ACTUALIDAD: México – Agenda legislativa: un paso por delante, varios pasos para atrás

En noviembre fue promulgada la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desapariciones por particulares. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos afirmó que “es una muestra de buena voluntad frente a la magnitud que ha alcanzado la crisis de desapariciones”. Sin embargo exigió que “la promulgación tenga ruta clara para la implementación y cuente con los recursos adecuados y suficientes”. Cabe recordar que México cuenta con más de 32 mil personas desaparecidas y que una encuesta levantada por la Cámara de Diputados arrojó que la mayoría de los mexicanos califica como malas las acciones de búsqueda de personas, y mala o muy mala la labor para castigar a culpables. En enero, al entrar en vigor dicha ley, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas alertó que “si no se avanza en la lucha contra la impunidad, será imposible detener este flagelo”.

“Seguiremos luchando por un México en el que la seguridad no signifique estar en guerra», poster de #Méxicosinguerra

Otras propuestas o leyes aprobadas en los últimos meses, resultan preocupantes desde la perspectiva de los derechos humanos. La más polémica ha sido la Ley de Seguridad Interior que pretende regular la actuación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. Entre otros aspectos, establece el procedimiento con el que el presidente podrá ordenar la intervención de las fuerzas armadas cuando se identifiquen “amenazas a la seguridad interior” y cuando las capacidades policíacas resulten insuficientes para enfrentarlas.

Ha sido fuertemente cuestionada por organizaciones civiles nacionales e internacionales, así como por partidos de la oposición que consideran que militarizaría aún más el país y que abriría la puerta a más violaciones de derechos humanos. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein reconoció “que México se enfrenta a un enorme problema en materia de seguridad (…). Más de una década después de que las fuerzas armadas fueran desplegadas en la llamada guerra contra las drogas, la violencia no ha disminuido y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando abusos y violaciones de derechos humanos”. Por lo mismo, consideró que “regular las operaciones de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana no es la respuesta adecuada. El actual proyecto legislativo podría debilitar los alicientes que tienen las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones”.

No obstante, en diciembre, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la ley aunque afirmó que no la implementará hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie sobre su constitucionalidad. Para febrero, ya se habían presentado más de 10 impugnaciones ante la SCJN incluyendo acciones promovidas por diputados, senadores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como por municipios de varios estados.

De igual modo, fue aprobada por la Cámara de senadores la Ley de Biodiversidad que, según organizaciones civiles y académicos pone en riesgo los recursos naturales de México. Denunciaron que se omite la prohibición para realizar actividades mineras y de generación de energía eléctrica en las Áreas Naturales Protegidas (ANP). Greenpeace México también criticó “la escasa protección de los recursos genéticos y su mercantilización, que podría agudizar conflictos asociados al acceso y reparto de beneficios a comunidades locales o pueblos indígenas”.

En febrero, se empezaron a debatir la Ley General de Aguas que avanzaría hacia mayor privatización y variaciones de los costos en función de la utilidad que debe lograr el operador; así como una nueva legislación en materia laboral que podría generar aún mayor precariedad que la de por si existente.

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, manifestación en contra de la desaparición forzada © SIPAZ – Archivo

Derechos humanos: crisis generalizada

A principios de 2018, Human Rights Watch publicó su informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. En el caso de México, resaltó los abusos de miembros de las fuerzas armadas, la impunidad en casos emblemáticos (como Tlatlaya y Ayotzinapa), el uso habitual de la tortura, la Ley de Seguridad Interior y la violencia en contra de defensores y periodistas, entre otros.

Después de una visita oficial, los Relatores Especiales sobre libertad de expresión para las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacaron que “la violencia contra quienes ejercen el periodismo ha sido una crisis para México por más de una década y a pesar de la creación por parte del Gobierno de mecanismos de protección y persecución, todavía la impunidad y la inseguridad siguen caracterizando esta situación”.

