ACTUALIDAD: Caso Ayotzinapa pone en jaque a las autoridades
21/02/2015
ARTÍCULO: “Rostros del Despojo” – Campaña de solidaridad con las y los desplazad@s de Viejo Velasco, Banavil y San Marcos Avilés, Chiapas
21/02/2015
«El riesgo es el trabajo de investigación. Hay temas que vulneran la situación de gente en posiciones altas. Lo hacemos por convicción, pero es un periodismo de alto riesgo. La parte de acusación es lo que nos pone en riesgo. Nosotros probamos quién cometió la violación. No porque somos de la izquierda, sino porque investigamos».
Zósimo Camacho, Contralínea
Desde hace varios años, México tiene la indudable fama de ser uno de los países más peligrosos en el mundo para periodistas. En un informe de febrero de 2015, las organizaciones internacionales Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés) y el Washington Office for Latin America (WOLA), aseguran que: «[e]n los primeros nueve meses de 2014, la sección mexicana de la organización internacional Artículo 19 documentó 222 agresiones contra miembros de la prensa». Entre los años 2007 y 2013, Artículo 19 contó alrededor de 100 periodistas asesinados en México, principalmente en los estados del norte del país, además de Veracruz, Guerrero y Oaxaca. El inicio de 2015 no da muestras de cambios en este sentido, con la desaparición y el asesinato del periodista veracruzano Moisés Sánchez en las primeras semanas de enero y amenazas de muerte contra otras dos periodistas en el mismo estado, en las semanas posteriores. Moisés Sánchez trabajaba para el periódico La Unión, en Medellín, Veracruz, y denunciaba hechos delictivos y corrupción gubernamental. Francisco Sandoval, periodista de Artículo 19, menciona que hay una tendencia preocupante: dos de cada tres agresiones que documentan (de las «no graves») las comete un funcionario público. También, se observa la mano del crimen organizado y mucha colusión entre delincuencia y autoridades.
En el informe Disentir en el Silencio: La violencia contra la prensa y la criminalización de la protesta, México 2013, Artículo 19 se indica que más de 60 ataques contra periodistas tuvieron lugar durante protestas, indicador que muestra que las «autoridades opt(a)n por el camino de la represión y la confrontación directa». En casi un 60% de los casos, un funcionario público fue el responsable. Integrantes de la Casa de los Derechos de Periodistas, en la Ciudad de México, están llevando a cabo un monitoreo diario: llegaron a un promedio de 12 o 13 agresiones diarias a periodistas, entre ataques cibernéticos, allanamientos, robos, amenazas, entre otras.
Violencia diferenciada hacia las mujeres periodistas
© Plumas Libres
Tomando en cuenta que en el gremio periodístico existen más hombres que mujeres, la mayoría de los incidentes de violencia se dirigen hacia periodistas varones. Sin embargo, en entrevista con SIPAZ, el director del Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Omar Rábago Vital, mencionó que existe una violencia diferenciada entre periodistas hombres y mujeres. La violencia hacia hombres es física, como golpes, secuestros e incluso asesinatos, mientras que, hacia las mujeres son más comunes las amenazas a la familia, acoso sexual, descalificación de su trabajo o de su persona, e insultos. A esto se suma el acoso sexual hacia las periodistas mujeres dentro de las redacciones, y cabe tener en cuenta que, en puestos de jerarquía del ámbito del periodismo, se encuentran muy pocas de ellas.
Según el Informe de Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC) «Impunidad, Violencia contra Mujeres Periodistas – análisis legal», de 2014, la violencia contra periodistas mujeres aumenta a pesar de las medidas que se han tomado. Existen varias instancias oficiales y recursos, pero su creación no ha dado como resultado la disminución de la violencia, mucho menos su eliminación. Según el informe, entre 2012 y 2013 se presentaron 86 casos de violencia contra mujeres periodistas en México. En todos los casos registrados y documentados se encontró violencia psicológica. En un 75% de los casos, las periodistas fueron agredidas directamente por funcionarios públicos, en su mayoría, de gobiernos estatales. «Esto se reflejó de manera automática en la perpetuación de la impunidad», menciona el Informe. Analiza detalladamente cuatro casos de violencia hacia mujeres periodistas y la manera en qué se les dio visibilidad en los medios de comunicación: «De acuerdo con el Observatorio de Medios de CIMAC, la versión de las autoridades siempre se mantuvo distante del oficio periodístico como línea de investigación. Esas mismas afirmaciones fueron reproducidas por los medios sin cuestionamientos, lo que en el imaginario social construye un juicio erróneo y sexista de las mujeres».
