ENFOQUE: Desaparición forzada en México, el caso Ayotzinapa

 

D e acuerdo con la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, en México se han reportado 105 mil 871 personas desaparecidas desde el año 1964, una cifra que incluye episodios como los de la Guerra Sucia en Guerrero o el conflicto zapatista en Chiapas.

En 2014, la noticia de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, sacudió al país, no sólo por haber visibilizado a nivel nacional e internacional la crisis de derechos humanos que se estaba viviendo, sino por poner en evidencia a un Estado que hacía uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza para reprimir movimientos estudiantiles y sociales.

Lo que sucedió entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, se enmarcaba en las acciones de preparación de las marchas conmemorativas del 2 de octubre de 1968, fecha en la que la policía antimotines capitalina y militares intervinieron brutalmente en la represión de un grupo de estudiantes universitarios en Tlatelolco, terminando con la vida de un incontable número de ellos. Nadie hubiera podido sospechar que, ese día, se abría un nuevo capítulo en la historia de la Normal Rural de Ayotzinapa.

El interés del gobierno en los normalistas

Dos meses después de la desaparición de los 43, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hizo oficial un acuerdo de asistencia técnica con el Estado mexicano y los representantes de los estudiantes desaparecidos. Designó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para la cooperación técnica en la búsqueda, investigaciones y acciones relacionadas con el caso, a fin de sancionar a los responsables; y la asistencia a los familiares de los desaparecidos.

En su primer informe resaltan que, como muchas escuelas normales en México, la Normal “Raúl Isidro Burgos” tenía una presencia relevante en la vida política y pública del estado. Cabe recordar que, desde hace décadas, el contexto sociopolítico en Guerrero está caracterizado por graves violaciones a derechos humanos como la tortura, el desplazamiento y la desaparición forzada, vinculados, entre otros, a la presencia de grupos criminales.

En base a las pruebas, se demostró que, el día de los hechos, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) estuvo monitoreando a los estudiantes durante todo el trayecto desde su salida de la Escuela hasta Iguala. El CISEN estaba informado en tiempo real de lo que ocurría, pero no compartió esta información con las autoridades encargadas de la investigación, ni hay constancia de que se hubiera hecho alguna actividad de búsqueda específica con la misma.

Sin embargo, en febrero de 2022, el grupo de expertos reveló que los estudiantes fueron objeto de constante seguimiento por parte de las autoridades durante al menos 10 años, no solamente de manera externa, sino que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) infiltró a agentes de inteligencia, que a su vez eran estudiantes en Ayotzinapa. En el momento de los acontecimientos en 2014, al menos 3 agentes estaban activos en la Escuela, uno de ellos fue desaparecido junto con los estudiantes.

Ninguno de los reportes de los informantes hacía en ningún caso referencia a posibles actividades ligadas al narcotráfico por parte de los estudiantes, sino de control de las actividades reivindicativas, asambleas y otras actividades desarrolladas por el alumnado. No obstante, el GIEI dijo que existe la hipótesis de que uno de esos autobuses estaba cargado con droga, lo que podría explicar el interés que tanto autoridades como el crimen organizado tenían en los estudiantes.

La “verdad histórica”

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se gestó una versión de que los estudiantes habían sido detenidos por la policía municipal de Cocula y entregados a integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. Después habrían sido privados de la libertad y asesinados. Los restos calcinados de los jóvenes fueron presuntamente lanzados al río haciendo imposible su identificación.

Dos actores claves en la creación de la conocida “verdad histórica,” son el ex procurador Jesús Murillo Karam, señalado de encargarse de la difusión de esta versión con base en torturas y alteración de pruebas y de Tomás Zerón de Lucio que tal como mencionó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en Guerrero, fue “el instrumento que el Estado utilizó para construir la verdad histórica”. Actualmente, Murillo Karam se encuentra detenido, mientras que Tomás Zerón de Lucio se encuentra en proceso de extradición de Canadá.

Pese a que esta polémica versión fue cuestionada en su momento por los familiares y por una investigación de la CIDH y el GIEI –quien señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar–, no fue hasta 2018, con la administración de Andrés Manuel López Obrador, que pudo desecharse esta versión y reabrirse el caso. Además, la identificación de los restos no calcinados de Christian Rodríguez y Jhosivani Guerrero entre 2020 y 2021 apoyó la versión del GIEI.

