A diez años de la entrada en vigor de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en enero, la Secretaría de Gobernación inició los trabajos para reformarla.

“Es momento de hacer un alto en el camino y una profunda reflexión para encarar un fenómeno delictivo que lamentablemente, a pesar de las acciones que el Estado mexicano ha emprendido a lo largo de estos 10 años, no ha logrado revertirse”, aseguró el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez. “Actualmente el sistema federal que tenemos ha permitido que las autoridades locales se desentiendan de sus responsabilidades”, declaró. A pesar de la ley vigente de 2012, las agresiones en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos continúan: hasta abril de 2021 sumaban 1.848 personas con medidas de protección, de las cuales 191 son periodistas y 605 defensoras, según datos oficiales. Permanecen impunes en más del 90% los casos de agresiones en su contra, indicó Gobernación.

5 periodistas fueron asesinados tan sólo en el arranque del 2022. En enero, en aproximadamente 47 ciudades en todo México, miles de personas tomaron las calles para demandar justicia para exigir un alto a la violencia contra periodistas. Según datos de Artículo 19, 28 de los 142 periodistas asesinados registrados desde 2000 fueron matados en el período de mandato de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Según el balance anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF), por tercer año consecutivo, México es el país donde más periodistas fueron asesinados con un total de 7 en 2021, lo que eleva a 47 el número de víctimas en los últimos cinco años. De acuerdo con el informe, la impunidad total de la que gozan los autores materiales e intelectuales explica la persistencia de la violencia. RSF señaló que AMLO “no ha logrado mejorar la situación”.

En febrero, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca Villarreal, instó al gobierno mexicano a reconocer la “crisis” de violencia que atraviesa el periodismo en México. También le urgió a que suspenda el polémico espacio “Quién es quién de las mentiras”, que se presenta cada miércoles en las conferencias matutinas del presidente. Ello, porque “envía mensajes confusos sobre la intención gubernamental de garantizar la libertad de prensa” y es un “espacio totalmente extraño a los estándares democráticos de libertad de expresión”. El relator de la CIDH deploró que, en lugar de condenar tajantemente las agresiones contra la prensa, varias declaraciones suyas pueden ser entendidas “por la sociedad como una forma de disminuir la relevancia del problema”.

Megaproyectos declarados “de interés público y seguridad nacional” podrían agudizar el riesgo para defensores ambientales.

En noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo presidencial que declara “de interés público y seguridad nacional” las obras gubernamentales federales de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanas, ferrocarriles, fronteras, hidráulicas, hídricas, en materia de medio ambiente, turismo, salud, energía, puertos y aeropuertos. También aquellas que, por su complejidad, objeto, características, naturaleza y magnitud, se consideren prioritarias o estratégicas para el desarrollo nacional.

Este acuerdo ha desencadenado severas críticas. Personas expertas, organizaciones civiles, ex ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han coincidido en señalar que AMLO se extralimitó en sus atribuciones, ya que no puede modificar los plazos marcados por la legislación vigente. En este sentido afirman que el Acuerdo es inconstitucional y violatorio de derechos humanos, dado que no solo fomenta la opacidad, al posibilitar que la información sobre las obras se declare bajo reserva, sino que desarma legalmente a la ciudadanía que se ampara frente a ellas.

En contraste, el director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Rafael Marín, comentó que el Acuerdo no sólo facilitará la reducción de los trámites y tiempos que impiden el avance de las obras, sino también garantizará la rápida intervención de la autoridad para contener probables bloqueos carreteros. Para el ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC), Francisco Córdova, “es una medida desesperada”, para darle salida a proyectos que, por su magnitud, alcance y costo, rebasan los seis años de construcción.

El Congreso Nacional Indígena (CNI) se manifestó contra esta política que “legaliza el despojo con la fuerza pública para instalar los megaproyectos”. En enero, informó que obtuvo por parte de un juez federal la suspensión provisional del acuerdo presidencial en respuesta a 17 amparos que interpusieron pueblos y comunidades indígenas de Jalisco, Querétaro, Puebla, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y CDMX, participantes en el CNI.