En cuanto a derechos de migrantes, en diciembre, el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM) denunció que “aproximadamente 500.000 personas cruzan la frontera sur mexicana cada año. (…). La inseguridad económica combinada con el impacto de mega-proyectos de extracción de minerales y otros recursos, crean una situación de violencia estructural y desplazamiento forzado. Esta precariedad económica ocurre en un contexto de aguda violencia en estos países que cuentan con los niveles más altos de homicidio y de violencia de género en todo el mundo. Cuando los migrantes huyen de estas condiciones encuentran graves amenazas durante su trayecto a través de México donde la violencia de los grupos criminales y la corrupción de las instituciones del estado deriva en que los migrantes son secuestrados, extorsionados y traficados por grupos del crimen organizado”. El MMM expresó también que “el gobierno mexicano, en cooperación con el gobierno de los Estados Unidos, ha tratado de impedir que el flujo migratorio alcance la frontera norte a través de la militarización del territorio”, lo cual ha incrementado “la vulnerabilidad de los migrantes en tránsito”.

Elecciones 2018: prometen ser más peleadas y más caras que nunca

De acuerdo con un estudio del Pew Research Center realizado en 38 países, México es el país menos satisfecho con su democracia cuando sólo un 6% de los mexicanos está satisfecho con su funcionamiento. En este contexto, el próximo 1° de julio, se elegirá un nuevo presidente de la República, 128 senadores y 500 diputados federales. Además, en algunas entidades se elegirán representantes estatales y locales como gobernador, alcaldes y otros funcionarios.

En cuanto a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador al frente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) intentará por tercera vez ganar las elecciones. Hasta febrero, las encuestas lo ubicaban en el primer lugar en las intenciones de voto. José Antonio Meade Kuribreña, quien fue secretario de Hacienda, Desarrollo Social y Relaciones Exteriores, será el aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El panista Ricardo Anaya quedó como candidato de la coalición Por México al Frente, alianza atípica entre el conservador Partido Acción Nacional (PAN), el socialdemócrata Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento Ciudadano.

De los 53 aspirantes a candidaturas independientes sólo tres cumplieron los requisitos de un millón de firmas válidas que reflejen la dispersión territorial: Margarita Zavala, esposa del panista y ex presidente Felipe Calderón (2006-2012), Jaime Rodríguez Calderón (conocido como el Bronco, actual gobernador de Nuevo León) y Armando Ríos Piter (actualmente senador para el PRD). María de Jesús Patricio Martínez, aspirante postulada por el Congreso Nacional Indígena logró recabar 275 mil firmas en la búsqueda del registro, mismo que no logró alcanzar. Desde el inicio, Marichuy y el CNI dejaron claro que no querían llegar al poder, sino posicionar temas como derechos de los pueblos indígenas y participación política de las mujeres, además de organizarse y consolidar un Concejo Indígena de Gobierno (CIG) a nivel nacional.

Chiapas: creciente inseguridad y conflictividad

Dos muertes violentas en enero alarmaron a la sociedad ante la creciente inseguridad en el estado: la del biólogo y docente de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Adán Gómez González y el feminicidio poco antes de Gloria Castellanos Balcázar de 24 años también en Tuxtla Gutiérrez. Un artículo del portal Chiapas Paralelo enfatizó al respecto que “al identificarse con estos hechos se reconocen los demás que han quedado ocultos, el de muertes anónimas pero no menos dolorosas, la de tres personas que mueren en Chiapas de forma violenta cada dos días”. El Observatorio Ciudadano de Seguridad y ChiapasLigaLab también ha documentado el aumento de los casos de extorsión, robo de vehículos, secuestros, robo a casa habitación y violación sexual.

Ante el feminicidio de Gloria, el colectivo Voces Feministas afirmó que “las alertas de género, los sistemas preventivos y de procuración no funcionan en Chiapas, porque las políticas públicas al respecto se reducen a anuncios y declaraciones”.  Desde noviembre, y a un año de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Chiapas, la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio denunció acciones y omisiones gubernamentales. Afirmó además que el presupuesto destinado a la Alerta es un “botín político de los funcionarios corruptos que se roban el dinero del pueblo, como sucede con los recursos para los damnificados por el terremoto del 7 de septiembre”.

