En septiembre, se cumplieron siete años de la suspensión del diálogo entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El 17 de noviembre, el EZLN también cumplió 20 años de existencia, un evento que decidió celebrar internamente, aunque invitó a la sociedad civil nacional e internacional a participar en los actos que varias organizaciones, en y fuera de México, estuvieron realizando en este marco.

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A casi 10 años del levantamiento armado de enero del ’94 en Chiapas, las perspectivas de reanudación de un proceso de negociación parecen cada vez más remotas cuando cada una de las partes se mueve en función de estrategias, tiempos e intereses claramente diferenciados.

A nivel nacional, la agenda política de los partidos políticos está centrada en las reformas energéticas (electricidad y petróleo) y hacendaria, ya en un contexto de disputa por las próximas elecciones presidenciales (2006). El conflicto de Chiapas no es tema prioritario. En su visita por Chiapas, en octubre, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, afirmó respecto al tema que «hay una política que no ha variado desde el inicio de la administración, que ha incluido la presentación de la denominada iniciativa Cocopa, la excarcelación de presos vinculados con el EZLN (y) la reubicación de siete bases militares», refiriéndose a las tres condiciones planteadas por los zapatistas a finales del 2000 para reanudar el diálogo. Mientras el gobierno las considera cumplidas, la reforma en materia indígena finalmente aprobada por el Congreso de la Unión en el 2001 fue desconocida por el EZLN por considerarla una «traición» a lo establecido en los Acuerdos de San Andrés de 1996. En su visita, Creel también comentó que se espera la respuesta de los congresos estatales sobre la reforma constitucional «para hacer una valoración» y presentar un paquete de iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión.

Por otro lado, el EZLN ha suspendido cualquier contacto con el gobierno y los partidos políticos. Declaró que los Acuerdos de San Andrés serán «aplicados en territorios rebeldes» por la vía de los hechos. Las «Juntas de buen gobierno» (JBG), conformadas desde agosto pasado e integradas por delegados de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas en 5 Caracoles (ver informe de SIPAZ, agosto de 2003) representan un nuevo paso en la construcción de la autonomía zapatista, una apuesta a largo plazo, desafiando el poder «oficial» al asumir funciones de gobierno en todos los ámbitos (educación, salud, justicia, desarrollo, etc.).

Reposicionamiento del discurso oficial «post caracol»

Frente a la nueva estrategia zapatista, los discursos por parte del gobierno federal han ido en el sentido de que las Juntas de Buen Gobierno podrían enmarcarse en la Constitución. Los gobiernos federal y estatal se estuvieron «echando la pelota», sin que ninguno de los dos niveles de poder pareciera querer quedarse con la responsabilidad de responder a la nueva situación. Ciertamente, en la ley indígena aprobada en el 2001, la definición de los ámbitos y alcances de la autonomía quedan a cargo de los estados (fue uno de los puntos de retroceso comparado con San Andrés).

Sin embargo, en septiembre, la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Congreso del estado afirmó que «debe ser responsabilidad de la Federación y no del Congreso local, atender la nueva forma de organización zapatistas, porque es un asunto nacional», ya que, en 1994, el EZLN le declaró la guerra al gobierno federal.

Por su parte, en octubre, el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, reconoció que los esfuerzos del EZLN al crear las Juntas de Buen Gobierno «son interesantes» y que «no alteran la vida de los órganos constitucionales, los ayuntamientos ni del gobierno del estado». Destacó que el gobierno del estado, a diferencia de otros gobiernos en tiempos pasados, se ha mantenido y se mantendrá respetuoso de las decisiones de las comunidades zapatistas.

Tocará ver si esta postura federal y estatal se podrá sostener a mediano plazo en un estado donde tantos focos rojos pueden estallar en violencia abierta o, para retomar palabras de Samuel Ruiz, obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas, en una situación de «estancamiento formal [del diálogo] con deterioro real». Eso tanto más cuanto que la mayoría de las comunidades del estado se encuentran divididas y a pesar de la oferta zapatista de estar al servicio también de las personas no zapatistas viviendo en sus territorios…

Inconformidades por redefinición de territorios

La creación de las JBG promete una recomposición de las relaciones tanto hacia dentro como hacia fuera de los territorios zapatistas. A pesar del mensaje conciliador hacia los no zapatistas, la redefinición de dichos territorios no ha ido sin causar inconformidad por parte de otros actores sociales.

La mayoría de los casos se han presentado en la zona Norte del estado, donde la presencia zapatista no era tan visible hasta la creación de los Caracoles. En septiembre, la JBG «Nueva Semilla que Va a Producir» (Roberto Barrios) denunció hechos violentos ocurridos en diferentes comunidades de la región «por la colocación de carteles en carreteras, salidas o entronques de diferentes municipios autónomos»: golpes, amenazas de desalojo, letreros balaceados o destruidos, principalmente en los municipios oficiales de Tila, Sabanilla y Palenque.

