Tanto en campaña como después de su victoria electoral en 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió una gran transformación de México. A 6 meses de iniciar su mandato, mantiene un nivel de aprobación por encima del 60%, en buena medida por recortes a gastos de distintas estructuras del Estado, algunas reformas y una amplia gama de programas para los pobres, entre otros. No obstante, algunos analistas han señalado varios elementos de continuidad y preocupación en distintos ámbitos. Un elemento clave de su campaña fue la lucha contra la corrupción pero no se han iniciado ningún proceso en contra de funcionarios públicos o empresarios por cargos de corrupción, por ejemplo. Además, según Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, más del 70% de sus contratos se dieron sin licitaciones.

En cuanto a seguridad, se aprobó la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo policial que contará con 150.000 elementos, después de hacer modificaciones importantes al texto inicial. El componente militar de la propuesta había desatado fuertes cuestionamientos tanto en el Congreso como por partes de organizaciones de derechos humanos. Entre los principales cambios, se establece que será de carácter civil, que si sus integrantes cometen algún delito, serán juzgados por autoridades civiles; y que los militares actualmente desplegados en tareas de seguridad pública se mantendrán en las calles mientras se conforme la Guardia Nacional en un plazo máximo de cinco años.

Más de 50 organizaciones civiles, académicos y activistas alertaron sobre la posibilidad que “lo único civil de esta guardia será su disfraz administrativo”. Pidieron a AMLO que cumpla sus promesas de campaña y “ya no insista en militarizar al país”. “Debiera ya estar claro que las estructuras militares no han servido ni servirán para atender situaciones de inseguridad pública», expusieron. No obstante, AMLO confirmó que el mando de la Guardia Nacional será un militar, lo mismo que las personas que conformarán su Estado Mayor. Recalcó que la Guardia Nacional va a pasar por un proceso de formación en derechos humanos y “uso moderado, regulado de la fuerza”. Para mayo, ya estaban distribuidos los 61.000 primeros elementos de la Guardia Nacional (de las fuerzas armadas y de la Policía Federal) sin que se hayan aprobadas todavía leyes secundarias que acaben de definir la totalidad del funcionamiento del nuevo cuerpo.

Derechos humanos: niveles de violencia y violaciones de derechos humanos siguen alertando a organismos multilaterales

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos © ONU/Jean-Marc Ferré

Al concluir su visita a México en abril, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Michelle Bachelet, se dijo sorprendida ante lo que encontró. “Sin duda, el caso de Ayotzinapa se conoce bien por la prensa, pero los 40.000 desaparecidos no era algo que tuviera así de claro, de los 26.000 cuerpos sin identificar (en los servicios forenses). O de casi 10 mujeres asesinadas al día. Sabía muy bien de la violencia, pero no tenía idea de la dimensión.” Señaló que México tiene cifras de muertes violentas propias de un país en guerra: 252. 538 desde 2006. También firmó un acuerdo de colaboración sobre la Guardia Nacional y para la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa (Guerrero, 2014). Destacó que las nuevas autoridades del país “han reconocido que México tiene una crisis de derechos humanos”, que se ve voluntad política para avanzar ante los pendientes.

Muchas de estas realidades fueron heredadas de administraciones anteriores. Ilustración de ello, en marzo, el Estado mexicano aceptó 262 de las 264 recomendaciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el contexto del Examen Periódico Universal (EPU), además de anunciar que creará una plataforma para procesar las más de 2.800 recomendaciones internacionales que el país ha recibido desde 1994.

Un tema endémico en dichas recomendaciones es el de la tortura. En abril, se presentó el “Informe Alternativo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de México” ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) para ayudar en la revisión de la aplicación de acuerdos internacionales en cuanto a su prevención, prohibición y sanción. El gobierno mexicano cuestionó este diagnóstico que refiere que la práctica de tortura en el país es “generalizada” cuando considera que “ha disminuido en los dos últimos años”; no obstante reconoció que la problemática sigue siendo “difícil y crítica”, en particular en los estados. El CAT emitió 98 recomendaciones que el gobierno mexicano se comprometió a trabajar (ver enfoque).

