En Chiapas como en el resto del mundo, los terribles hechos del 11 de septiembre generaron una fuerte conmoción. Se redujeron los espacios para hablar de otros conflictos por resolver, como el estancado proceso de paz en Chiapas y la problemática de los pueblos indígenas en México.

Ley indígena: la manzana de la discordia

En este nuevo marco internacional, el tema del proceso de paz en Chiapas fue relegado a un segundo plano. Cabe recordar que dicho proceso se rompió nuevamente en abril pasado, cuando el EZLN, junto con las organizaciones indígenas y populares calificaron de «traición» la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas aprobada por el Congreso federal y ratificada por el Ejecutivo a mediados de agosto.

El 4 de septiembre, el Comisionado para la Paz en Chiapas, Luis H. Alvarez volvió a mencionar la apertura del gobierno para reanudar el proceso de diálogo, «pero de ninguna manera vamos a quedarnos paralizados si [el EZLN] no desea hacerlo, pues se impulsarán programas sociales y se profundizará en los cambios institucionales derivados de la reforma.» Si bien «el EZLN tiene todo el derecho a disentir con lo aprobado por el constituyente, esto no justifica su negativa a abrir conversaciones con un gobierno que a todas luces ha dado muestras certificables de su compromiso por la paz.»

Aunque el EZLN no respondió a estos comentarios (su comunicado del 29 de abril planteaba una postura de por sí muy clara al respecto), otras organizaciones indígenas cuestionaron lo dicho por el Comisionado. La Asamblea Nacional Indígena Pluriétnica por la Autonomía (ANIPA) enfatizó: «No es posible tender puentes de diálogo y conciliación nacional cuando una de las dos partes, en este caso el gobierno federal, ha incumplido su palabra de propiciar el reconocimiento constitucional de nuestros derechos como pueblos, y en cambio aplaude la simulación, la mentira y la burla aprobadas en el Congreso de la Unión.»

En total se presentaron 329 controversias constitucionales contra la ley indígena ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los organismos indígenas y civiles siguieron expresando su rechazo a la ley aprobada. Varios llevaron la reclamación contra las reformas a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Dicha instancia las examinará -así como el informe presentado por el gobierno mexicano- y se pronunciará en mayo del 2002.

Frente a esta situación, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) propuso que se reabriera la discusión sobre la reforma indígena antes de finales de diciembre. Este partido considera que no se debe esperar el fallo de la Suprema Corte (anunciado para febrero a más tardar) para iniciar «la reforma de la reforma». A principios de octubre, más de 100 diputados de seis partidos políticos firmaron el Manifiesto de San Lázaro que del mismo modo propone rediscutir la reforma indígena. En su gira por Europa, unos días después, el mismo presidente Fox ofreció reabrir el tema.

El Partido de Acción Nacional (PAN) sin embargo expresó su desacuerdo. Manuel Bartlett, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que «más allá de las ocurrencias del presidente Fox, que ni su propio partido apoya,» la reforma constitucional en materia indígena «está firme, y no hay posibilidad alguna de reabrir la discusión.» Agregó que antes de diciembre estarán listas para ser aprobadas las reformas a 40 leyes secundarias.

La Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) se dividió alrededor del asunto, reflejando las diferencias existentes entre los partidos que la conforman. A principios de diciembre, el organismo de coadyuvancia llegó a plantearse la posibilidad de declararse en receso permanente.

Discursos de Fox sobre la situación en Chiapas

En Madrid, en el marco de su gira a Europa en octubre, el presidente Fox dijo que los zapatistas «han estado tranquilos y en paz después de todo lo que hicimos para buscar la pacificación en Chiapas.» Mencionó también: «Los desplazados […] han regresado a sus comunidades, a sus hogares, y todo está en paz y en tranquilidad.» Finalmente agregó que al resto de los «pequeñísimos grupos guerrilleros que aparecen de vez en cuando» en México «los queremos cercar y echarles el guante.»

Más tarde, en Italia, Fox aseguró que en México «hay una nueva ley de derechos y cultura indígena que comparada con otros países, con cualquiera, es de lo más avanzado y vanguardista que hay.» Ya finalizando su gira, concluyó: «Europa está claro: hoy hay un gobierno democrático en México, que respeta los derechos humanos, que atiende, que quiere y que respeta a sus hermanos indígenas.»

Aumenta la preocupación por la situación de los derechos humanos en México

En contraste con las declaraciones de Fox, el 19 de octubre fue asesinada en la ciudad de México la abogada y defensora de derechos humanos, Digna Ochoa. Al día siguiente, más de 80 ONGs exigieron la investigación expedita de este asesinato. Los gobiernos, los organismos internacionales y multilaterales, la sociedad civil y las iglesias del mundo también expresaron su repudio. El gobierno de Fox así como el del Distrito Federal de México (de cuya Procuraduría depende la investigación) se comprometieron a encontrar y sancionar a los culpables.

Poco después, el Presidente Fox indultó a los campesinos ecologistas de Guerrero, Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, detenidos y torturados por el Ejército en 1999 y falsamente acusados. Ambos habían sido defendidos por Digna Ochoa. De hecho, las pistas de investigación sobre su asesinato apuntan hacia el estado de Guerrero; allí la abogada había sido sometida a una fuerte vigilancia militar en una visita realizada poco antes de su muerte.

