El optimismo que prevalecía desde el inicio del año se ha roto con la aprobación de una ley de reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena que ha sido rechazada por el EZLN y otras organizaciones indígenas. Como la aprobación de la ley indígena elaborada por la COCOPA en 1996 fue una de las condiciones planteadas por los zapatistas en diciembre para reanudar el diálogo, el proceso de paz entró en una nueva crisis: estancamiento, incertidumbre y riesgo de que algunos grupos privilegien la opción violenta se encuentran nuevamente a la orden del día.

El tiempo de la esperanza

A partir de la toma de posesión del Presidente Fox en diciembre pasado, se pudo observar un cambio significativo en comparación con la administración anterior (en el sexenio de Ernesto Zedillo, se intentó minimizar al máximo el conflicto), ya que Fox colocó el tema de Chiapas en los primeros lugares de la agenda nacional.

Si bien el proceso de acercamiento se dio con algunos estira y aflojes, el EZLN pudo concretar su marcha a México DF (febrero-marzo de 2001) para defender la ‘ley COCOPA’ sin contratiempos mayores, recibiendo el apoyo de miles de indígenas y de la sociedad civil en su recorrido por doce estados. Dicho proceso culminó con la presencia de los zapatistas en la tribuna del Congreso de la Unión.

Esa presencia constituyó en sí un evento histórico y el discurso de los comandantes resultó también esperanzador, pues confirmaron su opción por la vía política y el diálogo. Reconocieron que el Ejecutivo había dado muestras de paz con la desocupación militar de las posiciones militares pedidas por el EZLN y con la liberación de la casi totalidad de los presos zapatistas. Un primer encuentro se dio entre el enlace zapatista y el Comisionado para la paz, marcando así un incipiente reinicio del proceso de paz. Era el primer contacto entre el EZLN y el Ejecutivo en casi cinco años.

Al mismo tiempo, el éxito de la marcha zapatista despertó la confianza en que se había logrado una apertura política que facilitaría la aprobación de la ley COCOPA. Quizás ese optimismo explica la actitud del EZLN -que ha sido criticada por muchos- de replegarse al silencio de la selva durante el proceso de discusión de la ley en el Congreso.

Expectativas frustradas

La aprobación de una ley indígena distinta a la iniciativa de la COCOPA por parte del Congreso marcó el fin de esta posibilidad de acercamiento. El rechazo del EZLN y del CNI fue inmediato. Otras organizaciones indígenas y no gubernamentales no tardaron en hacer lo mismo.

Mientras sectores cercanos al oficialismo afirman que la ley aprobada constituye un avance (aunque sea limitado), los sectores cercanos al movimiento indígena la ven como un golpe que podría resultar fatal para el proceso de paz. Para los zapatistas, la reforma aprobada viola los Acuerdos firmados en San Andrés con el gobierno anterior, lo que cierra toda posibilidad de reanudación del diálogo.

Otra paradoja que llama la atención es que la ley fue ampliamente rechazada por sus supuestos beneficiarios: las organizaciones y comunidades indígenas. Hasta las mismas instancias gubernamentales que trabajan en este ámbito criticaron el dictamen aprobado.

Polémica en los 31 estados

Una vez aprobada por el Congreso de la Unión, la reforma constitucional tuvo que pasar por los Congresos estatales. Históricamente, este procedimiento legal se había realizado de forma casi automática. En el caso de la ley indígena, la votación en los Congresos estatales generó interés y polémica como nunca antes en México. Por primera vez, hubo un intenso cabildeo de la sociedad civil ante los legisladores, y los votos de éstos se dieron en forma diferenciada, sin seguir necesariamente la línea propuesta por los partidos a nivel nacional.

Cabe destacar el rechazo de los estados con mayor presencia indígena, que justamente corresponden a las zonas donde la situación es más explosiva y con presencia de grupos guerrilleros (Oaxaca, Chiapas y Guerrero). Varios analistas consideran que este rechazo deslegitima la reforma, ya que no resuelve la cuestión de los derechos indígenas, ni abre el camino a una solución del conflicto de Chiapas. Ello plantea la discusión sobre el desfase que puede existir entre legalidad y legitimidad. En particular en un tema como éste, resulta difícil que un sistema representativo pueda responder a las demandas de los pueblos indígenas, cuando constituyen una minoría poco representada en las estructuras de poder (algo que, justamente, la ley COCOPA apuntaba a cambiar).

