ENFOQUE: Guerrero, Herida Abierta

 

E l vigésimo séptimo informe de actividades del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan Tu nombre que nunca olvido presenta el panorama en el que se desarrolla una crisis de derechos humanos que desde hace décadas mantiene abiertas las heridas de la población guerrerense. Una encrucijada de violencias en la que viven varios sectores de la población, en particular el indígena.

Tierra de nadie, violencias cruzadas

El estado de Guerrero tiene una geografía estratégica. Su colindancia con Puebla, Estado de México y en particular Morelos, le dan acceso al centro del país; la región de Tierra Caliente se caracteriza por su riqueza agro comercial y ganadera pero también por ser una ruta estratégica para el trasiego de la droga y la venta de armas: una zona de disputa para grupos rivales de Guerrero y Michoacán.

Chilpancingo, siendo el centro político, es el lugar donde convergen los intereses de quienes deciden sobre las siete regiones del estado. Es el “paso obligado” para las personas que circulan desde la zona norte de Guerrero hasta el puerto de Acapulco. Esto les ha dado a los grupos delictivos el control de las rutas que serpentean y se bifurcan hacía las comunidades de la Sierra a quienes tienen sometidas.

Acapulco ostenta un gran poder económico que contrasta con el cinturón de miseria en la periferia: la pobreza extrema, el desempleo, la delincuencia y un poder político que ha ampliado la brecha de la desigualdad. Para muchos, Acapulco es “el cementerio de los olvidados”.

De acuerdo con Tlachinollan, al menos 22 grupos del crimen organizado se disputan el estado de Guerrero. No solo se dedican a la siembra y trasiego de drogas, sino que controlan la explotación de los recursos naturales en colusión con empresas extractivistas; controlan los comercios formales e informales en varias regiones e incluso “gobiernan” municipios, obligando a la población a acatar sus decisiones. Menciona que, pese a la militarización del estado, ni la Guardia Nacional, ni el Ejército entran en estas zonas.

De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en el estado de Guerrero se registraron mil 20 asesinatos durante los primeros nueve meses del 2021, siendo el puerto de Acapulco el que encabeza la lista de los cinco municipios más violentos de la entidad.

“La ubicación geográfica del estado ha resultado ancestralmente estratégica para ser aprovechada por diferentes grupos del crimen organizado, los cuales operan en la actualidad, en connivencia y muchas veces en colusión con las instituciones públicas, las cuales han utilizado a estos grupos criminales como un ejército privado para garantizar su impunidad.”, señala el informe de Tlachinollan.

 Ayotzinapa, “la justicia que se aleja”

En este contexto, no sorprenden los niveles de violencia y violaciones de derechos humanos en el estado, siendo uno de los casos más emblemáticos el de Ayotzinapa. El 26 de septiembre de 2021, se cumplieron 7 años de la desaparición de los normalistas, sus familiares marcharon en la ciudad de México donde decenas de contingentes refrendaron su apoyo y solidaridad hacía el movimiento. A su vez, Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó su reconocimiento y admiración por “mantener viva esta exigencia en un país que olvida pronto”.

En ese largo caminar de los padres y madres, la CIDH celebró que se haya establecido un diálogo con el presidente de la República y que se haya creado la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia decretada por el gobierno federal en 2018. Sin duda, son avances del gobierno actual que contrastan con el estancamiento de las búsquedas durante la administración de Enrique Peña Nieto. Se suma la localización de los restos de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre en julio de 2020 y de Jhosvani Guerrero de la Cruz en junio de 2021, con la que se desechó la “verdad histórica” fabricada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Los padres y madres de los 43 reconocieron los trabajos que han realizado tanto la Fiscalía Especial como la Comisión Presidencial presidida por el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración Alejandro Encinas, y los expertos y expertas independientes. Sin embargo, para ellos es imperativo romper con el pacto de silencio que encubre la participación del Ejército en estas desapariciones porque hay datos que refieren que, en esta agresión masiva estarían implicadas distintas fuerzas de seguridad, incluido el Ejército, describen en el informe. Opinan que tampoco debe haber más dilación en que se libren las 40 órdenes de aprehensión pendientes desde hace varios meses; ni que se extradite a Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, quien llevó la investigación inicial sobre la desaparición de los normalistas y quien está acusado de tortura.