A finales de noviembre, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro realizó un balance de la investigación a 33 días del crimen de Digna Ochoa, en el que critica la falta de avances y de claridad en la metodología de investigación, la «fuga de información» y otras irregularidades y limitaciones que ponen en riesgo la eficacia del proceso.

Mientras tanto, las amenazas a los defensores de derechos humanos continuaron, extendiéndose a nuevas personas el 27 de octubre: Miguel Sarre, Sergio Aguayo, Edgar Cortez, Juan Antonio Vega y Fernando Ruiz, todos integrantes de reconocidas instituciones de derechos humanos en México.

El 15 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos planteó un ultimatum al gobierno de Fox para que libere inmediatamente al general José Francisco Gallardo, preso desde hace ocho años después de haber propuesto la creación de la figura de «ombudsman» en el Ejército.

Alta tensión en Chiapas

En las elecciones del 7 de octubre en Chiapas, y a pesar de sus fuertes divisiones internas, el PRI conservó una confortable mayoría en el Congreso de Chiapas, al triunfar en 21 de los 24 distritos (el PRD triunfó en dos y el PAN en uno). También ganó 72 de las 118 alcaldías (el PRD obtuvo 19 y el PAN 11). El abstencionismo fue de alrededor del 50%. En términos absolutos sin embargo, la votación por el PRI bajó. La prohibición de conformar coaliciones (como la que llevó al triunfo al gobernador Pablo Salazar) establecida el año pasado limitó la posibilidad de que ganaran otros partidos. También fue muy criticada la falta de capacitación de los funcionarios de casillas y el papel del Instituto Estatal Electoral. Diversos partidos políticos impugnaron los resultados de los comicios en 14 municipios de Chiapas y se han dado incidentes y manifestaciones de rechazo en varias zonas del estado.

También se han multiplicado y acentuado los conflictos entre organizaciones sociales e indígenas, incluso entre las que hasta ahora existía afinidad ideológica. Por ejemplo, la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) entró en conflicto con el EZLN alrededor del reparto de 800 hectáreas de tierra. A pesar de que se buscó abrir un diálogo entre ambas organizaciones sin intervención del gobierno, no se ha resuelto todavía el probelma de fondo. EN todo Chiapas, el saldo hasta ahora fue de muertes, heridos, desplazamientos, secuestros, quemas de casas y amenazas crecientes. Las causas de estos enfrentamientos son complejas, y tienen que ver con problemas no resueltos de tierra, luchas por la hegemonía en la zona y discrepancias sobre la estrategia política hacia las instituciones oficiales, particularmente en los procesos electorales.

Otro hecho de relevancia fue la detención el 6 de noviembre de quien fuera el procurador chiapaneco durante el gobierno anterior, Montoya Liévano. Se le imputa asociación delictuosa y peculado, y haber dado protección a escuadrones de la muerte.

En este marco de inestabilidad, se dio el retorno de las familias desplazadas de la Organización Civil Las Abejas (para más detalles, ver Enfoque).

No obstante, también se han dado signos positivos que apuntan hacia una mayor distensión en algunos puntos de conflicto: se han venido realizando oraciones ecuménicas en Chenalhó, y en la zona Norte se ha llegado a algunos acuerdos entre los distintos actores -con presencia del gobierno del estado- que permitieron la reapertura del templo católico de El Limar y de otro en Sabanilla.

A consecuencias de los atentados en Estados Unidos…

Unos días después de los ataques, que fueron fuertemente condenados por el gobierno de Fox, la presencia de fuerzas castrenses fue reforzada en Chiapas, especialmente en la frontera con Guatemala. La Organización de los Estados Americanos (OEA), de la que México es parte, declaró que los atentados fueron un ataque contra todo el continente y ofreció su apoyo militar en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

Lo ocurrido en Estados Unidos generó una polémica en cuanto a los grupos armados en México. El gobernador de Chiapas, Pablo Salazar rechazó que el EZLN fuera un grupo terrorista, como se indicó en un reporte de la agencia antidrogas estadunidense (DEA). Especificó que, «por el contrario, son luchadores sociales que buscan una solución a sus problemas de marginalidad, pobreza y exclusión.» El Comisionado para la Paz en Chiapas, Luis H. Alvárez, del mismo modo rechazó que el EZLN sea un grupo terrorista, pero dijo que no tenía suficientes elementos para opinar sobre otros grupos armados.

En forma más general, el Instituto Nacional Indigenista expresó su preocupación de que los grupos minoritarios, incluso los indígenas, sean «observados» y cuestionados en sus derechos, bajo el argumento de la «seguridad nacional.»

Finalmente, la desaceleración económica a nivel mundial agravada por lo ocurrido en Estados Unidos impacta fuertemente a México. En algunas zonas de Chiapas (con un precio del café 50% menos que el año pasado), los productores sencillamente decidieron suspender la cosecha. Cuando por otra parte se están reduciendo las posibilidades de migración hasta los Estados Unidos (en un 50% para la población mexicana, después del 11 de septiembre), la situación económica es particularmente crítica para los campesinos y trabajadores de los sectores populares.