La preocupación de parte de organizaciones civiles se agudiza por la militarización ya no solo de la seguridad pública, sino también de todos los ámbitos de la sociedad. En febrero, AMLO anunció la creación de una empresa militar llamada “Olmeca, Maya Mexica”, que se encargará de administrar el Tren Maya y los nuevos aeropuertos de Santa Lucía, Tulum, Chetumal y Palenque. “Va a destinar el 75 % de sus utilidades para las jubilaciones (…) de integrantes de las fuerzas armadas”, declaró. Agradeció reiteradamente el apoyo de las Fuerzas armadas no sólo en grandes obras (incluida la construcción de los cuarteles de la Guardia Nacional y las sucursales del Banco de Bienestar) sino también en la atención de la pandemia. “Se está trabajando para el desarrollo de México y lo estamos haciendo gracias a la colaboración de las fuerzas armadas, sin retórica, sin demagogia, (les digo) hubiese salido muy difícil enfrentar la crisis sanitaria, la economía, sin el apoyo de las secretarías de Defensa y Marina, dos pilares del Estado Nacional”, agregó.

CHIAPAS: violencias se vuelven cada vez más cotidianas

En enero, se llevó a cabo una peregrinación del Pueblo Creyente como parte de las celebraciones por el 11º aniversario de la pascua del obispo Jtatic Samuel Ruiz García, que contó con la participación de más de 3.000 personas. Se leyó un comunicado mediante el cual dieron cuenta del contexto que se vive en sus comunidades, “sobre todo la inseguridad, la violencia y la disputa territorial provocada por el crimen organizado, ante las cuales las autoridades de los tres niveles de gobierno se ven rebasadas, permisivas y coludidas. (…) Se ha evidenciado más en este último año la desaparición de personas, niñas-niños, hombres y mujeres, de diferentes edades. Y por el miedo a represalias y el no ejercicio del Estado de derecho la gente no denuncia. (…) También la amenaza y asesinato a líderes sociales y comunicadores sociales, así como amenazas a Agentes de Pastoral”. Denunció además la militarización, impunidad y tráfico de migrantes, entre otros, y reafirmó su compromiso en la defensa de la tierra y territorio.

La zona de los Altos es una de las regiones donde la agudización de la violencia ha sido más notoria. En diciembre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano poder “efectuar una visita in situ a fin de conocer la situación de las Medidas Cautelares implementadas en los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó”. Ello, al considerar que “se mantienen los factores de riesgo que ponen en peligro la seguridad y la vida de los habitantes de 22 comunidades indígenas de Chiapas”: 9 comunidades colindantes del municipio de Chalchihuitán y una de Chenalhó; y 12 comunidades del municipio de Aldama colindantes con la comunidad Santa Martha del municipio de Chenalhó. Frayba detalló que “la CIDH ha evidenciado que a la fecha las investigaciones ministeriales no cuentan con elementos que permitan indicar que se ha logrado el desarme y desarticulación de las personas pertenecientes a los grupos armados que operaran en las zonas afectadas, pese a las acciones implementadas como el programa de canje de armas y las actividades de inteligencia”.

Igualmente, en diciembre el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la solicitud de licencia de los integrantes del ayuntamiento de Pantelhó después del desafuero, en octubre, del presidente electo Raquel Trujillo Morales, a petición de la fiscalía general del Estado que lo acusa del delito de homicidio. Pedro Cortés López fue elegido presidente del concejo municipal mediante el sistema de usos y costumbres en agosto después de la irrupción del grupo, que se autodefine como, “Autodefensas del Pueblo El Machete”. Teóricamente concluyó sus funciones el 30 de septiembre, pero siguió gobernando de facto, debido a que no quisieron dejar entrar a Raquel Trujillo Morales o a su ayuntamiento al vincularlo con la delincuencia organizada.

