Actividades de SIPAZ (Enero – Marzo 1998)
30/04/1998
ANALISIS: Entre la memoria furiosa de la naturaleza y el olvido aparente del conflicto
30/11/1998

ANALISIS: Chiapas, La guerra de fondo

Sumario

Chiapas: Fracaso del diálogo – La Guerra avanza

Con la autodisolución de la CONAI (Comisión Nacional de Intermediación) el 7 de junio terminó una época en el conflicto de Chiapas. Según su ex-presidente, el obispo Samuel Ruiz García, la disolución fue una denuncia de la postura del gobierno ante el conflicto y su campaña contra él, la diócesis de San Cristóbal y la mediación. El gobierno ha desmentido esas acusaciones.

Al parecer, el gobierno mexicano estaría optando por la estrategia militar para resolver el conflicto. La guerra de baja intensidad aplicada en los últimos tres años ha debilitado las fuerzas zapatistas. Al minimizar los esfuerzos de mediación de la CONAI y la COCOPA (Comisión de Concordancia y Pacificación), el gobierno ha hecho retroceder los acuerdos firmados en San Andrés. La campaña contra los observadores internacionales y la impunidad de los grupos paramilitares oficialistas sugieren decisiones estratégicas que minan aún más las perspectivas de una solución política.

Además, los recientes operativos policiaco-militares para desmantelar cuatro municipios autónomos zapatistas (Taniperlas, Amparo Agua Tinta, Nicolás Ruiz y El Bosque) reflejan una escalada seria del conflicto. En el caso más reciente, el operativo en El Bosque del 10 de junio, murieron ocho indígenas y dos policías. Tres días antes, en el estado de Guerrero, el Ejército atacó a un grupo de presuntos miembros del ERPI (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente), dejando once muertos. Numerosas evidencias indican que por lo menos algunos fueron ejecutados después de ser capturados, aunque la Procuraduría General lo niega.

Aunque la fuerza de los zapatistas ha sido siempre más política que militar, cuanto más contenido esté el EZLN militarmente, será más difícil que el gobierno lo acepte como una contraparte legítima para negociaciones serias. Esta estrategia de militarización creciente se ve reforzada porque el gobierno está enfrentando insurrecciones armadas en otros estados. Además, una negociación exitosa en Chiapas podría llevar a demandas crecientes en otras partes. Otro factor importante es la disputa por el acceso a los recursos naturales de Chiapas, como petróleo, uranio y madera.

Las investigaciones sobre la masacre de Acteal continúan. A principios de julio se giraron órdenes de aprehensión para ex-funcionarios públicos relacionados con la masacre, incluido el subprocurador de Justicia del estado. También en ese mes los familiares de las víctimas recibieron indemnizaciones por parte del gobierno.

La situación de los diez mil desplazados en el municipio de Chenalhó y los cuatro mil en la zona Norte, sigue siendo preocupante. La ayuda humanitaria resulta siempre insuficiente y el retorno se ve muy lejos. El 25 de junio, 850 integrantes de la organización Las Abejas que se encuentran refugiados en X’oyep querían regresar a sus comunidades, pero decidieron aplazar el retorno por supuestas amenazas de los paramilitares.

La vuelta a la palabra de la comandancia zapatista a través del subcomandante Marcos ha generado nuevos elementos alrededor del conflicto. Por un lado refrenda la imposibilidad del reanunciar el diálogo a corto plazo y por otro la propuesta a la sociedad civil de que opine sobre la propuesta de la COCOPA en materia de derechos y cultura indígena (Quinta Declaración de la Selva Lacandona).

Mientras tanto, la iniciativa legislativa de Zedillo en materia de derechos indígenas, introducida al Congreso el 15 de marzo, ha languidecido ante las críticas tanto de integrantes del PRI como de la oposición.

Después del desmantelamiento del municipio autónomo en El Bosque, el gobierno prometió suspender esas operaciones para bajar la tensión. El 10 de julio, el gobierno federal presentó su nuevo plan para la distensión en Chiapas. Esta propuesta, que buscaba un nuevo papel para la COCOPA, fue fuertemente atacada por la oposición, por no atender a las causas reales de la crisis chiapaneca.

