2025
07/01/2026
ENFOQUE: Megaproyectos ferroviarios en el sureste. Violaciones a derechos, impactos socioambientales y militarización en nombre del desarrollo
27/02/2026
L a migración y la seguridad fronteriza vienen siendo temas centrales en las relaciones entre México y Estados Unidos, aunque no siempre aparecen en el foco de las noticias; históricamente, han influido en el tono de la relación y representan un elemento de presión significativo hacia México. Ciertamente, el comercio bilateral sigue siendo muy importante (con México como uno de los principales socios comerciales de EE. UU.), lo que obliga a mantener canales de diálogo, aun cuando hay desacuerdos, en particular ante la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en julio próximo.
Por otro lado, han surgido tensiones. Un supuesto cierre temporal del aeropuerto de El Paso, por un posible dron relacionado con cárteles, generó tensión diplomática. EE. UU. atribuyó el cierre a un dron; el gobierno mexicano señaló que pudo haber sido un ejercicio militar. Asimismo, el país envió ayuda humanitaria a Cuba en un contexto de sanciones de EE. UU. contra la isla. Esto ha puesto a la administración en una posición de equilibrio diplomático —tratando de mantener relaciones con Cuba sin enemistarse con Washington—. En múltiples ámbitos, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum intenta mostrar firmeza sin romper equilibrios con EE. UU., con esfuerzos por evitar confrontaciones directas, pese a desacuerdos en varios temas, incluyendo declaraciones del presidente Donald Trump, que proponían o amenazaban con intervenir directamente en México.
México puede presumir algunos avances ante la inseguridad, por lo menos en la reducción de homicidios: en 2025 México registró alrededor de 23.374 homicidios, una reducción respecto a años recientes, con una tasa de aproximadamente 17,5 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la más baja desde 2015, según estimaciones oficiales preliminares. El promedio diario de homicidios disminuyó desde 86,9 por día en 2024 a cerca de 54,7 por día hacia finales de 2025, lo que representa una caída de cerca del 37 %.
Infografía creada con asistencia de IA – NotebookLM © SIPAZ
No obstante, organizaciones como México Evalúa señalan que las desapariciones han crecido de manera considerable, con cifras que muestran aumentos de más del 200 % en la última década, aunque los datos oficiales varían según el método de conteo. Se estima que más de 130.000 personas están desaparecidas en México desde 2012. Sinaloa, Sonora y Baja California Sur figuran como las entidades con las tasas más altas de personas desaparecidas y no localizadas en 2025, aunque el problema se extiende fuera de zonas tradicionalmente asociadas al crimen organizado. Asimismo, incidentes aislados de violencia armada continúan ocurriendo en varios estados (por ejemplo, ataques contra convoyes y enfrentamientos entre grupos criminales). Finalmente, México sigue enfrentando altos niveles de violencia contra mujeres: aunque no hay cifras oficiales completas de 2025 todavía consolidadas, estimaciones indican que alrededor de 10 mujeres son asesinadas cada día.
El Gobierno federal está impulsando la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, que plantea que la paz se construye atendiendo las causas estructurales del delito: pobreza, desigualdad, exclusión y falta de oportunidades, en lugar de limitarse a perseguir a los criminales. El discurso oficial enfatiza la coordinación interinstitucional y los programas sociales ligados al bienestar y desarrollo para jóvenes como parte del enfoque preventivo. No obstante, desde la llegada a la presidencia de Claudia Sheinbaum, se han observado cambios en las detenciones de integrantes de la delincuencia organizada, en el combate a la extorsión, en la incautación de droga y en la destrucción de laboratorios en varios puntos del país. Al mismo tiempo, sigue el énfasis en el componente punitivo y militarizado. En varios estados, esta estrategia más frontal ha generado mayor violencia. En este sentido, un caso reciente de secuestro y muerte de mineros en Sinaloa elevó las preocupaciones sobre la eficacia de las políticas de seguridad federales.
Las fuerzas armadas siguen siendo desplegadas en tareas de seguridad ciudadana y de lucha contra el crimen organizado. Esta participación militar es objeto de críticas constantes de organizaciones de derechos humanos, que señalan que, cuando el ejército asume funciones de seguridad pública prolongadas y sin supervisión civil efectiva, se generan abusos, ejecuciones extrajudiciales y obstáculos para la rendición de cuentas. La transferencia de control de la Guardia Nacional al Ejército se ha consolidado, un cambio que para sus críticos profundiza la militarización de la seguridad pública en México.
