2014
04/02/2015
ENFOQUE: “No hay nota que valga una vida” – El valiente trabajo de las y los comunicadores en México
21/02/2015
La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero en septiembre, y los escándalos de las propiedades que el Grupo Higa vendió -en condiciones sospechosamente ventajosas- a la esposa del presidente Enrique Peña Nieto (EPN) y a su secretario de Hacienda, han impactado negativamente en la aprobación de su gestión, que se encuentra en los niveles más bajos desde el inicio de su administración. Eso se da además en un contexto económico adverso y lejano al que prometió en campaña, debido a la caída del precio del petróleo y la depreciación del peso frente al dólar. De acuerdo al propio Banco de México, la reforma energética, la gema de las reformas estructurales que marcaron el inicio de su sexenio, corre peligro en esta coyuntura.
Ayotzinapa: un proceso de investigación que no convence
© SIPAZ
Las acciones del gobierno federal sobre el caso de los 43 normalistas han provocado paso a paso el efecto contrario al que pretendía, no logrando una explicación creíble que permitiera «cerrar el caso». En el proceso, se fueron descubriendo cada vez más fosas clandestinas con cadáveres que no se buscaban, dejando al descubierto un problema de mayor amplitud. En un primer momento, el gobierno federal presentó el caso Ayotzinapa como un problema «narcopolítico» circunscrito a la región de Iguala y, como mucho, de Guerrero.
Debido a la presión nacional e internacional, el gobierno federal se vio obligado a atraer el caso. La licencia del gobernador perredista, Ángel Aguirre, en octubre, no alcanzó para apaciguar las manifestaciones que se multiplicaban tanto dentro como fuera del país, sino todo lo contrario. Esto limitó la lectura de la medida a un mero intento para resguardarlo de acciones judiciales. A lo largo de noviembre, se intensificaron las protestas en cantidad y en el modo, multiplicándose la toma de alcaldías, los daños en edificios y vehículos (algunos de estos hechos, con clara participación clara de personas infiltradas).
En lo que fue señalado como un afán de darle un «carpetazo» al caso, desde el 7 de noviembre, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que los 43 normalistas fueron presuntamente incinerados. Los familiares de los normalistas rechazaron esta versión y varios investigadores independientes subrayaron inconsistencias.
Ante manifestaciones que no disminuían, a finales de noviembre, EPN anunció públicamente diez acciones en materia de seguridad pública y de administración de justicia. Incluyen -entre otras- una Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las autoridades municipales, que permitiría al gobierno federal tomar el control de la seguridad en los municipios donde haya indicios de colusión entre autoridades y crimen organizado, y la creación obligatoria de policías únicas estatales que sustituyan a «más de mil 800 policías municipales débiles».
Al respecto, los grupos parlamentarios de oposición lamentaron que el Ejecutivo trasladara la responsabilidad del problema de seguridad al nivel municipal. Organismos de derechos humanos y de víctimas recordaron que no es la primera vez que el actual gobierno anuncia planes sin resultados a la fecha. Lamentaron que no haya habido ningún procedimiento de consulta para construir la propuesta. Alertaron además que gran parte de las medidas no implican acciones inmediatas para avanzar en la investigación de las más de 22 mil desapariciones forzadas que han sido denunciadas en los últimos años.
A principios de diciembre, ante la identificación de los restos de Alexander Mora Venancio, único de los 43 estudiantes identificado a la fecha, los familiares de los desaparecidos afirmaron que fueron sembrados para sostener la versión «oficial». En estas mismas fechas, se informó que sus defensores legales fueron fichados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que los califica como «peligro para la gobernabilidad». Organizaciones civiles lamentaron que el gobierno tratara de desacreditarlos, y que los recursos públicos se utilizaran para debilitar al movimiento en lugar de para combatir la corrupción de los «narcogobiernos» y luchar contra la impunidad.
Para enero, se seguía en el mismo punto: la PGR reafirmaba su versión que cuestionaban tanto los familiares de los desaparecidos como Amnistía Internacional. El Instituto el Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck (Austria) informó que «el calor excesivo ha destruido el ADN» de los restos presuntamente de los estudiantes desaparecidos.
Los familiares y el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan insistieron en que se investigara la participación del ejército y que se les permitiera entrar a los cuarteles en búsqueda de evidencia. A pesar de la apertura inicial de Gobernación, no se permitió dicha entrada. El 12 de enero, familiares de los estudiantes se enfrentaron contra elementos de la policía militar antimotín y policía estatal cuando intentaron entrar a las instalaciones militares de Iguala.