Por otra parte, en uno de los informes de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaria de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, dijo que la “verdad histórica” se diseñó desde la Presidencia de la República de Enrique Peña Nieto. Encinas explicó que diversos funcionarios, de todos los órdenes de gobierno, participaron en reuniones encabezadas por el Ejecutivo federal para operar la versión oficial sobre la desaparición forzada de los estudiantes: “Es ahí donde habrá que ubicar no solamente el diseño, sino particularmente la operación y la implementación de estas acciones, que en muchos casos hay presunción de alteración de la escena del crimen y particularmente lo que está plenamente acreditado es haber creado una verdad fundada en actos de tortura”, planteó.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de los 43, dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) hizo una investigación premeditada para “maquillar el crimen cometido en Iguala”. Aseguró que se borró evidencia fundamental para cortar los hilos que conducían a la responsabilidad de los más altos niveles del poder público.

“No sólo es una investigación irregular, no es una investigación en que los funcionarios de manera accidental incurrieron en tortura, manipularon evidencias, separaron pruebas. Más bien, tenían como objetivo cortar los hilos que nos conducían a los militares y a las más altas jerarquías de las autoridades castrenses; eran los hilos que nos conducían a los verdaderos responsables y al verdadero paradero de nuestros 43”, declaró el abogado de Tlachinollan.

El ejército, un poder casi intocable en el caso Ayotzinapa

Luego del informe de la Covaj, fueron giradas 83 órdenes de aprehensión que incluían a 20 militares y a Murillo Karam, todos imputados por delitos como desaparición forzada, delincuencia organizada y contra la administración de la justicia. Sin embargo, 16 de esas 20 órdenes fueron canceladas. Hasta el momento los únicos militares detenidos por su presunta responsabilidad en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa son el general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirota Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel.

Si bien los padres y madres de los 43 han reconocido que ha habido avances en el caso durante la administración actual, consideran que López Obrador continúa con su apuesta de proteger al ejército a pesar de que existen pruebas de su participación en los hechos en 2014. Un ejemplo de eso, es el cuestionamiento a madres y padres “porque supuestamente están generando un conjunto de acciones con el fin de querer desprestigiar a una institución militar”, dijo Vidulfo Rosas, abogado en Tlachinollan.

Esto, luego de que el Secretario de la Defensa declarara que “hay intereses perversos de querer crear una desconfianza en las fuerzas armadas porque estamos diciendo que son asesinos, que infiltran de manera infundada los movimientos sociales y que deben responder por graves violaciones a los derechos humanos”. Vidulfo Rosales dijo que estas declaraciones son preocupantes “porque da un mensaje directo para que no se toquen a los militares”.

Uno de los padres de los estudiantes en el mitin por el aniversario de la desaparición lamentó que el mínimo avance que se podía tener con este gobierno se vino abajo cuando se llegó al punto de tocar al ejército “todos se echaron la bola (…). ¿Qué está haciendo el Presidente cuando ve que el Fiscal General de la República se desiste de las órdenes de detención? Les echan la culpa a los jueces, le echan la culpa al fiscal, pero entre ellos no hacen nada”, señaló.

La confirmación de que la desaparición de los estudiantes en 2014 fue un crimen de Estado fue gracias al informe del GIEI de agosto de 2022, donde se visibilizó la participación del Cisen, la Policía Federal y estatal de Guerrero y los batallones de Infantería 27 y 41 del Ejército en Iguala, adscritos a la comandancia de la 35ª Zona Militar en Chilpancingo (que dependía de la IXª Región Militar), así como mandos de la Secretaria de Defensa Nacional (Sedena) y la Marina.

“Le exigimos al gobierno que detengan a los que participaron el día 26 y madrugada del 27 en la desaparición de nuestros hijos. (…) Tal parece que los militares son intocables. Ahora se cuida más a un delincuente que a los estudiantes”, dijo la madre de uno de los estudiantes desaparecidos.

De los hallazgos más recientes del GIEI

El 31 de octubre de 2022, el GIEI presentó en conferencia de prensa los resultados de un peritaje técnico que prueba que 181 de las 467 capturas presentadas por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj) en su informe en agosto de 2022 “no tienen veracidad, pues no garantizan su originalidad y por tanto no se puede considerar como una prueba digital fehaciente”.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, recordó que esta petición vino de los padres y madres de los 43 estudiantes luego de las contundentes conclusiones presentadas en el informe de la Covaj a mediados de año. En el informe se confirmó que la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa constituyó un crimen de Estado; que hubo omisión y negligencia por parte de autoridades federales y estatales del más alto nivel con respecto a la verdad de los hechos; y “que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Más bien todos los testimonios y evidencias acreditan que los estudiantes fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, de acuerdo con las declaraciones de Alejandro Encinas.