Otro tema que ha marcado la agenda de derechos humanos de los últimos dos sexenios es el de las desapariciones. En abril, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoció que “la desaparición de personas en México no se ha detenido y por el contrario, sigue en aumento en todo el país, con cerca de 30.000 personas desaparecidas, 1.306 fosas clandestinas halladas y 3.760 cuerpos o restos encontrados a la fecha”. El nuevo gobierno ha anunciado que se aplicará un presupuesto inicial de más de 500 millones de pesos. Los colectivos de familiares de víctimas han insistido en la creación de un Mecanismo Extraordinario Internacional sobre Identificación Forense y que se acepte la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU para analizar casos individuales, entre otras demandas. El subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas, considera que no habría necesidad de un nuevo mecanismo de asistencia internacional y anunció acciones como la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y la integración del Registro Nacional de Fosas.

Tema de menor visibilidad pero de creciente presencia a nivel nacional, en abril, ante la ausencia de una Ley General de Desplazamiento Interno, se aprobó un dictamen para tipificar como delito el Desplazamiento Forzado Interno (DFI). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatora Especial de Naciones Unidos en la materia exhortaron “a reconocer el fenómeno del desplazamiento interno, a elaborar un diagnóstico y a recolectar datos sobre las diferentes tipologías que tiene esta problemática en México.” Instaron a “desarrollar e implementar una ley específica y políticas públicas, (…) que cuentan con recursos suficientes”.

Mayor vulnerabilidad de personas defensoras de derechos humanos y periodistas

Algunas tendencias fuentes de preocupación se están presentando desde el cambio de gobierno. En febrero, 166 organizaciones reclamaron a AMLO por considerar que “es equivocada e injusta la apreciación y generalización” que ha hecho sobre la sociedad civil organizada, así como sobre su ética y compromiso. En más de una ocasión, López Obrador ha expresado críticas en este sentido y anunció que ya ninguna organización civil recibiría dinero del presupuesto público.

En cuanto a libertad de expresión, en marzo, la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) alertó que México sigue registrando numerosos actos de violencia contra reporteros estando en el lugar 147 entre 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. En los primeros meses del gobierno de AMLO, 10 comunicadores fueron asesinados. Por su parte, Artículo 19 señaló que las declaraciones estigmatizantes hacia la prensa realizadas por el presidente pueden “legitimar e incentivar ataques en contra de las y los periodistas en lo digital, en lo físico y afecta la pluralidad del debate público. Lo anterior incrementa el nivel de vulnerabilidad y riesgo al que se enfrentan las y los periodistas en el país más peligroso para ejercer la libertad de expresión en América”.

En marzo, AMLO y el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas, presentaron su diagnóstico del mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos. Encinas reconoció varias deficiencias, entre ellas, su carácter burocrático y reactivo. También cuestionó que la encargada de la operación del mecanismo sea una empresa privada. Adelantó que se mantendrán sus servicios pero “bajo un mecanismo de control y fiscalización mucho más directo” hasta que el Estado pueda asumir esta responsabilidad. El Espacio OSC lamentó que se haya reconocido la “inoperancia” del Mecanismo “después de 114 días de gobierno”, y “después del asesinato de al menos 15 personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.

Megaproyectos y derechos de los pueblos indígenas

Manifestación del Congreso Nacional Indígena en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, abril de 2019 © SIPAZ

En abril, en el marco del centenario luctuoso de Emiliano Zapata, en Chiapas, aproximadamente 3 mil integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) marcharon en San Cristóbal de las Casas. Denunciaron que el plan de desarrollo del presidente “trae despojo y destrucción de nuestros territorios”, con proyectos como el Tren Maya, el cual, advirtieron, “no pasará, cueste lo que cueste (…) aunque lo estén pensando hacer con su Guardia nacional”. Manifestaron que las nuevas autoridades “son los mismos capataces que quieren imponer proyectos de muerte con sus consultas mentirosas y amañadas”. En abril, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) publicó las bases de licitación para la ingeniería básica del Tren Maya, proyecto que conectará varios sitios turísticos del sureste del país. Fue abierta sin haber realizado un estudio de impacto ambiental ni consultas a las poblaciones indígenas. AMLO afirmó que es válido que se inicie este proceso, sin tomar en cuenta estos factores “porque los ciudadanos sí quieren que se construya el tren” y que “en la democracia es la mayoría la que decide, se respetan las minorías, pero es la opinión mayoría la que debe de tener la posibilidad de decidir al final”.

