Vista a la “Barricada de palabras” que se instaló en San Cristóbal de las Casas para expresar solidaridad con el magisterio © SIPAZ

En los últimos meses, las protestas contra la reforma educativa han adquirido fuerza en muchas partes del país, sobre todo en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Desde el 15 de mayo -fecha simbólica por tratarse del día del maestro- la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de Chiapas se unió a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), encabezando el movimiento magisterial, para empezar un paro laboral indefinido. El SNTE y la CNTE al reclamar conjuntamente una mesa de dialogo con la Secretaria de Gobernación (Segob) y la Secretaria de Educación Pública (SEP) entraron en un callejón sin salida dado que, al principio, ambas instancias del gobierno mantenían firme su rechazo al dialogo. Es así como escuelas enteras se cerraron dos meses antes del final del ciclo escolar dejando en todo el país a millones de niños y jóvenes sin clases. A las y los maestros que se oponen a la reforma de la educación se sumaron estudiantes, madres y padres de familia, organizaciones sociales, campesinas y de personas de la sociedad civil. En Chiapas, el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció a inicios de julio su decisión de suspender su participación en el festival Comparte como señal de “solidaridad, respeto y admiración” al magisterio. De este modo, como apoyo material, los cinco caracoles entregaron al magisterio en resistencia todos los víveres que habían destinado inicialmente a su alimentación durante el festival, lo que asciende a unos $ 290.000.

En cambio, conforme fue aumentando el apoyo externo al movimiento magisterial se intensificó su represión por parte de fuerzas policiacas. El pasado 19 de junio, nueve personas perdieron la vida, más de cien resultaron heridas y 18 fueron detenidas en un bloqueo carretero en Nochixtlán, Oaxaca. Este bloqueo, en apoyo a la lucha magisterial y para el impedimento de la llegada de policías que pudieran desmantelar con el uso de la violencia el plantón de las y los docentes en la capital, fue emboscado por elementos de la gendarmería y de las policías estatal y federal, quienes portaban armas. Desinformémonos valoró que estos hechos muestran “el grave retroceso democrático que vive México, donde a una manifestación civil se responde con el uso de armas de fuego de calibre pesado pese a estar prohibidas para disuadir cualquier protesta social en los protocolos internacionales”. Según La Jornada, una semana después de las muertes en Nochixtlán, en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte en Quebec, Canadá, Enrique Peña Nieto (EPN) fue recibido con gritos de “¡Asesino!”. No obstante, no dudó en arremeter contra las y los maestros disidentes. Aseveró primero: “Es lamentable que las manifestaciones que hemos visto en diferentes lugares de nuestro país, […] específicamente en el estado de Oaxaca […] que van más allá de simplemente luchar por una causa[…] estén causando problemas a la comunidad a la que pertenecen”, antes de reafirmar su cerrazón al diálogo : “No habrá diálogo con los maestros sobre la reforma educativa”. El día siguiente EPN volvió a descalificar a las y los maestros contrarios a la reforma educativa, instándolos a “llevar a cabo su función social (sic.)”. A ese llamado reaccionó el mandatario canadiense, Justin Trudeau, quien fue maestro, invitando a su homólogo mexicano a entablar “un diálogo constructivo y garantizar el fortalecimiento del estado de derecho”.

Pero, ¿por qué este grado de represión de las movilizaciones? ¿De dónde surgen las protestas? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Quiénes las integran? En lo siguiente, vamos a repasar algunas cuestiones intentando dar respuesta a estas preguntas.

La Reforma Educativa

Preparaciones para la marcha del magisterio en la Ciudad de México el 6 de julio © SIPAZ

En 2013 el presidente de la República mexicana, Enrique Peña Nieto -del Partido Revolucionario Institucional (PRI)-, presentó un paquete de reformas a la Constitución, el llamado “Pacto por México” -un acuerdo entre los principales partidos políticos para impulsar el crecimiento económico y la construcción de una sociedad de derechos con justicia, seguridad, transparencia y libre de corrupción-, que resultó en la aprobación de reformas como la energética o la hacendaria. Mientras que la primera no conllevó el crecimiento económico esperado, la segunda no brindó la estabilidad fiscal prometida. Es más, tres años después de su aprobación, México aumentó en 2 millones el número de personas en situación de pobreza, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Entre este conjunto de reformas, también pasó la reforma educativa. Aprobada en un breve plazo de tan sólo doce días, produjo muestras de rechazo desde un inicio. Una de las innovaciones que planteó fue la autonomía de gestión de los centros escolares. “Con este término el gobierno pretende que los padres de familia tengan la responsabilidad de atender problemas administrativos de las escuelas, que siempre han sido una obligación gubernamental, como el pago de agua y luz, descomposturas y materiales”, apuntó Imágenes Múltiples. Analistas han señalado a esta reforma como el inicio de la privatización de la educación, por dejar de ser ésta pública y gratuita. Como señalaron el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) en un comunicado conjunto, “Quienes se regocijan en el poder decidieron que la educación, la salud, los territorios indígenas y campesinos, e incluso la paz y seguridad, son una mercancía para quien pueda pagarla, que los derechos no son derechos sino productos y servicios que se arrebatan, se despojan, se destruyen, se negocian según lo dicte el gran capital”.

