ANÁLISIS: México – en la mira internacional en materia de derechos humanos
27/05/2013
ARTÍCULO: Alberto Patishtán – El preso al que más gobernadores de Chiapas han prometido o avalado su liberación
27/05/2013
La industria minera es una de las mayores industrias de la economía global y la que genera mayores impactos sociales y ambientales, no sólo en México sino en toda América Latina y el mundo. Los pueblos indígenas y las comunidades campesinas son los que se ven más afecta’dos, ya que es principalmente en sus territorios donde se encuentran la mayor parte de los recursos naturales. La minería ha formado una parte importante de la economía mundial desde la época colonial, cuando en países como Perú, Bolivia y México, se llevaron a cabo con éxito los primeros intentos de extracción de metales, como el oro y la plata. Debido a los métodos menos desarrollados para la extracción de minerales en aquella época, estos procesos llevaban mucho más tiempo y los efectos sobre el medio ambiente eran mucho menos graves. Actualmente, de acuerdo con Gustavo Castro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), la extracción de plata durante 26 meses y la de oro durante 6 meses genera la misma cantidad de estos metales que lo que hubiera requerido un trabajo de 120 años en la época colonial.
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En México, el sector minero representa el 8% del Producto Interno Bruto (PIB). El país está liderando los países con mayor producción de plata, y es un competidor de primer nivel en la de zinc, cobre y oro en el mundo. No obstante, este sector genera un impacto enormemente perjudicial para el medio ambiente, así como para la vida humana y animal. La actividad minera genera contaminación del aire, el agua y el suelo, y con frecuencia genera una variedad de problemas de salud en la población que vive cerca de las minas. El problema no es el mineral en sí mismo sino el modelo que sustenta su extracción industrializada, de acuerdo con analistas críticos que han subrayado la insostenibilidad del modelo. Afirman que no toma en cuenta los impactos sociales, económicos y culturales, ni tampoco el daño irreversible al medio ambiente.
La minería mexicana en un contexto global
En México, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la reforma del artículo 27 constitucional en 1992 facilitó la exploración y explotación de minerales aunque, de acuerdo con la Ley Agraria, los propietarios de las tierras son quienes tienen que dar permiso a la actividad minera. Según REMA, el gobierno mexicano, lejos de proteger, garantizar y promover los derechos humanos de la población, beneficia y legisla a favor de los intereses mineros. Con las últimas modificaciones constitucionales relativas a los temas de agua, minería, agricultura y medio ambiente, entre otros, el gobierno federal ha facilitado las inversiones mineras aún más.
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Los miembros de REMA sostienen que la reglamentación nacional busca adaptarse a las regulaciones promovidas en el marco del Acuerdo Estratégico TransPacífico de Asociación Económica (TPP). Desde 2010, se han dado negociaciones hacia la consolidación de este acuerdo de libre comercio al que, para diciembre de 2012, participaban Australia, Brunei, Chile, Canadá, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos, Vietnam y México. El TPP ha recibido críticas y generado protestas de sectores de la sociedad civil así como de legisladores, por el carácter secreto del proceso, su amplio alcance, y por algunas cláusulas controvertidas de los borradores filtrados a la opinión pública. Según Public Knowledge (www.tppinfo.org), el TPP sufre de una grave falta de transparencia y pasa por presiones de gobiernos extranjeros hacia la adopción de leyes nacionales desequilibradas. Activistas antiglobalización acusan al TPP de ir mucho más allá del ámbito de la reducción de aranceles y la promoción del comercio. Otorga un poder sin precedentes a las corporaciones y podría implicar la violación de derechos humanos de los consumidores, los trabajadores, así como de los derechos ambientales. Rainfortest Action Network (RAN), en un artículo de septiembre de 2012, menciona que «de los 26 capítulos en fase de negociación, sólo unos pocos tienen que ver directamente con el comercio. Los otros capítulos consagran nuevos derechos y privilegios de las grandes empresas al tiempo que debilitan el poder de los Estados nacionales que podrían oponerse.»
Según el Instituto Fraser, México ocupa el 24° lugar a nivel mundial en cuanto a la importancia de reservas de minerales. No obstante, se encuentra en los primeros lugares en cuanto a intereses de inversión de empresas mineras de todo el mundo. En materia de inversión minera extranjera, México se ubicó en el cuarto lugar mundial y en el primer lugar en América Latina, eso en buena medida debido al hecho que no cuenta con regulaciones estrictas para las inversiones mineras. Las disponibilidades energéticas del país y la existencia de amplias redes de carreteras facilitan las actividades mineras, así como el hecho de que no haya prácticamente ninguna condición sobre la forma y lo que se puede extraer de suelo mexicano. Diferentes actores confirman que esto provoca el saqueo de minerales estratégicos y amenaza el mantenimiento de la riqueza biológica, así como de la cultura mexicana.
