A lo largo del año, salieron varias series de comunicados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN): algunos relativos al contexto, y otros referidos a sus nuevas iniciativas, como la llamada «Escuelita» y la creación de la «Cátedra caminante ‘Tata Juan Chávez Alonso» que convocó en agosto, conjuntamente con el Congreso Nacional Indígena (CNI) en San Cristóbal de Las Casas. Más de 4000 alumnos de varios estados de México y de otros países asistieron a la «Escuelita«, a un curso titulado «La Libertad según los zapatistas» que se llevó a cabo a puerta cerrada en los cinco Caracoles y en San Cristóbal de Las Casas, en agosto y diciembre. Los cursos abordaron los temas «Gobierno autónomo, Participación de las mujeres en el gobierno autónomo y Resistencia autónoma», y las y los alumnos pudieron convivir con un «votán» (base de apoyo o integrante del EZLN designado especialmente para servir de compañero, maestro y guía).

Secundaria autónoma zapatista, durante la Escuelita, agosto 2013
© SIPAZ

En la noche del 31 de diciembre al primero de enero de 2014, se celebró 20 años del levantamiento armado del 1 de enero de 1994. El 28 de diciembre, el Subcomandante Marcos había lanzado un nuevo comunicado titulado Rebobinar 1 donde cuestionó los medios de comunicación de paga y algunos de los artículos que ya se habían empezado a publicar en las vísperas del aniversario: «Ustedes preguntan qué ha hecho el EZLN por las comunidades indígenas. Y nosotros estamos respondiendo con el testimonio directo de decenas de miles de nuestros compañeros y compañeras».

Previamente, el 22 de diciembre, había salido a la luz pública otro comunicado (Rebobinar 2) en el que el subcomandante Marcos criticó las reformas estructurales aprobadas en México, en particular la energética y la de educación. Además, en una postdata, criticó el gasto en la campaña de publicidad de más de 10 millones de dólares del actual gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, tachándola de «rídicula» e «ilegal«, y asegurando que los turistas no se les permite ver «la miseria, los paramilitares y el crímen de las principales ciudades chiapanecas».

Del principio al fin de año, las autoridades mexicanas enviaron distintos «mensajes» al EZLN. El 1° de enero de 2013, el gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello hizo un llamado para que se cumplan los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena de 1996. Anunció una serie de acciones respecto a conflictos concretos, o sobre la demanda de liberación de Alberto Patishtán Gómez y de Francisco Santiz López. Tomó posición frente a dos temas sensibles en la conflictividad comunitaria. Por un lado afirmó: «Respetaremos las posesiones de tierras zapatistas que hoy tienen uso y beneficio social». Por el otro, aseguró que «todo programa estatal de desarrollo en comunidades con presencia zapatista, será cuidadoso en su proposición e implementación. No es nuestro objetivo la división de las comunidades». Si bien abordó puntos neurálgicos, la resolución de varios de ellos está fuera de sus manos y dependen de decisiones de carácter federal. Ciertamente, el 25 de enero fue liberado Francisco Sántiz López, base de apoyo zapatista, preso desde 2011. Alberto Patishtán Gómez por su parte salió por indulto presidencial el 31 de octubre.

También en enero, el secretario de Gobernación anunció la decisión de transformar la Comisión para el Diálogo y la Negociación en Chiapas en Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas. Planteó que con ello se busca saldar la deuda social con los pueblos indígenas. No obstante desplaza al EZLN como actor céntrico, lo cual hizo que esta decisión del gobierno federal fuera cuestionado por sus rasgos posiblemente contrainsurgente.

A finales del año, poco antes del aniversario del levantamiento, el gobierno mexicano emitió varias señales de buena voluntad. El 19 de diciembre, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco presentó su primer informe de gobierno. Reconoció que aún no se ha saldado la deuda con las comunidades indígenas: «Aquí reitero que mi administración mantendrá su compromiso de respeto al zapatismo y de solución pacífica de los conflictos». Para finales de diciembre, también se liberaron varios presos: Miguel Demeza Jiménez y Antonio Estrada Estrada, adherentes de la Sexta declaración de la selva Lacandona del ejido San Sebastián Bachajón; y, Noé Hernández Caballero, dirigente de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP). Finalmente, el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz, informó que para febrero de 2014 podría estar lista «una iniciativa de gran calado» que recogerá los acuerdos de San Andrés e incorporará la nueva normatividad nacional e internacional en la materia.

De manera más amplia, un comunicado de la Sociedad Civil Las Abejas en junio detalló como se sigue con un plan contrainsurgente a la fecha y no nada más hacia los zapatistas: «el plan del gobierno es reprimir a todos los que no están de acuerdo con sus ideas que son las del neoliberalismo, reprimir a quienes quieren defender los derechos de los pueblos originarios, los derechos de la madre tierra y los derechos del pueblo de México. Ese plan o estrategia de represión lo vemos que tiene dos lados, lo que nosotros hemos llamado las «balas de plomo», como las que usó en Acteal y en todas las represiones como Aguas Blancas, Chavajeval, Atenco, contra los estudiantes el 1º. de diciembre y el 10 de junio, contra los movimientos obreros independientes y contra todos los que se atreven a protestar. Su otra arma son las que llamamos «balas de azúcar» que es comprar a las organizaciones y a sus líderes con apoyos, obras públicas, cargos en el gobierno y otras limosnas que puede dar con la condición de que cierren la boca y no critiquen su robo de las riquezas del país para los extranjeros y los políticos vendidos que les ayudan. Ahora con Peña Nieto, las «balas de azúcar» se preparan en grande con la llamada «Cruzada contra el Hambre» que está apoyada por las mismas trasnacionales que se llevan nuestras riquezas y son la causa del hambre del pueblo».

Cabe agregar que 16 personas acusadas por la masacre de Acteal (1997) fueron excarceladas en el plazo. Suman 73 indígenas dejados en libertad por estos hechos, no por inocentes sino por violaciones al debido proceso, quedando en prisión apenas seis personas. Uno de los conflictos más álgido este año se dio en Colonia Puebla, municipio de Chenalhó, donde nuevas agresiones con matices aparentemente religiosos, coincidieron con la excarcelación de estos presos. Debido a agresiones en su contra 95 personas salieron de Puebla y se quedaron desplazadas en Acteal. Organizaciones civiles han denunciado la tibia intervención del gobierno estatal en lo que se refiere a la investigación e intervención judicial en este caso.

Por lo demás 2013 fue un año de fuerte movilización social, en particular ante la reforma educativa (de agosto a diciembre con marchas multitudinarias tanto parte de los maestros como de los padres de familia). También múltiples plantones, marchas, peregrinaciones, encuentros o comunicados fueron realizados por distintas organizaciones civiles y sociales en varias partes del estado.