El presidente Zedillo, durante su cuarta gira en Chiapas en lo que va del año, afirmó que:

«el gobierno nunca actuará con la violencia ni con la represión frente a quienes están inconformes. El gobierno quiere el diálogo, quiere la negociación. […]Afortunadamente en México no hay persecución de ningún tipo. […]Es por eso que nos entristece mucho y debe preocupar a todos que existen divisiones y enfrentamientos en algunas comunidades de Chiapas, especialmente comunidades indígenas. Es muy triste que por intolerancia política, étnica o religiosa sigan dándose divisiones y enfrentamientos entre hermanos.» (La Jornada, 18 de mayo)

– Estas palabras fueron secundadas por Emilio Rabasa, el coordinador gubernamental para el Diálogo y la Reconciliación, cuando recalcó que

«[en Chiapas] la estrategia [gubernamental] a un año cinco meses [después de la masacre de Acteal], ha dado como resultado un clima de distensiones, de estabilización . […]Hoy[…]se ha favorecido la concordia social y la convivencia.» (La Jornada, 30 de mayo).

Al mismo tiempo a finales de mayo, Diódoro Carrasco Altamirano reemplazó a Francisco Labastida Ochoa como secretario de Gobernación, quien renunció para dedicarse plenamente a su pre-campaña presidencial. Este cambio propició, a inicios de julio (después de diez meses de no haber tenido contacto), una reunión entre los miembros de la COCOPA (Comisión de Concordia y Pacificación) y la Secretaría de Gobernación. El diputado López y Rivas del PRD (Partido de la Revolución Democrática) preguntó al secretario si el gobierno federal estaría dispuesto a presentar una nueva propuesta sobre la iniciativa de ‘Derechos y Cultura Indígena’ o a retirar la anterior. La respuesta fue que el secretario lo «iba a considerar», no comprometiéndose con acuerdos concretos.

Aunque con estos hechos se reafirma por un lado la presunta buena voluntad de los representantes políticos, por otro, la realidad no concuerda con esa retórica. Días más tarde, en las dos primeras semanas de junio, se pudo observar un aumento significativo en cuanto a incursiones militares y policiacas realizadas en comunidades zapatistas; detenciones arbitrarias de presuntos zapatistas; hostigamiento por parte de los militares en los retenes e instalaciones de nuevos campamentos militares. En cada una de las incursiones participaron entre cien y mil militares y policías. Como justificaciones de todos estos operativos, las autoridades estatales y federales mencionaron la aplicación de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, la lucha contra el narcotráfico, la detención de delincuentes, asegurar que pueda llegar la ayuda del gobierno y la protección de los pobladores que así lo pidieron.

Se registraron incursiones en una decena de comunidades en Las Cañadas de Ocosingo como La Trinidad y Nazareth. Dichas incursiones causaron miedo entre la población y debido a ello alrededor de 50 familias simpatizantes zapatistas provenientes de Nazareth huyeron y siguen desplazadas en una comunidad vecina. A finales de junio, durante una visita de SIPAZ a la zona, los desplazados de Nazareth comentaron: «Tenemos ordenes de aprehensión por delitos prefabricados. Por eso no podemos regresar. Se quedaron algunos de nuestros hijos y los priístas no nos dejan entrar para darles comida.»

Durante los operativos en El Censo y Pavorreal (también en Ocosingo), militares y policías detuvieron a algunos presuntos zapatistas, acusados de delitos de fuero común. Los habitantes dieron testimonios de destrucción de casas, de enseres domésticos y de maltrato físico. Hasta la fecha de entrega de este artículo seguían los patrullajes del Ejército durante los cuáles, según las autoridades de las comunidades zapatistas, militares interrogan agresivamente a los pobladores.

En los últimos meses se notó también una actitud más ofensiva en los retenes militares, de policías y de autoridades migratorias. En varias ocasiones, trabajadores de ONGs fueron intimidados o se les negó el libre tránsito. De la misma manera, los militares ejercen funciones de policía (detenciones) y migración (registro de datos migratorios de extranjeros), y oficiales de migración hacen preguntas de ‘inteligencia militar’ (preguntando sobre contactos zapatistas).