Pareciera que la justicia se alejara para Ayotzinapa, arrastrada por lo que analistas consideran “un pacto de impunidad”. A pesar de las iniciativas del gobierno federal para proteger a los testigos que den información sobre el paradero de los jóvenes, “nadie quiere hablar”, denuncian los familiares. En un México que ocupa el lugar número 60 de 69 países evaluados en el índice Global de Impunidad, y en un estado donde el 96,1% de los delitos denunciados quedan sin castigar, el gobierno sigue debiéndole al país entero la verdad sobre los hechos ocurridos “aquella noche amarga”.

Desaparición forzada: un fenómeno histórico omnipresente en el estado

La desaparición forzada en el estado de Guerrero ha sido omnipresente desde lo que se conoce como “la guerra sucia”. De acuerdo con el informe de Tlachinollan, durante este período, familiares han documentado más de 600 desaparecidos. Los “vuelos de la muerte” tiraban los cuerpos al mar, tiñendo de sangre el océano pacífico junto con las desapariciones y asesinatos realizadas por el ejército, la marina y las corporaciones policiacas del Estado.

“La represión ejercida contra 800 campesinos copreros, el 20 de agosto de 1967, por parte del ejército, junto con policías estatales y pistoleros del gobernador Raymundo Abarca, dejaron un saldo de 35 personas asesinadas y 150 heridas.”, rememora Tlachinollan.

La Comisión Nacional de Búsqueda evidenció en su último informe que, del 15 de marzo de 1994 al 7 de noviembre del 2021, fueron declaradas 98.008 personas como desaparecidas a nivel nacional, mientras que, en Guerrero, esta cifra llega a los 3.719 casos.

Por su parte, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas registró en el primer semestre de 2021, 175 personas desaparecidas, de las cuales 48 se registraron en Acapulco y 39 en Chilpancingo. De acuerdo con el Colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, desde noviembre de 2014 hasta mediados de junio de 2021 se han encontrado 243 osamentas humanas y fragmentos en varios puntos de la periferia de esa ciudad. Durante este tiempo lograron identificar 68 personas y 52 de ellas fueron entregadas a sus familiares.

Uno de los casos más recientes es el de Vicente Suastegui Muñoz quien fue privado de la libertad por tres hombres armados cuando iba de regreso a su domicilio el 5 de agosto de 2021. La desaparición del defensor de la tierra y miembro del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP) se enmarca dentro de la descomposición de las corporaciones policiales y de “este clima de violencia delincuencial que asesina y desaparece a personas que catalogan como enemigos, sin que las autoridades realicen investigaciones exhaustivas para detener a los perpetradores”, recalcó Tlachinollan.

En 2017, se adoptó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares de la misma forma que el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas gracias al esfuerzo compartido entre colectivos y organizaciones civiles. Si bien esto representa un triunfo en materia normativa, a 4 años de su aprobación, las barreras institucionales siguen siendo un reto a superar. Las autoridades son indiferentes y distantes de las víctimas; emiten juicios sin conocer las causas de este fenómeno creciente. Para Tlachinollan, “la búsqueda de personas desaparecidas representa a las familias daños irreparables”, son estigmatizadas y culpabilizadas con lo que las autoridades justifican el deslindarse de la responsabilidad de acompañarlos y apoyarlas.

Marco Antonio Suastegui, dirigente del CECOP, emprendió la búsqueda de su hermano Vicente ante la falta de implementación de un protocolo por parte de las autoridades. Como muchos otros familiares de desaparecidos, Marco Antonio ha puesto en riesgo su vida al tener que buscar por su cuenta en zonas de alta inseguridad.

Una región de silencio para defensores del medio ambiente y periodistas

“La desaparición de Vicente es un ejemplo de que en México existe una crisis de inseguridad para preservar la vida de las personas defensoras”, plantea el Centro de Derechos Humanos de la Montaña en su informe. En el documento también se menciona que el estado de Guerrero ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en número de agresiones en contra de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, una región del silencio donde “la cobertura mediática no se da o se evita, debido al riesgo inminente que implica dar cuenta de la inseguridad, la impunidad y la injusticia que imperan”.