Aunque a nivel gubernamental se están dando debates sobre la reforma de la Ley minera, esta adaptación quedaría probablemente aún lejos de resultar en la suspensión de la extracción de minerales sin regulación. La discusión gira alrededor de la posibilidad de obligar a las empresas mineras a pagar un 5% de impuestos sobre sus ingresos. El objetivo de esta iniciativa es transformar parte de los beneficios económicos de las actividades mineras en beneficios para las comunidades y regiones donde se llevan a cabo. Sin embargo, tomando en cuenta el enorme impacto de estas empresas en la calidad del agua, el aire, el suelo y el medio ambiente en su conjunto, esto no puede ser considerado como una compensación equilibrada.
Otro hecho interesante, según un informe de Deloitte de mayo de 2012, del 70% de la inversión extranjera en México en actividades mineras, un 75% de las empresas son de propiedad canadiense. Desde una perspectiva canadiense, el 44% de la inversión extranjera es hacia México. La relación económica entre México y Canadá se ha fortalecido desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en 1994.
Minería y resistencia en Chiapas
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Casi todas las concesiones mineras en Chiapas fueron otorgadas entre 2000 y 2012, durante los gobiernos federales de Vicente Fox y Felipe Caderón. Se reportaron 153 nuevas concesiones para actividades mineras durante este período y son propiedad de mexicanos (individuos), del gobierno federal, y de empresas mexicanas o extranjeras. La superficie total potencialmente afectada por estas actividades llegaría a más de 1,5 millones de hectáreas, lo que representa más del 20% del territorio de Chiapas. Las actividades se planean o se dan sobre todo en territorios indígenas y campesinos, caracterizados por una rica biodiversidad. De acuerdo a la organización Otros Mundos, 54 proyectos mineros tienen concesiones por 50 años en un total de 24 municipios de Chiapas. Las concesiones otorgadas para la explotación minera a cielo abierto abarcan por su parte más del 10% del territorio chiapaneco.
La minería a menudo conduce a conflictos entre la población y la empresa, o autoridades a distintos niveles. En Chiapas, así como en otras partes de México, se han presentado casos de amenazas, persecuciones, desplazamientos, e incluso asesinatos de líderes de movimientos contra la minería en la última década. Por lo mismo, a partir de 2007, la gente ha empezado a organizarse en contra de los proyectos mineros en el estado. Varias organizaciones, entre ellas REMA, la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ), el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo de minería extractiva (M4), han empezado a organizar reuniones, movilizaciones, bloqueos, campañas y demandas judiciales por corrupción contra los proyectos mineros en Chiapas.
Las empresas mineras canadienses crean conflicto en México
Chicomuselo – Chiapas
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Se han dado muchas acciones contra la empresa canadiense Blackfire Exploration, que compró una concesión minera en Chicomuselo. A pesar de ello, dicha empresa afirma que ha proporcionado empleo a habitantes de la zona y que los efectos sobre el medio ambiente han sido mínimos. Sin embargo, las comunidades han seguido organizándose en contra de la explotación de barita promovida por Blackfire debido a sus impactos negativos sobre la salud y el medio ambiente. Muchos de los lugareños utilizan el río como lugar para bañarse y lavar su ropa, sin embargo, desde la llegada de la empresa minera, muchos dijeron tener irritaciones de la piel. Más de 200 familias indígenas fueron desplazadas, y sólo 25 hombres recibieron un empleo en la mina.
Nuevos problemas surgieron después de que un líder activista contra las minas, Mariano Abaraca, denunciara las tácticas intimidatorias utilizadas por trabajadores de Blackfire ante la Embajada de Canadá. Las tensiones aumentaron en agosto de 2009, cuando Abarca fue detenido. 1.400 cartas fueron enviadas a la Embajada expresando grave preocupación por su vida. En noviembre de 2009, Abarca fue asesinado por hombres que supuestamente tenían conexiones con la empresa, una situación que llevó al cierre de la mina. Se han recibido informes sobre la corrupción prevaleciente, en particular sobre el hecho que el alcalde había estado recibiendo pagos directos de parte de Blackfire. Además, surgieron preguntas sobre la posición de la Embajada de Canadá ante el caso. Según Mining Watch Canadá, la Embajada siempre mantuvo «un apoyo activo e incondicional» hacia la empresa, antes, durante y después de que se vio envuelto en una controversia sobre el asesinato de Abarca.
