COYUNTURA: Chiapas – reactivación de la conflictividad social
31/10/2007Actividades de SIPAZ (De Agosto a mediados de octubre de 2007)
31/10/2007
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El día 14 de junio de 2006, un plantón de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que ocupaba el centro de la ciudad de Oaxaca, fue violentamente reprimido por las fuerzas de seguridad pública. Como consecuencia de estos hechos y de un malestar ya creciente en la población, protestas generalizadas estallaron en el estado de Oaxaca, encabezadas por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), para exigir la salida del gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz. El 27 de octubre de 2006, después de un enfrentamiento violento, el gobierno federal autorizó el envío de más de 4,500 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), practicando numerosas detenciones que dieron lugar a denuncias generalizadas de malos tratos. Otro enfrentamiento tuvo lugar el 25 de noviembre de 2006: provocó graves daños en edificios públicos y la detención de más de 149 personas. Del 3 al 12 de agosto de 2007, realizamos una visita al estado en base a la que elaboramos un informe que trata de ofrecer una visión de la situación en el estado («Oaxaca un conflicto no resuelto: actualización» en www.sipaz.org). Este artículo pretende hacer un resumen del mismo. |
El 5 de agosto de 2007, día de las elecciones para el Congreso del estado, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz declaró a la prensa: «es ahí donde los ciudadanos deciden qué es lo que quieren, qué es lo que apoyan y seguramente votan por la paz. […] Muchos decían que se iba a reactivar el conflicto, muchos decían que no iba a haber Guelaguetza [fiesta popular oaxaqueña], muchos decían que iba a haber violencia en las elecciones. Son puras especulaciones, los oaxaqueños estamos en paz.» Sin embargo, varios elementos del contexto parecen poner en tela de juicio tal aseveración.
Sobre el enfrentamiento del 16 de julio
El 19 de julio, la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos (RODH) denunciaba: «El conflicto iniciado el año pasado sigue vigente, Oaxaca NO ESTÁ EN PAZ como lo afirma y difunde el gobierno del Estado en todos los medios de comunicación estatales» .(1)
Antecedentes
Desde varios días antes del enfrentamiento, diversos eventos permitían vislumbrar el riesgo de una confrontación violenta de este tipo. El 14 de junio del 2007 se realizó una marcha en conmemoración del operativo policial del año anterior. Miles de personas participaron en la manifestación, dejando claro que la agenda social que había venido movilizando a gran parte de la población de Oaxaca seguía siendo vigente. A partir del 18 de junio, se instaló un plantón representativo en el Zócalo de la Ciudad de Oaxaca.
El 21 de Junio, la APPO se declaró en máxima alerta y denunció «la agudización de la guerra de baja intensidad que Ulises Ruiz desarrolla en contra del pueblo de Oaxaca». El 27 de Junio, se instaló una mesa de negociación entre el magisterio, la APPO y el Secretario General de Gobierno de Oaxaca, Manuel García Corpus. Entre los temas discutidos en las semanas siguientes estuvieron la revisión de expedientes de los detenidos y la cancelación de las órdenes de aprehensión existentes.
El 12 de Julio se estableció la Asamblea Estatal del Magisterio, que decidió boicotear la «Guelaguetza Oficial» y organizar en cambio una «Guelaguetza Popular». Un testimonio de un representante de la COFADAPPO (Comité de Familiares y Amigos de los Desaparecidos, Asesinados y Presos Políticos de Oaxaca) nos permite entender lo que estaba en juego para el movimiento social: «tradicionalmente, los lunes en el Cerro eran momentos de convivencia. Cada pueblo del estado llevaba sus productos, su baile. Pero el gobierno empezó a comercializar el evento con boletos de 500 pesos. Ya venían grupos de danza, no los pueblos. (…) Fue un robo descarado del gobierno. Nadie sabe dónde el dinero va a parar. Es más bien la caja de ahorros del gobierno en turno».
Una integrante de la Sección 22 explicaba: «Por parte del magisterio, la idea era boicotear la Guelaguetza realizando un evento que demostrara la fuerza que todavía tiene el movimiento. La primera intención era realizar la fiesta en el Cerro del Fortín, y de no ser posible, en otro lugar donde haya seguridad para los compañeros. No queríamos más muertos, ni detenidos».
El 13 de Julio, la Presidenta Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI, partido del gobernador), Beatriz Paredes, realizó un mitin con los candidatos a diputados y militantes de su partido en el «Auditorio Guelaguetza» ubicado en el Cerro del Fortín. A partir de este momento, el Cerro fue cercado con la presencia de diversas corporaciones policíacas.