Otro proyecto polémico es el Corredor Transístmico, que plantea, con el Canal de Panamá como referencia, la conexión entre los dos océanos. De realizarse pasaría por la rehabilitación de vías férreas y de refinerías, la ampliación de carreteras y la modernización de puertos y aeropuertos además de por la creación de “zonas libres” para atraer inversiones privadas. Organizaciones civiles cuestionaron que “no han existido mecanismos legalmente adecuados para garantizar la libre determinación, autonomía, gobernanza ambiental, y transparencia en la toma de decisiones de los pueblos originarios sobre sus territorios. Por el contrario, como lo señaló Naciones Unidas en días recientes, las consultas realizadas por el gobierno federal, parecieran rituales de legitimación política, mas no un acto legal”. El CNI rechazó: “la supuesta consulta que pretenden realizar los malos gobiernos en diversas comunidades del Istmo de Tehuantepec los días 30 y 31 de marzo. Denunciamos las prácticas corruptas que los malos gobiernos a través del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas han estado realizando para buscar dividir, engañar e intimidar a nuestras comunidades”. Otras organizaciones de Oaxaca también rechazaron la realización de estas Asambleas y la premura con la que se plantearon desde un modo ajeno a “los tiempos, usos, costumbres y formas de toma de decisión de las comunidades, así como sus instancias representativas”.

Manifestación del Congreso Nacional Indígena en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, abril de 2019 © SIPAZ

Del lado gubernamental, Adelfo Regino Montes, encargado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) afirmó que se respetaron los estándares internacionales y que “en una segunda etapa se realizarán procesos de consulta específicos en aquellos casos de afectación directa a las tierras y otros aspectos fundamentales de la vida de las comunidades indígenas”.

Internacional: Crisis migratoria sin precedentes

El flujo de migrantes centroamericanos con destino a Estados Unidos se ha multiplicado desde el año pasado con la formación de caravanas procedentes principalmente de Centroamérica. Desde su llegada al poder, el nuevo gobierno apostó por facilitar visas “humanitarias” de un año que permitirían a sus beneficiarios trabajar y vivir legalmente en México. Fueron otorgadas más de 15.000. No obstante, para febrero, el gobierno mexicano decidió “ordenar” los flujos migratorios y la cantidad de visas cayeron de más de 11.000 en enero a unas 1.500 en marzo. Empezó a priorizar la entrega de “tarjetas de visitante regional”, que limitan la movilidad a cuatro Estados del sureste del país. Pretende evitar que más migrantes se concentren en la frontera norte y obtener mano de obra para la construcción de megaproyectos en estas zonas.

Ciudad Hidalgo, frontera con Guatemala, Misión de observación 2019 © SIPAZ

Mientras tanto, las deportaciones de migrantes desde México se han disparado. El número de expulsados casi se ha triplicado entre diciembre y abril, según el Instituto Nacional de Migración (INM), representando aproximadamente 45.370 personas y saturando la capacidad de los centros de internamiento. Ni los discursos antimigratorios del presidente estadounidense Donald Trump ni las acciones del lado mexicano han logrado reducir la presión sobre la frontera con Estados Unidos donde fueron detenidas 98.977 personas en abril, la cifra mensual más alta desde 2007.

En mayo, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano expresó que el inicio de caravanas migrantes ha llegado a modificar sustancialmente “el patrón migratorio convencional de movilidad humana dispersa e invisible, individual o en pequeños grupos, transmutándolo a una forma colectiva, pública”, lo cual además “puso al descubierto la ineficacia de las políticas de control migratorio”. Denunciaron que ni el gobierno anterior ni el actual han logrado dar respuestas integrales a las necesidades. Mencionaron la implementación de “medidas coyunturales, a corto plazo, y con limitada claridad y transparencia”.

Chiapas: problemáticas de derechos humanos más allá de la crisis migratoria

Elecciones por la vía de los usos y costumbres en el municipio de Oxchuc © SIPAZ

Un eje de renovada preocupación en Chiapas ha sido la militarización. En mayo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas denunció que militares realizaron actos de espionaje durante un encuentro de defensoras del territorio en Chicomuselo. Expresó además haber “registrado distintos actos de intimidación y hostigamiento en contra de defensoras y defensores (…) quienes se organizan en defensa de la Madre Tierra ante la reactivación de proyectos mineros en la región” desde enero. Este mismo mes, también informó que “desde diciembre de 2018, el Estado mexicano incrementó la militarización a territorios de Pueblos Originarios Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) especialmente en la región de la Selva Lacandona como parte de la continuación de la estrategia contrainsurgente para erosionar proyectos de autonomía en Chiapas”.