La periodista de investigación de la revista semanal Contralínea, Érika Ramírez, vivió violencia directa en abril de 2010, cuando acompañó como reportera a la caravana a la comunidad de San Juan Copala en Oaxaca, la cual fue atacada por un grupo armado, causando la muerte de Jyri Yaakkola y Bety Cariño, dos integrantes de dicha caravana. Érika, junto con otras tres personas, logró escapar de la zona del ataque, aunque su carro recibió 64 impactos de bala. Las cuatro personas estuvieron escondidas en del monte durante 72 horas antes de ser rescatadas. Érika relata: «Después hubo mucha adrenalina por haber sobrevivido. Pensaba mucho en mi hijo, me dio miedo perder todo eso. Mi familia dijo: «ya no hagas ese trabajo, ya estuvo, piensa en tu hijo». Pero yo pienso en mi hijo, y eso es lo que le quiero enseñar. A tener un fuerte compromiso social. Después del miedo me subió la adrenalina de querer continuar en esto porque mucha gente vive lo mismo a diario. He regresado a la zona, dos años después y me hizo muy bien para superar el miedo. En este trabajo no puedes andar con miedo».
Caso Contralínea: en riesgo por su convicción
Contralínea es de los medios de comunicación que más demandas legales han recibido. Fue el primer medio en recibir medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras haber experimentado varios casos de amenazas y hostigamiento. En entrevista con SIPAZ, el coordinador de información, Zósimo Camacho, habló de la profunda desigualdad entre diferentes sectores de la población en México. Mencionó que cuando mira como algunas personas y empresas logran prosperar en México le hace pensar que «una riqueza de tal magnitud debe ser el despojo de alguien». Esta convicción le impulsa a investigar casos a profundidad y reportar sobre ellos. En Contralínea trabajan en dos campos: la rendición de cuentas de los tres poderes y los derechos humanos. La visibilización de casos de nepotismo, corrupción y violaciones a los derechos humanos pone en riesgo a los y las reporteras de la revista semanal. El equipo ha recibido varias formas de acoso, por ejemplo un veto publicitario, lo que ha complicado su situación económica en los últimos años. En junio de 2014, fueron allanadas sus oficinas en la Ciudad México y únicamente robaron mucha información y equipamiento técnico. Aun así, Zósimo Camacho enfatiza el ánimo y la convicción de los integrantes de continuar con el periodismo de investigación.
El Mecanismo de Protección a Periodistas: deja mucho que desear
© derechosdigitales.org
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, que fue creado en 2012, «no funciona» y como resultado de sus deficiencias, quienes han buscado su apoyo no han podido contar con él para garantizar su seguridad, dijeron PBI y WOLA, en febrero de 2015. En un informe, indicaron que la instancia aún enfrenta múltiples desafíos y deficiencias. Entre los problemas que identificaron, está la falta de personal, carencia de fondos y de capacidad para responder de manera oportuna y eficaz a las peticiones urgentes, y el hecho de que la implementación de las medidas de seguridad depende en gran parte de la colaboración de los gobiernos estatales y locales.
A la organización Artículo 19, además de haber sido impulsora de la creación del Mecanismo, en 2013 le tocó ser beneficiaria de la misma, después de haber recibido una carta anónima con una amenaza directa de muerte contra el director y los colaboradores de la organización. Al final, el Mecanismo propuso el retiro de las medidas de protección basándose en la suposición de que el riesgo de Artículo 19 era bajo porque no les había pasado «nada grave». Sin embargo, en su informe de 2013 «Disentir en Silencio», Artículo 19 relata que después de la carta anónima, experimentaron por lo menos siete incidentes de seguridad más.
