ARTÍCULO: De familiares de desaparecidos a defensoras y defensores organizados

Hasta encontrarlos. Manta elaborada por familiares de personas desaparecidas en la «Guerra Sucia» vinculados a AFADEM. Atoyac, Guerrero. Marzo de 2016 © SIPAZ

Tras el aviso de la detención de Rosendo Radilla en 1974, su familia empezó a buscarle inmediatamente. Su esposa y sus hijas recorrieron oficinas de gobierno, cárceles y hospitales. Al no encontrarle hicieron denuncias públicas, organizaron marchas, mítines y protestas como formas de presión para exigir la aparición de Rosendo.

Éstas son acciones comunes por parte de las y los familiares de las personas desaparecidas. El dolor por la falta de la persona, la incertidumbre sobre su paradero y su estado de salud, sumado a la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, han motivado la organización de familiares en torno a la búsqueda y a las exigencias de verdad y justicia. Muchas son las familias que han emprendido la busca por cuenta propia, claro ejemplo de ello son las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala o los hallazgos de fosas clandestinas por parte de grupos de familiares de víctimas en varios estados del país.

Actualmente, son más de 40 las organizaciones y colectivos de familiares de víctimas de desaparición en toda la geografía mexicana. Uno de los grupos es el Comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, Guerrero. Integrado por más de 500 familias, semanalmente llevan a cabo jornadas de búsqueda de fosas clandestinas en los cerros aledaños. En sus reuniones comparten cómo sus seres queridos salieron a trabajar y ya no regresaron, cómo fueron detenidos en un retén policial y ya no se supo de ellos o cómo personas armadas se los llevaron de sus casas. Posteriormente, se equipan con picos y palas y salen a los alrededores a excavar donde hay indicios de posibles fosas. Al poco tiempo del inicio de sus actividades, el gobierno les prohibió que siguieran excavando bajo el argumento de que alterarían los escenarios. Aunque las familias ya no realizan excavaciones, siguen localizando fosas y marcándolas para que las autoridades competentes investiguen. Desde su constitución en noviembre de 2014, han hallado más de 90 fosas clandestinas con 132 cuerpos. Por su incómoda labor, no les han faltado amenazas y hostigamiento, además del asesinato de una de sus integrantes, Norma Angélica Bruno, quien fue ejecutada en febrero de este año. “¿No miras el peligro?”, le preguntaron a la madre de una víctima de desaparición, integrante de Los Otros Desaparecidos. “A mí ya no me importa dar mi vida”, respondió. “Yo estoy dispuesta a darla, por volver a verlo”. Según la Procuraduría General de la República (PGR), son alrededor de 150 las fosas clandestinas halladas en el territorio nacional.

Misa en Iguala, Guerrero, durante la caravana de familiares y acompañantes de Ayotzinapa. 3 de marzo de 2016 © SIPAZ

Otra de las luchas paradigmáticas a nivel nacional es la de la familia Radilla, quién presentó el caso de la desaparición de Rosendo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Ésta resolvió, por primera vez en la historia, que el Estado mexicano fue culpable de graves violaciones a los Derechos Humanos, señalando al Ejército como responsable de la desaparición. También estableció que los militares acusados de violaciones a los Derechos Humanos no pueden ser juzgados por un tribunal militar, ordenando que esos casos sean procesados por la justicia ordinaria y no en el fuero militar. Esta sentencia, del 23 de noviembre de 2009, fue un logro para el movimiento de familiares de víctimas de desaparición forzada, que puso fin a una de las grandes trabas legales para las investigaciones y reparación del daño como era el enfrentarse al hermetismo e inaccesibilidad de los tribunales militares. Aunque la sentencia del caso Radilla todavía está pendiente su total aplicación, se han empezado a ver algunos resultados. Actualmente se está procesando a un elemento del Ejército y a cinco marines por dos casos de desaparición forzada, los cuales a pesar de ser sumamente ínfimos frente a las más de 27.000 personas desaparecidas en el país, traen a las familias “un rayo de esperanza, la esperanza de que finalmente puedan conocer la verdad y obtener justicia y reparación”, según AI.

