, lo mismo, por el riesgo de contagio que corren las comunidades indígenas y trabajadores involucrados.

En el caso del Corredor Transístmico, más de 150 organizaciones pidieron la cancelación inmediata del Programa. Se pronunciaron a favor de construir una propuesta alternativa -a partir de una reflexión y un dialogo horizontal. Denunciaron que no ha sido respetado el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y afro. Además, prevén impactos ambientales “de permitirse la nueva imposición de este conjunto de megaproyectos (…), se agudizaría la contaminación, la afectación a la salud y el calentamiento global, y se comprometería las necesidades básicas de los habitantes y pueblos de una amplia porción del sur-sureste”. Recordaron que proyectos de “desarrollo” instrumentados en el Istmo, “no han beneficiado realmente a las poblaciones locales; por el contrario, han generado un deterioro severo en sus formas de vida, sus culturas, el medio ambiente, el tejido social comunitario, y se han visto afectadas por un aumento de la militarización”.

Invisibilización de otros pendientes en materia de derechos humanos en medio de la pandemia

#SeguridadSinGuerra © CDH Fray Vitoria

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, mujeres mexicanas hicieron historia realizando marchas y otros tipos de manifestaciones, logrando una convocatoria nunca antes vista para exigir una mayor igualdad y protestar contra la violencia de género y los feminicidios. Además, tras la invitación a un paro nacional para el 9 de marzo, con hashtags como #ElNueveNingunaSeMueve, se calcula que alrededor de 22 millones de mujeres se sumaron (ver Enfoque y Artículo).

En marzo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), presentó un informe en el que reiteró el peligro para defensores del medio ambiente en México. Destacó que, entre enero de 2012 y diciembre de 2019, se contabilizaron 499 ataques contra defensores del medio ambiente y 83 asesinatos. Durante 2019, el primer año completo del gobierno de AMLO, se presentaron 39 agresiones, 15 de ellas siendo asesinatos. CEMDA subraya que: “no se ha avanzado en un cambio estructural que genere las condiciones apropiadas y seguras para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos. Actualmente, aún nos encontramos con discursos y narrativas desde el gobierno que descalifican y estigmatizan la defensa de derechos humanos, lo cual polariza la percepción de la sociedad logrando deslegitimar y crear un ambiente hostil para que otras agresiones puedan cometerse.”

El 10 de mayo, día de la madre en México, mujeres se manifestaron para ratificar que seguirán buscando a sus hijos desaparecidos. La convocatoria fue amplia y, por la pandemia, las protestas adquirieron otras formas que incluyeron acciones en redes sociales o caravanas automovilísticas. Organizaciones de familiares urgieron al gobierno a que, a pesar de la contingencia, no se detuviera la búsqueda de los más de 61 mil desaparecidos y a que se acelerara la identificación de los más 37 mil cuerpos que están en calidad de desconocidos.

También, en mayo, fue publicado un decreto que atribuirá a las Fuerza Armadas labores de seguridad pública durante los próximos cinco años, en auxilio de la Guardia Nacional (GN), hasta que ésta desarrolle su estructura, capacidades e implantación en todo el territorio nacional. No se aclara quién tendrá el mando de las fuerzas castrenses dedicadas a estas tareas. El colectivo #SeguridadSinGuerra externalizó su rechazo al decreto al considerar que “tiene una serie de vacíos, entre ellos que no se precisa el ámbito temporal y geográfico en que actuarán las Fuerzas Armadas con atribuciones de seguridad pública, no contempla mecanismos de rendición de cuentas ni tampoco garantiza que las fuerzas armadas se subordinen a un poder civil”.

CHIAPAS: un sector salud que fácilmente podrá quedar rebasado

© SIPAZ

A mediados de marzo, antes de las medidas gubernamentales, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), anunció las acciones que tomará ante la pandemia, incluyendo un cierre total de sus estructuras autónomas y un llamado al confinamiento para sus bases de apoyo. Invitó a la población en general a “que tomen las medidas sanitarias necesarias que, con bases científicas, les permitan salir adelante y con vida de esta pandemia”. Ello sin “dejar caer la lucha contra la violencia feminicida, (…) en defensa del territorio y la Madre Tierra, (…) por l@s desaparecid@s, asesinad@s y encarcelad@s y (…) por la humanidad”.