Tras dos meses, el GIEI analizó las capturas de pantalla y reveló que los metadatos muestran una diferencia en las fechas de captura y envío de los mensajes; pero también en funciones de las versiones de WhatsApp que entre 2014 y 2015 todavía no estaban disponibles. El GIEI dijo que “el intento del Gobierno mexicano por acelerar los resultados del caso Ayotzinapa (…) generan una mayor incertidumbre y enorme malestar”, y ponen en riesgo la investigación. Por ello, el GIEI informó que se presentó una propuesta al Gobierno federal que significa su parcial salida de México.

Carlos Beristain, integrante del GIEI, dijo que “se juega en Ayotzinapa la credibilidad de las instituciones. México tiene una oportunidad de demostrar que la voluntad política junto con la independencia y consistencia en la investigación son determinantes para la justicia que los familiares reclaman (…)” … “La desaparición forzada no se cierra hasta que se haya dado respuesta al derecho a la verdad de las víctimas y se conozca el destino y paradero de los desaparecidos”.

En días posteriores, los abogados de los cuatro militares encarcelados acusaron ante la Fiscalía General de la República al titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ), Alejandro Encinas, por el presunto delito de fabricación de pruebas para incriminar a sus clientes. Al respecto el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez que ha venido acompañando a los familiares de las víctimas, declaró que “los abogados buscan confundir con sus señalamientos, y hacerlo “con anuencia del mando” y afirmó que “la no verificación de partes de informe COVAJ no resta valor a pruebas de acusación sobre colusión entre narco y 27 Batallón”.

La ONG afirmó que “el Ejército no es incorruptible”, y mostró mensajes de supuestos textos de miembros del grupo criminal, Guerreros Unidos, incluidos en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como prueba de su colisión con militares. Dijo además que estas pruebas no fueron utilizadas para la judicialización de los casos que llevó a cabo la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), con las que se giraron 83 órdenes de aprehensión, entre ellas las de los cuatro militares.

Por su parte los abogados de los militares también solicitaron la renuncia de Alejandro Encinas por presentar el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, al considerar que “contiene pruebas falsas”. En conferencia, el abogado de los militares, César Omar González Hernández, calificó el informe como “falto de rigor, elaborado con evidencia cuestionable”.

A su vez, Alejandro Encinas, a través de un vídeo, aseguró: “Debo ser claro, los que hoy me acusan son parte de quienes, vinculados con otras autoridades y con la delincuencia organizada, perpetraron la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Detrás de ellos están quienes pretenden mantener la impunidad sobre este caso”.

Ayotzinapa, el derecho a la verdad

El caso de los 43 estudiantes revela muchas realidades que se viven en México, no solamente desaparecieron a estudiantes normalistas, sino que dio prueba del grado de corrupción e impunidad que existe en el país. La complicidad de autoridades con grupos del crimen organizado, trascendió a la tortura, la persecución, la criminalización de los estudiantes de la normal desde años atrás, las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada.

El ir y venir de las investigaciones ha dificultado los avances en el caso. Las madres y padres de los normalistas han tenido que vivir con el peso de una mentira gestada por un gobierno donde en muchos casos “hay presunción de alteración de la escena del crimen y particularmente lo que está plenamente acreditado es haber creado una verdad fundada en actos de tortura”, dijo Alejandro Encinas.

Actualmente, las informaciones relativas a la participación de diferentes mandos militares y la casi inacción del gobierno federal, jueces y la Fiscalía General de la República en la orden de aprehensión de los responsables mantiene la indignación de los familiares, de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y población en general ante la falta de respuesta y acceso a la verdad. Su preocupación ante la inclinación del gobierno federal hacia el ejército vuelve cada vez más difícil la posibilidad de sancionar a los responsables.

Con Ayotzinapa se evidencia la masividad del ataque, el número de víctimas y el nivel de agresión fueron desproporcionados comparado con el grado de amenaza que podía representar la toma de autobuses por parte de los estudiantes. Además de una compleja y coordinada actuación de los perpetradores que, de acuerdo con las investigaciones, fue desde policías municipales hasta altos mandos del ejército y el gobierno federal.

A 8 años de los lamentables hechos, se han presentado muchas versiones sobre lo que ocurrió aquella noche en Iguala. Sin embargo, ninguna de ellas ha llevado a esclarecer los hechos, conocer el paradero de los estudiantes y mucho menos castigar a los responsables.