2016
25/03/2017
ENFOQUE: Polémica iniciativa de Ley de seguridad interior, a 10 años de la guerra contra el narcotráfico
10/06/2017
En los primeros meses luego de que Donald Trump tomara posesión como presidente de Estados Unidos, se han advertido contrapesos en el sistema político estadounidense que le impiden en lo inmediato convertir en políticas públicas todas sus promesas de campaña. Muchas de las cuales impactarían en primer lugar sobre México.
Protesta frente a gobernación a un día del asesinato de Javier Váldez © Noé Pineda Arredondo
En cuanto a la migración, Estados Unidos anunció nuevas reglas que harán más fáciles la detención y deportación de personas indocumentadas. Promueven la inmediata deportación de personas que hayan sido convictas o acusadas de algún delito, sin especificar de qué tipo ni qué gravedad. François Crépeau, relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de los Migrantes, señaló que “su gestión de la migración irregular se parece mucho a las políticas contra el alcohol durante los años de la prohibición o a la guerra contra las drogas. Con programas de cero tolerancia aparece la criminalidad, un mercado clandestino y se violan muchos derechos”.
No solamente son migrantes mexicanos quienes estarán afectados, sino migrantes de cualquier nacionalidad que ingresen por la frontera Sur. Por lo mismo, de país de tránsito, México se está convirtiendo en un país de destino, mientras el retorno de connacionales está generando un crecimiento acelerado de la población y una fuerte presión para el país.
A nivel económico, el planteamiento de Trump de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), podría resultar desastroso debido a la alta integración entre EUA y México. Según la revista Proceso, México es el segundo consumidor mundial de bienes estadounidenses y es el tercer proveedor más importante de Estados Unidos. Por lo mismo, “cancelar el TLC, como amenazó el demagogo del norte, aumentaría los precios y la inflación en Estados Unidos, además de elevar los costos de la industria en la región, poniendo en riesgo empleos y disminuyendo la competitividad”.
En cuanto a seguridad, México se encuentre dentro del perímetro de seguridad nacional de Estados Unidos. En febrero, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para lo que llamó “romperle la espalda” a los cárteles del narcotráfico y habló de la intervención estadounidense más allá de sus fronteras. En abril, también se llevó a cabo una conferencia de Seguridad en Centroamérica realizada en Quintana Roo, México, en la que se habló de instalar una base del Comando Sur estadounidense en la frontera de Guatemala.
El gobierno de Enrique Peña Nieto ha buscado mantener una relación “respetuosa y constructiva” con la nueva administración estadounidense, con un estilo que algunos analistas consideran demasiado conciliador.
Violencia y Derechos humanos en México: algunos avances y mucho por hacer
En febrero pasado, Amnistía Internacional (AI) presentó su informe anual. La sección México 2016 habla de violencia generalizada y personal militar en operaciones de seguridad pública, tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, crisis de refugiados, amenazas y difamaciones contra defensores de derechos humanos y periodistas, entre otros aspectos. En la presentación del informe en México, la Directora Ejecutiva de la sección mexicana de AI fue sintética: “Estamos en una de las peores crisis de derechos humanos y justicia”.
Protesta frente a gobernación a un día del asesinato de Javier Váldez © Noé Pineda Arredondo
Por su parte, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS por sus siglas en inglés) publicó los resultados de su Estudio de Conflictos Armados 2017, que ubica a México como el segundo país con más muertes (23 mil en 2016) después de Siria (50 mil), y antes de Afganistán (17 mil) e Irak (16 mil). Sostuvo que la violencia derivada de la lucha contra la delincuencia organizada en México alcanzó los niveles de un país en guerra abierta. El Estado mexicano criticó dicho reporte cuestionando tanto las cifras que maneja como el hecho que “la violencia relacionada con el crimen organizado es un fenómeno regional”.