En febrero, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) declaró que el caso Ayotzinapa «ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas». Recordó al Estado su obligación de «investigar de manera efectiva a todos los agentes u órganos estatales que pudieran haber estado involucrados, así como a agotar todas las líneas de investigación». Paralelamente, las inconsistencias señaladas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) a la investigación de la PGR fortalecieron la exigencia de abrir nuevas líneas de investigación. La PGR, por su parte, intentó desacreditar la retroalimentación del EEAF. El 1ero de marzo, llegará a México el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes comenzarán la verificación de la investigación en el mismo caso.
La tentación de la represión
Varias de las manifestaciones multitudinarias en el país derivaron en situaciones de violencia. Por ejemplo, el 20 de noviembre, en la Ciudad de México, un grupo de jóvenes lanzó cohetones e intentó ir contra la puerta del Palacio Nacional. Los granaderos embistieron contra ellos y contra el resto de los manifestantes que no participaban en los disturbios. Ese mismo día, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, luego de que un grupo de personas identificadas como infiltradas quemara comercios y robara tiendas, se implementó -mucho tiempo después de los hechos- un fuerte despliegue policíaco durante el cual varias personas fueron detenidas. En diciembre, enfrentamientos en Chilpancingo, Guerrero, dejaron 22 personas heridas después que un grupo de estudiantes que hacía los preparativos para el Festival una luz en la oscuridad fuera agredido por policías.
En medio de esta gran efervescencia social, en diciembre, la Cámara de diputados aprobó un dictamen sobre «movilidad social» que, acusan algunas ONG y analistas, podría permitir a las autoridades frenar el ejercicio de las libertades de expresión, reunión y manifestación. Algunos legisladores de oposición lo calificaron como una «ley antimarchas». El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social señaló que resulta alarmante que la reforma se dé «en un contexto de enorme descontento social y manifestaciones públicas frente a las que se ha utilizado la fuerza pública de manera desproporcional».
Un cuestionamiento que va más allá de Ayotzinapa
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El caso de Ayotzinapa ha generado una solidaridad poco usual. No obstante, no es un caso aislado: la violencia es parte del pan cotidiano de una sociedad que expresó en sus múltiples manifestaciones no sólo su repudio ante la desaparición de los estudiantes, sino ante un sistema narcopolítico que funciona en la casi total impunidad.
Las denuncias de corrupción, en particular la «Casa Blanca» de la esposa del presidente (valuada en 86 millones de pesos), revelaron el «capitalismo de cuates, amigos y cómplices» (Proceso) que prevalece en el país. Nuevamente las explicaciones que se dieron desde el Ejecutivo no acabaron de convencer y contribuyeron a la pérdida de credibilidad y legitimidad de las autoridades. Ello podrá impactar en las elecciones de junio y julio, cuando se elegirán nueve gobernadores, 500 diputados federales así como Congresos locales y ayuntamientos en 17 entidades de la República Mexicana.
Otros actores llaman desde ahora a la abstención o a votar en blanco. En medio del debate, en febrero, familiares de los desparecidos de Ayotzinapa, junto con personalidades públicas como Raúl Vera, obispo de Saltillo, Coahuila, el sacerdote Alejandro Solalinde y el poeta Javier Sicilia, así como integrantes de organizaciones civiles y sociales, iglesias y sindicatos, lanzaron la iniciativa de un Constituyente Ciudadano Popular «que siente las bases democráticas para la elección de las y los representantes de un nuevo congreso sujeto a la voluntad de la ciudadanía, que destierre para siempre todo tipo de ordenamiento jurídico y económico que hace de la gestión pública un botín. Y que ponga fin a la impunidad, el racismo y el patriarcalismo».
Guerrero: Vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos
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Organizaciones cercanas al caso Ayotzinapa, como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan o la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos han sido objeto de intentos de descrédito. Lamentablemente, no son los únicos defensores vulnerables en el estado. En noviembre, el equipo del Taller de Desarrollo Comunitario (TADECO) fue amenazado a través de un escrito. En diciembre, fue encontrado muerto el sacerdote Gregorio López Gorostieta, en el municipio de Tlapehuala. Durante los pasados 12 meses fueron asesinados cuatro sacerdotes y un laico. De los casos reportados, cuatro ocurrieron en la región de Tierra Caliente, en Guerrero.
Vicente Suástegui Muñoz, hermano del vocero del Consejo de Comunidades y Ejidos Opositores a la presa La Parota (Cecop), Antonio Suástegui Muñoz, encarcelado desde junio de 2014, denunció que, en diciembre, marinos intentaron detenerlo afuera de su casa. En enero, autoridades judiciales resolvieron que las autoridades penitenciarias no justificaron el traslado de Antonio a un penal de máxima seguridad en Nayarit. Por lo mismo ordenó su reingreso a una cárcel de Guerrero. Tlachinollan había interpuesto un amparo «por considerar que existe un patrón sistemático en la utilización de los penales de máxima seguridad para castigar y acallar a los luchadores sociales y defensores comunitarios».
