2013
31/01/2014
ENFOQUE: Preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos – “Reunión para la justicia y la verdad”
21/02/2014
A inicios del 2013, varios analistas usaron la expresión de «Momento mexicano» debido a las expectativas generadas por el cambio de administración. Se ha venido cuestionando su pertinencia hasta la fecha. En el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, el presidente de México, Enrique Peña Nieto (EPN), venía a presumir la aprobación de sus reformas estructurales, la principal apuesta de su primer año de mandato. No contaba con que el presidente del Foro, Klaus Schwab abordara el tema de la inseguridad con tanta insistencia. Paralelamente al avance de las reformas, el 2013 fue caracterizado por el auge de los grupos de autodefensa.
© SIPAZ
La atención se ha centrado en el estado de Michoacán donde los enfrentamientos entre los grupos de civiles organizados en autodefensas y el cártel de Los Caballeros Templarios se han recrudecido. Algunos acusan a dichas autodefensas de responder a un plan diseñado desde la Presidencia, otros de ayudar al Cártel de Jalisco «Nueva Generación». Lo cierto es que surgieron en 2013 ante la indiscutible inseguridad: según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 12.715 homicidios dolosos fueron perpetrados en la entidad entre 2007 y septiembre de 2013. Los grupos de autodefensa hoy mantienen presencia armada en 47 de los 113 municipios, según el propio gobierno del estado. Sus líderes estiman que cuentan con más de 10.000 integrantes. Los combates entre los grupos enfrentados se dan en zonas caracterizadas por su marginación, inseguridad y ausencia o falta de respuestas por parte de las autoridades. En un contexto que algunos medios empezaron a caracterizar como «guerra civil», el gobierno federal envió 8.000 policías federales y soldados a tomar el control de los municipios donde habían surgido autodefensas. El 27 de enero firmó un acuerdo para legalizarlas como «cuerpos de defensa rurales». Anunció la inversión de más de 45.000 millones de pesos para programas sociales en la entidad. En lo inmediato el contexto sigue siendo explosivo y podría «contagiar» a otros estados.
De manera general, la estrategia de EPN en cuanto a seguridad ha sido cuestionada por ser una mera prolongación de la implementada por su predecesor, Felipe Calderón, a pesar de los saldos dramáticos que arrojó. En la actualidad, las cifras oficiales (cuestionadas en muchos medios) reportan una reducción en los homicidios, pero un incremento de los secuestros y las extorsiones. La Oficina de Washington en América Latina (WOLA) señaló que durante el primer año de gobierno de EPN se han registrado muy pocos avances en materia de seguridad y que se sigue cometiendo una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos, en medio de una total impunidad. Por su parte, la organización Human Rights Watch afirmó que el supuesto cambio de la nueva administración en estos temas ha sido únicamente «retórico«.
Otras fuentes de escepticismo ante el «Momento mexicano»
La percepción de «Momento mexicano» cambió no sólo ante la persistencia de los problemas de seguridad sino también por los magros resultados económicos: el pronóstico de crecimiento para 2013 (3.5%) se quedó en la tercera parte de lo estimado. Si bien los empresarios e inversionistas extranjeros vieron con buenos ojos las reformas legislativas aprobadas, en particular la apertura del sector petrolero, falta ver cómo van a concretarse e implementarse.
En el país, estos cambios legislativos han generado cuestionamientos, movilizaciones en su contra y resultados limitados. En el caso de la reforma laboral, a un año de su promulgación, no se han generado nuevas plazas de empleo formal: en 2012 se crearon más de 832.000; en 2013, poco más de 590.000. La implementación de la reforma educativa fue marcada por atrasos en el censo de escuelas y profesores y por acuerdos de excepción, mientras se están anunciando nuevas manifestaciones que, según los maestros serán «aún más radicales y masivas» que las del 2013.
La reforma hacendaria fue cuestionada tanto por los empresarios como por la población en general debido a nuevos requisitos fiscales y al incremento de los precios, más aún al acompañarse de un aumento del precio de la gasolina a inicios de 2014. Si bien la presión social ejercida en contra de la reforma educativa hizo que se desechara la aplicación del IVA en alimentos y medicinas, analistas señalan un empobrecimiento de la población y la pulverización de la clase media. La reforma política-electoral creó un nuevo aparato burocrático que, se teme, podría ser aún menos eficaz que el anterior para controlar los gastos y la legalidad electorales. También permitirá la reelección inmediata de legisladores a pesar del riesgo que eso implica: que la inmunidad se convierta en impunidad.
Finalmente, la aprobación de la reforma energética, que se dio en una sesión protegida por granaderos ante las protestas, consume lo que algunos consideran la entrega del sector energético al capital privado. A raíz de esta reforma, se rompió el «Pacto por México» entre las tres principales fuerzas políticas del país (Partido de la Revolución Institucional-PRI, Partido Acción Nacional – PAN, y Partido de la Revolución Democrática – PRD). El 28 de noviembre, el PRD anunció su salida del Pacto y denunció un «pacto en lo oscurito» entre PAN y PRI.