En todo caso, la ejecución de la visión y las estrategias federales enfrenta retos estructurales por la magnitud de la violencia, la presencia de cárteles en muchas regiones y los niveles de impunidad, ello a pesar de la reforma judicial promovida por Sheinbaum en 2025.
En noviembre, Alejandro Gertz Manero presentó su renuncia como fiscal general de la República, dejando el cargo después de casi siete años, pese a que su mandato estaba previsto para nueve. Antes de irse, dejó encaminada la transición dentro de la FGR, que quedó en manos de Ernestina Godoy —consejera jurídica de la Presidencia y figura cercana a Claudia Sheinbaum—, mientras el Senado selecciona a la persona que ocupará el puesto de forma permanente.
Diversas organizaciones civiles criticaron que Gertz abandonara la institución “sin rendir cuentas”, señalando que su partida estuvo marcada por la falta de transparencia. Además, dejó pendientes numerosas investigaciones de gran relevancia que no alcanzaron sentencia ni conclusiones firmes. Entre ellas figuran casos de corrupción, contrabando de combustibles —conocido como “huachicol fiscal”—, anomalías en aduanas, operaciones de lavado de dinero, posibles actos de peculado y expedientes que involucran a personajes y empresas de alto perfil, entre otros.
Derechos humanos: preocupaciones y casos recientes
Memoria que busca, Tuxtla Gutiérrez, septiembre de 2025 © SIPAZ
El 10 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, más de cien organizaciones, redes, colectivos y personas defensoras alertaron sobre la persistencia de problemas estructurales graves que impiden el pleno ejercicio de los derechos humanos en el país y plantearon un amplio diagnóstico de los pendientes actuales.
Una de las principales preocupaciones planteadas fue la situación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes enfrentan un contexto de violencia creciente. En 2025 se registraron al menos 6 periodistas y 14 personas defensoras asesinadas por su labor. La impunidad, la falta de respuestas institucionales y la ausencia de políticas de protección con enfoques de género, interseccional y territorial incrementan los riesgos, especialmente para comunidades indígenas y organizaciones que defienden el medioambiente, el agua y los derechos colectivos. A esto se suma la criminalización del periodismo, cuestionaron los firmantes, mediante figuras legales como el ciberasedio o los delitos contra el honor, así como leyes recientes que, por su redacción amplia, amenazan la libertad de expresión y el uso de medios digitales.
También señalaron que la desaparición forzada continúa siendo una de las crisis más graves de derechos humanos. Aunque existen iniciativas legislativas, estas resultan insuficientes frente a la magnitud del problema. Al 30 de septiembre de 2025, se registraban más de 132.000 personas desaparecidas y no localizadas, con un promedio alarmante de 45 desapariciones diarias solo en septiembre de ese año. La crisis se agrava por la falta de políticas de prevención, la ausencia de una estrategia integral de búsqueda y la grave crisis forense, con más de 72.000 restos humanos sin identificar. En este contexto, las mujeres buscadoras han asumido tareas que corresponden al Estado, enfrentando riesgos extremos; al menos 30 familiares de personas desaparecidas han sido asesinadas, la mayoría mujeres.
También se señaló la falta de una regulación sólida en materia de empresas y derechos humanos, indispensable para prevenir los impactos de megaproyectos y actividades extractivas en los territorios y comunidades. Esta omisión resulta especialmente preocupante ante el impulso a nuevas inversiones mediante el Plan México, que no fue consultado con las comunidades afectadas y que promueve proyectos con impactos negativos en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Memoria que busca, Tuxtla Gutiérrez, septiembre de 2025 © SIPAZ
De igual forma, sigue pendiente la aprobación de una Ley General sobre desplazamiento forzado interno, pese al aumento de este fenómeno en varios estados del país, denunció el comunicado.
La protesta social continúa enfrentando represión, uso excesivo de la fuerza y marcos normativos restrictivos, además de estigmatización desde el poder. Las organizaciones también cuestionaron la estrategia de seguridad federal, señalando que la militarización y el despliegue permanente de la Guardia Nacional no han mejorado la seguridad y han ampliado de forma preocupante el poder de las fuerzas armadas sin controles adecuados.