Mientras tanto, después de la disolución de la CONAI y de los acontecimientos violentos en El Bosque, varias ONG mexicanas pidieron una mediación internacional para superar la crisis en el diálogo y detener la escalada bélica.

El gobierno mexicano ha sido criticado fuertemente desde el extranjero. La titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, declaró en junio que existían “serias violaciones de los derechos del pueblo indígena” en Chiapas. El gobierno de los Estados Unidos dijo que estaba presionando (“pressing“) al Gobierno mexicano para resolver el conflicto chiapaneco por vía pacífica. Además, una resolución fue introducida al Congreso estadounidense cuestionando el impacto negativo de la asistencia militar norteamericana sobre los derechos humanos en México y demandando una desmilitarización del conflicto.

A finales de mayo, la Secretaría de Gobernación difundió nuevas reglas para realizar la observación internacional en México. Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales expresaron su inconformidad con dichas reglas, calificadas como “sin precedente en las Américas” por Amnistía Internacional.

No obstante su superioridad militar, los costos políticos de una solución de este tipo parecerían ser demasiado altos para el gobierno. Al mismo tiempo, la falta de resolución al conflicto y la potencialidad de nuevos brotes de violencia constituyen un factor de constante inestabilidad.

Por otro lado, es difícil prever una solución sin un importante aumento de la presión nacional. Dado el vacío creado por la disolución de la CONAI, quizás el reto más importante en este momento es el futuro papel de la sociedad civil mexicana.

Acciones Recomendadas

Para ciudadanos de los Estados Unidos:

Urgir a sus senadores y congresistas a:

  • Apoyar el “Concurrent Resolution” on Mexico que incluye demandas para:
  • asegurar que ayuda militar norteamericana no contribuye a violaciones de derechos humanos;
  • desarmar a los grupos paramilitares y reducir la presencia militar en Chiapas;
  • esfuerzos concertados para la mediación, con asistencia de la ONU;
  • respeto para trabajadores de DDHH.

Por favor, escribir a:

“Su representante”
U.S. House of Representatives
Washington, DC 20515
Tel. del Congreso: (202) 224 3121

Para ciudadanos de la Unión Europea:

Urgir a los europarlementarios y la Comisión Europea a:

  • vigilar una ejecución seria de la ‘cláusula democrática’ que es parte del acuerdo comercial entre la Unión Europea y México;
  • garantizar participación de ONG mexicanas e internacionales para evaluar el avance en materia de derechos humanos en México.

Por favor, escribir a europarlementarios ó a:

Manuel Marin, Vice-presidente
European Commission / Comisión Europea
Webstraat 200
1049 Bruselas – Bélgica
fax: (int-32) (2) 295 01 38 / 39 / 40

Para todos:

Urgir a la administración de Zedillo a:

  • ordenar una reducción substancial de las tropas federales en las zonas de conflicto como una señal verdadera y concreta de su voluntad de dialogar.
  • reconocer y respetar la labor humanitaria y la contribución al proceso de paz que realizan los observadores internacionales y los defensores de los derechos humanos.

Por favor, escribir a:

Correo-elec: webadmon@op.presidencia.gob.mx

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Actualidad

Fracaso del diálogo – La guerra avanza

Disolución de la CONAI

“Decidimos dejar de existir por falta de vigencia y para no ser cómplices de lo que está pasando. No fue una renuncia sino una denuncia para generar reacciones.” Así explicó a SIPAZ el obispo Samuel Ruiz García, ex-presidente de la CONAI (Comisión Nacional de Intermediación), el 7 de junio la disolución de ese organismo mediador. El comunicado que anunció dicha disolución denunció “la constante y creciente agresión” a la diócesis de San Cristóbal, a la mediación y al obispo. El Secretario de Gobernación Francisco Labastida Ochoa negó días después que “haya una persecución en contra de la diócesis. Lo que sí es cierto es que cuando hemos advertido que la actitud del señor Samuel Ruiz ha entorpecido el proceso de paz en el conflicto de Chiapas, lo hemos señalado”.

