Al momento de publicación de este informe, se esperaba la inminente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la reforma constitucional en materia indígena aprobada el año pasado.

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Antecedentes

En febrero del 96, la primera mesa de negociación entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) culminó con la firma de los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena. Al final de ese año, la legislativa Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) redactó una propuesta de reforma constitucional en base a dichos acuerdos.

Después de muchos avatares, el proyecto fue finalmente presentado al Congreso por el recién investido presidente Vicente Fox, en diciembre de 2000. En abril de 2001, el Congreso aprobó una reforma constitucional muy diferente al proyecto original. La misma fue rechazada por el EZLN, los congresos de los estados con más población indígena, y sus principales organizaciones. Sin embargo, el proceso de reforma siguió su curso, y al obtener una mayoría de votos en las legislaturas estatales, la ley fue finalmente promulgada en agosto de 2001.

Más de 300 recursos o controversias constitucionales fueron presentados ante la SCJN, un hecho inusual e histórico, ya que nunca se había dado un cuestionamiento tan amplio a una reforma constitucional. Después de las audiencias realizadas en mayo y junio, la SCJN está por emitir su fallo.

En agosto, la Corte todavía estaba analizando si tiene facultad para opinar sobre reformas constitucionales. En los últimos meses, muchas organizaciones de la sociedad civil han subrayado la responsabilidad y la oportunidad que la SCJN tiene de hacer respetar los Acuerdos de San Andrés y, de esta manera, contribuir al proceso de paz en Chiapas. En efecto, el cumplimiento de dichos Acuerdos a través de la iniciativa de la COCOPA es una de las condiciones planteadas por el EZLN para reanudar el diálogo. Otros analistas consideran la postura que asumirá la SCJN ante este tema -tan sensible políticamente- como un parámetro para evaluar la efectiva división de poderes en la democracia mexicana.

El fallo de la SCJN abre dos escenarios posibles. Si la reforma es declarada válida, se iniciaría la adecuación de las leyes secundarias al texto constitucional. En caso de que la Corte invalide la ley, se definiría a partir de qué momento se tiene que rehacer el proceso: desde la misma discusión en el Congreso federal, en la votación de las legislaturas estatales o en el cómputo final de los resultados. Pero ninguna opción garantiza que se reabra la discusión sobre el contenido de la ley.

Lo cierto es que esa resolución llevará a los actores a redefinir sus estrategias. Como la reforma remite la definición de autonomía a las legislaturas estatales, sería más complicado articular una estrategia conjunta entre los distintos pueblos indígenas del país. Y todavía sería posible recurrir a los organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Organización de Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, es sabido que las resoluciones de los organismos internacionales no tienen carácter coercitivo a nivel interno.

Por otro lado, en informes anteriores hemos alertado sobre el peligro de que un fallo negativo podría ser visto como el agotamiento de las vías legales y pacíficas. En cualquier caso, la posibilidad de reanudar el proceso de paz en Chiapas está muy lejos. Mientras el EZLN sigue reclamando el cumplimiento de las tres condiciones exigidas, todavía no se logró la liberación de los cinco presos zapatistas encarcelados en Tabasco y Querétaro, a pesar de las gestiones de la COCOPA.

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Una difícil relación

Mientras se espera el fin de este impasse, otros hechos han puesto en evidencia la confrontación entre el Estado y los pueblos indígenas, expresada en falta de confianza y dificultades de comunicación.

El gobierno federal ha manifestado su intención de transformar el Instituto Nacional Indigenista (INI) para que el diseño, orientación y supervisión de las políticas aplicadas a los pueblos indígenas queden enteramente bajo su responsabilidad. Para ello, durante todo el mes de julio se buscó consultar a los 62 pueblos indígenas de México sobre qué tipo de relación desean tener con el Estado y qué tipo de reforma esperan para el INI.

La consulta, titulada ‘Pueblos Indígenas, Políticas Públicas y Reforma Institucional’, fue rechazada por las principales organizaciones indígenas. En la declaración de Waut, el Congreso Nacional Indígena, que aglutina a muchas de ellas, afirmó: «No aceptaremos una sola reforma legal e institucional mientras no se cumplan las tres señales para el diálogo».

Hasta la canonización del indio Juan Diego, en el marco de la visita del Papa a México, generó polémica y críticas severas de varias organizaciones indígenas. Algunas de ellas rechazaron la invitación para asistir a la ceremonia de canonización, argumentando: «Los que impulsan la canonización de Juan Diego no son indígenas, son los mismos que se han opuesto sistemáticamente al movimiento y a la lucha por los legítimos derechos de las comunidades».