En abril, organizaciones de Chiapas pidieron al gobierno: “atender las determinaciones sociales de la pandemia que sitúan a población migrante, niñas y niños trabajadores y en situación de calle, pobladoras/es de periferias urbanas, personas en situación de detención, trabajadoras/es precarizadas como sectores con mayor vulnerabilidad al contagio, al diagnóstico oportuno y al acceso al tratamiento”. En el caso de los pueblos originarios exigieron “respetar plenamente el ejercicio de su derecho a la autonomía y a sus propios modelos de atención a la salud”. La emergencia sanitaria “pone en evidencia el desmantelamiento de los sistemas públicos de salud”, denunciaron. Urgieron a que “bajo ninguna circunstancia se apliquen medidas de fuerza desde los cuerpos policíacos y militares para efectos de contención de la población.

No sólo el virus del Covid-19 “tiene amenazada la vida”

Chalchihuitán: Desplazados de Chalchihuitán © SIPAZ, Archivo

En febrero, la caravana “En busca de los 43” estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en 2014, en la que participaban familiares suyos, arribó a la escuela Normal Rural Mactumactzá de Tuxtla Gutiérrez. En respuesta a un bloqueo “más de doscientos policías estatales con tanquetas y bombas de gas lacrimógenos se apostaron en la entrada de la Escuela Normal (…) sin ningún protocolo empezaron a tirar los proyectiles de gas (…) con un saldo de tres estudiantes heridos, dos madres y su nieta de tres años”, informó el Centro de los Derechos Humanos Tlachinollan. El subsecretario de Derechos humanos, Alejandro Encinas, solicitó al gobierno del estado “la investigación y castigo a los responsables de dar la orden de reprimir a la caravana”. La Fiscalía General del Estado informó que dos policías fueron detenidos y que continúa abierta una investigación en contra de “quienes resulten responsables de los delitos de motín, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado y ataques a las vías de comunicación, así como lesiones en agravio de cuatro uniformados”.

En cuanto a defensores, en abril, el Frayba expresó su preocupación por nuevas amenazas de muerte y actos de vigilancia en contra del Padre Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel, “hostigamientos que también ponen en riesgo la seguridad de su equipo pastoral y de la población en general”.

Padre Marcelo Pérez en conferencia de prensa con la Sociedad Civil Las Abejas © SIPAZ, Archivo

En cuanto a desplazamientos forzados, de marzo a mayo, autoridades de Aldama y Santa Martha (Chenalhó), denunciaron actos de agresión entre pobladores, que tienen su origen en un conflicto añejo por la disputa de 60 hectáreas en la zona limítrofe entre ambos poblados. El presidente municipal de Aldama y el Frayba informaron sobre “agresiones con armas de fuego provenientes de grupos civiles armados de corte paramilitar de las comunidades de Santa Martha” en contra de habitantes de Aldama de forma casi cotidiana. Con resultado que “muchas familias huyeran [otra vez] hacia las montañas”. Paralelamente, autoridades de Santa Martha han señalado que “sus vecinos de Aldama fueron quienes iniciaron los disparos”. Aunque en junio de 2019, se firmó un pacto de no agresión, los ataques se mantuvieron.

En mayo, fueron denunciados disparos de armas de fuego en Chalchihuitán, presuntamente perpetrados por un grupo civil armado procedente de Chenalhó. En el contexto de la pandemia, estos ataques ponen en riesgo a cerca de 1.236 personas desplazadas, que se encuentran en situación de pobreza extrema. Obtuvieron un amparo para proteger su vida y seguridad, pero las autoridades “no han cumplido eficazmente con su implementación”, reclamó el Frayba.

Tierra y territorio: Se mantienen iniciativas de defensa

“Fuera Coca”, exigencia en la peregrinación del Pueblo Creyente, San Cristóbal de Las Casas, enero de 2020 © SIPAZ

En marzo, integrantes del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), cabecera municipal de Calakmul, Campeche, y miembros del área de derechos humanos de la diócesis de San Cristóbal (que lanzó una iniciativa en muestra de solidaridad a través de la cual se recabaron más de 12 mil firmas en 15 municipios de Chiapas), exigieron el respeto de los derechos de las indígenas afectados por el proyecto del Tren Maya, cuando no se cumplieron con los estándares internacionales en materia de consulta, y al no presentar un estudio de los impactos ambientales, económicos, sociales y culturales.