En abril, fue aprobada la Ley contra la Tortura que estuvo en discusión por casi un año en la Cámara de Diputados, mientras “según cifras obtenidas por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República recibió 4 mil 55 denuncias por tortura, e informó que sólo mil 884 casos se encuentran en investigación. De ésos, sólo en 11 se registraron consignaciones, y únicamente se tiene conocimiento de cinco sentencias por ese delito.” La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos celebró esta ley ya que prohíbe de forma absoluta la tortura, “sanciona la conducta en todo el país bajo una misma definición acorde con los tratados internacionales, excluye pruebas obtenidas mediante tortura (…) y determina reglas claras de combate a la impunidad”. Por su parte, AI consideró que es un paso adelante pero que “a menos que las autoridades mexicanas hagan un esfuerzo real por garantizar el procesamiento de todos los responsables de los miles de casos de tortura denunciados cada año (…), esta ley no será más que palabras sobre el papel”.
Otro tema de alarma en materia de derechos humanos: desde diciembre pasado, el secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), General Salvador Cienfuegos, ha presionado a los legisladores para aprobar una Ley de Seguridad Interior. De igual modo, la amenaza de Donald Trump de enviar tropas a México para combatir al crimen organizado nutrió el debate a favor de su aprobación. No obstante, en febrero, la Cámara de Diputados determinó suspender provisionalmente el proceso de aprobación, mientras organizaciones de derechos humanos se han seguido sumando al rechazo a normalizar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, ello ante las evidencias de abusos contra la población civil (ver Enfoque).
Recrudecimiento de la violencia contra periodistas
Protesta frente a gobernación a un día del asesinato de Javier Váldez © Noé Pineda Arredondo
Todo el plazo fue marcado por el recrudecimiento de la violencia contra periodistas, siendo México, el segundo país más violento del mundo para esta profesión. En marzo, se registraron los homicidios de Cecilio Pineda Birto (Guerrero), Ricardo Monlui Cabrera (Veracruz), Miroslava Breach Velducea (Chihuahua), así como un atentado contra Armando Arrieta (Veracruz), y un ataque contra Julio Omar Gómez en Baja California, en el que murió su escolta. En mayo, siete periodistas fueron emboscados por alrededor de 100 hombres armados mientras cubrían el operativo que autoridades federales y estatales iniciaron en San Miguel Totolapan, Guerrero. Fueron amenazados, despojados de sus equipos de trabajo, celulares y uno de los vehículos, además de golpeados. En mayo, Javier Valdez fue asesinado en la capital de Sinaloa.
En marzo, la Oficina en Washington para América Latina (WOLA) declaró que el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación y todas las procuradurías del país “no han sido suficientes ni para prevenir ataques en contra de periodistas y defensores ni para solventar sus necesidades de protección y (…) la impunidad por estos casos y por anteriores ataques y delitos perpetúa y agrava el ciclo de violencia”. WOLA afirmó que “el gobierno tiene que dar más que promesas vacías, declaraciones genéricas y justificaciones”.
CHIAPAS: Un panorama igualmente crítico en materia de derechos humanos
En febrero, Silvia Juárez Juárez, integrante del Movimiento en Defensa del Territorio Zoque, fue detenida en Tuxtla Gutiérrez, acusada de los delitos de motín, daños y secuestro -presuntamente contra funcionarios municipales-, en el marco de una protesta en la que no participó. Fue liberada en marzo después de permanecer 35 días encarcelada. La zona Zoque ha venido desarrollando un proceso de resistencia en contra de proyectos de hidrocarburos y minería en el municipio de Tecpatán, proyectos en proceso de licitación que representan más de 80.000 hectáreas. Organizaciones Zoques han denunciado las fallas de su supuesta “consulta” así como el constante condicionamiento de apoyos gubernamentales para influir en la misma. Cabe mencionar además que “el presidente municipal de Tecpatán, Armando Pastrana Jiménez, promovió un amparo por el desistimiento de la PGJE para evitar que la defensora comunitaria saliera de prisión” y mantuvo su denuncia en contra de otros 29 defensores.