La evaluación magisterial

Peregrinación del Pueblo Creyente en solidaridad al magisterio en Tuxtla Gutiérrez © SIPAZ

Otro de los puntos que han causado amplia oposición, ha sido la evaluación por desempeño. Mediante un examen a las y los maestros, que se llevará a cabo a lo menos cada 4 años, el gobierno pretende medir la idoneidad de su práctica educativa, sin tomar en cuenta su grado académico, su experiencia, la calidad humana del trato a las y los alumnos y, además, pasando por alto las diferencias culturales y socioeconómicas que existen en el país.

Amplios sectores interpretaron esta evaluación como una forma de selección del personal docente. Dicho examen acabaría con la estabilidad laboral de las y los profesionales de la educación con el pretexto de mantener sólo a las y los profesores “aptos”. Hugo Aboites, Rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), opinó en la misma línea: “se optó claramente por una evaluación para buscar responsables, para buscar a los no idóneos y de alguna manera sacarlos de las aulas”. La reforma establece que la no aprobación de una tercera evaluación conlleva a la reubicación o la separación del cargo del docente sin que pueda apelar. Aunque el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció el derecho de las y los maestros a impugnar por la vía administrativa y judicial los resultados adversos, la impugnación solamente podrá referir a la sintaxis de las preguntas de la evaluación. De tal manera, el no derecho a revisión ni a la réplica aviva la disconformidad y la desconfianza de las y los maestros hacia una evaluación que consideran “punitiva”. ¿Quién y bajo cuáles criterios les calificará?

Es por ello que esta reforma es cada vez más conocida como “la mal llamada reforma educativa” y cada vez más entendida como una reforma laboral. En el comunicado DESDE LA TEMPESTAD, el EZLN y el CNI repudiaron la imposición de “la reforma neoliberal capitalista a la que llaman ‘educativa’”, la cual viene con “violencia para despojarlos [a las y los maestros] de garantías laborales básicas”. “Cuando uno la lee se entera de que no habla para nada de la educación en México”, opinó el caricaturista y escritor Rius, “es una reforma que se queda únicamente en ser una reforma laboral, administrativa y que tiene como objetivo meter en cintura a los sindicatos de maestros”. La reforma educativa “atropella nuestras garantías laborales que se lograron precisamente con luchas sindicales a partir de los años 70, cuando se crea la CNTE”, opinó una profesora chiapaneca.

La lucha contra los sindicatos

Manta colgada en el plantón del magisterio en Tuxtla Gutiérrez © SIPAZ

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es una organización sindical de maestras y maestros alternativa al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). La CNTE fue creada en 1979 en Chiapas, precisamente en el sureste del país, donde el movimiento magisterial tiene más fuerza, “con intenciones de democratizar a su propio sindicato”, según La Jornada. Históricamente ha afiliado a los sectores de docentes que difieren de las políticas del SNTE, conocido por mantener prácticas de corrupción y por tener vínculos con el gobierno -a pesar de ser un sindicato independiente-.

Según declaraciones en el Programa de Aristegui Noticias de CNN, el sociólogo Gilberto Guevara, autor de Poder para el maestro, poder para la escuela, recordó que “en 2008 es el punto de apogeo del poder de Elba Esther Gordillo y del SNTE, porque los gobernantes, en ese caso Felipe Calderón que era el presidente, le entregó la dirección de la educación nacional al SNTE, a cambio de las funciones electorales del sindicato”.