En febrero, la Comisión Nacional de Búsqueda ingresó a Pantelhó para buscar a 21 personas desaparecidas tras el levantamiento popular en pro de mayor seguridad en julio de 2021. Fueron retenidas y exhibidas en julio, cuando más de 2 mil pobladores de las 86 comunidades indígenas y los 18 barrios de Pantelhó se apoderaron de la alcaldía. Las familias de las 21 personas que la comisión está buscando, acusan a El Machete por haberlas secuestrado y desaparecido. “Dicen que El Machete asesinó a los 21. Nosotros no los tenemos, no los vimos. Puede venir la Comisión de Búsqueda, que los busque debajo de las piedras”, respondió el líder del grupo. “También nosotros tenemos familiares desaparecidos hace años”, dijo, y pidió a las autoridades que no busquen solamente a los 21, sino a los más de 200 desaparecidos previos.

Otro foco rojo ha sido Oxchuc. En diciembre tuvo lugar el plebiscito por usos y costumbres para elegir al nuevo presidente de este municipio. La inconformidad ante los resultados ha dado pie a varias situaciones de violencia, incluyendo bloqueos carreteros e incendios de casas entre otras. Cabe recordar que se preparan elecciones extraordinarias en seis municipios en los que las de junio pasado no se concluyeron debido a actos violentos y falta de condiciones de seguridad. Por lo mismo, la gente teme que se desate un clima de inseguridad debido a la disputa del poder político “donde las comunidades son rehenes de la falta de acuerdos, de la inseguridad y de los bloqueos carreteros”, menciona el Heraldo de Chiapas.

En el marco del Día Internacional de Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, en noviembre se llevaron a cabo varias actividades en la que se denunció la falta de atención por parte del Sistema de Justicia de Chiapas ante los feminicidios. Chiapas está entre los estados de México con más feminicidios: “el año 2021 cuenta hasta finales de octubre con 176 casos, de los cuales, 61 se apuntalan como feminicidios consumados”, reportó El Observatorio Feminista de Chiapas. También se registraron 574 desapariciones de niños y adolescentes en 2021, en donde las niñas y adolescentes mujeres representan el 72% del total.

La situación de migrantes es otra expresión de la creciente violencia. Diciembre quedó marcado por un terrible accidente que dejó al menos 53 muertos y más de 50 heridos, todos ellos migrantes provenientes de Centroamérica. Sucedió en el tramo carretero Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez cuando el chofer de un tráiler en el que viajaban más de 100 personas, perdió el control al ir conduciendo a exceso de velocidad. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, sección México, expresó que “se requieren alternativas migratorias y vías legales para evitar tragedias como esta”. El canciller, Marcelo Ebrard dio a conocer la creación de un grupo de acción contra la red de traficantes de personas involucradas. Posteriormente, más de 40 organizaciones de derechos humanos de México y Centroamérica denunciaron que este tipo de situaciones obedece a “la adopción de políticas migratorias fallidas” y que “el hacinamiento en que viajaban evidencia las adversidades que enfrentan [los migrantes]”. Condenaron que el gobierno mexicano haya aceptado el programa estadounidense adoptado por Trump en 2018 y retomado por Joe Biden Quédate en México, ya que empuja a las personas a buscar rutas cada vez más peligrosas.

OAXACA: Situación de vulnerabilidad de defensores y comunicadores espejeando el contexto nacional

En enero, un grupo de cuatro hombres fuertemente armados irrumpió en el domicilio de la defensora de derechos humanos Rogelia González Luis en el municipio de Juchitán de Zaragoza, Istmo de Tehuantepec. Quemó el equipo de cómputo y documentos, además de saquear su casa. Rogelia es fundadora del grupo de mujeres 8 de marzo, del Centro para la Atención a la Mujer Istmeña (CAMI) y de la Casa Refugio “China Yodo”. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) exigió a las autoridades garantizar su integridad física, así como la de las personas que se encuentran en su entorno. Subrayó que, de enero de 2018 a diciembre de 2021, inició 61 expedientes por agresiones contra personas defensoras, siendo las más recurrentes amenazas, detenciones arbitrarias y tratos crueles e inhumanos.

