AGM 4 – Salud
06/02/2012
AGM 6 – Recursos Naturales
06/02/2012

AGM 5 – Tierra

La tierra: choque de visiones

El concepto de tierra es distinto según los pueblos indígenas y la población mestiza. Los pueblos indígenas siguen considerando la tierra como algo integral (la madre tierra), sagrada y colectiva, que no se puede vender. Han predominado en México los regímenes de propiedad ejidal y comunal de la tierra:

  • Ejidos: cada ejidatario recibe una parcela de tierra, y toda decisión que tiene que ver con las tierras de este núcleo, se tiene que tomar en la asamblea de ejidatarios en su totalidad.
  • Tierras comunales: la tierra pertenece a la totalidad de los miembros de una comunidad, y en consecuencia, los beneficios de la misma se distribuyen entre todos.

En Guerrero, el 56.9% de la superficie total de las tierras están bajo esos regímenes:

  • 1.514.459 hectáreas son tierras ejidales (44.6%)
  • 417.445 hectáreas son tierras comunales (12.3%)

Fuente: INEGI 2007

La visión indígena de la tierra va chocando con otra visión mercantilista: la tierra ha sido reducida por el sistema económico actual a su sola dimensión material y ha sido fragmentada en distintos momentos bajo el amparo de la ley. Surgió el concepto de propiedad privada, y de ahí muchos problemas agrarios.

Fuente: Agenda Estatal para el Desarrollo y la Autonomía de los Pueblos Indígenas de Guerrero, Tlachinollan A.C. mayo de 2005

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Legislación sobre la tierra: fragmentación y privatización

La propiedad colectiva de la tierra ha sido atacada en muchas ocasiones en la historia mexicana. Al final de la guerra de Independencia, en 1856, las leyes de desamortización prohibieron la propiedad comunal, ordenaron la división de las tierras comunales y se autorizó la expedición de títulos de propiedad privada. Es así que, en las regiones de la Costa Chica y de la Montaña, las mejores tierras fueron acaparadas por los hacendados que compraban supuestos títulos de propiedad a caciques locales, sin tomar en cuenta a los comuneros.

Si bien los pueblos indígenas lograron recuperar parte de sus tierras después de la Revolución Mexicana, la reforma constitucional del artículo 27 en 1992 permitió una nueva apertura hacia su privatización de las tierras. De esta reforma nacieron el PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos Ejidales) y el PROCECOM (Programa de Certificación de Derechos Comunales).

Muchas organizaciones civiles han denunciado el PROCEDE y el PROCECOM por las divisiones que ha generado en las comunidades y en los ejidos, y por propiciar el acaparamiento y la venta de las tierras colectivas. Por ejemplo, cuando los ejidos aceptan el PROCEDE, los campesinos pueden obtener créditos, pero en cambio tienen que dejar en garantía sus tierras, y si luego no logran cumplir con el crédito, pierden sus tierras. Por otro lado, cuando entran al PROCEDE, tienen que empezar a pagar el impuesto predial tanto por la parcela como por el solar. Por eso, el PROCEDE está visto por mucha gente como un mecanismo neoliberal contra la comunidad campesina a través de la privatización de la tierra.

Fuentes: YORAIL MAYA 4, junio de 2002

También se critica mucho la forma en que se “proponía” dicho programa. En un principio, en 1993, se presentaba como un programa voluntario. Se ha denunciado que la Procuraduría Agraria trataba de imponer el PROCEDE en todos los núcleos agrarios, a través de presión y chantaje con los comisariados comunales y ejidales, para que sean ellos quienes se encarguen de informar a la gente y de convencerla de los beneficios de este programa. De esta manera parece que los campesinos decidieron libremente la privatización de sus tierras y asumieron las consecuencias. En varios lugares, el programa estuvo presentado como una condición para quienes quieren beneficiarse de los demás programas de apoyo al campo, como PROCAMPO.

Fuentes: Agenda Estatal para el Desarrollo y la Autonomía de los Pueblos Indígenas de Guerrero, Tlachinollan A.C. mayo 2005; Foro Estatal “Nuestra Palabra hecha camino”, Tlachinollan, 3 y 4 de junio de 2005.

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Conflictos agrarios

A principios de enero de 2012, la subsecretaria de Gobierno para Asuntos Agrarios, Roxana Mora Patiño dio a conocer que en la entidad persisten 50 conflictos agrarios. 20 de ellos son considerados “focos rojos”. El estado tiene ya un alto índice de muertos, heridos, desplazados y encarcelados, debidos a conflictos agrarios, algunos de ellos teniendo ya varias generaciones de duración.

Los conflictos agrarios surgen:

  • Por falta de tierras;
  • Por ambigüedades y vacíos jurídicos respecto a los derechos y títulos agrarios desde hace décadas e incluso siglos;
  • Por planes sobrepuestos producto de la entrega de documentos alterados por las autoridades agrarias;
  • Por desacuerdos acerca de los límites territoriales;
  • Por el acaparamiento y las ocupaciones ilegales de ganaderos y madereros que cuentan con la protección y respaldo de las autoridades;
  • Por respuestas inadecuadas o negligentes de las autoridades en la resolución de dichos conflictos.

En las consecuencias de los conflictos agrarios más que todo los prolongados, el Informe XVI “Luchar para construir el amanecer de la justicia” (2011), el Centro de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan subrayaba: “Existen conflictos agrarios que han llegado a durar entre 2 y 6 años y esto genera un desgaste en la comunidad, disminuyendo la capacidad organizativa de los pueblos, todos los esfuerzos, todas las capacidades que hay en estos pueblos están orientadas a sostener un conflicto agrario, a pagar asesores, a pagar viajes o desplazamientos que las autoridades tienen que hacer, en lugar de ver temas relacionados con el desarrollo de sus pueblos o la defensa de su territorio ante las grandes amenazas de la minería, están enfrascados en intentar solucionar un conflicto agrario”.

En los “focos rojos” están por ejemplo el municipio de Zirándaro, de la Región de la Tierra Caliente, donde las comunidades de San Pedro y Garzas mantienen una disputa por 2.500 hectáreas de tierras con los de Puerto Grande. También se han presentado enfrentamientos en los límites de Oaxaca y Guerrero (Costa Chica) donde habitantes del Jicaral de Tovar (Oaxaca) y los del Jicayán (Guerrero) riñen por sus tierras. Otra problemática se mantiene en Marquelia, donde persiste un problema de tres grupos por la disputa de 300 hectáreas de tierra.