Los hechos
El 16 de julio, salieron en la mañana contingentes de manifestantes del zócalo de la Ciudad de Oaxaca en dirección al Cerro del Fortín. Al llegar en las inmediaciones del Auditorio Gelaguetza se encontraron con vallas de policías resguardando el lugar.
Sergio Segreste, Secretario de Protección Ciudadana, nos explicó su presencia de esta manera: «Se implementó un operativo de seguridad para proteger el Foro Guelaguetza. Oaxaca vive exclusivamente del turismo y de las remesas. No hay industria. La Guelaguetza es una oportunidad importante. El año pasado se suspendió. (…) Por otro lado, estaba el anuncio del boicot y la realización de la Guelaguetza popular. Se realizó una tarea disuasiva más que preventiva».
Según testimonios, el ambiente era todavía de fiesta. Se intentó una negociación para permitir el acceso de los manifestantes al Cerro, pero las corporaciones policíacas les siguieron impidiendo el paso. La presión iba subiendo en medio de las consignas: «Al Fortín, al Fortín, vamos todos al Fortín», «Ulises, entiende, la Guelaguetza no se vende». A partir de ahí, las versiones no cuadran.
Del lado oficial, se afirma que la agresión se dio del lado de los manifestantes. Según Sergio Segreste, presente en el Cerro del Fortín aquel día: «Nos aventaron un castillo de cohetes para romper el cerco de seguridad. (…) Repelimos la agresión. Se volvió más violento. (…) El cerco avanzó. En la esquina donde se encuentran los semáforos, un bus se estrelló hacia un negocio. Secuestraron 6 buses y una camioneta del hotel. Había instrucciones a los comandantes de las policías: detener, someter y entregar. Posiblemente hubo excesos. Vi mucho coraje, mucha violencia que propició reacciones humanas por parte de los policías».
Del lado de los manifestantes, existen varias versiones, reconociendo la mayoría que entre tanta tensión, enojo y confusión, cualquier hecho por parte de infiltrados o de la policía hubiera bastado para detonar la violencia.
Los saldos
El choque violento dejó por lo menos 60 heridos de ambos bandos (15 de ellos agentes policíacos). Dos de gravedad fueron hospitalizados. 42 personas fueron detenidas, algunas de ellas tiempo después o lejos del lugar de los hechos. Entre los 42 detenidos había 6 menores de edad, que salieron al día siguiente.
En entrevista con SIPAZ durante esta visita, el Procurador de Justicia del estado de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez, afirmó en referencia a las detenciones: «Encontramos una reja de botellas/bombas molotov. Las detenciones se hicieron en flagrancia. Los muchachos prendieron fuego a la palapa del hotel, hubo daño a un negocio. Por eso les detuvieron. (…) La policía repelió la agresión. Desde luego estamos en contra de los excesos. Pero somos seres humanos. El ser policía no nos priva de derechos humanos».
Independientemente de la presencia o no de delitos (y todavía quedaría por vincularlos a las personas detenidas), en términos de derechos humanos, el saldo de la represión no deja de ser preocupante. Muchas fotos del mismo enfrentamiento dejan varias preguntas sin respuesta. Por ejemplo, en las de las personas detenidas e inicialmente llevadas al estacionamiento del auditorio, en lugar de al Ministerio Público, se puede ver a detenidos de rodillas, con los ojos vendados, sin zapatos y evidentemente humillados. En casos concretos, como el de Hemeterio Marino Cruz (hospitalizado en situación de gravedad), ¿qué pasó para que fuera presentado con tantas lesiones horas después de entregarse sin resistirse en el momento de la detención?
Una semana después del enfrentamiento, se realizó la «Guelaguetza oficial» en medio de un fuerte dispositivo policíaco. «La Guelaguetza oficial fue un fracaso. Sólo con policías y acarreados pudieron llevar gente al Auditorio Guelaguetza, que no es de Ulises, es del pueblo», aseguró Erangelio Mendoza, concejal de la APPO.
¿«Crisis institucional en Oaxaca»?
En el boletín de la RODH sobre los hechos del 16 de julio ya citado, se subrayaba: «Es importante mencionar que la violencia nuevamente desatada es porque el conflicto no está solucionado, no hay respuestas a las demandas sociales que lo originaron, al contrario».