En febrero, el defensor comunitario Edgar Martín Regalado, integrante del Colectivo en Defensa de los Derechos Humanos y de los Bienes Comunales de Unión Hidalgo, fue víctima de un atentado. Afortunadamente salió ileso. La agresión se registró tan solo horas después de su participación en una rueda de prensa en la ciudad de Oaxaca, “donde posicionó las acciones emprendidas por dicho colectivo (…) contra la construcción y operación del parque eólico Gunaa Sicarú por parte de la empresa Électricité de France (EDF)”, alertaron las organizaciones que acompañan a la comunidad.

El empeoramiento de la situación de la prensa en todo México también se observa en Oaxaca. En enero, fue atacado a balazos el periodista José Ignacio Santiago Martínez, fundador y director de Pluma Digital Noticias en la Mixteca. En febrero, fue asesinado el periodista Heber López Vásquez en Salina Cruz, era director del sitio “Noticias Web” y había recibido amenazas de muerte en 2019; escribía con regularidad sobre política y corrupción. Oaxaca se considera como el segundo estado del país más letal para ejercer el periodismo, con 10 periodistas asesinados en el estado desde 2013, según Artículo 19.

Entre los defensores más vulnerables se encuentran quienes se organizan para defender su tierra y territorio. En diciembre, la organización Servicios del Pueblo Mixe A.C. denunció el incremento de las amenazas en contra de territorios indígenas por la imposición de megaproyectos sin consultar ni obtener el consentimiento de los pueblos. Afirmó que ha crecido el interés de las trasnacionales y del propio Estado para adueñarse de los territorios de propiedad social, lo cual genera riesgos para quien defiende el territorio sobre todo porque el gobierno federal se ampara bajo reformas legales para imponerlos.

Igualmente, en diciembre, la Asamblea Oaxaqueña en defensa de la Tierra y el Territorio realizó una conferencia de prensa “¡NO ES DESARROLLO, ES DESPOJO! Pueblo Indígenas, Megaproyectos y Criminalización en Oaxaca”. Se pronunció en contra de la instalación de megaproyectos en territorio oaxaqueño debido a las “graves consecuencias ambientales, sociales y políticas que acarrea a las comunidades que ahí habitan”. Denunció las problemáticas en el Istmo de Tehuantepec debido a la pretensión de realizar megaproyectos en territorios indígenas sin información ni consulta; denunciaron también las constantes violaciones a los derechos de las personas defensoras de su tierra y territorio.

Finalmente, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se llevó a cabo la jornada de protestas Memoria para Resistir “Ni perdón, ni olvido” en la capital oaxaqueña para denunciar los casos de violencia feminicida que, durante el sexenio actual, ha cobrado la vida de más de 500 mujeres y niñas. Señalaron al gobierno estatal por “su inacción frente a la violencia de género y la ineficacia de la alerta de género emitida en 40 municipios, pero implementada mediante la simulación”.

GUERRERO: Violencias sostenidas a pesar de cambio de gobierno

En enero, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan habló de la situación en la que se encuentran muchos sectores de la población de Guerrero a 100 días del nuevo gobierno de Evelyn Salgado Pineda (del partido oficialista, Movimiento de Regeneración, MORENA) donde “no existe la tonalidad ni el color del cambio”. La falta de atención de autoridades estatales y municipales para combatir la creciente violencia en el estado, los estragos de la pandemia y el desfondamiento de la economía familiar los tiene “en el filo de la sobrevivencia”, afirmó. A pesar de las altas expectativas que generó el triunfo de Salgado Pineda, la falta de resultados ha comenzado a materializarse en el enojo de ciertos sectores mediante bloqueos de carreteras, marchas y protestas. Contrario a respuestas prontas y satisfactorias, continúa la burocracia, las instituciones arrastran los vicios de la corrupción, continúan con las prácticas del desprecio e indiferencia a la población, la falta de atención digna y veraz, afirmó el Centro. Por otra parte, agregó que el diagnóstico revela la colusión de los poderes locales con organizaciones criminales donde la gobernabilidad “depende de los pactos que firman los ediles con los jefes de plaza”.