A finales de septiembre, situaciones similares se presentaron en Ocosingo (Selva). Otro eje de tensión ha sido la construcción de carreteras en zonas zapatistas de los municipios de Chilón y Ocosingo, donde los zapatistas solicitan un pago por parte de las constructoras para trabajar en sus territorios.

Riesgo de escaladas de violencia

También resulta preocupante las denuncias de grupos señalados como paramilitares. Campesinos de la región Monte Líbano y Taniperla (Selva) informaron que se han vuelto a ver hombres armados, uniformados de negro, realizando movimientos y prácticas. En un comuicado del Caracol «Torbellino de Nuestras Palabras», la JBG Corazón del Arcoiris de Nuestra Esperanza denunció ataques de la banda Los Aguilares, en la comunidad K’an Akil, del municipio autónomo Olga Isabel (municipio oficial de Chilón) a finales de octubre: «se han registrado detonaciones y este grupo ha llegado a provocar y asustar en el camino de esta región, cerrar la vereda del arroyito donde las mujeres necesitan lavar su ropa y bañarse, pues es el único lugar que pueden utilizar».

En octubre, un centenar de bases de apoyo zapatista pertenecientes al municipio autónomo Francisco Gómez establecieron un plantón en la comunidad San Manuel, Ocosingo. Los habitantes de dicho poblado denunciaron que el 16 de octubre, un grupo de 15 priístas tapiscaron (cosecharon) casi una hectárea de milpa, propiedad de la comunidad. Dada la situación, los habitantes de San Manuel se encuentran en permanente vigilancia.

Los retos de las JBG en materia de justicia

La existencia de sistemas paralelos (entre la estructura oficial y la zapatista) adquiere su mayor complejidad en temas de administración de la justicia, por la pluralidad existente en territorios «zapatistas«. Dicha situación abre interrogantes respecto a la dificultad y legitimidad de «gobernar» a quienes no les han elegido como autoridades.

Uno de los primeros casos se dio a raíz de la detención de Armín Morales Jiménez, realizada el 2 de septiembre en San Pedro Michoacán por milicianos del EZLN «por apropiarse un vehículo que no era suyo» según la versión zapatista. En respuesta, miembros de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos – Histórica (CIOAC-H), retuvieron a siete personas, dos de las cuales pertenecen a comunidades zapatistas. 48 horas después, fueron liberados cinco de ellos. Los últimos dos (zapatistas) permanecieron secuestrados durante nueve días antes de ser liberados. A pesar de esta liberación, el tono seguía subiendo hasta que el 12 de octubre, Armín Morales fue liberado, supuestamente luego de que el gobierno estatal cubrió los 80 mil pesos de ‘multa’ que entregó al dueño del vehículo del que Armín Morales Jiménez se hubiera apropiado ilegalmente. La intervención por parte del gobierno del estado en el asunto fue bastante controvertida, al reconocer la legitimidad de facto del juicio emitido por la Junta de Buen Gobierno.

A principios de octubre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) señaló que «en la medida en que no se reconozcan los sistemas normativos de los pueblos indígenas, se seguirán propiciando problemas de este tipo, que vulneran los derechos y justas demandas de éstos, debilitando aún más el tejido social».

Otro caso a principios de septiembre llamó la atención. Tres indígenas, originarios de la comunidad de Flores Magón, municipio de Teopisca, fueron detenidos por transportar madera y acusados de ecocidio, «daño doloso y premeditado a la ecología» según el Código Penal. Estas personas tenían autorización del municipio autónomo Miguel Hidalgo para explotar y trasladar la madera por lo que, por primera vez, compareció ante un juez penal el presidente de uno de los concejos autónomos zapatistas. Los indígenas fueron liberados a los pocos días.

Se dieron otros varios casos que llevan a vislumbrar dos tipos de escenarios en el tema de la aplicación de la justicia en territorios plurales: aceptación y construcción de la legitimidad de las JBG o choque entre partes y eventualmente con el sistema de justicia «oficial«.

Montes Azules: tensa calma

Si bien no se han registrado hechos violentos en la biosfera de Montes Azules en los últimos meses, discursos contradictorios por parte de las distintas instancias gubernamentales contribuyen a mantener una alta tensión: mientras la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) afirmó que no se realizarán desalojos violentos en la zona, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), no descartó la posibilidad de aplicar la ley con «mano firme» y utilizar la fuerza pública contra las personas asentadas en esas tierras.

En octubre, la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC-Independiente), que está negociando con el gobierno la regularización de varios poblados asentados en Montes Azules, cuestionó lo expresado por la PROFEPA: «En lugar de contribuir a la solución del problema lo empeora, porque quiere decir que en el gobierno hay grupos que pretenden el desalojo con la fuerza, y eso descalifica las negociaciones y significa que las autoridades no tienen voluntad política verdadera de resolver el asunto».