Altos de Chiapas: principal foco rojo

“Alto a la violencia y la corrupción. Solución inmediata al problema Chenalhó Chalchihuitán”, manta en el marco de la peregrinación de Pueblo Creyente, enero de 2018 © SIPAZ

El principal foco rojo en los tres últimos meses han sido los Altos de Chiapas. Un conflicto agrario por límites entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó desde 1973 se reactivó con una violencia sin precedentes en noviembre. Disparos de balas, casas quemadas, grupos de civiles encapuchados y llevando armas de alto poder sembraron el terror en la zona, provocando el desplazamiento de más de 5.000 personas. Particularmente llamativo como lo subrayó la diócesis de San Cristóbal de Las Casas fue “la impunidad con la que actúan los grupos armados al grado que ni la policía ni el Ejército han podido hacerse presentes para impedir la violencia, ni para desarmar a quienes imponen su control del territorio y de la población a través del miedo”.

El 13 de diciembre, el Tribunal Unitario Agrario finalmente ordenó la restitución al municipio de Chenalhó por parte del de Chalchihuitán de 365 hectáreas de terreno. Se estableció que se pagará una indemnización a quienes perderán sus terrenos y habitaciones en Chalchihuitán. Cabe destacar que la resolución del Tribunal está fechada al día 6 de noviembre, más de un mes atrás durante el cual, como lo denuncia la Diócesis de San Cristóbal de las Casas “la población desplazada ha sufrido miedo, frío, hambre, hostigamiento, enfermedades, daño psicológico y hasta la muerte de varios infantes y adultos.”

En enero, cerca de 4 mil indígenas de Chalchihuitán retornaron a sus comunidades después de casi dos meses de desplazamiento forzado, a pesar de no contar con condiciones de seguridad para hacerlo debido a la presencia mantenida de grupos que no han sido desarmados. Mil 165 personas se rehusaron a regresar por lo mismo. Quienes regresaron, expresó el párroco de Chalchuitán lo hicieron por las condiciones del desplazamiento forzado que generaron la muerte de 11 personas por hambre y frío.

¿Conflictos post electorales o preelectorales?

Por un lado, no se acaban de resolver conflictos postelectorales de las elecciones municipales de 2015: en las situaciones más fuertes, en enero, civiles fuertemente armados atacaron a pobladores que han venido exigiendo se reconozca su derecho a la libre determinación y la conformación de un gobierno comunitario en Oxchuc. El saldo fue de tres muertos y 17 heridos. La alcaldesa electa, María Gloria Sánchez, había sido expulsada del municipio por pobladores que rechazaban que ella y su esposo se hubieran alternado el poder durante tres periodos de gobierno, primero por el PRI, y, en este último periodo, por el Verde Ecologista. En febrero, el Congreso del estado la destituyó para iniciar una investigación en su contra.

Por el otro, ya parecieran gestarse nuevos conflictos en el marco del contexto electoral del 1° de julio cuando en Chiapas, además de las elecciones federales, se llevarán a cabo elecciones a gobernador y municipales. El proceso de definición de candidaturas en particular las que emanen de alianzas entre partidos ha sido particularmente enrarecido y de múltiples cambios hasta el cierre de este informe, en particular porque la alianza entre Partido Verde, PRI y Nueva Alianza que se definió a nivel federal generó conflictos y rupturas a nivel local ya que el Verde acusó al PRI de querer imponer su candidato. Cabe recordar que gran parte de los conflictos postelectorales del 2015 nacieron justamente de tensiones entre PRI y Verde en Chiapas. Los partidos PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y los locales Mover a Chiapas y Chiapas Unidos registrarán por su parte una candidatura común, donde el candidato podría ser Eduardo Ramírez, quien renunció al Verde en enero y es ex secretario de gobierno del actual gobernador. Los demás candidatos serían Roberto Albores Gleason, en representación del PRI, Verde y Nueva Alianza, y Rutilio Escandón, candidato de Morena, PT y Encuentro Social.