Las movilizaciones

: Peregrinación del Pueblo Creyente en solidaridad al magisterio en Tuxtla Gutiérrez © SIPAZ

Desde la aprobación en febrero de 2013 de la reforma educativa, las y los maestros disidentes han manifestado su inconformidad mediante cientos de protestas con formas que van desde las tradicionales marchas, plantones, bloqueos carreteros y paro de labores, hasta eventos artístico-culturales como las barricadas culturales con proyecciones e instalación de periódicos murales. Al cierre de esta edición, las y los docentes se mantienen en paro de labores indefinido, iniciado el 15 de mayo del año en curso, en exigencia de la derogación de la reforma educativa.

Muchas de las manifestaciones han sido intervenidas por fuerzas policiales, siendo el ejemplo más brutal la represión en Nochixtlán, Oaxaca. A pesar de que el secretario de Seguridad Pública de este estado, Jorge Ruiz, afirmó que los cuerpos de seguridad “llegaron a desalojar [a los manifestantes], de una manera pacífica y dialogada con los líderes de quienes ahí permanecían en este bloqueo”, testigos de los hechos, entrevistados por Animal Político, aseveraron que por parte de la policía hubo golpes y gases lacrimógenos desde el primer momento. “Ellos [los policías] no hablaron […] Ellos llegaron aventando bombas y nosotros [los manifestantes] corrimos, pero nos siguieron”, incluso arremetiendo contra viandantes que no participaban en las protestas sino que sólo transitaban por el lugar. Más aun, después del fallecimiento de varias personas de la sociedad civil por heridas de bala, el titular de la Policía Federal, Enrique Galindo, descartó que los uniformados que participaron en el operativo en Nochixtlán llevaran armas, ni siquiera para lanzar cartuchos de gas lacrimógeno, sino que sólo portaban “equipo antimotín: escudo, casco, protección corporal, sin armas”. Sin embargo, según revelaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional al periódico La Jornada (3/07/2016), alrededor de 100 agentes de la Gendarmería llegaron armados, desobedeciendo la decisión tomada en la capital del país. A finales de junio era la decisión de esclarecer los hechos en Nochixtlán y reparar el daño a las familias de las personas fallecidas.

Anteriormente a Nochixtlán, los operativos policiales ya se cobraron la vida de tres docentes en protestas, uno de ellos en Chiapas y dos en el estado de Guerrero. Los tres casos tuvieron coberturas mediáticas similares: los funcionarios negaron la participación de las fuerzas armadas en las muertes, mientras que las y los maestros señalaron directamente a los cuerpos de seguridad como responsables.

Criminalización de la protesta social

Peregrinación del Pueblo Creyente en solidaridad al magisterio en Tuxtla Gutiérrez © SIPAZ

Desde hace meses se está llevando a cabo una campaña de desprestigio del movimiento magisterial disidente en muchos medios de comunicación. Con argumentos como que dejan desamparados a niñas y niños durante la huelga, que su lucha sólo se basa en quejas vacías y no aportan propuestas concretas para mejorar la educación, las y los maestros en protesta han sido llamados “huevones, vándalos, privilegiados”, entre otros agravios. “Hemos visto algunos maestros, los menos, en franca rebeldía. Y son maestros ejemplos de violencia, de irresponsabilidad, hasta de impunidad […] ¿Cómo enfrentar a esos mexicanos que no construyen el México que necesito?” o “en algunos estados como Chiapas, como Oaxaca, la educación está secuestrada […] no puede ser que esos individuos den clase en las aulas. ¿Qué clase de educación le están dando a los niños?” son sólo algunos ejemplos de las cápsulas que se pueden escuchar en diferentes radios.

A finales de mayo, organizaciones sociales y magisterio ocuparon simbólicamente durante varias horas decenas de alcaldías, siendo en Chiapas más de la mitad. En Comitán de Domínguez, un hecho atrajo la cobertura mediática del día: seis maestras y maestros fueron peloneados y obligados a caminar descalzos portando carteles con leyendas como “traidores a la patria” y “charros”. La mayoría de la prensa señaló a la CNTE como responsable de esta humillación pública, a pesar de que finalmente fue protagonizada por la Organización Popular Independiente Emiliano Zapata (OPIEZ), organización social integrada principalmente por comerciantes ambulantes. Como señaló Luis Hernández Navarro, “uno de los más activos agresores es, curiosamente, uno de los operadores más importantes del alcalde” y la OPIEZ “opera en el municipio como grupo de choque del presidente municipal”. El escritor y periodista tachó de “arremetida mediática a nivel nacional” esta cobertura, con tal de “acusar falsamente al magisterio democrático de la ofensa”. El mismo señaló que éste no fue el primer montaje mediático nacional, sino que once meses atrás una supuesta profesora había sido trasquilada públicamente en Tuxtla Gutiérrez, quien se descubrió que era agente federal. Estas informaciones son “manipuladas por el gobierno cuando dicen que los maestros pelonean, que los maestros atropellan, que están haciendo disturbios para la sociedad”, declaró una maestra de la CNTE en Chiapas. “Sabemos que manejan infiltrados, que son gente pagada por el gobierno precisamente para desprestigiar el movimiento que estamos realizando”.