Otro eje de preocupación sigue siendo la situación en varios municipios de los Altos de Chiapas. En mayo, organizaciones civiles expresaron su preocupación ante “el accionar de grupos civiles armados de corte paramilitar, perpetradores de desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos en la región”. Recordaron que desde febrero de 2018, “la población del municipio de Aldama vive una situación de crisis humanitaria” debido al desplazamiento forzado de 2036 personas. Afirmaron que “el Estado mexicano no ha implementado las medidas suficientes y adecuadas para cesar la violencia”.

En cuanto a Tierra y Territorio, en febrero, en el municipio de Solosuchiapa, miles de personas marcharon-peregrinaron para exigir la cancelación de la Mina “Santa Fe” y la de todas las demás concesiones mineras al considerar que “truncará la posibilidad de desarrollo social, cultural, espiritual y de otras formas alternativas de vida”. En abril, el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) ratificó su oposición a la construcción de la súper carretera San Cristóbal de las Casas-Palenque. El proceso conformado por el Pueblo Creyente de la diócesis de San Cristóbal de las Casas de 11 municipios denunció que “se disfraza el saqueo con la construcción de una súper carretera, diciendo ser beneficio para los pueblos, pero realmente es una afectación directa a nuestros hermanos y hermanas que dependen directamente de la Madre Tierra”.

Conferencia de prensa de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres en Chiapas, marzo de 2019 © SIPAZ

Igualmente en abril, Oxchuc eligió su nuevo gobierno municipal a través de una votación a mano alzada. Fue la primera vez que un municipio de Chiapas elegía legalmente su gobierno por la vía de los usos y costumbres. Dos otros municipios en Chiapas, Sitalá y Chilón, están en un proceso similar.

En marzo, 6 presos en diferentes penales de Chiapas iniciaron una huelga de hambre exigiendo “justicia y su libertad inmediata e incondicional”, 7 recluidos más se solidarizaron después. El Grupo de trabajo “No estamos todxs” denunció que “los procesos jurídicos de estas personas están plagados de irregularidades y graves violaciones a sus derechos humanos». Si bien se inició un proceso de diálogo con el gobierno estatal (plazo en el que los huelguistas decidieron comer cada tercer día), para mayo, seis presos retomaron su huelga ante la falta de avances.

En marzo, la Campaña Popular Contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas dio a conocer su evaluación a dos años y tres meses de la Alerta de Violencia de Género (AGV). Declaró que ha “resultado ser una simulación y una burla para las mujeres violentadas y asesinadas. Así mismo denunciamos que, las autoridades (…) han generado impunidad y han mostrado indiferencia, negligencia, desconocimiento y hasta complicidad con los perpetradores”. Denunció que las acciones gubernamentales “son tan inocuas, superficiales e insuficientes que sólo han vulgarizado el concepto de género mostrando no sólo la incapacidad del gobierno para abordar el problema, sino también el carácter patriarcal obtuso de las instituciones”.

OAXACA: creciente vulnerabilidad para defensores y periodistas

Las tendencias nacionales al aumento de la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos y periodistas han sido particularmente sensibles en Oaxaca. En cuanto al primer sector, en mayo, la defensora de derechos humanos de Mujeres Indígenas por Ciarena A.C, Silvia Pérez Yescas fue víctima de nuevas agresiones a pesar de estar en el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras y periodistas. En abril, Juan Quintanar Gómez, asesor de comunidades indígenas en diversos conflictos agrarios, fue atacado en la ciudad de Oaxaca.

El Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas (COOA) denunció que “a pesar de nuestras múltiples denuncias, movilizaciones y exigencias ante las autoridades correspondientes, no hay sustanciales avances en los casos de los cinco asesinatos contra compañeros de CODEDI y otros tres asesinatos contra compañeros de OIDHO, UCIO-EZ y APIIDTT”. Igualmente señaló que “se utiliza la detención arbitraria y se fabrican órdenes de aprehensión para poder amedrentar a los que siguen teniendo el valor de organizarse, se criminaliza la protesta social y se financian campañas de desprestigio contra el pueblo organizado en los medios de comunicación”.