Respecto a grupos históricamente vulnerabilizados, persisten deficiencias en la protección de las infancias, juventudes, personas LGBTTTIQ+, pueblos indígenas y mujeres. En el caso de estas últimas, las cifras de feminicidios, homicidios y desapariciones reflejan una crisis sostenida de violencia, agravada por la impunidad y la falta de políticas integrales de prevención, pese a algunos avances institucionales recientes.
Finalmente, se expresaron preocupaciones sobre el acceso a la justicia, la reforma al Poder Judicial, la persistencia de la tortura, el uso excesivo de la prisión preventiva, la criminalización de la migración y las condiciones inhumanas en los centros penitenciarios. Ante este panorama, las organizaciones exigieron que el próximo Plan Nacional de Derechos Humanos incorpore las recomendaciones internacionales, establezca acciones concretas y garantice espacios permanentes de diálogo, evaluación y rendición de cuentas, con el objetivo de transformar de manera estructural la situación de los derechos humanos en México.
CHIAPAS: Choques de visión sobre la situación en el estado
Peregrinación del Pueblo Creyente de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, enero de 2026 © SIPAZ
En diciembre, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, presentó su Primer Informe de Gobierno y afirmó que en tan solo un año su administración logró avances que muchos consideraban imposibles: restaurar la paz, el Estado de derecho y el buen gobierno en un estado que se encontraba sumido en una fuerte ola de violencia generada por disputas entre grupos del crimen organizado.
Comentó que antes de su llegada, Chiapas vivía asesinatos, balaceras, cuerpos colgados, decapitados y asaltos carreteros. Ramírez atribuyó el cambio a la nueva estrategia de seguridad implementada junto con la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad federal Omar García Harfuch, las Fuerzas Armadas y las instituciones estatales y federales encargadas de la procuración de justicia.
Informó que durante su primer año se detuvieron a alrededor de 6.000 personas, de las cuales 5.000 continúan bajo proceso. Reconoció al Poder Judicial del estado por no liberar a presuntos delincuentes como, dijo, ocurría anteriormente. También se presentó un video con las inversiones realizadas: un helicóptero Black Hawk, vehículos blindados, drones, cámaras de videovigilancia, bases móviles y aumentos salariales para policías.
Además del tema de seguridad, el gobernador destacó avances en educación, salud, medioambiente, turismo e infraestructura. Entre ellos, un programa de alfabetización, el inicio de la autopista Palenque–San Cristóbal de Las Casas, la reconstrucción de carreteras, la creación de la aerolínea Balam para conectar a Chiapas con otros estados y programas de becas y apoyo alimentario para sectores vulnerables.
Para el próximo año anunció nuevas acciones: impulso a los Polos del Bienestar, apoyos a productores de café, maíz y pesca, becas a estudiantes y deportistas, incorporación de artesanos a la seguridad social, restauración de microcuencas, programas para mujeres, obras públicas con empresas locales y bajo criterios de transparencia. Ramírez afirmó que “Chiapas ha despertado” y que el estado avanza para convertirse en el “gigante del sur”. Reconoció que aún existen retos históricos —pobreza, desigualdad, conflictos agrarios, rezago educativo, deficiencias en servicios básicos, violencia y discriminación hacia pueblos indígenas—, pero aseguró que su gobierno seguirá trabajando para enfrentarlos.