Estas denuncias deben investigarse más a fondo, pero es evidente que el pueblo de Chicomuselo, hasta ahora, se mantiene en resistencia. En febrero de 2013, alrededor de 78 ejidos de 11 municipios de las regiones de la Costa y la Sierra de Chiapas, conformaron «Guardias Civiles de Autodefensa», con el objetivo de frenar el saqueo de las empresas mineras. Más de 2.000 campesinos empezaron este movimiento de autodefensa, llamado Unión de los Pueblos y Comunidades para la Defensa de nuestro Patrimonio, Agua y Medio Ambiente, en el municipio de Motozintla, para impedir que empresas como Blackfire trabajen en la región. De acuerdo con sus demandas, el movimiento no cesará hasta que se cancelen todos los permisos de exploración y explotación en Chiapas.
San José del Progreso – Oaxaca
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No sólo los pueblos de Chiapas se han organizado contra la minería: en Oaxaca, existen diversos procesos que defienden sus territorios contra actividades mineras extractivas, por ejemplo, en el municipio de San José del Progreso. Fortuna Silver, otra empresa canadiense, inició la explotación de la plata y el oro en este lugar en septiembre de 2011. Se alentó a los ejidatarios a solicitar títulos de propiedad individuales a través del programa PROCEDE. Esto sucedió a través de dos reuniones públicas celebradas con los miembros del ejido en 2006 y 2007. Sin embargo, los miembros de la comunidad señalaron que el proceso no fue transparente ni se basó en información confiable. Una mujer mencionó: «En las reuniones, el presidente municipal anterior, Amadeo Alejo Vásquez Rosario, nunca le dijo a la gente lo que estaba haciendo. Sólo dijo que estaba dando permiso para construir un basurero. Finalmente nos dimos cuenta que el basurero era en realidad una concesión minera. En ese momento algunas personas ya habían acordado la venta de sus tierras ejidales».
A pesar de algunos proyectos comunitarios propuestos por Fortuna, la comunidad se organizó en oposición a la mina y en 2009 inició un bloqueo de la carretera hacia la mina. Tres meses más tarde, el gobernador Ulises Ruiz envió 700 agentes de policía para desalojar el bloqueo y 23 personas fueron detenidas. Al año siguiente, el sacerdote Martín Octavio García Ortiz fue secuestrado, golpeado y obligado a abandonar la ciudad. La comunidad solicitó al Estado de Oaxaca que cancelara las concesiones. No obstante, a los pocos meses, la mina abrió.
El 19 de enero de 2012, las tensiones y conflictos se agudizaron nuevamente. Bernardo Méndez, opositor a la mina, fue asesinado a balazos mientras Abigail Vásquez resultaba herida de gravedad. Graffitis en paredes del pueblo profirieron amenazas, uno específicamente en contra de Bernardo Vásquez Sánchez, también opositor a la mina que decía: ‘Bernardo, tu fin a llegado» (sic). Poco después, Bernardo Vásquez Sánchez fue asesinado a balazos. Después de estos dos asesinatos, se dieron rumores que afirmaban que Vásquez Sánchez había pasado un trato con Fortuna Silver. El alcalde de San José del Progreso, Alberto Mauro, acusa a los miembros de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ococtlán (CPUVO) de haber asesinado a Bernardo Vásquez porque intentaba distanciarse de ellos. Ciertamente, conforme pasa el tiempo, la violencia sigue escalando: más bloqueos se han organizado y se han producido más ataques que dejaron heridos a dos miembros más de la CPUVO, el 16 de junio de 2012. Sin embargo, quienes se oponen a las actividades mineras continúan su lucha en defensa de sus derechos.
Carrizalillo, Guerrero
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Cuando Los Filos, filial de la empresa minera canadiense Goldcorp, entró por primera vez a Carrizalillo, la gente organizada en la Asamblea Permanente de los terratenientes y de los Trabajadores de Carrizalillo (APETC) estaba abierta a la idea de que la mina trabajara en la zona: esperaba que la empresa ofrecería nuevas oportunidades de generación de ingresos. Valeriano Celso Solís, representante de APETC, declaró: «No sabíamos acerca de los daños que esto causaría. Hicimos errores debidos a la ignorancia, porque no estudiamos los hechos, pero decidimos organizar como pueblo».