Oaxaca: peligro especial para las defensoras
El estado de Oaxaca está entre los primeros más peligrosos para periodistas a nivel nacional, y en primer lugar para las mujeres defensoras de la libertad de expresión. En febrero de 2015, la Red de Mujeres Activistas y Defensoras de Derechos Humanos de Oaxaca, integrada por 100 defensoras, expresó su preocupación frente al grave incremento de los ataques contra mujeres defensoras y periodistas en el estado de Oaxaca. Menciona que «[d]esde el año 2010, […] Oaxaca se coloca en primer lugar de ataques a nivel nacional. Más grave aún es el constante aumento del número de ataques; asimismo en el 2012, 48 agresiones fueron registradas, en el 2013 fueron 122 y en el 2014 fueron 198 [sic]». Como ilustración, en agosto del 2014, comunicadoras y organizaciones de Oaxaca condenaron agresiones cometidas en contra de tres mujeres periodistas en diferentes ocasiones. En un comunicado, subrayan que «la inseguridad que vive el estado de Oaxaca ha colocado a las mujeres periodistas en un estado de indefensión, en donde no sólo no se nos garantizan las condiciones para el pleno ejercicio de nuestra labor, sino que además no existen acciones efectivas de no repetición. […] El Informe [de CIMAC], revela que Oaxaca, al igual que Chiapas y Puebla, comparten el cuarto lugar a nivel nacional en agresiones a mujeres periodistas».
Chiapas – «Periodismo de desestabilización»
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También en Chiapas existe riesgo para los y las comunicadores. Como denunció el diario digital Chiapas Paralelo el pasado 2 de febrero, una estrategia que han implantado los gobernadores, en el escenario de redes digitales sociales, es degradar y difamar a «periodistas incómodos». Las prácticas de difamación de periodistas y amenazas y hostigamientos hacia ellos, no son nuevas. Mencionan tanto al ex gobernador Juan Sabines, quien agraviaba a periodistas, como a Pablo Salazar, quien quedó ?marcado y oscurecido por [l]a persecución injusta en contra de los directivos de [los periódicos estatales] Cuarto Poder y El Orbe?. Identifican un modo igualmente usado por el actual gobernador Manuel Velasco, ?si atiende a esas voces que le aconsejan que difame a ciertos periodistas, que los encierre y les haga la vida imposible?. En otra reciente ocasión, la periodista Ángeles Mariscal, del mismo diario Chiapas Paralelo, fue acusada de impulsar una guerra sucia en medios sociales, cuando señaló la violación al Artículo 33 de la Constitución Mexicana, que cometieron quienes participaron en el video donde cinco extranjeros que dicen ser turistas, hacen campaña política a favor de un diputado local. Según la legislación mexicana, personas extranjeras no pueden participar en la política interna, es decir que su expresión pública a favor de un cierto funcionario público no es permitida.
Guerrero: la libertad de expresión reprimida en protestas
En Guerrero, la situación es igual de precaria. Recientemente, ha habido varios incidentes fuertes de represión de manifestantes y de comunicadores, en el contexto de las manifestaciones para la aparición de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Por ejemplo, el 11 de noviembre, policías golpearon al periodista Carlos Navarrete del Diario El Sur, además de agredir a por lo menos otros 10 periodistas que documentaban el violento desalojo de 500 maestros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) de las oficinas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chilpancingo. Al día siguiente, trabajadores de los medios de comunicación protestaron en el Palacio de Gobierno y en el plantón de la CETEG para exigir garantías para realizar su trabajo periodístico. La organización internacional Artículo 19 planteó que la Policía Estatal de Guerrero, debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección efectiva de este derecho «en contextos de manifestaciones o protestas públicas, como serían la adopción de protocolos de actuación dirigidos a los cuerpos de seguridad y otras autoridades en dichos contextos, a fin de que cumplan con su deber de prevenir y proteger ante cualquier agresión dirigida en contra de periodistas y personas que asistan y realicen la cobertura de manifestaciones».