En abril, el Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz” manifestó su preocupación “ante la estrategia implementada por empleados mineros para enfrentar a campesinos del ejido Ricardo Flores Magón, municipio de Chicomuselo”, que, no casualmente, “se encuentra en la carretera que conduce al Ejido Grecia del mismo municipio, y es el lugar donde hasta el año 2009 la canadiense Black Fire mantuvo extrayendo el mineral conocido como Barita”. El Comité refirió que se les ofreció a unas 70 personas regalos, dinero y promesas de construcción de obras sociales a cambio de un permiso de paso. Recordó que las comunidades “se han organizado como sociedad civil para realizar operativos de vigilancia para detener la entrada de empresas mineras, por lo tanto de aceptarse la propuesta se estaría promoviendo un enfrentamiento entre campesinos que podría terminar en un problema mayor”.
María de Jesús Espinosa de los Santos: vocera del movimiento de protesta del Hospital Dr. Rafael Pascacio Gamboa, conferencia de prensa « Crisis de salud y Violencia hacia las mujeres », mayo de 2017 © SIPAZ
En abril, 9 enfermeras del Hospital “Dr. Rafael Pascasio Gamboa” en Tuxtla Gutiérrez realizaron una huelga de hambre (en el caso de algunas de ellas, extendiéndose por 10 días), la cual levantaron después de alcanzar una serie de acuerdos con el gobierno del estado en cuanto a sus demandas, que incluían el pago de sus prestaciones laborales, la reinstalación de 15 trabajadores cesados injustificadamente y el abasto de medicamentos en las 1200 clínicas y hospitales de la entidad. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) denunció además que la crisis del sistema de salud en Chiapas es “un problema histórico y estructural, que ha afectado no sólo a las y los trabajadores de este sector, sino sobre todo a las personas que acuden a los hospitales y clínicas del estado”. El 1° de mayo, las enfermeras volvieron a iniciar su huelga de hambre, tras considerar que se incumplió con la minuta de acuerdos.
En mayo, Felipe Arizmendi, obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, denunció que fue allanado el albergue para migrantes San Martín de Porres, ubicado en esa ciudad. Indicó que se han documentado otros en casas para migrantes de la diócesis en Palenque, Salto de Agua, Comitán y Frontera Comalapa.
En un avance contra la impunidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó la responsabilidad del Estado mexicano en el caso de la ejecución extrajudicial de Gilberto Jiménez Hernández en febrero de 1995 en la comunidad La Grandeza, municipio de Altamirano “en el marco de la implementación de la estrategia contrainsurgente diseñada dentro del Plan de Campaña Chiapas 94.” El CDHFBC recalcó que “hasta el día de hoy el fuero militar ha servido para asegurar la impunidad. Las investigaciones del presente caso se han enmarcado en la falta de debida diligencia para encubrir al Ejército mexicano”.
Chenalhó: preocupantes paralelismos con la escalada de la violencia de 1997
Movilización de los desplazados de Colonia Puebla, municipio de Chenalhó © Kuuntik
La disputa post electoral en el municipio de Chenalhó cobró la vida de dos personas del 22 de febrero al 7 de marzo, y derivó en más de una decena de heridos de bala. Desde inicios del 2016, inconformes realizaron protestas que llevaron a la alcaldesa, Rosa Pérez Pérez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a solicitar licencia al cargo. El Congreso local designó al síndico de este ayuntamiento Miguel Sántiz Álvarez alcalde sustituto. Sin embargo, en agosto pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó la reinstalación de Rosa Pérez, la que no se pudo dar sino que venía despachando desde San Cristóbal de Las Casas donde recibía los recursos oficiales que le corresponden al municipio.
En la madrugada del 22 de febrero, cientos de partidarios de Rosa Pérez tomaron el palacio municipal que más simpatizantes del alcalde sustituto venían resguardando. La toma del edificio y un enfrentamiento posterior dejó un muerto, 16 heridos, vehículos destruidos y casas saqueadas. Los testimonios refieren el uso de armas de fuego de alto calibre y de “chalecos antibala”. Posteriormente fue hallado el cuerpo de Lorenzo Sántiz Álvarez, hijo del síndico de Chenalhó.