Dispersión de la izquierda institucional, criminalización de los movimientos sociales
La izquierda institucional se encuentra en un momento de extrema debilidad. El ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), decidió conformar su propio partido sobre la base social del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). Su ausencia al inicio de la discusión de la reforma energética (sufrió un infarto) mostró la fuerte dependencia hacia su liderazgo. La adhesión del PRD al Pacto por México ocasionó más divisiones internas. No queda claro si su salida del mismo podrá revertir esta tendencia. Ninguno de estos grupos que actuaron de manera aislada y con poca convocatoria pudo frenar la aprobación de la reforma energética. Una oportunidad nace no obstante por la posibilidad de realizar una consulta sobre dicha reforma.
Desde los movimientos sociales, en febrero, se llevó a cabo un Congreso Popular en la Ciudad de México. Fue convocado por intelectuales, artistas y activistas para promover un proceso unitario que revoque las reformas aprobadas. Participaron 2.652 personas como «representantes populares» con total independencia de cualquier partido político, institución gubernamental o grupo empresarial. Votaron una iniciativa revocatoria de la reforma energética y plantearon acciones de resistencia civil pacífica a desarrollarse en marzo próximo.
Estas movilizaciones se dan en un contexto de sistemática criminalización de la protesta social. Amnistía Internacional ha cuestionado «el crecimiento de abusos cometidos contra manifestantes por fuerzas policiales». Por su parte, el Tribunal Permanente de los Pueblos emitió un dictamen sobre el capítulo México: Represión a los movimientos sociales, que ofrece un panorama general sobre los gobiernos que «han convertido intereses particulares específicos en contenido de interés general, y desplegado brutalidad y violencia en contra de todos aquellos que se atrevieron a manifestarse para exigir mejores condiciones de vida, y para que los derechos fueran para todos». Denunció «la judicialización de los conflictos sociales y la renuncia al diálogo, a la política, al cumplimiento de los derechos humanos, al estado de derecho y a la democracia».
Por otro lado, el cuerpo sin vida del periodista veracruzano Gregorio Jiménez de la Cruz, que había sido secuestrado el 5 de febrero, apareció poco después. Cabe señalar que, desde el 2011, han sido asesinadas diez periodistas y al menos tres han sido reportados como desaparecidos. Con 87 periodistas asesinados desde 2000, según cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), México es el país más peligroso de América Latina para esta profesión.
Chiapas: A 20 años del levantamiento zapatista
© SIPAZ
El primero de enero de 2014, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) celebró 20 años de su levantamiento armado, en exigencia de tierra, alimentación, trabajo, salud, educación, vivienda, justicia e igualdad para las poblaciones indígenas. Difundió sus logros a través de dos sesiones de la Escuelita zapatista que se realizaron en diciembre y enero con la participación de más de 4.000 personas nacionales e internacionales.
Poco antes, el Subcomandante Marcos había lanzado un nuevo comunicado titulado «Rebobinar 1». En un postdata, cuestionó los medios de comunicación de paga y algunos de los artículos que ya se habían empezado a publicar en las vísperas del aniversario del levantamiento: «(s)i las condiciones de las comunidades indígenas zapatistas están igual que hace 20 años y nada se ha avanzado en su nivel de vida, ¿por qué el EZLN –como lo hizo en 1994 con la prensa de paga– se ‘abre’ con la escuelita para que la gente de abajo vea y conozca directamente, sin intermediarios?». En otro comunicado, criticó las reformas estructurales, en particular la energética y la educativa. En una postdata, cuestionó el gasto en la campaña de publicidad de más de 10 millones de dólares del actual gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, tachándola de «ridícula» e «ilegal«, y asegurando que a los turistas no se les permite ver «la miseria, los paramilitares y el crimen de las principales ciudades chiapanecas». Cabe subrayar que la campaña de Velasco provocó que el PAN presentara una denuncia contra el gobernador por publicidad indebida.
Las autoridades enviaron señales de buena voluntad previamente al aniversario del levantamiento. En diciembre, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, presentó su primer informe de gobierno. Reconoció que aún no se ha saldado la deuda con las comunidades indígenas: «Aquí reitero que mi administración mantendrá su compromiso de respeto al zapatismo y de solución pacífica de los conflictos». Para finales de diciembre, también se liberaron varios presos. Finalmente, el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz, informó que para febrero podría estar lista «una iniciativa de gran calado» que recogerá los acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena firmados entre el EZLN y el gobierno federal (1996), e incorporará la nueva normatividad nacional e internacional en la materia.