En enero, el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, solicitó al fiscal general estatal el desistimiento de la acción penal contra Nestora Salgado, quien fue arrestada en agosto de 2013, luego de que personas detenidas por la Policía Comunitaria, que ella lideraba, alegaron haber sido secuestradas. Un juez federal desestimó esos cargos en 2014, pero se mantienen cargos estatales. Sin embargo, la petición fue desechada por el fiscal luego de la presión ejercida por activistas antisecuestros.
Chiapas se pinta de verde
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Desde el inicio del ciclo escolar, el gobernador Manuel Velasco entregó millones de mochilas y uniformes, todo de color verde, el del partido que lo llevó al poder. Aunque todo el estado se esté pintando de verde, organizaciones medioambientalistas, como Maderas del Pueblo del Sureste o la asociación cultural Na Bolom, cuestionan la ausencia de un proyecto ecologista integral y autosustentable del gobierno actual, ello en medio de amenazas de reactivación minera en varias partes del estado.
Es de dominio público que Manuel Velasco Coello se propone ser candidato presidencial en 2018 y en eso parece querer seguirle los pasos a la fórmula mediática que usó Enrique Peña Nieto en su momento. Medios han reportado que ha gastado en propaganda e imagen 500 millones de pesos –provenientes del erario estatal– en apenas dos años de gobierno. Además, ha anunciado su matrimonio con una actriz de Televisa, algo similar a lo que hizo Peña Nieto con su actual esposa. Desde antes de su segundo informe de gobierno, la imagen de Velasco se encuentra en todas partes, medios de transporte o de comunicación. Muchas otras figuras políticas están usando también la misma estrategia.
A pesar del gasto evidente de Velasco y el Partido Verde Ecologista de México, en diciembre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró infundados los procedimientos sancionadores por el presunto uso indebido de prerrogativas para la difusión nacional del nombre e imagen de Velasco. No obstante, a mediados de febrero, el mismo Tribunal determinó que la difusión de cinco banners en la página electrónica de un periódico de circulación nacional contratados por el gobierno de Chiapas, era propaganda indebida.
Por otro lado, el 21 de diciembre, arrancó el primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo en el Estado de México. El evento fue encabezado por familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, a invitación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) quien les cedió su lugar. Contó con la participación de más de 80 organizaciones integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) representando a 35 pueblos originarios así como adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona de todo México y de 26 países. Los integrantes del EZLN que participaron en el evento lo hicieron «con el rostro descubierto para que no nos identifiquen. O, mejor aún, para que nos identifiquen como un@ más». Dicho Festival se cerró en enero, en Chiapas, luego de haber compartido en 4 estados de la República. En el Caracol de Oventic, el subcomandante insurgente Moisés externó que «ahora lo más urgente es la verdad y la justicia para Ayotzinapa», ya que «lo más doloroso e indignante es que no están con nosotros los 43».
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Además de marchas masivas en solidaridad con Ayotzinapa, en noviembre, en el marco del Día Internacional Contra la Violencia y Explotación hacia las mujeres, miles de personas pertenecientes al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal, peregrinaron simultáneamente en 12 municipios de Chiapas para manifestarse en contra de la súper-carretera San Cristóbal-Palenque; para exigir justicia por los desaparecidos de Ayotzinapa; en contra de la violencia hacia las mujeres, el alcoholismo, la Reforma Energética y la corrupción, entre otros temas.
Por otra parte, cerca de 250 mujeres y hombres marcharon este mismo día en San Cristóbal ya que ven «con mucha preocupación que el gran capital está en guerra contra todos los pueblos del mundo porque quiere despojarnos de nuestra tierra y de nuestro territorio, para invertir en empresas mineras, aeropuertos, hoteles, carreteras, puertos, semillas transgénicas, monocultivos, hidroeléctricas, etc.».
En el caso de mayor tensión, en diciembre, más de 300 personas del ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, recuperaron de forma pacífica las tierras en donde se encuentra el acceso a las cascadas de Agua Azul. El 9 de enero, al menos 900 policías estatales y federales desalojaron su campamento. Posteriormente, las y los ejidatarios de San Sebastián Bachajón instalaron una sede regional del ejido. Siguieron denunciando que se ha mantenido la presencia policíaca, que tanto el comisariado ejidal como su consejero de vigilancia están organizando a grupos de choque para hacer «disparos en la noche con armas de alto calibre», y que tienen «informaciones de que están preparando ordenes de aprensión para desaparecer la organización y desalojarnos de la nueva cede regional San Sebastián» (sic).