En este contexto, la parroquia de Chenalhó recordó cómo se llegó a la Masacre de Acteal hace casi veinte años: “parece repetirse la historia: actos de violencia, amenazas, muertos y heridos, desplazados, casas quemadas, actuación de grupos armados, tráfico de armas”. Denunció que “las autoridades no hacen nada para resolver el problema”. El conflicto ha causado hasta ahora más de 200 desplazados y 4 muertos: “es público y notorio que en el municipio se han reactivado los grupos armados y están actuando con total libertad e impunidad.”
Violencia contra las mujeres, sin retroceder a pesar de la Alerta de Violencia de Género
Peregrinación de las mujeres de la Sociedad Civil Las Abejas, municipio de Chenalhó, 8 de marzo de 2017 © SIPAZ
En marzo, el Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas A.C. (COLEM) señaló que en 2016 fallecieron 138 mujeres por muerte violenta, 89 casos siendo catalogados como feminicidios. Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Chiapas se encuentra en el décimo lugar de los estados mexicanos con mayor número de agresiones a mujeres registradas.
En abril, más de 5 meses después de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas denunció que “pese a los compromisos adquiridos por las instituciones del gobierno estatal y federal para la implementación de acciones inmediatas para atender la AVG, señalamos la falta de compromiso en acciones claras y contundentes para atender las múltiples denuncias presentadas por hechos de violencia y feminicidio hacia las mujeres”. Reiteró que “la declaratoria parcial de AVG para 23 municipios omite las graves violaciones a derechos humanos de las mujeres que se están cometiendo en el resto de municipios de la entidad”.
Iniciativas y consolidación de otras propuestas
Recordando la masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1997 © SIPAZ, Archivo
En marzo, la Organización Sociedad Civil Las Abejas lanzó la Campaña “Acteal: Raíz, Memoria y Esperanza”, misma que se realizará este año en el marco de los 20 años de la Masacre de Acteal y de los 25 años de la fundación de su organización.
En abril, se llevó a cabo el II° Foro en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, en Santa Lucía, municipio de Ocosingo. Sus participantes acordaron continuar con su lucha y ratificaron su rechazo a la presencia de la gendarmería ambiental en sus territorios. Reafirmaron “no permitiremos desalojos, ni ningún proyecto impuesto ajeno al interés y decisión de las comunidades”; y reconocieron que pueden “construir gobiernos comunitarios”.
En abril, se llevó a cabo el Seminario de Reflexión Crítica “Los Muros del Capital, las Grietas de la Izquierda” en San Cristóbal de las Casa, una iniciativa convocada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) (ver artículo). En mayo, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el EZLN llevaron a cabo la Asamblea Constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) en San Cristóbal de las Casas. Fueron elegidos 71 concejales y María de Jesús Patricio Martínez, de 57 años, indígena Nahua de Jalisco y médica tradicional fue designada su vocera. Será candidata independiente a la presidencia de la República en el 2018.
OAXACA: Inseguridad e impunidad
Bettina Cruz Velázquez © SIPAZ, Archivo
En mayo, más de 50 organizaciones llamaron al gobierno a actuar ante el aumento de la inseguridad en el estado. Señalaron que las cifras oficiales no reflejan la amplitud de la problemática. Indicaron que “Desafortunadamente estos acontecimientos se han ido normalizando en la sociedad (…) sin que (…) exista una estrategia integral clara de los distintos niveles de gobierno para mejorar las condiciones de vida de la población”.
Por otro lado, se siguen registrando amenazas, agresiones y difamación a defensores de derechos humanos. En marzo, el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, defensor de los migrantes, fue amenazado de muerte por medio de un video de YouTube.
Rodrigo Flores Peñaloza y Bettina Cruz Velázquez de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y de la Articulación de Pueblos Originarios Del Istmo En Defensa Del Territorio (APOYO) denunciaron vigilancia, amenazas y difamaciones en los últimos meses. Varios antecedentes podrían explicar estos hechos: “coincide con las intensas movilizaciones realizadas para la exigencia del esclarecimiento del asesinato de José Alberto Toledo Villalobos de Chahuites, defensor del derecho humano a la energía eléctrica (…); Además del apoyo activo a la defensa del cerro Iguú llevada adelante por las comunidades indígenas zapoteca (…) de San Blas Atempa, ante la construcción de la subestación eléctrica de la SEDENA. Cabe destacar también la reciente presentación del amparo colectivo (…) ante el nombramiento de la región como Zona Económica Especial, la segunda fase de proyectos eólicos y las concesiones mineras”.