Impunidad y prolongación de la estrategia contrainsurgente
© SIPAZ
No obstante, varias han sido las denuncias que ilustran la prolongación de una estrategia contrainsurgente hasta la fecha. La Junta de Buen Gobierno de Morelia denunció que el 30 de enero, unos 300 miembros de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesina (CIOAC) Democrática agredieron gravemente a bases de apoyo zapatistas en el ejido 10 de Abril, del municipio autónomo 17 de Noviembre. Los zapatistas pidieron auxilio al hospital San Carlos, en Altamirano, pero los agresores retuvieron por dos horas a quienes venían a sacar a los heridos: desnudaron y agredieron a las monjas a bordo y secuestraron la ambulancia y una camioneta.
La impunidad fue tema omnipresente en la agenda civil. En diciembre, en Susuclumil, municipio de Tila se realizó una pre-audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), parte del «Eje de Guerra Sucia – violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia». Familiares de víctimas, sobrevivientes, y desplazados de Chiapas dieron su testimonio como «víctimas de la estrategia de guerra contrainsurgente y exterminio contempladas en el Plan de Campaña Chiapas 94′ e implementada por el gobierno mexicano a partir del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994».
En Chenalhó, el desplazamiento sigue siendo problema vigente. El 17 de enero, 98 personas de Colonia Puebla, que se encontraban desplazadas desde hace más de 4 meses, regresaron a su comunidad para realizar el corte de su café. Estas familias huyeron del Ejido Puebla por la escalada de amenazas y agresiones que derivaron de un conflicto por la posesión de un terreno donde se encontraba un templo católico. El 7 de febrero, las familias desplazadas retornaron a Acteal, donde han permanecido refugiadas desde agosto del año pasado. Explicaron «Quisiéramos creer que la visita del Gobernador Manuel Velasco es una señal de su voluntad para resolver el problema, pero, igual que como hace el presidente Enrique Peña Nieto en Michoacán, no basta ir a tomarse la foto y hacer promesas para que ya se resuelvan los problemas. Mientras quieran solucionar todo con promesas de apoyos pero no hagan justicia no va a haber solución».
Tierra y Territorio: inconformidades
En cuanto a conflictividad social, el tema «Tierra, territorio y recursos naturales» sigue siendo vector de movilizaciones y demandas. En noviembre, un enfrentamiento entre productores de maíz de la región de Venustiano Carranza y policías dio un saldo de varias patrullas quemadas, 10 policías lesionados y dos campesinos detenidos. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que el gobierno de Chiapas está practicando la represión, ante la falta de oficio político para dialogar con demandas legítimas de grupos sociales. En diciembre, 56 comunidades, ejidos y organizaciones de ocho municipios de la Sierra marcharon en Tapachula para declarar sus territorios libres de megaproyectos mineros e hidroeléctricos. En febrero, representantes de Los Llanos, municipio de San Cristóbal de Las Casas, y la comunidad San José El Porvenir, municipio de Huixtán, informaron su oposición al paso de la autopista San Cristóbal-Palenque por sus comunidades. Por su parte, el secretario de Gobierno, Eduardo Ramírez, afirmó que «no habrá marcha atrás» en la implementación de este proyecto. Reconoció que «tenemos un problema con un kilómetro en Los Llanos, y en Huixtán, por cuyas tierras pasarán 14 kilómetros».
En el marco de la conmemoración de los 40 años del Congreso Indígena de 1974, se celebró en enero, en San Cristóbal de las Casas, el Congreso Diocesano Pastoral de la Madre Tierra que hizo eco a muchas denuncias de tierra y territorio en el estado. Se acordó, entre otros, el detener a las empresas mineras (que siguen avanzando, por ejemplo en Chicomuselo) y a las políticas públicas gubernamentales que afecten negativamente a los intereses de las comunidades.
Guerrero: Estado de alto riesgo para defensores de derechos humanos
© SIPAZ
Entre los casos más recientes, el 16 de noviembre, en Atoyac de Álvarez, Costa Grande, fueron asesinados dos dirigentes campesinos de la comunidad El Paraíso. Los hechos ocurrieron un día antes del anuncio de la creación de una policía comunitaria en la comunidad. El 28 de enero, dos integrantes de la Comisión de la Verdad (Comverdad, cuyo objetivo es emitir recomendaciones en los casos de las personas afectadas por la guerra sucia de los años sesenta y setenta). Este mismo día, dos integrantes de la Red Solidaria Década contra la Impunidad fueron intimidadas a unos días de la visita que harían a Guerrero con la Misión Civil de Observación «Una luz contra la impunidad» para documentar las violaciones a los derechos humanos de activistas y luchadores sociales en el estado.