Peregrinación del Pueblo Creyente de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, enero de 2026 © SIPAZ
Este panorama esperanzador choca con el que perciben las organizaciones de derechos humanos, que señalan que persiste la violencia y que la militarización de la seguridad no ha solucionado los conflictos estructurales. En diciembre, el Grupo de Trabajo Región Frontera, formado por varias organizaciones civiles, publicó el informe preliminar “Chiapas 2025: La paz pendiente”. “El gobierno estatal ha apostado por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) como eje de la estrategia de pacificación, su actuación ha profundizado la militarización de la región y ha generado nuevos riesgos para la población civil como detenciones arbitrarias y abusos de autoridad”, declara. Además, detalla que el desplazamiento forzado sigue siendo una constante, afirman las organizaciones. Entre 2023 y 2024, más de 8.000 personas fueron expulsadas de sus comunidades; aunque muchas regresaron en 2025, lo hicieron sin condiciones reales de seguridad. Otras continúan desplazadas o viven un desplazamiento intermitente, moviéndose entre sus comunidades y otros municipios o incluso Guatemala, ante amenazas persistentes y presencia de grupos armados. Otro foco crítico que señala el informe es el aumento de las desapariciones forzadas. En 2025 se registraron al menos 29 personas desaparecidas en municipios fronterizos, principalmente en Frontera Comalapa y La Concordia, aunque se reconoce un fuerte subregistro por miedo a denunciar. “La paz en Chiapas sigue pendiente. La persistencia de la violencia, las desapariciones, el desplazamiento forzado y la ausencia de datos oficiales confiables invisibilizan a las víctimas y dificultan la construcción de políticas públicas efectivas, dejando a las comunidades fronterizas en un escenario de miedo, incertidumbre y abandono institucional”, concluye el informe.
Peregrinación del Pueblo Creyente de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, enero de 2026 © SIPAZ
Desde esta misma zona, igualmente en diciembre, el Pueblo Creyente de Chicomuselo expresó su preocupación por la normalización de la violencia y la contradicción entre el discurso oficial que habla de pacificación y la realidad cotidiana que enfrentan las comunidades. Afirmó que el estado “está bañado con la sangre de personas inocentes”, víctimas de masacres, desapariciones, secuestros, desplazamientos forzados y asesinatos derivados de la lucha territorial entre grupos criminales. “El relato de que la paz ha llegado a Chiapas no se sostiene en la realidad. La paz no se impone por decreto, sino que se construye con justicia, verdad y el reconocimiento de la dignidad de los pueblos”, dijo.
De manera más amplia, el 25 de enero se llevó a cabo en San Cristóbal de Las Casas la tradicional Peregrinación del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal para honrar la memoria de Samuel Ruiz García, jTatik Samuel, a 15 años de su muerte. Más de 10.000 personas de diferentes municipios de Chiapas exigieron paz y justicia para los pueblos. Declararon que “seguimos denunciando la violencia que se sigue dando en algunos municipios de nuestro Estado de Chiapas por parte del crimen organizado, con enfrentamientos armados, asesinatos, desapariciones, ‘levantones’ (secuestros), ‘cobro de piso’, intimidaciones a los habitantes de comunidades de esos municipios, obligación a asistir a eventos públicos o a poner retenes de vigilancia simulada y de no hacerlo se les impone una multa. Todo lo anterior provoca desplazamiento forzado interno. Los pueblos callan por miedo y temor de que les arrebaten la vida”.
Entre diciembre y febrero, se reportaron múltiples incidentes violentos, incluidos asesinatos, enfrentamientos, quema de vehículos y desapariciones en otra zona, Villaflores, que estarían relacionados con un conflicto entre dos grupos del crimen organizado que se disputan el control territorial de esta región que conecta la Sierra Madre con el centro del estado. También se reportó la aparición de cuerpos desmembrados en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez. El gobierno del estado implementó varios operativos y procedió con algunas detenciones; la más importante fue la de un sujeto conocido como “El Espíritu”, al que las autoridades ubican como “jefe de plaza” en varias zonas de Chiapas. La promesa de reforzar los retenes y filtros de seguridad en Tuxtla Gutiérrez y en todo el estado no ha terminado de reducir el miedo de que la disputa de plazas vuelva a activarse de forma más agresiva.
Procesos organizados continúan movilizándose
Encuentro zapatista “De Pirámides, Historias, Amores y, claro, Desamores”, diciembre de 2025 © SIPAZ
Además de las peregrinaciones ya mencionadas, en noviembre se llevaron a cabo una serie de actividades en el marco del 12º aniversario del Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio (MODEVITE), en San Juan Cancuc, marco en el que exigieron entre otras cosas que el Estado mexicano respete su derecho a la libre determinación, la autonomía y sus sistemas normativos propios; que se cancele definitivamente el proyecto de la autopista San Cristóbal–Palenque; que se detengan los megaproyectos extractivistas en todo el territorio maya, zoque y chol; y que en los espacios internacionales como la COP 30 se escuchen las voces de los pueblos originarios y se reconozca su papel fundamental en la defensa de la Madre Tierra.