¿Qué perspectivas se abren a futuro?

El Poder Legislativo frustró las expectativas de los pueblos indígenas votando una ley que ellos no desean. El Ejecutivo la promulgó a pesar de ser muy diferente al proyecto enviado por el Presidente. En esta última etapa, el Poder Judicial parece ser el nuevo actor que podría llegar a jugar un papel clave, ya que la Suprema Corte de Justicia tendrá que fallar sobre los recursos contra la ley que ya están siendo presentados por representantes del PRD, autoridades municipales y congresos estatales.

A pesar de lo dramático de la situación, no deja de ser interesante este dinamismo dialéctico que por primera vez se da entre los tres poderes del Estado, y que ha logrado mantener el tema de los derechos indígenas en el centro de la agenda política nacional.

Igualmente interesante será medir la capacidad de la sociedad civil, a través de su movilización nacional e internacional, de cuestionar la legitimidad de dicha ley. Para ello, la herramienta fundamental es el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que México ha ratificado, y que la ley aprobada contradice en aspectos fundamentales relativos a la autodeterminación. No obstante, es conocido el peso que el Estado mexicano tiene en los organismos internacionales, por lo que el desafío es sin duda muy grande.

La política del Poder Ejecutivo frente al tema de Chiapas ha sido ambigua, y parece no tener una estrategia de paz de largo plazo. Algunos críticos señalan que Vicente Fox se limitó a enviar la ley COCOPA al Congreso porque le urgía solucionar el conflicto en Chiapas, así como dar señales claras al comienzo de su mandato; no obstante afirman que no cabildeó para obtener el apoyo de los legisladores, como sí lo hizo en el caso de las leyes que verdaderamente le interesaba ver aprobadas: la reforma fiscal y el presupuesto.

En cuanto a su actuación en Chiapas, si bien no ha dado marcha atrás en el retiro de los campamentos militares, las comunidades indígenas empezaron a denunciar un nuevo recrudecimiento de la presencia y el hostigamiento militar después de la aprobación de la ley. Y no se ha avanzado en el proceso de liberación de los zapatistas que aún permanecen presos.

El cumplimiento de las condiciones zapatistas se ve ya como parte de la historia, no como una situación pendiente para reanudar el diálogo. De hecho, los discursos de integrantes del Ejecutivo sostienen que ya han hecho todo lo que estaba a su alcance por la paz en Chiapas, y que el diálogo está en manos de los zapatistas. Visto las tensiones crecientes en Chiapas, se ven preocupantes algunos comentarios del mismo presidente Fox (por ejemplo, «no hay conflicto, estamos en santa paz»).

Por otra parte, las propuestas del gobierno para responder a la situación podrían resultar insuficientes o inadecuadas. La idea de remitir a las leyes secundarias las posibles mejoras a la reforma aprobada no basta para recuperar la confianza del EZLN. Otra estrategia del Ejecutivo parece ser la de abordar las causas del conflicto, es decir, promover proyectos de desarrollo económico y social en las comunidades indígenas de Chiapas. Con eso, se pierde de vista que la problemática indígena es nacional y no de un solo estado.

Además, esta estrategia ya fue probada en el sexenio anterior sin resultados positivos: la situación económica de las comunidades es peor que al inicio del conflicto. Y en la mayoría de los casos, las ayudas gubernamentales han fomentado las divisiones intracomunitarias, sobre todo cuando fueron utilizadas con fines de contrainsurgencia o clientelismo. En la etapa actual, la polarización ya está planteada entre quienes reciben esa ayuda económica y los zapatistas, que se niegan a recibirlos como parte de su estrategia de resistencia.