Marcos Leyva de EDUCA recalca: «En los últimos 3 años (2004-2007), Oaxaca ha vivido una situación institucional de crisis severa que ha llevado el estado a una emergencia social y política». La situación empeoró en el 2006 a raíz de la crisis política posterior al 14 de junio, al generar mayor polarización de las posiciones políticas en torno al conflicto por un lado y por los altos saldos de violencia vinculada al mismo por el otro.
Alma Soto, del Comité 25 de Noviembre, agrega: «En Oaxaca, no existe un estado de derecho. Desde el 14 de junio pasado, se han presentado varios enfrentamientos (…). En este plazo, 600 personas han sido detenidas de manera arbitraria e ilegal por cuerpos policíacos, parapolicíacos y militares después de 4 a 6 horas tras los enfrentamientos. Se han dado traslados a zonas militares. Se ha mantenido a los detenidos en incomunicación total y luego se han presentado dificultades de acceso a las causas penales por parte de los familiares y abogados. Existe una falta de seguridad para los abogados y defensores».
Numerosas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han venido denunciando graves violaciones a derechos humanos de ciudadanos mexicanos y de otras nacionalidades. De acuerdo con estas fuentes, los principales responsables de estos abusos han sido agentes de la policía municipal, estatal y federal, y en numerosos casos elementos policíacos no uniformados o grupos de personas armadas coordinadas, al parecer, con las fuerzas de seguridad (ver la sección Derechos Humanos del informe de SIPAZ).
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Sobre las elecciones
Agosto: elecciones estatales
Las elecciones del 5 de agosto se llevaron a cabo en un contexto de relativa tranquilidad, mucho más en todo caso que lo que el contexto pre-electoral dejaba prever. En una Declaración Pública previa, el magisterio denunció: «Ulises Ruiz Ortiz ha organizado unas elecciones de estado, lo que explica por qué ha reprimido con constante saña, para desmovilizar a la ciudadanía, (…) para inducir el voto del miedo y lograr el voto duro de su partido, para disminuir el voto de castigo en su contra». Los partidos de oposición también denunciaron la vigencia de las viejas prácticas priístas como la coacción del voto, la compra de votos y el acarreo de votantes.
Se instalaron el 98.87% del total de 4,574 casillas. El gran ganador de estas elecciones fue el abstencionismo. Más de 1 millón 500 mil personas (70% de los votantes) prefirieron no ir a votar. El PRI mantuvo la mayoría en el Congreso, lo cual dará mayor estabilidad al gobierno de Ulises Ruiz para los próximos 3 años. Desde el lado de la protesta social, se teme que el gobierno pueda aprovechar esta situación para tomar venganza, asfixiando a las comunidades que se hayan rebelado contra el poder ejecutivo.
¿Cómo entender que el PRI siga ganando a pesar del descontento social, aún con porcentajes reales muy bajos? Según Marcos Leyva de EDUCA, «Los partidos políticos no han podido leer lo que fue el movimiento social. El PRD (Partido de la Revolución Democrática) ha tenido un papel ambiguo y lo sigue teniendo. Eso ha tenido su impacto en la gente. Si quieres apostarle a que no sea un Congreso priísta, vas a lista de la Coalición por el Bien de Todos y ahí están muchos del PRI».
Octubre: Elecciones municipales
El proceso para elegir 152 presidentes municipales mediante el sistema de partidos políticos (de los 570 que forman el estado, los demás eligen sus autoridades por usos y costumbres) se efectuó en medio de una fuerte tensión política y se saldó con varios enfrentamientos, algunos a balazos, de los que resultaron 13 heridos. En el municipio de Santiago Laollaga, no se pudo realizar la elección. Abundaron las acusaciones de compra y coacción del voto, además de acarreo de electores, principalmente contra el PRI. En forma parecida a las elecciones estatales, la abstención fue bastante alta (más de 45%). En total, el PRI ganó 90 de las 151 alcaldías en contienda.
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El movimiento social
La APPO
En los últimos meses, la APPO ha sufrido cierta dispersión, en parte por las consecuencias de la represión y en parte por las diferencias ideológicas que han existido dentro de la Asamblea desde un inicio y que se vieron momentáneamente superadas al tener todos los integrantes una demanda conjunta: la salida del gobernador Ulises Ruiz.
Por otro lado, los señalamientos de corrupción y errores en el liderazgo se han venido multiplicando. Según un integrante de VOCAL (Voces Oaxaqueñas construyendo Autonomía y Libertad), «la gente está cansada de los «representantes». Volvieron a depositar su esperanza en los líderes. Pero hoy, cuando terminan las marchas, la gente no se queda a escuchar los discursos».