Operativos policiaco-militares

La desaparición de la CONAI se dio en un período de grandes tensiones en las comunidades zapatistas, causadas entre otros, por la decisión del gobierno del estado en los meses pasados de desmantelar cuatro municipios autónomos zapatistas (ver artículo sobre ‘Municipios Autónomos’). Los desmantelamientos se realizaron en operativos policiaco-militares con lujo de fuerza y gases lacrimógenos. El pretexto para esos operativos ha sido el restablecimiento del ‘estado de derecho’, que el gobernador de Chiapas, Roberto Albores Guillén, anunció en el Acuerdo Estata para la Reconcilación y Paz en Chiapas en marzo pasado. El último desmantelamiento tuvo lugar en El Bosque tres días después de la disolución de la CONAI, en un operativo policiaco-militar que generó un enfrentamiento armado entre las bases de apoyo zapatistas y las fuerzas de seguridad. En este operativo murieron dos policías y ocho civiles. El mismo día del operativo SIPAZ habló con refugiados que habían huído de sus comunidades Chabajeval y Unión Progreso por miedo de más ataques. Ellos denunciaron allanamientos de casas, robos de documentos y objetos de valor, matanza de animales domésticos y destrucción de aparatos domésticos (incluyendo televisores). Habitantes de Unión Progreso denunciaron que algunas víctimas fueron capturadas vivas y después ejecutadas, lo cual todavía no fue confirmado.

Sobre la presencia militar en Chiapas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) observó la constante presencia de las fuerzas armadas “como un factor que, entre otros, altera la convivencia de las comunidades indígenas.” Además pidió la reubicación de las bases militares a medida que avance el proceso de paz y el desarme de los grupos civiles armados quienes, a excepción de los detenidos por el caso ‘Acteal‘, siguen operando en la impunidad. Después del desmantelamiento del municipio autónomo en Taniperlas el 11 de abril, la CNDH emitió una recomendación al gobernador de Chiapas criticando la violación de los derechos humanos en el operativo. El gobernador no atendió a esta recomendación.

Al mismo tiempo en los estados de Guerrero y Oaxaca la presencia del EPR (Ejército Popular Revolucionario) provocó otros operativos militares contra militantes de esta organización. El incidente más grave ocurrió en la madrugada del 7 de junio en El Charco, Guerrero, donde murieron 11 presuntos militantes del ERPI (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente). Según testigos oculares y varias organizaciones de derechos humanos, algunos fueron ejecutados después de haberse rendido. Además, algunos de los ahí detenidos denunciaron que habían sido torturados.

Seguimiento de Acteal

Siete meses después de la masacre de Acteal en donde murieron 45 desplazados, los familiares de las víctimas recibieron las indemnizaciones por parte del gobierno. Empero, las investigaciones todavía no han terminado. Unas 90 personas recibieron auto de formal prisión, incluso un ex-general que estuvo presente como autoridad de la policía durante la masacre. A principios de julio se giraron ordenes de aprehensión para ex-funcionarios públicos relacionados con los hechos, incluyendo el subprocurador del estado. Los priístas encabezados por el presidente municipal de Chenalhó, Pedro Mariano Arias Pérez, consideran a los detenidos como presos políticos: “La mayoría son inocentes. No confiamos en la investigación de la Procuraduría General de la República.” Por otro lado, los familiares de las víctimas siguen denunciando que los paramilitares no han sido desarmados y que los autores intelectuales permanecen impunes.

La situación de los diez mil desplazados en el municipio de Chenalhó sigue siendo preocupante por razones de salud y falta de suficiente ayuda humanitaria. A principios de junio, 850 integrantes de la organización Las Abejas que se encuentran refugiados en X’oyep tomaron la decisión de regresar el 25 de ese mes a Yibeljoj y Los Chorros, sus comunidades de origen. “Todo es mejor que quedarnos en esta situación”, nos dijeron. Empero, el día previsto para el retorno recibieron informes sobre actividades de los paramilitares en la región, por lo que concluyeron que las condiciones todavía eran desfavorables. Por su parte, representantes de los priístas y Las Abejas en Los Chorros nos contaron: “Esperabamos el 25 a los desplazados con marimba y habíamos preparado treinta pollos para recibir a nuestros hermanos”. Las Abejas, que son minoría en Los Chorros, comentaron a SIPAZ que no hay violencia, que esperan que regresan sus compañeros ‘Abejas‘, pero a la vez tienen miedo de salir, y que “esperamos que venga alguie para resolver este problema.”