Desde el 26 de diciembre de 2025 hasta el 1º de enero de 2026, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) celebró el 32º aniversario del alzamiento zapatista en el CIDECI en San Cristóbal de Las Casas y luego en el Caracol de Oventik. En todas las sesiones del semillero “De Pirámides, Historias, Amores y, claro, Desamores” participaron el subcomandante insurgente Moisés y el capitán Marcos. Pidieron a sus invitados hablar sobre “las pirámides y los manejos de las historias en el sistema económico, los malos gobiernos, las leyes y la estructura judicial, los movimientos de resistencia, las izquierdas y el progresismo, los derechos humanos, la lucha feminista y las artes”.
El programa contempló una serie de encuentros con intelectuales, activistas y miembros de la sociedad civil. El momento central de la celebración tuvo lugar el 31 de diciembre en el Caracol de Oventik, donde se conmemoró el levantamiento de 1994.
Sectores particularmente vulnerables ante la violencia: mujeres, niñeces y personas defensoras de derechos humanos
Peregrinación de la Coordinación Diocesana de Mujeres (CODIMUJ), San Cristóbal de las Casas, 25 de noviembre de 2025 © SIPAZ
El 25 de noviembre de 2025, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, peregrinaron alrededor de 800 integrantes de la Coordinadora Diocesana de Mujeres (CODIMUJ) en San Cristóbal de Las Casas para exigir que cese la violencia en su contra. En Tuxtla Gutiérrez, denunciaron que, pese a las campañas institucionales y discursos oficiales, en Chiapas persisten la impunidad, los feminicidios, las desapariciones y la violencia sistemática contra mujeres y niñas. Para diciembre, la Colectiva Feminista 50 más 1 tenía registrados al menos 31 casos de feminicidios en 2025.
Por otro lado, de acuerdo con la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias), en 2025 la Fiscalía General del Estado emitió aproximadamente 460 fichas de búsqueda por la desaparición de niñas, niños y adolescentes (NNA), lo que representa más de un caso diario. La información indica que el grupo más afectado es el de adolescentes de 15 años, principalmente mujeres (siete de cada diez reportes). Redias también subrayó que durante 2025 se documentaron 16 homicidios, 9 feminicidios, 328 denuncias por pederastia, la deportación de 635 niñas, niños y adolescentes chiapanecos desde Estados Unidos, así como la detención de 8.656 menores migrantes en el estado, de los cuales 876 fueron retornados a sus países de origen.
Finalmente, en enero, el conversatorio “La situación de las personas defensoras de derechos humanos en Chiapas: los retos de su protección” permitió visibilizar la vulnerabilidad de este sector. Participó la relatora especial de la ONU sobre personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, quien después de haberse reunido con personas defensoras de derechos humanos afirmó, entre otras cosas, que “no hay seguridad para personas defensoras en Chiapas”, pues el gobierno mexicano “está pintando, simulando la paz” y “la militarización, el crimen organizado, los megaproyectos y la criminalización de las personas defensoras les pone en riesgo”. Asimismo, señaló que hay varias personas en el estado que “quieren la paz, pero están paralizadas por el miedo”.
En el caso más reciente de esta vulnerabilidad, en febrero, la defensora de derechos humanos Poulette Celene Hernández fue víctima de agresiones físicas, amenazas de muerte y actos de hostigamiento en el municipio de Tonalá. De acuerdo con documentación del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, el 8 de febrero, tres personas acudieron a su domicilio, donde la insultaron, amenazaron y agredieron físicamente. Un día antes, el 7 de febrero, posiblemente por la presencia de otras personas en la casa, cuatro sujetos en motocicletas llegaron al exterior de su vivienda y lanzaron amenazas antes de retirarse, en lo que se considera un acto de intimidación previo. Poulette Celene Hernández es abogada y trabaja con mujeres en la costa de Chiapas, acompañando a víctimas de violencia y promoviendo procesos de formación en derechos humanos, salud comunitaria y agroecología. Su labor se desarrolla en un contexto de alta conflictividad social, marcado recientemente por denuncias relacionadas con el Corredor Interoceánico y presunta colusión entre autoridades y grupos delictivos.
Reunión con la relatora especial de la ONU sobre personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, San Cristóbal de las Casas, enero de 2026 © SIPAZ