Por otro lado, Felipe Villagrán, ex funcionario del Banco Mundial representando a los lacandones de Lacanjá Chansayab y los pobladores de Frontera Corozal y Nueva Palestina se reunió con el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía y diversos funcionarios estatales y federales. Solicitó que «se implementen de inmediato rondines día y noche por parte del Ejército Mexicano y un destacamento en Paraíso» (donde se localiza una comunidad zapatista), así como «la autorización para portar armas de bajo calibre para cuidado de los cultivos de los comuneros». (La Jornada, 10 de noviembre)

Militarización y movilizaciones frente a la militarización

Posteriormente a la creación de las Juntas de Buen Gobierno (JBG) en los municipios autónomos zapatistas, se ha reportado un incremento de movimientos de tropa (patrullajes y retenes militares) en varias zonas del estado, principalmente en la llamada zona del conflicto. Por otro lado, en los últimos meses, se ha observado un creciente rechazo a la presencia militar, una tendencia que no es exclusiva de las comunidades zapatistas.

Si bien en la mayoría de los casos, el rechazo se da de manera no violenta, se percibe una tensión creciente. De este modo, a principios de septiembre, más de mil indígenas del municipio de Chenalhó retuvieron a unos 35 integrantes del Ejército Mexicano, para que pagaran los daños que ocasionaron con sus camiones en la carretera de terracería. Fueron liberados con la condición de que el Ejército Mexicano proporcione material para arreglar dicha carretera, por un monto de hasta 15 mil pesos.

Por otro lado, en octubre, indígenas simpatizantes del EZLN de la comunidad Yulumchuntic, municipio de Chalchihuitán (Altos), retuvieron por varias horas a treinta elementos del Ejército Mexicano que realizaban un patrullaje para combatir la siembra y cosecha de drogas. Existen distintas versiones. Se escucha que les quitaron sus botas, los desarmaron y los obligaron a caminar en la cancha de básquetbol. Sin embargo, la JBG «Corazón Céntrico de los Zapatistas Delante del Mundo» dijo que tan sólo los dejaron afuera de la escuela de Jolitontic. Informó que los zapatistas rechazan la presencia de los militares en sus localidades y que en forma pacífica hicieron que se salieran, porque los militares habían instalado un campamento en territorio autónomo. Los soldados fueron liberados después de varias horas, tras comprometerse con los pobladores a que no pasarán por esa zona, luego del pago de una multa (20 mil pesos) y tras la intervención directa del comandante de la 31 zona militar.

En octubre, durante la Conferencia Especial sobre Seguridad Hemisférica realizada en México, los integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) se comprometieron a cooperar para enfrentar las amenazas a la seguridad, pero se dio libertad a cada Estado para identificar sus propias prioridades de seguridad y definir estrategias, planes y acciones para hacer frente a los retos que impone la nueva situación en el mundo. Se destacó que la paz se fortalece cuando se profundiza su dimensión humana y se promueve el respeto a la dignidad, los derechos humanos, las libertades fundamentales de las personas, la promoción del desarrollo económico y social y la lucha contra la pobreza, las enfermedades y el hambre.

En el marco del seguimiento del Encuentro Hemisférico frente a la Militarización de mayo, del 18 al 23 de noviembre, se realizaron las Jornadas sobre los Impactos de la Militarización «Por la desmilitarización, unamos nuestras resistencias», en San Cristóbal de Las Casas, otro esfuerzo en el marco de una semana de lucha que se realizó al unísono con otras manifestaciones y protesta en todo el continente.

Luchas compartidas

La solidaridad hacia el movimiento zapatista se escuchó en octubre, en el marco del Encuentro de Naciones Indígenas de México, donde unos 200 representantes de organizaciones y comunidades indias de Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Veracruz, estado de México, Sonora, Distrito Federal y Puebla, así como integrantes de agrupaciones sociales no indígenas reiteraron que los pueblos indios de México «reconocemos y elevamos los acuerdos de San Andrés como nuestra constitución indígena y exigimos la aprobación de la ley Cocopa» y que fue «una traición de los legisladores» no haberlo hecho. También se hizo un pronunciamiento en favor de las Juntas de Buen Gobierno anunciadas por el EZLN en Oventik.

El EZLN demostró su voluntad de ser parte de la alternativa global cuando, el 26 de octubre, el subcomandante Marcos envió un mensaje grabado a académicos, intelectuales y dirigentes que participaron en el encuentro En Defensa de la Humanidad realizado en la ciudad de México. El objetivo fue integrar un bloque defensor de los derechos de los pueblos y en contra del neoliberalismo y la globalización. Advirtió que la lucha contra la globalización del poder es una cuestión de supervivencia humana.