Otra fuerte confrontación fue el conflicto suscitado entre el gobierno federal y los ejidatarios de San Salvador Atenco, quienes rechazaban la expropiación de sus tierras para la construcción del nuevo aeropuerto internacional en el estado de México. La lucha organizada de los campesinos -con el apoyo de doce ejidos vecinos y otros sectores de la sociedad civil- logró finalmente que el gobierno desistiera del proyecto.

Para algunos analistas, este conflicto puede ser visto como una advertencia sobre lo que podría ocurrir con el Plan Puebla-Panamá (PPP) ⁽¹⁾. En los últimos meses, la oposición popular al Plan ha crecido más que los avances del mismo. En Veracruz, Chiapas, Managua y Guatemala, las organizaciones sociales e indígenas de la región mesoamericana se han reunido para reiterar su rechazo categórico al megaproyecto, por considerarlo funcional a los intereses estratégicos norteamericanos; y porque, a pesar de los fuertes impactos sociales y ambientales que tendrá, los pueblos no han sido consultados para su elaboración.

Varios sectores religiosos e intelectuales se han sumado a las críticas, a tal punto que el presidente Fox y el ex coordinador del PPP, Florencio Salazar, han declarado que nada se hará sin el consentimiento de los habitantes de la región. Quizás estas afirmaciones contengan, más allá de un sincero respeto a la voluntad popular, una dosis de realismo: Atenco demostró que imponer proyectos sin el consentimiento de los afectados puede tener altos costos sociales y políticos.

El Encuentro Nacional por la Paz realizado en julio en Chiapas (ver Enfoque), la exhortación del Papa a reconocer los derechos de los pueblos indígenas mexicanos y la victoria de Atenco han levantado los ánimos: se percibe una mayor confianza de la sociedad civil organizada en su capacidad de hacer valer sus reivindicaciones.

Grave escalada de violencia en Chiapas

En Chiapas, no obstante, se multiplican las denuncias de los municipios autónomos zapatistas sobre el incremento notorio de las actividades militares en la zona de conflicto (sobrevuelos, patrullajes, hostigamiento del Ejército hacia las comunidades).

Por otro lado, las comunidades zapatistas, la Red de Defensores Comunitarios de Derechos Humanos y la organización civil Las Abejas denuncian la persistencia de la presencia paramilitar, e incluso la posible formación de nuevos grupos: el municipio autónomo Ricardo Flores Magón afirma que se ha constituido en Ocosingo el grupo armado Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDIC), dirigido por el actual diputado local priísta Pedro Chulín, quien también ha sido señalado como líder del presunto grupo paramilitar Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA).

En julio y agosto se registró una preocupante escalada de violencia en municipios autónomos ubicados en la zona Selva. El 31 de julio, las autoridades del municipio autónomo Ricardo Flores Magón denunciaron una agresión por parte del OPDIC en el ejido La Culebra, con un saldo de 7 bases de apoyo heridos. El 7 de agosto, el zapatista José López Sántiz fue asesinado en el municipio autónomo 17 de Noviembre (Altamirano). El 19 de agosto, en el Crucero Quexil, municipio autónomo San Manuel, donde las bases de apoyo del EZLN mantienen un retén de vigilancia para evitar el tráfico de alcohol, vehículos robados y maderas preciosas, se generó un enfrentamiento con un saldo de nueve heridos. El 25 de agosto, en la ranchería Amaytik (Ocosingo), dos zapatistas que fungían como autoridades del municipio autónomo Ricardo Flores Magón también resultaron asesinadas. El mismo día, otro zapatista fue muerto en el municipio autónomo Olga Isabel (Chilón). Este último crimen sería obra de un grupo armado llamado «los Aguilares». En la mayoría de los casos, los zapatistas culpan a grupos armados cercanos al Partido Revolucionario Instritucional.

Al momento del cierre de este informe, las brigadas civiles de observación seguían investigando estos hechos.

Varias organizaciones no gubernamentales del estado denuncian que éstos y otros hechos violentos registrados últimamente en contra de los municipios autónomos zapatistas tienen patrones similares.

Otro factor de preocupación es el deterioro evidente de la convivencia entre zapatistas y otras organizaciones indígenas, particularmente en la zona de las Cañadas (Selva). Es frecuente el intercambio de acusaciones entre autoridades de municipios autónomos y líderes de ORCAO ⁽²⁾, ARIC-Independiente ⁽³⁾, FOS ⁽⁴⁾, etc., y las versiones sobre los hechos de violencia protagonizados por unos y otros se contradicen.

Aun antes de esta reciente escalada de violencia, muchas organizaciones criticaban al gobierno estatal por no haber actuado de manera más contundente. Por su parte, el gobernador Salazar explicó a la Comisión Civil Internacional de Observación de los DDHH (CCIODH) que su estrategia se ha dividido en dos etapas: primero, impulsar políticas de reconciliación comunitaria, y luego combatir la impunidad.