La crisis en la que se encuentra el derecho a la libre expresión en México es un reflejo de lo que sucede en el ámbito local. En Guerrero, los y las periodistas también son víctimas de autoridades municipales quienes los critican, deslegitiman y criminalizan. Un caso es el del presidente municipal de Tlapa de Comonfort quien descalificó el trabajo de la periodista Carmen Benítez García y la defensora Neil Arias Vitina. Estos ataques en su contra se dieron unos meses antes de la desaparición forzada del defensor Arnulfo Cerón Soriano -el 11 de octubre de 2019-, quien también sufrió una campaña de deslegitimación y criminalización por parte de ese funcionario.

“Las agresiones a personas defensoras y periodistas no son una práctica fuera de lo común, sino, por el contrario, parte de una mala praxis estatal que es evidente en los distintos niveles de gobierno, tal como ejemplifican las aseveraciones del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, quien continuamente descalifica la labor de defensa y desacredita las consecuencias de riesgo a las que se exponen, enviando un mensaje de permisibilidad e impunidad a los agresores”, señala el informe.

Tlachinollan presenta en su informe los casos de personas defensoras asesinadas que han documentado entre septiembre de 2020 y agosto de 2021. El primero fue el dirigente ecologista del ejido de los Guajes, Elías Gallegos Coria y su hijo Fredy Gallegos; el último, el del periodista guerrerense Pablo Morrugares y su escolta, esto a pesar de que se encontraba como beneficiario del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas desde el 2016. También remarcaron el caso del Centro Regional para la Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón cuyos integrantes sufrieron diferentes ataques por parte del crimen organizado y las autoridades locales por la labor de acompañamiento a las comunidades víctimas del desplazamiento forzado.

“Los pendientes son muchos, pero aún en la oscuridad de esta Montaña olvidada, sabemos que las exigencias son legítimas, que nuestra labor es pacífica y sobre todo necesaria por lo que el derecho a defender los derechos humanos y el derecho a la información no debería costar la vida, sino que contrario a ello, son las autoridades las que deben garantizar que nuestra labor sea realizada en condiciones de seguridad y libertad.”, puntualiza Tlachinollan en su informe.

“Desplazar para reinar”

Según el último informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en 2020 las víctimas de desplazamiento forzado a nivel nacional se elevan a 9.741, de las cuales en Guerrero se concentran 3.952. Sin embargo, todavía no existe un censo oficial y el Senado mantiene paralizada desde hace más de un año la Ley Federal de Desplazamiento Forzado. Además, “como no está tipificado como delito en los códigos federal o estatal, las víctimas están indefensas”, afirmó el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.

Los nuevos giros comerciales en los que incursionan los grupos criminales son otra de las causas de este fenómeno. Los conflictos con empresas extractivistas se han agravado por la influencia de grupos criminales que se ocupan de aterrorizar a las comunidades asesinando a jefes de familia para desplazar a sus viudas e hijos, apoderarse de los bosques o ríos que las comunidades resguardan.

Los empresarios han echado mano de estas organizaciones delictivas y del apoyo de funcionarios federales encargados de proteger el medio ambiente y de autoridades estatales y municipales que se alían para realizar negocios al amparo del poder y continuar con el saqueo de los bienes naturales. Durante el foro virtual Experiencias latinoamericanas de desplazamiento Forzado y medidas de prevención, Tlachinollan mencionó que el control del crimen organizado, junto con autoridades, empresas privadas y la fuerza pública “trasgrede de manera sistemática los derechos humanos sin ninguna consecuencia” y “deja entrever la manera cómo operan actores del estado y los grupos de la delincuencia en una región minera, donde los dueños de la tierra tienen que plegarse a los intereses macroeconómicos de las empresas transnacionales”.

En la región de la Sierra, la siembra y trasiego de la droga despertó la codicia de los grupos de la delincuencia que han desplazado a decenas de familias para tomar el control de las rutas. En otras zonas como Centro, Norte, Tierra Caliente, Acapulco y Costa Grande también se registran casos de desplazamientos forzados internos.

El gobierno del estado sólo ha dado cumplimiento parcial a las demandas de viviendas y construcción de una escuela, dejando de lado el tema de la seguridad y el desmantelamiento de los grupos armados que patrullan sus comunidades y que forman parte del crimen organizado. Además, las personas desplazadas sufren desatención médica en tiempos de pandemia, no tienen acceso a medicamentos y cuando algún familiar fallece y quieren regresar a su comunidad para enterrarlo, es el grupo criminal que controla la cabecera municipal quien decide si pueden entrar o no. Esto muestra que las probabilidades de retorno son casi nulas.