Para los más de 4 mil desplazados en la zona Norte la situación sigue siendo preocupante. Están en constante necesidad de ayuda humanitaria sin perspectiva de regresar a sus casas. En un recorrido por esta región, el equipo de SIPAZ sintió la constante tensión allí debido al control total que mantiene el grupo paramilitar Paz y Justicia y al aumento de retenes militares.

Búsqueda del diálogo

De marzo a julio, la comandancia del EZLN mantuvo un silencio que acentuó profundamente el sentido de estancamiento total del diálogo. La COCOPA (Comisión de Concordia y Pacificación) asumió la tarea de buscar un diálogo directo entre el gobierno y el EZLN. Este último persistió en su silencio y la COCOPA no recibió respuesta. A mediados de julio el subcomandante Marcos rompió el silencio con varios comunicados. En ellos reconoció el buen trabajo de la CONAI y la COCOPA y descartó una reanudación del diálogo a corto plazo. Además emitió la Quinta Declaración de la Selva Lacandona en la que convoca a la sociedad civil a expresar su palabra sobre la propuesta de la COCOPA en materia de Derecho y Cultura Indígena.

Después del enfrentamiento violento entre las fuerzas armadas y las bases de apoyo zapatista en El Bosque, y antes de su viaje a Chiapas, la COCOPA pidió al gobierno un cese de los operativos para desmantelar los municipios autónomos; el gobierno prometió suspender dichos operativos para distender la situación. Sin embargo, las comunidades indígenas zapatistas no dieron confianza a esta promesa y siguen en alerta roja, como expresó una de las autoridades del municipio autónomo de Polhó durante las festividades de San Pedro, a fines de junio: “Es una fiesta sencilla, porque todavía estamos en lucha.”

El presidente Zedillo visitó en los últimos meses varias veces a Chiapas con un discurso de buscar el diálogo directo y la vía pacífica. Además criticó a la diócesis de San Cristóbal con frases como “apostolado de la hipocresía” y “teólogos de la violencia”. En estos discursos también fueron recurrentes los ataques a extranjeros en Chiapas.

El 10 de julio el gobierno federal presentó su nuevo plan para la distensión en Chiapas. Esta propuesta fue fuertemente criticado por la oposición diciendo que no hay nada de nuevo en este plan. Mientras tanto, después de la disolución de la CONAI y los acontecimientos violentos en El Bosque, varias ONG en México han propuesto la mediación internacional para superar la crisis en el diálogo.

La iniciativa unilateral del gobierno en materia de derechos indígenas, entregada al Congreso el 15 de marzo ha languidecido. Fue criticada tanto por integrantes del PRI como por partidos de la oposición. Unos días después, el gobernador de Chiapas lanzó su programa de distensión en Chiapas, anunciando entre otros una nueva ley indígena chiapaneca, desarme de grupos civiles y un proceso de remunicipalización. Además propuso a 5 municipios autónomos negociaciones para que se conviertan en “Juntas de Gobierno Municipal de Transición”, con recursos y presupuestos definidos.

Críticas a México en la escena internacional

Por el desmantelamiento de los municipios autónomos, el clima de violencia y la falta de diálogo, el Gobierno mexicano ha recibido varias críticas fuertes desde el extranjero. La titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, declaró en junio que existían “serias violaciones de los derechos del pueblo indígena”. La canciller Rosario Green respondió que la opinión de la ONU se basaba en falta de información sobre los esfuerzos gubernamentales. En los mismos días, la canciller consideró como ofensiva una declaración de la Secretaria de Estado estadounidense, Madeleine Allbright, cuando dijo que los Estados Unidos estaban presionando (“pressing“) al Gobierno mexicano para resolver el conflicto chiapaneco por vía pacífica. Tal expresión directa de preocupación representa un cambio importante considerado el discurso anterior del gobierno estadounidense sobre Chiapas. En mayo, Amnistía Internacional pidió detener el creciente número de desapariciones de personas por razone políticas que se dan en México con el pretexto de las operaciones contrainsurgentes o de combate al narcotráfico.