Otra forma de hostigamiento se da vía la criminalización. En enero, mediante el portal de Milenio, se publicó un artículo que hace referencia a informes de inteligencia sobre Guerrero. En dicho artículo se sostiene que «los grupos sociales que durante 2013 estuvieron muy activos en esa entidad (como el movimiento magisterial y las policías comunitarias) fueron asesorados y penetrados por grupos guerrilleros o por miembros de diversos grupos insurgentes que operan en la entidad». El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) desmintió al medio de comunicación y enfatizó que la publicación es una amenaza a la integridad física y psicológica para sus integrantes.
En enero, organizaciones civiles y parroquias denunciaron que «(a) un año de que las comunidades y los pueblos de la región Costa Chica y Centro del Estado de Guerrero se organizaran para restablecer la seguridad y paz en sus comunidades, hoy se enfrentan al hostigamiento, intimidación y abuso de autoridad por parte del Ejército Mexicano, la Policía Federal y Estatal.» Afirmaron «en un solo día se instalaron y sumaron 7 retenes militares» a los ya establecidos y que «no están permitiendo el paso de civiles».
© SIPAZ
Por otro lado, continúa sin respuesta la demanda de granos básicos para comunidades damnificadas por las tormentas en la Montaña de Guerrero de septiembre de 2013. Una reunión de trabajo con autoridades fue pactada luego de que las comunidades realizaran una movilización multitudinaria en Tlapa de Comonfort en febrero frente a la desatención de las autoridades que interrumpieron unilateralmente el diálogo con el Consejo de Comunidades Damnificadas desde finales de 2013. Pese a que el gobierno federal insiste en que la situación de la Montaña está resuelta, la crisis alimentaria que se avecina no ha sido conjurada.
Paso decisivo en la búsqueda de justicia, la Procuraduría General de la República capturó a cuatro militares, que en 2002 presuntamente participaron en los ataques sexuales perpetrados en contra de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. En ambos casos, el Estado mexicano fue hallado culpable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2010.
Por otro lado, en enero, el Congreso local aprobó una ley para prevenir, sancionar y erradicar la tortura en Guerrero. La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) cuestionó que no satisfaga los estándares internacionales en la materia. También lamentó que el proceso no haya sido precedido de una discusión más amplia y que «haya concluido en medio de la polémica que se ha desatado sobre el respeto de la autonomía de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum)». Cabe recordar que el gobernador Ángel Aguirre Rivero nombró a Ramón Navarrete Magdaleno como encargado de la Coddehum, acción que fue considerada como una intromisión del Ejecutivo.
Oaxaca: el Istmo de Tehuantepec, principal foco rojo
© SIPAZ
Los principales focos rojos en cuanto a conflictividad social se mantuvieron en el Istmo de Tehuantepec donde organizaciones y asambleas comunitarias en defensa del territorio han seguido denunciando intentos de detención, hostigamientos, expulsiones y agresiones en contra de quienes han llevado adelante una lucha en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios frente a la pretensión de corporaciones multinacionales, como Gas Natural Fenosa y Mareña Renovables, de construir grandes parques eólicos en tierras comunales, ello sin haberse realizado la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas que resultarían afectados.
En enero, el vocero del fondo de pensiones holandés PGGM confirmó que la transnacional Mareña Renovables renunciará al megaproyecto de parque eólico que pretendía construir en la barra de Santa Teresa, municipio de San Dionisio del Mar ya que no encontraron las condiciones necesarias para la instalación de un parque eólico en la zona. Sin embargo, según la misma fuente, el proyecto se trasladaría a otros sitios en la misma región.
Por otro lado, el colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios denunció la notificación de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico a las autoridades municipales de Magdalena Teitipac, en la que se anunciaba una visita a la comunidad de la Dirección General de Regulación Minera. Las autoridades municipales y comunales respondieron que por acuerdo de la asamblea comunitaria, en fechas anteriores, se había decidido expulsar a la compañía minera Plata Real y prohibir todo trabajo de exploración y/o explotación de los recursos minerales y naturales del municipio.
La problemática agraria en el estado sigue generando violencia. En los últimos casos, en diciembre, once indígenas de la población de Santo domingo Yosoñama, en la región de la Mixteca, fueron asesinados en una emboscada por personas desconocidas del poblado de San Juan Mixtepec. El origen de la masacre parece encontrarse en el conflicto agrario que, por límites de tierras, enfrenta a las dos comunidades desde hace casi 70 años.
En el marco del Día Internacional de la No violencia contra las Mujeres, en noviembre, se realizaron actos de denuncia en la capital oaxaqueña. Ataúdes de cartón representaron los 240 feminicidios ocurridos durante el mandato de Gabino Cué. La organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad de Género denunció la ineficiencia del sistema de justicia que ha permitido el incremento de desapariciones y asesinatos en contra de las mujeres, recalcando que el 99% de los casos se encuentran en la impunidad. A mediados de febrero de 2014, ya sumaban 12 mujeres asesinadas en Oaxaca en lo que va del año.
© SIPAZ