Violencia feminicida, el verdugo de las mujeres guerrerenses

De acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de los 626 feminicidios registrados en México en 2020, 10 ocurrieron en Guerrero; 91 homicidios dolosos de mujeres; 1925 casos de violencia familiar; 214 reportes de casos de presuntos delitos de violación; así como 4.262 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer.

De septiembre de 2020 a octubre de 2021 documentaron 26 feminicidios en distintos municipios del estado. Conforme al seguimiento que ha dado el Centro, en solamente el 20% de los casos han sido procesados los responsables y un porcentaje mínimo ha alcanzado sentencias condenatorias.

Las víctimas de violencia de género en el estado son muchas, pero son, sobre todo, niñas. Cuando se dan los matrimonios forzados la vida de las niñas ve truncada de manera cruel “dejando mensajes funestos al interior de las comunidades indígenas: el dominio lo ejerce el hombre y el papel de la mujer es subordinarse. Cualquier osadía se paga con la vida”, dice el informe de Tlachinollan. Para algunas, «se ha pervertido la costumbre que antes había, (…) Ahora todo se quiere arreglar con dinero. (…) Las mujeres no somos mercancías, por más obedientes y respetuosas que seamos de las costumbres del pueblo”, señala el testimonio de una joven en el informe. En muchos casos, la falta de redes de apoyo cercanas y la lejanía de las comunidades en las que viven las mujeres, le da poder a los perpetradores para que cometan estos actos sin testigos que den cuenta de los hechos.

Las mujeres indígenas son especialmente vulneradas por la ausencia de instituciones. Hay un ambiente de violencia normalizada y deshumanizada que se empareja con la inoperancia del sistema de justicia que mantiene en impunidad estos crímenes. A pesar de que, desde junio de 2017, diez municipios guerrerenses tienen Declaratoria de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y una segunda por agravio comparado en junio de 2020, no se han tenido resultados efectivos para revertir estas violencias. Los cientos de casos de violencia feminicida evidencian de la indiferencia e ineficacia de las instituciones. El protocolo de investigación por feminicidio no se aplica, hay dilación en las investigaciones y continúan las prácticas discriminatorias.

Guerrero, estado “libre y soberano”

Durante la contienda electoral en junio de 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) registró un total de 1.465.543 votos en el estado de Guerrero, lo que representa una participación del 57,83% del padrón electoral. La candidata por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Evelyn Salgado Pineda ganó la contienda con un total de 643.814 sufragios. No obstante, contrario a las expectativas, a cien días de su toma de posesión, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña evidenció en su informe que en el gobierno de la morenista “las instituciones arrastran los vicios de la corrupción, continúan con las prácticas del desprecio e indiferencia a la población, la falta de atención digna y veraz”.

La elección de Evelyn Salgado se dio en un escenario donde el telón de fondo era el mapa de la violencia e inseguridad en Guerrero. En ese escenario, grupos del crimen organizado protagonizan una lucha por el control y expansión territorial mientras que las autoridades juegan el papel de aliados, evidenció Tlachinollan. Guerrero es uno en uno de los estados donde “se hizo más evidente la intervención del crimen organizado”. Mediante amenazas a los candidatos y/o a sus familiares los grupos criminales los obligaron a que desistieran de su intención de gobernar y en otros casos, apoyaron e impusieron a un candidato en particular, mencionó Animal Político.

Para el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, además de declarar una lucha frontal contra la impunidad, este gobierno tiene como retos atender el gran déficit en materia legislativa que hay en el estado; atender a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos; revertir los índices de pobreza y el abandono institucional. Para ello se necesita depurar las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia.

“El pueblo de Guerrero siempre ha estado en pie de lucha y nunca se ha dejado vencer ante tantas atrocidades, por el contrario, en todo momento está dispuesto a pelear para liberarse de las cadenas de un sistema político que solo usa su voto para encumbrar a personas que los han traicionado y defraudado. Esta nueva configuración política es para impulsar cambios de fondo que coloquen al ciudadano o a la ciudadana en el centro de la acción política.”, menciona el informe. Gran parte del mismo apunta a visibilizar sus procesos y apuestas, su dignidad y capacidad de resiliencia.