Después de expulsar a unos 30 extranjeros y a un grupo de 40 italianos en los meses anteriores, a finales de mayo el Secretario de Gobernación difundió nuevas reglas para realizar la observación internacional en México. Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales expresaron su inconformidad con dichas reglas, por considerar que obstaculizarían un trabajo eficaz de observación internacional. En una carta al Presidente Zedillo un grupo de congresistas de los Estados Unidos reconoció el papel esencial de la observación y expresó su preocupación para las nuevas reglas. Además una resolución no imperativa fue introducida para discutir en el Congreso estadounidense; el documento plantea temas como la necesidad de desarmar los grupos paramilitares; reducir la presencia militar en Chiapas; garantizar que la ayuda militar norteamericana no contribuya a las violaciones de derechos humanos; respetar a los trabajadores de derechos humanos; y realizar esfuerzos conjuntos de mediación, con asistencia de la ONU.

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Análisis

Chiapas: La guerra de fondo

La renuncia del obispo Samuel Ruiz y la disolución de la CONAI plantean un nuevo y aun más problemático escenario en el conflicto de Chiapas. El proceso de diálogo iniciado en marzo de 1995 ofrecía/habilitaba una estructura legal y una agenda para abordar tanto las causas inmediatas como profundas del conflicto. En tanto la estructura legal se mantiene (Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Justa en Chiapas), el diálogo de San Andrés está muerto. Más aun: los recientes acontecimientos en Chiapas (El Bosque) y en otros sitios (El Charco, Guerrero) dejaron en evidencia una escalada de la guerra de baja intensidad, así como señales preocupantes de la aplicación de torturas, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos.

El gobierno mexicano mostró en el pasado su voluntad de negociar al firmar los primeros acuerdos con el EZLN sobre derechos y cultura indígenas. Pero al mismo tiempo, ha buscado explotar su superioridad militar para fortalecer su posición política. El resultado en estos tres años ha sido una progresiva erosión de las fuerzas zapatistas a través del cerco militar combinado con otras tácticas de contrainsurgencia. Considerado desde una perspectiva militar, actualmente el gobierno tiene pocas razones para negociar algo más que los términos de la rendición zapatista.

Esa perspectiva militarista se ve reforzada por el hecho de que el ejército está enfrentando otros movimientos insurgentes en estados como Oaxaca, Guerrero, Veracruz e Hidalgo. Esto podría tentar al gobierno a optar por una salida militar al conflicto de Chiapas. Ello es particularmente cierto cuando la alternativa sería aceptar los caprichos de una negociación política que, en caso de resultar exitosa, podría provocar un estallido de demandas similares en otras partes del país.

Otro factor que seguramente incide en la opción por la línea dura es el de los recursos naturales. Las objeciones planteadas por el gobierno a la propuesta de la COCOPA para implementar los Acuerdos de San Andrés se han centrado en el tema de la autonomía. Como hemos señalado en informes anteriores (ver “Autonomía Indígena, SIPAZ Vol.II, No.1, Enero 1997), varios expertos han rechazado la preocupación gubernamental de que la autonomía indígena podría amenazar la integridad de la nación mexicana. No obstante, ella le daría ciertamente a las comunidades indígenas un mayor control sobre sus recursos, lo que podría resultar en trabas políticas para la explotación irrestricta de recursos naturales como petróleo, uranio y maderas preciosas. Y esto va contra la política económica de libre mercado que, no obstante las restricciones migratorias, busca atraer la inversión extranjera.

Miguel Álvarez, secretario técnico de la ex CONAI, ha comparado el diálogo de San Andrés con un ring de boxeo, en el cual existen reglas claramente definidas y jueces reconocidos para hacerlas cumplir. Después de la firma de los primeros Acuerdos en febrero de 1996, el gobierno mostró poco interés en su implementación, así como en el siguiente tema de negociación. Entre otras presiones, ello llevó al EZLN a retirarse de la mesa de San Andrés; a juicio de Álvarez, esa decisión constituyó un error que lo arrojó al ‘callejón de la lucha libré, donde todo vale, incluso el juego sucio.