Por otro lado, la administración foxista está enfrentando las consecuencias de la aplicación de políticas económicas derivadas del TLC, que han afectado seriamente la producción agropecuaria, hoy en una crisis profunda en casi todos los sectores. De continuar esta crisis y la movilización en ascenso de los sectores del campo, el conflicto de Chiapas puede pasar a ser una preocupación secundaria en el complicado escenario nacional.

En cuanto al EZLN, parece haber optado por regresar a la «resistencia«. Esta decisión genera tensiones incluso al interior de las comunidades zapatistas, por el desgaste y la grave situación económica ya existentes en la zona de conflicto. Otra posibilidad de la que se ha hablado -y que sería más preocupante- es que el EZLN podría buscar aliarse con otros grupos guerrilleros, que ya le han expresado su apoyo por retirarse del diálogo. Algunos analistas como Carlos Montemayor han querido leer el último comunicado del EZLN en este sentido: «[Los legisladores y el gobierno le] dan razón de ser a los diferentes grupos armados en México al invalidar un proceso de diálogo y negociación» (Comunicado del EZLN del 29 de abril).

En todo caso, aunque ésta no sea una opción real de la comandancia zapatista, en la crispación actual del conflicto, hay dinámicas que pueden escapar del control de los propios actores, y desatar procesos que después sea difícil revertir.

La guerra que no se ve

Mientras tanto, en Chiapas, las consecuencias de la aprobación de la ley pesan a nivel de la convivencia comunitaria, y comprometen aun más la gobernabilidad para la administración de Pablo Salazar.

Después de la marcha zapatista, y durante el breve proceso de discusión de la ley, en Chiapas se vivió un período de distensión social, política y militar. Pero ante esta nueva crisis, la tendencia nuevamente es a una polarización cada vez mayor.

SERAPAZ (Servicios y Asesoría para la Paz) ha denunciado la «explosividad» de una situación que se sigue deteriorando con conflictos agrarios entre organizaciones sociales e indígenas, presencia por lo general impune de los grupos paramilitares, situación irresuelta de los miles de desplazados, muestras de descontento social, etc, una situación de por sí agravada por un contexto pre-electoral bastante tenso (en octubre habrá elecciones municipales y para el Congreso estatal).

Si antes el eje de tensión entre las organizaciones pasaba por la división entre priístas y opositores o independientes, hoy la confrontación se da también entre quienes apoyan al gobierno del independiente Pablo Salazar, y quienes se niegan a cualquier forma de interlocución con el gobierno estatal.

Por su parte, la administración Salazar ha sido clara en cuanto a su rechazo de la reforma indígena aprobada. Al mismo tiempo, Salazar ha manifestado, desde que asumió el poder, que su gobierno -a diferencia del anterior- no será actor y parte en la división entre las comunidades y la promoción de la violencia.

No obstante, según algunos, Salazar hasta ahora no ha tomado posiciones claras respecto a temas muy sensibles relacionados con el conflicto, como los grupos paramilitares y la impunidad, lo que afecta directamente la situación de los desplazados. Es posible que no enfrentar estos temas con firmeza tenga que ver tanto con su voluntad de mantener el diálogo con todos los sectores, como con su necesidad de asegurarse cierta gobernabilidad en condiciones extremadamente difíciles.

Conflicto de intereses

Después de siete años y medio de conflicto en Chiapas, México tiene una ley constitucional sobre los derechos indígenas, que no fue consultada con los pueblos indígenas y que ha sido rechazada por la mayoría de ellos.

Varios expertos y organizaciones han expresado que no es casualidad que la reforma aprobada difiere de los Acuerdos de San Andrés y de la ley COCOPA en aspectos fundamentales como reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derechos políticos, y garantizar el ejercicio de la autonomía sobre bases materiales y ciertas: la tierra, el territorio y los recursos naturales que existen en ellos. Afirman que estos derechos están en conflicto con los proyectos de inversión y explotación económica a cargo de grandes capitales transnacionales en Chiapas y otras regiones de México.

El dilema es tan claro como difícil, y trasciende al conflicto de Chiapas, aunque lo incluye: ¿qué proyecto de país está en discusión, en el México que quiere transitar hacia una mayor democratización?