En esa entrevista, el gobernador también destacó sus acciones para desmantelar el aparato represivo (con un ex procurador de Justicia y 25 jefes de policía presos), así como el procesamiento de 88 ex alcaldes, la prisión de ex altos funcionarios y las órdenes de aprehensión contra más del 20% del gabinete del gobernador anterior, por actos de corrupción.

La tierra continúa siendo un factor de tensión permanente. Pablo Salazar reconoce que el 80% de los problemas sociales y políticos en Chiapas están ligados a temas agrarios. Existen focos rojos en varias zonas del estado, principalmente en la Selva, la mayoría de los cuales pueden resultar en muertos, heridos y secuestrados. A ello se suma la amenaza de desalojo de las comunidades de la Biósfera de Montes Azules y la violencia latente en la zona de Chimalapas (frontera con Oaxaca).

Por su parte, las autoridades federales reconocen que existen unos 5 mil conflictos agrarios en México (362 de ellos con riesgo de estallido social), que involucran principalmente a los pueblos indígenas. La masacre en Agua Fría (Oaxaca) en junio, que causó 26 muertos y 42 heridos por conflictos agrarios entre comunidades, fue otro llamado de atención que justificó la reunión del secretario de Gobernación con los secretarios de Defensa Nacional, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Reforma Agraria y de Desarrollo Social para definir, en colaboración con los gobiernos estatales, una estrategia interinstitucional de prevención y respuesta a potenciales conflictos agrarios.

Pese a los esfuerzos, México reprobado en Derechos Humanos

A mediados de junio, en la primera aplicación de la recientemente aprobada ley de transparencia informativa, se dio acceso al público a los documentos de la Guerra Sucia en México (70s y 80s). Encabezando la ceremonia de apertura de dichos archivos, Fox aseguró que el gobierno está en la búsqueda de la verdad y de aplicar la ley, pero que no debe haber lugar para la venganza, el revanchismo o el escarnio. Las ONGs de derechos humanos critican que la fiscalía especial creada para investigar ese período tiene una función limitada, ya que no juzgará instituciones ni determinará si los hechos se insertaron en una política de Estado.

Otra señal positiva del gobierno federal fue la creación de dos nuevas dependencias para atender asuntos de DDHH, en la Secretaría de Gobernación y en la Procuraduría General de la República, tal vez como resultado de la mesa de diálogo entre el gobierno federal y las ONGs, que reclaman una política de Estado en materia de DDHH.

A pesar de estos avances, el gobierno federal siguió recibiendo informes críticos en los últimos meses, tanto por parte de organismos nacionales como internacionales de DDHH. En agosto el Centro de DDHH Miguel Agustín Pro difundió su informe sobre la tortura en el primer semestre de 2002, en el cual registra que 35 personas fueron torturadas por agentes policiales y militares, incluyendo trece menores de edad y dos mujeres indígenas violadas por militares.

México sigue siendo objeto de preocupación también para los organismos internacionales de DDHH. La saliente Alta Comisionada para los DDHH, Mary Robinson, el Representante del Secretario General de la ONU para Desplazados Internos, Francis Deng, y el Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (de la Organización de Estados Americanos), Juan Méndez, visitaron México en el trimestre (y los dos últimos también Chiapas).

En junio, Amnistía Internacional presentó su informe anual correspondiente a 2001, en el que señaló abusos e injusticias en México; y su encargado para México también visitó Chiapas. Por su parte, la Federación Internacional de DDHH dio a conocer el informe de la misión de observación sobre los pueblos indígenas realizada a fines de 2001. Allí consideró insuficiente la reforma constitucional en materia indígena «en relación con el contenido y el espíritu de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar y las disposiciones del convenio 169 de la OIT», lo cual «no contribuye al objetivo de pacificación«. También la CCIODH estuvo en México y visitó Chiapas para presentar el informe de la misión realizada a principios de 2002; allí afirma que poco ha cambiado con los nuevos gobiernos en cuanto a la situación de los pueblos indígenas, que siguen siendo las principales víctimas de las violaciones a los derechos humanos.

• (1) Megaproyecto intersectorial y transnacional de desarrollo económico que abarcará el sur-sureste de México y toda América Central. (Volver)
• (2) Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, que agrupa a varias organizaciones campesinas. (Volver)
• (3) Asociación Rural de Interés Colectivo, organización indígena de las cañadas de la Selva Lacandona. (Volver)
• (4) Frente de Organizaciones de la Selva, de filiación priísta. (Volver)