Según el obispo Ruiz, durante la crisis del diálogo la CONAI continuó sus intentos de mediación, enviando al gobierno numerosas comunicaciones privadas donde le señalaba su falta de consistencia con el proceso de San Andrés. Finalmente, como eso no parecía surtir efecto, la CONAI comenzó a hacer esas observaciones públicamente. “Eso fue nuestro epitafio”, observó Ruiz. Su decisión de renunciar fue procesada durante meses, mientras el gobierno aumentaba su campaña de ataques contra la diócesis de San Cristóbal y contra la persona del obispo, y el EZLN persistía en su prolongado silencio. Ante esta realidad, Samuel Ruiz consideró que ya no era posible para él realizar una mediación efectiva.

En este complejo y peligroso escenario, hay varios puntos claves de conflicto. En Chiapas, cientos de comunidades indígenas -muchas zapatistas y otras no- continúan demandando cambios políticos y económicos fundamentales. Las fuerzas de seguridad pueden seguir siendo usadas tanto para intimidar y reprimir -como se demostró en el desmantelamiento de varios municipios autónomos o rebeldes- como para iniciar una conflagración, por ejemplo con operaciones dirigidas a capturar a la dirigencia del EZLN. Aparentemente, el único freno para estas acciones sería su alto costo político.

Menos factible aún sería que las fuerzas de seguridad se abocaran a desmantelar los grupos paramilitares, con los que tienen vínculos probados. Si bien siempre existieron conflictos en las comunidades indígenas, rara vez resultaron en pérdidas de vidas humanas. Los centenares de muertes de los últimos tres años en la zona Norte y en los Altos de Chiapas son directamente atribuibles al surgimiento y entrenamiento de esos grupos paramilitares, que consideramos un elemento integral de la estrategia gubernamental de contrainsurgencia. Por ello consideramos esenciales los esfuerzos destinados a fortalecer los actores y las capacidades locales que puedan prevenir los estallidos violentos y establecer las bases para un trabajo de largo plazo de construcción de la paz.

Internacionalmente, el gobierno mexicano ha emprendido iniciativas excepcionales para enfrentar las crecientes críticas. Los diplomáticos mexicanos han diseminado enormes cantidades de declaraciones oficiales, publicado artículos de opinión y ocupado espacios gubernamentales y no gubernamentales para explicar la posición de su gobierno.

Mientras el gobierno ha tratado siempre de mantener el conflicto como un problema local, los acontecimientos de los últimos cuatro años han demostrado que no lo es. No obstante, la movilización de la sociedad civil mexicana ha disminuído considerablemente; como resultado, el gobierno no se ha visto forzado a encontrar una solución. Y parece difícil que se pueda arribar a ella sin un importante incremento de la presión interna. Queda por verse si la disolución de la CONAI podría generar un resurgimiento civil, aunque ya se pueden vislumbrar algunos atisbos.

Tampoco el gobierno puede considerarse satisfecho. Tres Secretarios de Gobernación han perdido su trabajo por el conflicto chiapaneco. La falta de una solución al conflicto y su potencial reestallido en cualquier momento (v.gr. Acteal) lo hacen una seria responsabilidad para el partido en el poder (PRI), especialmente de cara a las elecciones presidenciales del año 2000. En el corto plazo, además, podría incluso agriar la visita del Papa, planeada para enero de 1999.

Las palabras que rompieron el silencio del EZLN para señalar lo difícil de reanudar el diálogo, interpelan directamente al gobierno mexicano para que cumpla su palabra. Al mismo tiempo a la sociedad civil para que se exprese sobre la propuesta de la COCOPA en materia de Derechos Indígenas. Nuevamente la sociedad civil vuelve a tener la oportunidad, como sería en un régimen democrático, de opinar sobre el tratamiento que el gobierno debe dar al conflicto chiapaneco. Quedará por ver si asume el papel histórico que le corresponde.