La gente se quedó con la sensación de haber logrado un proceso de negociación a su favor al haber obtenido un precio de alquiler de $ 500 USD por hectárea, aunque en un principio solicitaban $700 USD. Cuando la compañía comenzó el proceso de explotación, una nueva serie de problemas surgió no obstante: no solamente la empresa no cumplió con lo acordado respecto al alquiler de las tierras, sino también que empezaron muchos problemas ambientales y de salud. La explotación condujo a la devastación de la tierra, por lo que ya era imposible cultivarla. Los que fueron contratados por Los Filos carecían de derechos laborales mínimos. Valeriano Celso explicó que «hicimos un bloqueo y en respuesta, el Gobierno del Estado nos envió a la policía, varios miembros de la comunidad fueron detenidos y encarcelados».
El APETC comenzó a buscar alternativas de acción contra la empresa minera. Encontraron asesoría con el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, que apoyó el caso a nivel nacional e internacional. Como Valeriano Celso denunció: «Las empresas aprovechan de las dificultades para organizarse. Nunca hubo un acuerdo formal por parte de toda la población. Hay gente a favor y en contra del proyecto. Las empresas se benefician del hecho de que no hay nadie para que nos asesoren». Ahora, después de 8 años, la comunidad de Carrizalillo continúa en resistencia a la mina, pero el no haber sido totalmente organizada desde el principio ha obstaculizado sus posibilidades de recuperar lo que alguna vez fue suyo.
¿Post extractivismo, como alternativa al modelo de minería extractiva?
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Numerosos grupos ecologistas, organizaciones de derechos humanos, así como movimientos anticapitalistas han criticado el modelo extractivista al señalar que es ecológicamente destructivo y que mantiene a la gente en muchos países en la miseria, la dependencia y el subdesarrollo. Teniendo en cuenta las consecuencias negativas del modelo, activistas y académicos han llegado a la conclusión de que el modelo es insostenible y han comenzado a buscar alternativas viables al mismo.
En el postextractivismo, los recursos naturales se utilizarían de manera racional y sostenible, y sobre todo priorizarían su uso local. Entre los pueblos indígenas, la postura postextractivista se refleja en la filosofía de «lekil kuxlejal» o el «buen vivir» que implica tener acceso a lo que se necesita de acuerdo a un estilo de vida moderado y tomando en cuenta a la «Madre Naturaleza».
Esta transición se enfrentaría a enormes desafíos a nivel social, cultural y político. El ecologista Eduardo Gudynas sostiene que los programas tendrían que reformar los patrones de consumo, y favorecer el desarrollo de productos de mayor duración así como el reciclaje, el intercambio de productos y su reutilización. En el plano político, esta transición requeriría el fortalecimiento de un marco democrático, que incluiría una participación social adecuada. El postextractivismo no significa prohibir todas las formas de extracción, sino que implica cambios radicales sobre las ideas acerca de lo que significa el desarrollo y los procesos productivos que tienen que estar orientados a cubrir las necesidades de la gente, mientras se busca preservar la naturaleza, en lugar de priorizar la rentabilidad.
Según César Padilla, del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), el modelo postextractivista está empezando a ser parte de los debates frente al fracaso del extractivismo como modelo de desarrollo. Las comunidades afectadas por la minería están exigiendo la restricción e incluso la prohibición de la minería como modelo central del desarrollo. Un ejemplo de ello se encuentra en las demandas del Pueblo Creyente en Chiapas, un proceso de organización de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, que incluye las minas como parte de lo que llama «proyectos de muerte». Durante una peregrinación el 25 de enero de este año, denunció «las concesiones de explotación minera que el gobierno federal ha otorgado, especialmente a empresas extranjeras, pasando por encima del derecho fundamental de los pueblos a la consulta previa, libre e informada». Otro claro ejemplo de lucha contra la minería se encuentra en las siguientes palabras de una mujer de San José del Progreso: «A pesar de que un» compañero» ha muerto, eso no quiere decir que vamos a detener nuestra lucha. Por el contrario, me da más fuerzas para seguir luchando. Tengo la esperanza de que un día esta empresa minera va a salir de esta comunidad. Tengo la esperanza de que algún día van a dejar de utilizar nuestros recursos naturales y que vamos a ser capaces de salvarlos. Nosotros somos quienes necesitamos estos recursos. Las personas y empresas que vienen a nuestra comunidad quieren nuestros recursos para que puedan enriquecerse – no porque realmente lo necesitan».