Asimismo, cabe destacar la labor del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y su lema “estamos hasta la madre” en la denuncia de la violencia hacia la población desatada por la guerra contra el narcotráfico. Desde 2011 este movimiento ha condenado el tratamiento de las víctimas como “daños colaterales” y “cifras sin nombre”, congregando a miles de ciudadanas y ciudadanos en un proceso organizado de víctimas que pedía el fin de la guerra. Uno de los logros más destacados del movimiento fue la promulgación de la Ley General de Víctimas, que estableció un marco de los derechos de las víctimas y acciones para garantizar su protección, atención y reparación del daño. A pesar de la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) —organismo para acompañar la aplicación de la ley de víctimas—, pocas son las familias que han sido beneficiadas por la misma. Múltiples víctimas opinan que hay trabas burocráticas para la tramitación de los apoyos de reparación del daño, habiendo sólo 120 personas compensadas económicamente desde su creación, como afirma el medio Animal Político.

Por otro lado, un gran ejemplo de organización de familiares de personas desaparecidas es el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México. De reciente constitución, es un esfuerzo de articulación de más de 60 organizaciones de familiares de personas desaparecidas y de alrededor de 40 organizaciones de la sociedad civil. Después de más de 40 años de la creación de las primeras organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada, habiendo superado cierta estigmatización por su lucha, siguen creyendo que sólo de manera organizada harán la presión suficiente para que se haga justicia. A pesar de estar constituido por organizaciones y colectivos con diferentes posiciones políticas, es un actor clave en cuanto a la denuncia de las consecuencias de la desaparición forzada, así como los vacíos y las deficiencias del gobierno en la búsqueda, investigación y garantía de sus derechos como víctimas.

Exigencias por una Ley de Desapariciones

Conferencia de prensa de familiares y acompañantes de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Iguala, Guerrero. Marzo de 2016 © SIPAZ

Una de las demandas principales del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México es la creación de una Ley General sobre desapariciones que regule la actuación de las autoridades de los tres niveles -municipal, estatal y federal- en relación a esta problemática. Tal y como exigió la ONU al gobierno mexicano, las organizaciones de familiares de víctimas de desaparición están participando actualmente en la elaboración de esta ley, aportando sus vivencias “cargadas de sufrimiento pero también de sabiduría”, que se tornan en “importantes lecciones” que han de ser retomadas en la futura legislación. Primeramente, reclaman que la ley se adecúe a los tratados internacionales de Derechos Humanos; que dictamine la búsqueda inmediata y efectiva de las personas desaparecidas; que existan registros de desapariciones, de ADN, de cuerpos y restos no identificados y que incluya una verdadera reparación integral del daño. Además, varios organismos se han pronunciado para que la nueva ley contemple la complejidad del fenómeno y dé respuestas que vayan más allá de la sanción penal, como son la prevención, la asistencia a las familias o medidas de reparación integral. También pidieron al cuerpo legislativo que ‘‘no repitan el error’’ que cometieron al elaborar la ley de víctimas, misma que, dijeron, ‘‘no sirve’’. Familiares de personas desaparecidas o asesinadas han criticado la excesiva burocracia para recibir indemnizaciones, por lo que sólo se ha usado el 4.5% del presupuesto total.

Por un mundo sin desapariciones. Muñeca elaborada por familiares de desaparecidos de la «Guerra Sucia» organizados en AFADEM. Atoyac, Guerrero. Marzo de 2016 © SIPAZ

Ante esta grave situación en cuanto a desapariciones forzadas, la organización de familiares y personas solidarias se vislumbra como una luz de esperanza. Familias acusadas de “revoltosas” por andar buscando a sus seres queridos desaparecidos, quienes muchas veces han sido estigmatizados y acusados de tener vínculos con el crimen organizado, son quienes nos están dejando entrever las dimensiones de esta crisis de Derechos Humanos que atraviesa México. A día de hoy, son necesarias sus voces en exigencia de verdad y justicia, tanto para llegar a conocer el paradero de las y los desaparecidos en todo el país como para el diseño de estrategias y políticas públicas preventivas que logren frenar este trágico fenómeno. Como sentenció el MPJD en su tercer aniversario, “[h]oy queremos sembrar justicia y memoria en este México que, herido por la ineptitud y ceguera del actual gobierno, continúa con esta guerra. Sólo con la memoria y la reconquista del espacio público para la ciudadanía lograremos vencer el miedo y la parálisis”.