En mayo, a un año de la desaparición del defensor de derechos humanos Ernesto Sernas García, sus familiares y militantes de la Corriente del Pueblo Sol Rojo informaron que las instancias de procuración de justicia se han dedicado a “dilatar y obstruir el proceso de búsqueda”. Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas, igualmente condenaron la falta de avances. Consideraron que Sol Rojo sigue siendo el blanco de intimidación y ataques, una ilustración de ello siendo el asesinato del defensor Luis Armando Fuentes en San Francisco de Ixhuatán en abril. Instaron a «las autoridades mexicanas a abordar las causas subyacentes de la violencia contra los defensores de los derechos humanos, en particular los impactos adversos ambientales y de derechos humanos de los megaproyectos”.

La situación de la prensa no está mucho mejor. En marzo, el periodista Jesús Hiram Moreno fue herido en Salina Cruz. Aseguró estar convencido que no se trataba de un asalto, una de sus líneas de investigación siendo la corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex). En abril, inició una huelga de hambre cuando le fue retirado su escolta sin que hubieran avances en la investigación sobre la agresión. En abril, la reportera de Ana Luisa Cantoral recibió amenazas de muerte. Expresó que teme que las amenazas pudieran “estar relacionadas con su cobertura de sucesos que evidenciarían presuntas irregularidades al interior de la Secretaria de Seguridad Pública”. En mayo finalmente, fue asesinado Telésforo Santiago Enríquez, de la radio comunitaria “El Cafetal”.

GUERRERO: Crisis sin fondo

Manifestación por la aparición con vida de los 43 estudiantes de la Escuela Normal rural de Ayotzinapa en Guerrero © SIPAZ, Archivo

En mayo, durante una protesta por la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala en 2014, se informó que en “cinco meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el caso Ayotzinapa sigue estancado porque la FGR y la Sedena no tienen interés en resolverlo”. Se urgió a la Fiscalía General de la República (FGR) a nombrar al fiscal especial para el caso y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a entregar la información que tiene en su poder sobre la agresión.

Si el caso más emblemático del estado presenta pocos avances, no es de sorprender que otros indicadores sigan marcando un contexto altamente crítico. Tres defensores fueron asesinados en Guerrero entre febrero y mayo: en abril, fue asesinado Julián Cortés Flores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de San Luis Acatlán, “un atentado contra el sistema de seguridad y justicia comunitaria de los pueblos de la Costa-Montaña”, consideró el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan. En mayo, el CNI denunció el secuestro y asesinato del concejal José Lucio Bartolo Faustino y del delegado Modesto Verales Sebastián “por grupos narco paramilitares que operan en la región con la complicidad y protección de los tres niveles del mal gobierno”.

Otra ilustración de la extrema vulnerabilidad de los defensores en el estado, en marzo, el expreso político y fundador de la CRAC-PC en Tixtla, Gonzalo Molina González, al participar en una marcha en la Ciudad de México “sufrió tres intentos de secuestro a pesar de contar con el mecanismo de protección a defensores y activistas que otorga en el Estado Mexicano”, por lo que decidió ponerse a salvo por sus propios medios.

Otro elemento señalado en formas de agresión y control hacia defensores en el estado es el uso del aparato de justicia. Desde diciembre, se han sostenido mesas de trabajo entre organizaciones sociales y civiles y el gobierno del estado para revisar los casos de varios presos, además de para exigir el cese del hostigamiento en contra de miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (CECOP). Las autoridades han referido que la ruta jurídica será la que se privilegie. Tlachinollan considera que “el ministerio público obtuvo mediante Tortura, detenciones arbitrarias e incomunicación varias pruebas con las cuales se les ha llevado a juicio. El verdadero motivo de su detención es frenar su histórica lucha contra la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota”.

Otro tema que adquirió mayor visibilidad es el del desplazamiento forzado interno. Por 39 días alrededor de 350 personas, representando un poco más que la tercera parte de familias que fueron desplazadas de una comunidad de Zitlala y de ocho de Leonardo Bravo desde noviembre pasado, debido a la presencia y amenazas de un grupo del crimen organizado, realizaron un plantón frente a Palacio Nacional en la Ciudad de México para exigir atención a sus demandas. Decidieron regresar a Guerrero luego de firmar un acuerdo con el gobierno.