En marzo, el Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio” (FPDS) denunció que el gobierno de Chiapas lo convocó a una reunión de trabajo en la que participaron representantes de la empresa minera El Puntal. “para advertirles que el gobierno aplicará el “estado de derecho” para que la empresa de extracción de titanio reinicie sus obras. En presencia de la Fiscalía de Chiapas y la Procuraduría Agraria el empresario señaló a 12 integrantes del FPDS como los “líderes” de la organización y advirtió aplicar denuncias penales en su contra”. “Hacer uso del “estado de derecho” sería revisar todas las inconsistencias e irregularidades que presenta el proyecto”, reclamó.

En marzo, el Síndico del ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, solicitó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la revocación de la concesión otorgada a la empresa Coca-Cola FEMSA para aprovechar el agua del subsuelo en el municipio. Pidió “dar prioridad a las necesidades de la población sancristobalense sobre el uso comercial e industrial, en virtud de que nuestro municipio sufre de escasez de agua”. La Conagua respondió que “no existen elementos” para “revocar legalmente los títulos de concesión”. Agrupaciones defensoras del ambiente urgieron a la Conagua a que “reconsidere su postura”. Afirmaron que los “beneficios derivados de la generación de empleos (…), así como los recursos que destina para el financiamiento de algunas organizaciones civiles (…), quedan anulados y superados por los daños y riesgos que la extracción de agua produce”.

OAXACA: Luchas en defensa de la tierra y el territorio en el contexto de la pandemia

“Prensa, no disparen” © Desinformémonos, Archivo

En abril, el gobernador Alejandro Murat, publicó un decreto en el que se plantean medidas para enfrentar la pandemia, una de ella siendo el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos. Quienes incumplan con esta medida, deberán pagar una multa o quedarán expuestos a ser arrestados hasta por 36 horas. Diferentes organizaciones manifestaron que esta disposición “invade facultades federales y viola derechos humanos de pueblos originarios”, ya que resultan excesivas, especialmente para quienes deben salir día con día para ganarse el sustento. En mayo, Código DH ganó un amparo en contra de las disposiciones estatales, reconociendo que los criterios federales en ningún caso consideran el uso de la fuerza pública o la autorización de medidas sancionatorias o coercitivas.

En cuanto a defensores y periodistas, en febrero, una reportera y un camarógrafo que cubrían una protesta sobre un conflicto de tierras en el Tribunal Agrario de la Ciudad de Oaxaca, fueron amenazados de muerte en caso de no borrar su grabación. Poco después, integrantes de 10 medios fueron agredidos verbal y físicamente. Ante la ausencia de policías, la organización por la libertad de expresión Artículo 19 consideró “alarmante que no se garantice la seguridad de la ciudadanía y de quienes ejercen la libertad de expresión”. Reporteros de Oaxaca protestaron por las agresiones, más aún porque se suman “a una extensa lista de agravios en las que grupos, sindicatos, organizaciones y particulares creen que agrediendo a los representantes de medios de comunicación se difundirá sólo lo que a sus intereses convenga”.

Proceso de sanitización en San Cristóbal de Las Casas © Noé Pineda Arredondo

En mayo, apareció en el municipio de Nochixtlán, una manta con amenazas de muerte en contra de la edil y de los integrantes de la Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de junio (Covic). Dicha organización se conformó para exigir justicia ante la represión policiaca del 19 de junio de 2016, desalojando a integrantes del magisterio y padres de familia que protestaban contra la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, misma que dejó un saldo de seis muertos y 108 heridos. Se presume que estas amenazas deriven de los avances en la investigación en semanas recientes cuando fueron citados a comparecer Gabino Cué Monteagudo, exgobernador de Oaxaca, así como los secretarios de seguridad estatal y federal que fungían en ese entonces.

En cuanto a tierra y territorio, se siguen multiplicando recursos y esfuerzos de articulación. En febrero, indígenas de San Pedro Quiatoni ganaron un amparo en contra de empresas mineras subsidiarias de la estadunidense Gold Resource Corp al no haber sido respetados “el derecho al territorio, ni el derecho a la consulta y consentimiento”.

También en febrero, representantes de unas 50 comunidades y 20 organizaciones formaron la Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio. Ello para “lograr consensos de lucha en defensa de manera pacífica de la madre tierra, de sus culturas y de sus formas de organización propias”. Denunciaron que “el gobierno mexicano como fiel servidor de las empresas transnacionales ha promovido la privatización de las tierras ejidales y comunales (…) a fin de dar seguridad jurídica a las empresas” cuyos proyectos suelen traducirse en “destrucción del tejido social, la inmovilización de la protesta, destrucción y contaminación de los bienes naturales”.

