Del 5 al 7 de julio se realizó en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el Encuentro Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, en el que participaron más de mil personas (indígenas y no indígenas) provenientes de 285 organizaciones, 23 estados de la República y 13 países.

El Encuentro se propuso como principal objetivo reactivar la articulación de iniciativas de la sociedad civil respecto al conflicto de Chiapas, con énfasis en la defensa a los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena.

Para ello se trabajó en torno a tres grandes temas: el primero fue el conflicto armado en México, sus consecuencias y el proceso de paz; el segundo fue democracia y derechos de los pueblos indígenas; el tercero, desarrollo económico alternativo para las comunidades, municipios y pueblos indígenas. Un cuarto tema -o eje transversal a los otros- fue la construcción de alternativas de articulación y participación civil nacional e internacional para alcanzar la Paz con Justicia y Dignidad.

El momento y las razones del Encuentro

La convocatoria partió de Samuel Ruiz -obispo emérito de San Cristóbal de las Casas-, junto con otras personalidades y miembros de la ex Comisión Nacional de Intermediación (CONAI), a los que se fueron sumando organizaciones civiles, intelectuales y representantes de diferentes sectores sociales. La iniciativa surgió después de una serie de reuniones en la ciudad de México para crear un nuevo esfuerzo por la paz.

Según Miguel Alvarez, de Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), «otra razón para convocar el encuentro es porque a corto plazo no se vislumbran posibilidades de reanudación del diálogo… desde la sociedad civil debía surgir la posibilidad de reactivar la atención nacional hacia la situación de Chiapas, debido a que la visión de la actualidad se reduce a diferencias intercomunitarias». (Hoy, 4/7/02).

Felipe Toussaint, de la Comisión de Apoyo a la Unidad y la Reconciliación Comunitaria (CORECO), y otro de los organizadores del Encuentro, considera que después de las grandes iniciativas de 1994-96, la movilización popular a favor de una solución pacífica al conflicto de Chiapas se redujo significativamente. La masacre de Acteal en 1997 generó una reacción importante, pero decayó después del golpe a los municipios autónomos, en 1998. Las elecciones de 2000 contribuyeron a la dispersión y división de la sociedad civil, que no obstante demostró una gran capacidad de movilización durante la marcha zapatista al Distrito Federal, a principios de 2001.

Sin embargo, el repliegue y el prolongado silencio de la comandancia zapatista después de la aprobación de la reforma indígena (que difiere de los Acuerdos de San Andrés), llevaron la situación a un impasse, que probablemente se extenderá hasta que haya una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre los recursos presentados contra la ley indígena. Según Toussaint, en esta coyuntura decisiva «era importante que la sociedad civil diga: aquí estamos presentes y queremos seguir trabajando a favor del proceso de paz, como un actor que tiene que estar en el proceso de paz».

Por su parte, Gonzalo Ituarte, ex miembro de la CONAI, comenta: «El Gobierno de Vicente Fox no tiene en este momento claridad del conflicto ni de un proceso de paz ni de la problemática indígena y sus causas de fondo… Hoy no se ve disponibilidad de un nuevo esfuerzo y en Chiapas hay polarización y destrucción del tejido social. La paz que habla Fox en sus viajes al extranjero, parecería que es sólo la del silencio de las armas y no se ha entendido que el conflicto está vigente, sigue el ejército en sus posiciones, el EZLN sigue armado, la declaración de guerra está vigente y se mantiene el problema de los paramilitares. Y mientras los responsables y protectores políticos, económicos y armados de la creación de estos grupos no sean castigados, difícilmente puede confiarse en condiciones mínimas para un diálogo de paz. (La Jornada, 11/7/02).

Ausencias, silencios y disputas

Los organizadores enviaron una carta al EZLN informándole de la realización del Encuentro y solicitando su apoyo para que sus bases participaran; también explicaron que su intención no era presionarlo para que modificara su estrategia actual. En todo caso, el EZLN no se pronunció a favor ni en contra del Encuentro, aunque fue evidente la participación de simpatizantes y bases de apoyo zapatistas. Según comentó Toussaint, «Tal vez al EZLN le importa ver los resultados del Encuentro, cuánta gente se logrará reunir. Y ver si la sociedad civil se sigue moviendo o no se sigue moviendo, porque desde el principio cuando dejaron de ‘sonar los fusiles’ como dicen y buscaron una solución dialogada y política, en quien se han querido apoyar es en la sociedad civil».

Los gobiernos federal y estatal al principio parecieron ver al Encuentro con buenos ojos. Santiago Creel, el secretario de Gobernación, declaró: «Espero que lo que se reflexione en San Cristóbal de las Casas sea algo que aporte, que enriquezca la reflexión y el debate sobre un asunto que requiere ser estudiado, que requiere de una reflexión permanente» (Diario de Chiapas, 5/7/02). Por su parte, el secretario de Gobierno de Chiapas, Emilio Zebadúa, dijo que el Encuentro «seguramente echará luces sobre lo que consideran ellos [los participantes] necesario para que el EZLN rompa el silencio y vuelva a dar una señal que permita vislumbrar una oportunidad para retornar al diálogo». (Expreso, 11/7/02).