Defensa de derechos humanos entre denuncias y construcción de alternativas

Misa celebrada en el marco de la peregrinación del Pueblo Creyente de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, enero de 2018 © SIPAZ

El 20 de noviembre, el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) se movilizó a 107 años del inicio de la Revolución Mexicana. Subrayó que “persisten la marginación y la miseria de nuestros pueblos; la violencia es el pan de cada día y la inseguridad es lo que se respira en el ambiente. Aunado a esto, el circo colorido de los partidos políticos nos divide, y ellos se aprovechan de nuestra pobreza” mientras los gobiernos en todos los niveles “son cómplices del despojo, de los abusos, de la violencia y las injusticias”. Pidió se dé respuesta positiva a las solicitudes presentadas por las Comisiones de Gobierno Comunitario de los municipios de Chilón y Sitalá para que puedan gobernarse de acuerdo con su propio sistema normativo indígena.

En enero, indígenas de Amador Hernández, municipio de Ocosingo, expulsaron de su comunidad a 17 elementos de la Marina que incursionaron en sus territorios sin su permiso. La comunidad y otras organizaciones denunciaron que “se trataba de una operación de vigilancia y de control de nuestras comunidades en el marco de la implementación de la Gendarmería Ambiental anunciada en 2016. Se trata de un nuevo cuerpo de la Policía Federal encargado oficialmente de “garantizar y salvaguardar las áreas naturales protegidas” y oficiosamente de controlar y reprimir a la población para conservar los intereses del gobierno y las empresas”.

La comunidad de Amador Hernández expulsan a militares de su territorio, enero de 2018 © habitantes de Amador Hernández

El 25 de enero, el Pueblo Creyente organizó una peregrinación de más de 5 mil personas. Reafirmó que siguen con “la firme tarea de la lucha por la libertad, la paz con justicia y dignidad en beneficio de los pueblos.” Rechazó el “despojo de la Tierra y el Territorio y la privatización de los bienes naturales”, el impulso de reformas sociales estructurales, la corrupción e impunidad y el hecho que “en todo el país, y particularmente en Chiapas, no se realizan las consultas adecuadas cuando se elaboran leyes o se desarrollan proyectos que afectan los territorios y derechos de los pueblos originarios“, entre otros.

Igualmente en enero, trabajadores del sector salud denunciaron la represión y criminalización que están padeciendo. Explicaron que a pesar de ser el estado con más apoyo a la salud en el presupuesto federal, Chiapas presenta un desabasto de medicinas y malas infraestructuras debido a la situación de corrupción y mala administración. Denunciaron las órdenes de aprehensión que emitidas en contra de 4 trabajadores que habían participado en las huelgas de hambre por el delito de motín. Fue arrestado por lo mismo Límbano Domínguez Alegría.

El tema de Tierra y Territorio sigue omnipresente: en febrero, organizaciones de Canadá y México, familiares y amigos del defensor ambientalista Mariano Abarca Roblero, asesinado en 2009 en Chicomuselo, solicitaron al gobierno de Canadá que se investigara a diplomáticos de la Embajada de ese país que, acusan, solaparon las acciones de la minera Blackfire Exploration que fue señalada en relación a ese crimen que sigue impune.

Oaxaca: percepción de creciente inseguridad

Bettina Cruz © SIPAZ – Archivo

En noviembre, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) entregó su Primer Informe de Gobierno. Si bien reconoció que queda mucho por hacer afirmó que “se han establecido las bases del desarrollo de la entidad”. Los partidos políticos de la oposición señalaron la falta de atención a las necesidades de las y los oaxaqueños. La revista Sin Embargo resaltó que la entrega de este informe se dio “en un clima de reclamos, inseguridad y desconfianza”. Mientras el gobernador expresó que “en Oaxaca no pasa nada, podemos salir tranquilamente de nuestras casas, usar el transporte público”, Sin Embargo afirmó que “las estadísticas dicen lo contrario: los robos con violencia en Oaxaca suman (de enero a septiembre) 2 mil 722 (…). En el mismo periodo, se reportaron 703 homicidios dolosos”. Por lo demás, el acto se llevó a cabo en medio de una movilización de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que afirmó que a un año de gobierno de Murat “la cuenta está pendiente, ante la falta de respuestas en el ámbito educativo, jurídico social, humanitario y político para el pueblo de Oaxaca porque solo ha recibido paliativos y la administración de demandas”.