Proceso de sanitización en San Cristóbal de Las Casas © Noé Pineda Arredondo

Igualmente, en marzo, la comunidad de Santa María Zapotitlán ganó un amparo contra la empresa minera Zalamera. El amparo consideró que existe un interés colectivo ya que “el territorio es la clave para la reproducción material, espiritual, social y cultural de un pueblo indígena”.

GUERRERO: Riesgo de invisibilización de múltiples problemáticas

Guerrero es otro de los estados donde las condiciones sanitarias, económicas y sociales previas a la pandemia, hacen temer que el COVID 19 pueda tener impactos trágicos. En abril, autoridades municipales y comunitarias llamaron la atención sobre las necesidades de los “hermanos indígenas y afros” no nada más en la crisis sanitaria sino por sus consecuencias. Pidieron que se “respeten las decisiones comunitarias de establecer sistemas de control para la entrada y salida de muchas comunidades”. Consideraron que “son medidas de protección drásticas, pero necesarias”. Pidieron poner atención a los jornaleros que trabajan en plantaciones agrícolas en el Norte quienes se vieron obligados a retornar sin “cuidados sanitarios”. Alertaron también sobre los migrantes en Estados Unidos, miles de guerrerenses en dificultad, algunos de ellos que regresaron y encontraron sus comunidades cerradas incluso para ellos.

© SIPAZ

Hasta en el caso emblemático de Ayotzinapa, el Comité de Madres y Padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en 2014 ha expresado su temor “que la agenda mediática concentrada en el tema sanitario invisibilice a los desaparecidos”. E marzo, fueron detenidos tres presuntos implicados en actos de tortura contra procesados por el caso. Además “estarían por ser detenidos el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, y el extitular de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta”. Organizaciones acompañantes reconocieron estas acciones “pues confirman lo que las familias siempre denunciaron: la manipulación de la investigación”.

En cuanto a la situación de defensores y periodistas, en abril, el delegado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero (CDHEG), Eliseo Jesús Memije Martínez, fue asesinado junto con su hijo en el municipio de Coyuca de Benítez.

Igualmente, en abril, Tlachinollan y la Red Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDT), denunciaron los riesgos que corren los integrantes del Centro Regional de derechos humanos Morelos y Pavón, quienes acompañan de las víctimas de desplazamiento forzado del municipio de Leonardo Bravo. En abril de este año, ellos, los desplazados y el periodista Ezequiel Flores de la revista Proceso fueron amenazados de muerte “por el grupo de civiles armados Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG), mediante una publicación en su página de Facebook”. Artículo 19 señaló que en el caso de Flores Contreras “han sido sistemáticas las agresiones verbales y físicas en su contra (…) de parte de agentes del Estado y presuntos miembros de la delincuencia organizada”. Artículo 19, ha documentado 280 agresiones contra la prensa en Guerrero, colocando la entidad como el cuarto estado más peligroso para el ejercicio periodístico.

Mientras tanto, desplazados de los municipios de Leonardo Bravo y Zitlala, denunciaron que “grupos armados han tomado el control de las comunidades de Carrizal de Bravo y El Balsamar”. Exigieron la presencia de la Guardia Nacional, solicitud que aparecía hace un año en la minuta que firmaron con la Secretaría de Gobernación para que “tomara el control de la seguridad en toda la región, pero el gobierno federal no ha atendido esta promesa.”

En mayo fue asesinado el líder opositor a la empresa minera Media Luna, Óscar Ontiveros Martínez, en el municipio de Cocula, ejecutado por un grupo armado. Familiares denunciaron que “fue por motivos político-laborales y en represión por su activismo en la minera (…), pues fue un obrero clave en el paro laboral de noviembre de 2017”. Recordaron que en 2018 fueron asesinados tres trabajadores que participaban en protestas exigiendo independencia sindical y respeto a los derechos de arrendatarios.

En los avances, en abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales las modificaciones de la Ley 701 de Reconocimientos, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero de 2018 “dado que no existió una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada”. Tlachinollan saludó que el fallo dejara “claramente establecido que no son las autoridades estatales las que unilateralmente pueden decidir el rumbo de la vida de los Pueblos”.