El autocuidado de periodistas
En el informe de 2014, CIMAC declara que las constantes agresiones contra la libertad de expresión en México han obligado a numerosos periodistas y medios de comunicación, a renunciar a la publicación de noticias acerca de actos de corrupción o sobre el crimen organizado, privando de esta manera a la sociedad mexicana de información fundamental. Una respuesta a la autocensura ha sido el surgimiento de sitios en Internet donde personas pueden subir información sobre temas sensibles de forma anónima. Esto funciona para estados de altos niveles de violencia por parte del crimen organizado, como Veracruz y Tamaulipas, pero también para estados donde se supone que la represión y la censura de los medios de comunicación tradicionales, es causada mayoritariamente por parte de funcionarios de gobierno, como en el caso en Chiapas. Como menciona Ángeles Mariscal: «Gracias a internet se puede ejercer en Chiapas un periodismo profesional. Antes, por los altos costos de los periódicos impresos, se requería de un patrocinador, el cual era casi siempre el gobierno del estado. Hoy el sueño de todo periodista profesional se ve concretado en las redes sociales y en los sitios de internet». Otra respuesta para prevenir el aumento de la autocensura, ha sido la estrategia de firmar como «redacción», para de esta manera protegerse como periodistas de demasiada visibilidad.
© SIPAZ
En 2010, ante la grave situación de inseguridad, un grupo de periodistas y abogados expertos en derechos humanos, creó la Casa de los Derechos de Periodistas. Uno de sus iniciadores, Víctor Ruíz Arrazola, en entrevista con SIPAZ, cuenta que faltó la defensa protectiva y la prevención para periodistas en riesgo. Por eso, se creó un refugio en la Ciudad de México, un lugar seguro donde periodistas en situación de peligro pueden estar por un tiempo si lo necesitan. No es un requisito interponer denuncia penal para poder llegar. «Hacemos análisis de riesgo para ver en qué podemos ayudar y qué condiciones necesitan para volver a integrarse en su labor que es el periodismo. El objetivo es que no nos arrinconen y dejemos el trabajo», explica Víctor Ruíz. Alrededor de 20 periodistas fueron atendidos en la Casa en los últimos 3 años. La mayoría venía de Veracruz, Michoacán, Guerrero, el DF, Durango, Chihuahua y Sinaloa.
Lo más importante para poder continuar con el trabajo de periodismo de la manera más segura posible, menciona Érika Ramírez, es estar preparados como periodistas: «hay que saber qué no debes hacer, como por ejemplo ir delante en caravanas, aunque queramos tener la foto. También hay que estar preparados física- y emocionalmente. Muchas veces no hacemos ejercicio, no tomamos en cuenta las medidas de seguridad. Aguanté en el monte los 3 días porque estaba bien físicamente. Tenemos que estar en constante comunicación. En el caso de San Juan Copala, dejamos una lista con números de teléfono en caso de emergencia y por eso pudieron acudir rápido al lugar porque logramos llamar a alguien de la lista». Su colega Zósimo Camacho considera que cursos de seguridad igualmente son de importancia, aunque no siempre pueden tomar en cuenta las recomendaciones. Relata que «[a] veces en los cursos la recomendación es de «no ir», pero no es una posibilidad para nosotros. En Copala dijimos que no íbamos a pasar el retén pero sí queríamos ir. No hay nota que valga una vida. No vale aventurarse. Pero la emboscada fue antes del retén».
Estar preparados y preparadas como periodistas también significa, como menciona Ángeles Mariscal, tener una red de aliados que te protejan. Hoy existe una red amplia de periodistas en México y en el extranjero. Según ella, «la mejor protección es tener buenas prácticas. Porque si haces bien tu trabajo las personas van a tejer una red alrededor de ti. Si no tenemos la solidaridad del pueblo, no podemos seguir con nuestra labor».
Al parecer, la libertad de expresión en México está bajo fuego debido a los múltiples golpes que han recibido sus defensores y defensoras en los últimos años. Periodistas secuestrados y asesinados, blogueros anónimos perseguidos, radios comunitarias que dejan de funcionar tras amenazas, y comunicadores siendo sujetos de campañas de difamación, son situaciones que desde hace varios años se viven diariamente en el país. Todo esto, implica que la sociedad en general no tiene acceso a una información verdadera y amplia. Es importante reconocer la valentía de los y las comunicadores, tanto de los periodistas profesionales como de los ciudadanos comunes, y de los medios libres y alternativos, en su labor diaria de difundir información, para que la sociedad tenga noción de lo que está pasando en su comunidad, en su estado y en su país. Citando a Ángeles Mariscal: «Nos pone en riesgo pero no dejamos de hacer nuestro trabajo. El bien común es el Derecho de Saber de la sociedad».