En el informe de la Conferencia del Episcopado Mexicano se explicó que, en el conflicto chiapaneco, el gobierno mexicano ha utilizado dos estrategias: desgastar al EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) y descalificar a la diócesis de San Cristóbal, incluyendo a sus obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera. Agregó que el estancamiento de las negociaciones se debe a la intolerancia de las partes y al incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.

Apoyos económicos

Por otro lado, en los meses de abril, mayo y junio siguieron las campañas publicitarias gubernamentales sobre la entrega de armas de supuestos zapatistas a cambio de apoyo económico gubernamental. El EZLN y algunas organizaciones sociales locales y regionales calificaron dichas entregas como «una farsa y un teatro».

A nivel federal, el gobierno puso en marcha un programa sin precedentes que prevé una amplia presencia gubernamental en 116 comunidades de Las Cañadas de Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano. Se hará con un presupuesto de cerca de 109 millones de pesos (aproximadamente 11 millones de dólares), que en teoría beneficiaría directamente a más de 3 mil productores. En el proyecto se incluyen recursos de un préstamo proveniente del Banco Mundial. En vista de la implacable oposición zapatista a dejar que los programas gubernamentales se implanten en comunidades con su influencia, el Procurador General de Chiapas, Gral. Eduardo Montoya Liévano, recientemente declaró que «el Gobierno garantizará que la ayuda llegue a las comunidades, y, si es necesario usar la fuerza pública para ello, entonces se hará.» Así, se teme que el nuevo programa servirá para aumentar el conflicto social en el área. Esos temores son intensificados por el hecho que la organización que orienta al gobierno en su política productiva en Chiapas es la Consultora Asesoría Alternativa A.C., dirigida por Diana Orive, hermana de Adolfo Orive, persona de línea dura que fue arquitecto clave de la política seguida por la administración de Zedillo en Chiapas.

Acteal

El 20 de mayo se dictó sentencia a Mariano Pérez Ruiz, ex-militar acusado de entrenar al grupo paramilitar que perpetró la matanza. Sin embargo, de la misma manera en que ocurrió con 10 ex-policías, fue condenado solamente por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Fue sentenciado a dos años de prisión, con posibilidad de salir bajo fianza. El Ejército declaró que efectivamente era un soldado, pero que estaba de vacaciones cuando se le encontró vinculado al grupo paramilitar. El sentenciado confirmó esta versión, aunque posteriormente declaró que el Ejército así se lo había pedido. Del mismo modo, el 19 de julio se condenó a 20 detenidos más por la masacre a 35 años de prisión por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y portación de armas de fuego sin licencia y de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

Otros avances incluyeron la detención de Victorio Arias Pérez, uno de los presuntos líderes de los paramilitares involucrados en la matanza de Acteal; y la ejecución de tres órdenes de aprehensión más.

Por otro lado, Amnistía Internacional solicitó al gobierno estadounidense que investigue a Julio César Ruíz Ferro (quien era gobernador de Chiapas cuando ocurrió la tragedia en Acteal y que ahora trabaja en la embajada mexicana de los EEUU), para determinar si tuvo responsabilidad o no en la masacre. La petición estuvo desestimada por el subsecretario para América del Norte y Europa, Juan Rebolledo Gout, bajo el argumento que «no hay naciones exentas de violaciones a los derechos humanos en el mundo».

La CNDH

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), observó que en México sigue persistiendo la «degradante» práctica de la tortura. Según su información, en 1998 se registraron 21 casos, en los cuales la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) aparecieron como las dos principales dependencias en donde se encuentran servidores públicos presuntamente responsables de este tipo de hechos.

Por primera vez en su historia, la Comisión dio cifras sobre las quejas en contra de la SEDENA. Dijo haber recibido 1679 quejas en su contra : la mayoría hechas por civiles y menos de 400 por militares en ejercicio de su trabajo o desertores.