El incremento de la inseguridad es aún mayor para personas defensoras y periodistas. En enero, la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad denunció una serie de agresiones en su contra. Subrayaron que desde el 2011 han sufrido 11 allanamientos. Destacaron que “de las tres denuncias que se han interpuesto durante este sexenio no existe resultado alguno (…), lo que sin duda ha dado el mensaje de anuencia y complicidad de este Gobierno”. La Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos documentó que en Oaxaca se dan el 58% de las agresiones a mujeres defensoras a nivel nacional.

Otro ejemplo, en enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a México proteger la vida e integridad de Bettina Cruz ante la situación de riesgo que enfrenta por su trabajo en defensa de los derechos de los pueblos indígenas que se oponen a la construcción de proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec. Poco antes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso del proyecto Eólica del Sur en el que se ha denunciado la ausencia de consulta. Bettina Cruz declaró que “cada vez que presentamos un recurso nacional o internacional, nuestra vida y la de nuestras comunidades corre peligro. Cada vez que lo ganamos, el riesgo aumenta. (Pero…) a pesar de contar en distintos momentos con decisiones claras sobre el riesgo social y ambiental del proyecto y la violación al derecho a la consulta a nuestras comunidades, el gobierno y las empresas siguen desarrollándolo sin vergüenza”.

Entre otros ejemplos que afectan no solo a defensores sino a periodistas, en enero se reportó la desaparición del periodista del Sol del Istmo, Agustín Silva Vásquez (la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca documentó 144 agresiones contra personas ejerciendo su derecho a la libre expresión en 2017); y, en febrero, tres integrantes del Comité de Defensa de los pueblos Indígenas (CODEDI) perdieron la vida y dos quedaron heridos tras un ataque armado después de sostener una reunión con autoridades.

Guerrero: La violencia cotidiana

Agresión a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de La Concepción, Guerrero © Tlachinollan

La violencia sigue a la orden del día en Guerrero. De manera alarmante, en 2017, se cometieron 149 feminicidios en el estado. El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan denunció que “la saña con que las mujeres son asesinadas se ha incrementado exponencialmente. Son realidades que horrorizan con los perpetradores”.

En enero, parlamentarios y parlamentarias europeos expresaron su preocupación ante la situación de las personas defensoras mexicanas, y en particular, en el caso de Guerrero, “los familiares de personas desaparecidas, las comunidades que han sido desplazadas de manera forzada, así como las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos que les acompañan”. Poco después, miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) de La Concepción, municipio de Acapulco, fueron emboscados por personas armadas. Horas después, el gobierno estatal montó un operativo policiaco-militar de más de 100 elementos quienes catearon las casas de los miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), sin orden legal. Murieron 11 personas en estos hechos, 38 fueron detenidos, 10 de los cuales denunciaron torturas.

Desde noviembre, trabajadores de la minera Media Luna, de la empresa canadiense Torex Gold Resources, impulsaron un paro para “exigir el cambio de titularidad de su contrato colectivo de trabajo.” Varios diarios informaron que el problema derivó en el asesinato de tres empleados. En enero, policías y soldados tomaron el control de las instalaciones mineras y reventaron el paro laboral. La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) señaló que “este problema tiene un marco, y es el de la política federal y estatal actual de entrega de recursos y de apoyo irrestricto y servil a las empresas nacionales y extranjeras que imponen este tipo de explotaciones, afectando a los territorios de manera irreversible en términos ambientales, sociales y sanitarios”.

Los periodistas son otro sector vulnerable. El reportero de El Sur, Zacarías Cervantes, denunció que en noviembre fue interceptado por unos siete hombres quienes revisaron su automóvil y se llevaron su teléfono celular. En febrero, la periodista y bloguera Leslie Ann Pamela Montenegro del Real, alias la “Nana Pelucas“, fue asesinada en Acapulco. Desde diciembre de 2016, había sido amenazada por medio de narco-mantas. Tlachinollan repudió que la investigación del fiscal centrara sus baterías contra la víctima buscando vincularla con el crimen organizado.