Aunque es difícil pensar en escenarios frente a la complejidad adquirida por el conflicto, Marcos Leyva de EDUCA nos dijo: «Hemos visto a la APPO como instancia organizativa con sus 252 concejales. Pero la APPO no es una estructura formal. Sin embargo hay cosas que se van quedando: el espíritu, el virus de la APPO (…) hay un despertar. La gente ya no quiere callarse ni aguantar. (…) Ahí está la aportación de la APPO. Como expresión organizada, se va a requerir creatividad para mantenerla».
El magisterio
El magisterio está también atravesando un momento complejo. Su principal dirigente, Pacheco Rueda, que había sido fuertemente señalado por su papel en las negociaciones del año pasado, ha desaparecido de la escena política. Todavía no se ha llamado a elecciones internas. Como ya es sabido, la Sección 22 ha sido la columna vertebral de la APPO, quien le ha dado estructura al movimiento popular. La pregunta es si van a querer mantener tal liderazgo, en particular ahora que el sindicato ha obtenido más ventajas que nunca para el magisterio.
Marcos Leyva nos dijo: «Ha habido un fuerte desgaste al interior. La Sección 22 solía conseguir sus demandas gremiales aplicando el lema ‘movilización-negociación-movilización’. No quieren perder la posibilidad de negociar. El empezar a tener un papel de vanguardia ha sido algo difícil de asumir».
EPR y opción armada
En julio de 2007, el Ejército Popular Revolucionario (EPR, grupo armado que apareció en México en 1996) se declaró responsable de explosiones en los ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) ubicados en Guanajuato y Querétaro. Manifestaron que forman parte de una campaña de hostigamiento para que dos de sus integrantes (Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez) desaparecidos en Oaxaca desde mayo de 2007 fueran presentados con vida. Posteriormente, el EPR reivindicó la explosión de un petardo ocurrida el primero de agosto en un centro comercial en Oaxaca, y advirtió que está dispuesto «a darle continuidad» a su campaña.
Muchos de los actores entrevistados subrayan que el EPR ha sido usado más bien como una cortina de humo del gobierno, en particular en momentos electorales. Sergio Beltran de Unitierra nos comentaba: «Seguramente existen retazos del Partido Democrático Popular Revolucionario (PROCUP). Después de la muerte de Lucio Cabañas, es posible que el EPR haya logrado juntar a células más o menos desarticuladas. (…) En lo inmediato, le sirve a URO como forma de presionar al poder federal para que intervenga».
Marcos Leyva de EDUCA decía por su parte: «El EPR existe y tiene una presencia fuerte. (…). Aquí entramos en el mundo de la izquierda subterránea donde se dan alianzas tácticas pensando en llevar a cabo una guerra popular prolongada. En las barricadas se vieron acciones que te hacían concluir que no aprendieron en tres noches. Hay gente formada. Es un factor que hay que tener en cuenta.».
Se ha señalado reiteradamente que el cierre de canales de diálogo y negociación podría arrinconar a los movimientos sociales a radicalizar sus modos de lucha. Un artículo de Gustavo Esteva «Desnudar la verdad» (julio de 2007), resulta muy claro en este sentido : «En un clima como éste, cuando la gente se siente agotada por estos procesos democráticos interminables, sólo para que al final se le humille, ¿qué se supone que debe hacer? Desde luego, no se trata de que las opciones sean binarias: violencia o no violencia… Pero cuando la gente decide recurrir a la violencia porque todas las demás opciones han terminado en la desesperación, ¿debemos condenarlos?…»
En medio de tanta tensión un acto que espontáneamente se dio el 16 de julio pasado merece ser mencionado: a pesar de la represión imperante, unas 40 personas se sentaron y se mantuvieron inmóviles en una acción no violenta de resistencia civil. Después de una hora la policía se marchó del lugar. Uno de los participantes comparte su testimonio: «Me detengo a mirar calle abajo, sentado en el pavimento con los ojos llorosos y ardor en la garganta, tras de mí se escuchan ruido de toletes y botas. Pero mi atención se centra en las cuatro calles hacia abajo que se encuentran cerradas por una multitud de gente que observa asombrada y asustada como estamos sentados impidiendo el paso a los policías. De pronto alguien comenta «se van» y a diferencia de combates anteriores no se escucha ni una mentada de madre. Luego como en las películas, la lluvia comienza a caer, todavía en silencio me levanto y pienso que, esta vez, hemos ganado la batalla».(2)
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