Esos son unos ejemplos de los procesos de defensa de la tierra y el territorio que han derivado en amenazas. En mayo, la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) también denunció hostigamientos cuando buscaba realizar un foro contra la minería en San José del Progreso, “donde desde hace ocho años han defendido su territorio frente al proyecto minero “San José””. Informó que el presidente municipal “amenazó públicamente a nuestra organización, comunidades de la región y organizaciones civiles” planteando el “no permitir la entrada a la población para la realización de un foro”.
Otro tema que ha derivado en agresiones a defensores, está vinculado a la represión policíaca del 19 de junio de 2016 contra un bloqueo en rechazo a la reforma educativa, la cual causó la muerte de ocho personas y al menos 226 heridos civiles. En marzo, el Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 Junio de Nochixtlán (Covic) denunció “un intento de homicidio” en contra de su presidente, Santiago Ambrosio Hernández quien resultó herido. En abril, el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert Calvo, informó que cuando se encontraba en las inmediaciones de Nochixtlán, le dispararon a larga distancia con impactos de balas en su vehículo. Señaló que en el caso Nochixtlán, “la falta de avances en la investigación favorece la impunidad, y alienta las agresiones a las víctimas, a familiares de las personas fallecidas y a sus defensores, por lo cual es necesario visibilizar la dilación con la que las autoridades están actuando para iniciar las investigaciones”.
GUERRERO: la violencia omnipresente
Manifestación por la aparición con vida de los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero © SIPAZ, Archivo
En febrero, el Centro de derechos humanos Tlachinollan denunció la escalada de la violencia en Guerrero “donde el poder visible está ausente y más bien se hace cómplice de la criminalidad”. Afirmó que el Estado ya no está al servicio ni protege a la población sino a los intereses de las grandes transnacionales y los del crimen organizado, ambos vinculados entre ellos generando “un ambiente de miedo que coloca a las personas en un estado de suma vulnerabilidad”. Declaró que el modelo de desarrollo está “fincado en el despojo y la privatización de los recursos estratégicos” mientras se profundiza gravemente la desigualdad social. Además, señaló que “desaparecen y arremeten violentamente contra quienes se oponen a esos negocios truculentos”.
Ejemplo de ello, un juez determinó que Arturo Campos, integrante de la Coordinación Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC – PC) no cometió el delito de secuestro que le imputaron hace más de tres años. Tlachinollan consideró que “en el camino hacia la búsqueda de justicia se ha dado un paso más para demostrar no sólo inocencia sino también las técnicas del Estado para criminalizar el modelo de justicia comunitario de la CRAC-PC”.
En el boletín de febrero ya mencionado, Tlachinollan también culpó a los cuerpos de seguridad y el mismo Ejército de haber sido “incapaces de contener este desorden institucional“. Vale la pena mencionar que en Guerrero, el responsable de Seguridad Pública y Protección Civil es desde 2014 el general brigadier Pedro Almazán Cervantes. Es además el estado con más presencia castrense de México desde los años de la guerra sucia. Aun así, de acuerdo con el Índice de Paz México del Instituto para la Economía y la Paz, en 2016, Guerrero fue, por cuarto año consecutivo, el estado con más violencia en el país.
Graffiti aludiendo a los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa © SIPAZ, Archivo
También es de preocupación que el caso más mediático de derechos humanos en Guerrero, el de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (2014) siga sin avances. En abril de 2017, el Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló “la falta de celeridad en alcanzar conclusiones”. Refirió que “la emisión de declaraciones públicas de altas autoridades que validan la hipótesis de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula, es de preocupación para la Comisión”. Según informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), “el fuego mínimo necesario para la combustión de 43 cuerpos no era científicamente posible dadas la evidencias encontradas”.
En abril, los familiares de los desaparecidos fueron desalojados violentamente de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación con bombas de gases lacrimógenos. Estaban esperando ser atendidos por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para conocer y exigir avances en las investigaciones.