Sin embargo, las relaciones se fueron tensando en los días previos a la inauguración. En conferencia de prensa, los organizadores manifestaron su temor de que el gobierno del estado «pretenda capitalizar este esfuerzo de la sociedad civil como si se realizara de manera conjunta con ellos o como si secundara sus iniciativas acerca de la cuestión de Chiapas». Además de marcar distancia, dejaron claro que no se dejarían presionar por el gobierno estatal, que, según ellos, pretendía a través del Encuentro presionar a los zapatistas.

Si bien hubo funcionarios del gobierno como observadores o participantes, pocos días después del Encuentro el gobernador Salazar cuestionaba: «Son ilusos, son ingenuos, son tontos los que creen que en Chiapas se puede construir un proceso de reconciliación en contra del gobierno, al margen del gobierno o aislando al gobierno». «Fueron propuestas de paz con lenguaje de guerra, propuestas de reconciliación pero excluyendo al gobierno». (Expreso, 11/7/02).

En opinión de Toussaint, «Pablo Salazar se olvida que estas organizaciones, que de alguna manera le ayudaron a llegar al gobierno, han mantenido su postura de actuar con una sana autonomía frente a instancias del gobierno, para mantener una capacidad de convocatoria y de diálogo con los actores que están en oposición al gobierno. (…) El proceso de paz es una responsabilidad de todos en la que cada quien tiene su función, y la sociedad civil tenemos nuestra función, y no tenemos que esperar que el gobierno nos diga qué es lo que vamos a hacer».

Logros, perspectivas e interrogantes

En términos cuantitativos, el Encuentro fue un éxito indiscutible. El historiador Andrés Aubry calificó al encuentro como un ladrillo para la construcción de la paz: la asistencia de más de mil personas de todas partes fue una muestra de que la sociedad civil no se encuentra pasiva. «La gente respondió a este evento, vino de todas partes y en buen número (…) [El Encuentro] muestra que la denominada sociedad civil responderá cuando haya una emergencia» (Expreso, 10/7/02).

Según Felipe Toussaint, otro logro fue que, al mismo tiempo que se reafirmó la defensa de los Acuerdos de San Andrés, hubo gran interés y esfuerzos por avanzar hacia una articulación mayor con otros temas como los económicos (particularmente la lucha contra el Plan Puebla-Panamá y el ALCA) y con otras iniciativas sectoriales.

Los participantes acordaron entregar las conclusiones del Encuentro a los ministros de la SCJN (el 14 de julio), y realizar un segundo encuentro en seis meses, posiblemente en el estado de Guerrero, para reafirmar el carácter nacional del proceso.

Más allá del entusiasmo inmediato y del éxito evidente de convocatoria, quedan interrogantes sobre el futuro de esta iniciativa, sobre todo en cuanto a su posible impacto sobre los actores políticos, y a la continuidad de las líneas de acción aprobadas. Dependerá mucho de la capacidad de las organizaciones de articular estrategias conjuntas para llevar a la práctica los compromisos asumidos; sobre todo en la etapa que se abrirá después de la resolución de la SCJN.

Principales acuerdos

Los resultados de las tres mesas de trabajo se concentraron en once puntos:

1. Impulsar que todas las luchas civiles se orienten de manera articulada a la creación de condiciones de paz, al respeto de los derechos humanos y a la construcción de la democracia.
2. Defender los Acuerdos de San Andrés, exigiendo el cumplimiento de las tres señales demandadas por el EZLN.
3. Fortalecer la participación y observación civil en la lucha contra la militarización, paramilitarización, para la liberación de los presos políticos y la creación de condiciones para el retorno de los desplazados.
4. Involucrar por igual a mujeres y hombres en todos los procesos y proyectos de lucha que favorezcan la construcción de la paz.
5. Difundir la gravedad de la situación de guerra y de los conflictos a nivel nacional, así como las necesidades de una verdadera paz.
6. Respaldar los procesos de autonomía y de resistencia de los pueblos indígenas.
7. Impulsar procesos de unidad y participación de la sociedad civil para la construcción de la paz y la democracia.
8. Promover valores políticos basados en el mandar obedeciendo y que respeten la diversidad cultural.
9. Promover la participación de la sociedad civil mexicana en los procesos de lucha continental e internacional y contra los proyectos globalizadores neoliberales como el Tratado de Libre Comercio (TLCAN), el Plan Puebla Panamá (PPP), el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
10. Reforzar la lucha contra las privatizaciones, defender los derechos laborales contenidos en el artículo 123 de la Constitución y recuperar el espíritu original del artículo 27.
11. Generar alternativas económicas que favorezcan la autonomía, la diversidad biológica y cultural.