Además propuso una reforma legislativa para arreglar la confusión con respecto a cual es la autoridad más indicada para tratar asuntos de violación de derechos civiles, cometidos por parte de militares. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez comentó al respecto que el Código de Justicia Militar, bajo ninguna circunstancia puede estar por encima de la Constitución General (cuyo artículo 13 menciona que los asuntos de violaciones a civiles deben ser entregados a la autoridad civil), ni de los convenios internacionales de derechos humanos firmados por el gobierno mexicano y ratificados por el Senado de la República, por lo que sería innecesaria una reforma legislativa.

La misma CNDH vivió un cambio legislativo cuando, a principios de junio, con la aprobación de las reformas al artículo 102 de la Constitución, recibió plena autonomía del Ejecutivo Federal, siendo ahora el Senado de la República el que nombre a su titular. Lo que no se aprobó fue la ampliación de facultades de la CNDH para trabajar asuntos laborales y electorales.

Otros asuntos

El diputado federal perredista, Gilberto López y Rivas, presidente en turno de la COCOPA en abril de 1999, informó que la fracción del PRD en la Cámara de Diputados tiene información con respecto a que en Chiapas se están integrando numerosos campos de entrenamiento de grupos paramilitares, financiados por los gobiernos federal y estatal. Dos priístas chiapanecos destacados recomendaron la renuncia de López y Rivas a la COCOPA, por deformar la realidad chiapaneca y la función de esta comisión. En respuesta, López y Rivas presentó la información que coleccionó a la Procuraduría General de La República, exigiendo una investigación profunda.

Durante el segundo encuentro entre representantes de la sociedad civil y el EZLN (8/9 de mayo), el EZLN invitó a las coordinadoras nacionales, estatales, regionales y municipales de la Consulta a que se transformaran en instancias de contacto entre el EZLN y la sociedad civil; ello dio como resultado un segundo foro estatal de la sociedad civil (20 de junio), donde participaron más de 70 organizaciones sociales mexicanas para dar seguimiento a la Consulta zapatista.

En julio, cuatro partidos de oposición y el Senador Pablo Salazar, que recientemente dimitió del PRI, firmaron un acuerdo para escoger a un candidato único en las elecciones del 2000 para Gobernador de Chiapas. La nueva coalición, llamada el ‘Movimiento de la Esperanza’, incluye al Partido de Acción Nacional (PAN), al Partido de la Revolución Democrática (PRD), al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y al Partido del Trabajo (PT). Aunque el acuerdo no estipula quién será el candidato, Salazar ha expresado su deseo de contender. Aún siendo un senador del PRI, ha sido altamente crítico de la política gubernamental con respecto al conflicto de Chiapas. La nueva coalición representa un reto de formidable potencial para la histórica dominación del PRI en la política chiapaneca.

A nivel internacional

En el informe anual de 1998, Amnistía Internacional afirmó que continúa recibiendo denuncias sobre violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército Federal y los grupos paramilitares vinculados con el gobierno mexicano. Agregó que unas de las violaciones más frecuentes son el caso de los presos políticos, el hostigamiento a dirigentes de Organismos No Gubernamentales y la expulsión de observadores extranjeros.

En los Estados Unidos se concedió asilo a un ex-capitán del Ejército mexicano al contender que podría ser perseguido en México por renunciar a matar a rebeldes zapatistas ya capturados. El ex–capitán llegó a los Estados Unidos en 1994. Durante el proceso, que fue el primero de esta índole, la Juez en Estados Unidos dijo que dos reportes de derechos humanos y el testimonio de un testigo experto demuestran que hay buenas razones para creer que el Ejército mexicano ha torturado y matado a rebeldes zapatistas.

Además, el 1º de julio, el Senado estadounidense aprobó un apoyo financiero junto con el que se expresa gran preocupación por la no solución del conflicto en Chiapas. «La militarización de la región, incluyendo la violencia perpetrada por grupos paramilitares pro-gubernamentales, ha resultado en muertes civiles y ha forzado a miles a huir de sus casas». Notando el poco progreso hacia una resolución, en la declaración del Senado se urge al gobierno mexicano a acordar una fecha para la visita del Alto Comisionado para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y «tomar medidas para crear las condiciones necesarias que conduzcan a un diálogo político».