Peregrinación del Pueblo Creyente en solidaridad al magisterio en Tuxtla Gutiérrez © SIPAZ

La oposición a la evaluación también ha sido motivo de difamación en los medios. Presentada como miedo por parte de las y los instructores a ser evaluados, “es algo muy simplista”, opinó un maestro chiapaneco. “Estamos viendo afectada de manera dolosa nuestra situación laboral”.

Más allá de la campaña mediática, en Oaxaca la CNTE denunció que durante el mandato del actual gobernador, Gabino Cué Monteagudo -de la coalición Unidos por la Paz y el Progreso-, hay más de 75 presas y presos políticos, de los cuales por lo menos 25 son del magisterio disidente. El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas valoró que varias de las detenciones fueron dirigidas contra defensoras y defensores de derechos humanos y se llevaron a cabo en condiciones de arbitrariedad. Entre las detenciones destacaron las de Rubén Núñez Ginés, secretario general de la Sección 22 del magisterio oaxaqueño, y Francisco Villalobos, secretario de organización de la misma sección. Ambos fueron detenidos a inicios de junio y trasladados al Centro Federal de Readaptación Social de Hermosillo, Sonora, a casi 2.500 kilómetros de distancia de sus lugares de origen. Al primero se le imputó el lavado de más de 24 millones de pesos de comisiones ilegales de empresas que prestaban servicios al sindicato, mientras que al segundo se le acusó de robo de libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de distribución gratuita. Ante ello, la abogada Magdalena Gómez señaló que al gobierno federal en turno “lo que le interesa es suprimir la protesta social”, “sabe que hay muchos frentes movilizados y prefiere sembrar el miedo” en lugar de “procesar los conflictos en lógica de gobernabilidad democrática”.

Además de estos dos líderes magisteriales, al menos otros 24 enfrentan órdenes de aprehensión. Y esto sólo en el estado de Oaxaca. Diversos relatores de las Naciones Unidas emitieron “llamados urgentes a las autoridades mexicanas” por las violaciones a derechos humanos, principalmente por las detenciones sin órdenes de aprehensión ni de cateo y ante el uso de tortura en los momentos posteriores a los arrestos.

¿Solución al conflicto?

Se encuentran exigencias claras en la “Barricada de palabras” que se instaló en San Cristóbal de las Casas para expresar solidaridad con el magisterio © SIPAZ

Las protestas de las y los educadores no parecen menguar. Es más, en los estados de Chiapas y Oaxaca están sumando cada vez más simpatía y apoyo por parte de la sociedad civil. Mucha gente está entendiendo que la lucha magisterial no sólo busca mantener sus derechos laborales sino que la exigencia de derogación de la reforma educativa “también afecta a todos los ciudadanos, entre otras cosas porque atenta contra la educación gratuita”, señaló el ilustrador Helguera. Después de los muertos en Nochixtlán y de las presiones tanto a nivel nacional como internacional, el gobierno no tuvo de otra que establecer la mesa de diálogo solicitada desde un inicio por la CNTE y a la que reiteradamente se habían opuesto las autoridades. Al cierre de esta edición se logró instalar una mesa de diálogo entre el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y una representación de la CNTE. Alcanzaron un primer acuerdo general mediante el cual se instalarán tres mesas paralelas de negociaciones. Las mesas política, educativa y del carácter social se llevarán a cabo en los finales de julio. Asimismo, la CNTE señaló que mantendrán su plan de acción y la exigencia de que se satisfagan las demandas planteadas ante la dependencia federal, las cuales serían la “suspensión permanente de la reforma, la construcción de un modelo integral de educación y la reparación inmediata de los efectos nocivos de la reforma”.

Como organización de acompañamiento internacional, desde SIPAZ hacemos un llamado a la resolución de la inconformidad magisterial mediante el diálogo, que evite tanto al magisterio como a la sociedad civil tener que pasar por hechos violentos que dejan saldos de lesionados o incluso muertos.