En cuanto a la omnipresente impunidad, a 17 años de la masacre de Acteal, municipio de Chenalhó, la organización Sociedad civil Las Abejas denunció que «(h)an transcurrido 17 años, cuatro presidentes de México y dos partidos políticos en el poder, (…) y ninguno ha tenido ni la dignidad, ni la humanidad, ni la decencia de aplicar justicia». El obispo, Felipe Arizmendi, subrayó que «es una vergüenza que ya casi todo los encarcelados por este crimen hayan sido absueltos, sólo porque hubo deficiencias jurídicas en su proceso penal, no porque sean inocentes». Cabe recordar que sólo quedan en prisión dos personas relacionadas con la masacre.
Oaxaca: Algunos avances y mucho por hacer en materia de derechos humanos
El 21 de enero, fue detenido Elías Cruz Merino, actual agente de San Juan Copala, como uno de los presuntos homicidas de Bety Cariño y Jyri Jaakkola (ciudadano finlandés). Ambos fueron asesinados en abril de 2010 cuando participaban en una caravana humanitaria a dicho municipio. En febrero, integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) denunciaron las amenazas recibidas por dos mujeres testigos en el caso luego de dicha detención. Ante la desprotección y la falta de respuestas eficaces de parte de las autoridades, la ANAD informó que decidió, con sus propios recursos, resguardarlas en una casa de seguridad en tanto pedirán a Finlandia que les conceda asilo por razones humanitarias. La ANAD denunció también intimidación y hostigamiento al juez y el fiscal que están integrando el caso.
© SIPAZ, archivo
En febrero, organizaciones civiles informaron que Bettina Cruz Velázquez, quien trabaja con los procesos organizativos en oposición a los proyectos eólicos del Istmo de Tehuantepec, fue exonerada de los cargos que se le imputaron tras una denuncia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En 2012, fue aprehendida por participar en una manifestación frente a instalaciones de la CFE. Aun celebrando los resolutivos en este caso, Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, resaltó que este es un caso emblemático del hostigamiento que sufren muchas otras personas defensoras en México. De hecho, en el caso de México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) tiene calculado que de inicios de 2013 a abril de 2014 se registraron 82 ataques a ambientalistas. 35 de las agresiones ocurrieron en Oaxaca, la mayoría de ellas, en contextos de megaproyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec, lugar donde se está dando en Juchitán un muy controversial proceso de consulta para un proyecto eólico.
En esta misma zona, el 5 de diciembre, dos personas resultaron lesionadas después de un enfrentamiento en San Dionisio del Mar, entre seguidores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) e integrantes de la Asamblea de Pueblos (ADPSM) de esta comunidad. El grupo de la ADPSM había establecido un bloqueo para impedir la entrada de personal del Instituto Nacional Electoral (INE) que pretendía organizar elecciones extraordinarias. La Asamblea de Pueblos denunció que el titular del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca es responsable de estos hechos violentos, «toda vez que se le anticipo que no existen condiciones de llevar a cabo elecciones municipales por las secuelas que dejo nuestra reciente lucha en contra de la empresa eólica Mareña Renovable, y el conflicto poselectoral con la consecuente rompimiento del tejido social. El gobierno federal y del estado de Oaxaca pretenden colocar funcionarios a modo en el municipio, para abrir la puerta de par en par a las empresas» (sic).
También, en febrero, se reunieron representantes de 25 poblados de los municipios de la Zona Norte del Istmo donde se señalaron varios casos de intimidaciones y amenazas de trabajadores de Pemex que preparan terrenos para la construcción del gasoducto que irá de Jalipan (Veracruz) a Salina Cruz (Oaxaca). Los participantes advirtieron que les impedirán el paso a sus tierras. Piden además de reparar los daños de más de 30 siniestros en los últimos 20 años, acciones de remediación ambiental y desarrollo en la región, así como información y consulta sobre el Proyecto Corredor Transístmico.
En materia de impunidad, el 25 de noviembre se recordaron los ocho años desde el enfrentamiento entre la sociedad civil y la policía en 2006, además de los 25 muertos, alrededor de 500 detenidos, 380 torturados y cinco desaparecidos, del conflicto que se vivió en Oaxaca en 2006 y 2007. La Comisión de Familiares de los Desaparecidos, Asesinados y Presos Políticos de Oaxaca (COFADAPPO), exigió a la recién conformada Comisión de la Verdad que ofrezca resultados reales al pueblo de Oaxaca. Ese mismo día, al conmemorarse el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se volvió a visibilizar la problemática en el estado. Para estas fechas, Consorcio Oaxaca tenía documentadas 344 feminicidios y 122 desapariciones de mujeres que no han recibido castigo durante los cuatros años del gobierno actual.