Para estas fechas, también se empezó a señalar la continuidad de la represión. En enero, más de 800 elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal de Guerrero arribaron a la caseta de cobro de Palo Blanco “para impedir que padres y madres de los 43 desaparecidos y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa protestaran en ese lugar”, informó Tlachinollan. Para el Comité de Padres y Madres de los 43, esta acción por parte del gobierno atenta contra sus derechos a la libertad de expresión y manifestación. “No existen fundamentos sólidos para impedir que las madres y padres de los 43 protestáramos, no se causa daño a terceras personas, (…), no se pone en riesgo la vida de las personas ni se genera violencia con nuestro acto de protesta ¿por qué entonces cancelar y restringir estas prerrogativas?” “(Al) gobierno no le interesa establecer el orden, ni evitar la violencia, su objetivo es impedir la protesta social, socavar la organización popular y medrar la libertad de reunión″, denunciaron. Ante la tentativa de dispersar el movimiento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Gobierno Federal y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda “abstenerse de incurrir en acciones que puedan poner en riesgo la integridad física de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos. (…) y en consecuencia garantizar su derecho a la manifestación pacífica».

En febrero, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa intentaron tomar la misma caseta de Palo Blanco nuevamente para exigir la aparición con vida de sus 43 compañeros desaparecidos. Sin embargo, fueron encapsulados por los policías. El saldo fue de 2 estudiantes heridos y 5 más detenidos -todos liberados horas más tarde-; el Comité de Padres y Madres de los 43 lamentó la respuesta violenta de las fuerzas armadas quienes “en una acción injustificada e innecesaria” y condenó la continuidad en la práctica represiva en contra de los movimientos sociales. Tlachinollan lamentó que la actual gobernadora “no haya propiciado un encuentro con los jóvenes normalistas”, asegurando que “en Guerrero ha brillado por su ausencia el diálogo”, a pesar de las comisiones que se han integrado con colectivos y movimientos junto con el presidente de la República para atender la grave situación de desaparición forzada.

AMLO, por su parte, afirmó que integrantes de la delincuencia organizada podrían estar infiltrados en la dirección del movimiento de los estudiantes de Ayotzinapa, por lo que hizo un llamado a los estudiantes a “no dejarse manipular” ni por el crimen organizado, “ni por la otra delincuencia de cuello blanco”. “Yo espero que depongan esa actitud y que no le hagan el juego a la derecha (…) Se puede luchar por los principios y los ideales, sin violencia”, exhortó.

Posteriormente, en el marco de los 50 años del asesinato del guerrillero Genaro Vázquez Rojas, miles de personas, entre ellas madres y padres de los 43 estudiantes normalistas, familias indígenas desplazadas y personas solidarias, se movilizaron para exigir el fin de la violencia y la impunidad, entro otros. Bajo la vigilancia de la Guardia Nacional y la policía estatal, los manifestantes, llevando carteles de fotografías de personas desaparecidas y de luchadores sociales asesinados, avanzaron por las calles de Chilpancingo, capital del estado. Denunciaron la falta de justicia en el estado y que “las autoridades y el actual gobierno de Guerrero no tiene una agenda concreta para enfrentar los graves problemas en la entidad”. Vidulfo Rosales, abogado de Tlachinollan, también dio a conocer que Guerrero es “un estado con las heridas abiertas de la guerra sucia, con un 99 por ciento de impunidad. Hay 5.300 personas desaparecidas y más de 30 defensores y periodistas asesinados desde 1996 a la fecha”.