COYUNTURA: México 2008, ¿turbulencias en el horizonte?
29/02/2008Actividades de SIPAZ (De mediados de octubre de 2007 a mediados de enero de 2008)
29/02/2008
«La matanza de 46 civiles indefensos en Acteal, en diciembre de 1997, realizada por un grupo de personas con armas de alto poder es sin duda el incidente más grave y dramático que se haya producido en el marco del conflicto en Chiapas. La CNDH [Comisión Nacional de Derechos Humanos] estableció la responsabilidad por comisión u omisión de diversos funcionarios públicos del gobierno del estado».
Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, E/CN.4/2004/80/Add.2, 23/12/2003
«El Estado niega que los hechos que aquí se analizan, constituyan parte de alguna estrategia estatal (…) La postura pública del gobierno federal y estatal es la de desconocer la existencia de «paramilitares«.
Informe rendido por el Estado Mexicano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dentro del trámite a la Petición 212-05, 2006
Se ha tratado «de desviar la verdad y hacer creer que el Estado no tuvo nada que ver en esa masacre, pero les decimos que lo que pasó en Acteal fue producto de un conflicto político diseñado desde arriba en los gobiernos federal de Ernesto Zedillo y estatal de Julio César Ruiz Ferro».
Comunicado de la organización Sociedad Civil Las Abejas, 22 de octubre de 2007
El 22 de diciembre de 1997, en Acteal, Municipio de Chenalhó, Altos de Chiapas, se perpetró una masacre en la que perdieron la vida 45 indígenas tsotsiles pertenecientes a la Organización Sociedad Civil Las Abejas, asesinados por un grupo de civiles armados mientras oraban por la paz en la ermita de la comunidad. En su comunicado del 22 de noviembre de 2007, Las Abejas denunciaban «Llevamos diez años demandando justicia, la respuesta ha sido lo mismo de siempre: han dicho todas las autoridades «vamos a investigar a profundidad y con seriedad», simulando preocupación e indignación por los hechos».
A través de su «Campaña contra la Impunidad: 10 y 15», por los 10 años de la masacre y los 15 años de su lucha organizativa, las Abejas se planteaban un reto todavía mayor: «nadie podrá detener nuestra campaña contra la impunidad, porque nuestra lucha no es sólo por Acteal, sino para todas las masacres y represiones contra nuestros pueblos de México. No descansaremos hasta ver finalmente aplicada la justicia, sea contra quien sea, y sin discriminaciones» (Comunicado del 22 de octubre de 2007)
¿Antecedentes de una «masacre anunciada» o primer nivel de omisión?
La Organización Sociedad Civil Las Abejas se formó en el municipio de Chenalhó (Altos de Chiapas) en 1992 como organización pacifista en lucha por los derechos indígenas y la resolución pacífica de los conflictos locales (ver el artículo «El vuelo de las Abejas sigue», abril de 1998, informe de SIPAZ año 3 nº 2). Aunque como señalan sus demandas fundamentales son las mismas que las del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se oponen a la opción armada. Participaron en los «cinturones de paz» durante el proceso de negociación entre los zapatistas y el gobierno federal en el pueblo cercano de San Andrés Larrainzar, así como en otras actividades en las que el EZLN había invitado a grupos y organizaciones de la sociedad civil. Fue tal vez esta cercanía con las posiciones zapatistas junto al hecho de no tener y no querer tener armas lo que los hizo más vulnerables ante la conflictividad que fue creciendo en el municipio de Chenalhó a lo largo de 1997.
No se puede eludir hablar del contexto que prevalecía en el estado de Chiapas en el momento de la masacre, tratándola como si hubiera sido un incidente aislado. Desde 1995 y mientras se desarrollaban los diálogos en San Andrés, tanto el EZLN como varias organizaciones de la sociedad civil empezaron a denunciar la aplicación paralela por parte del Estado de una estrategia contrainsurgente en la zona Norte de Chiapas (con la promoción y protección del grupo «Paz y Justicia», provocando el desplazamiento de miles de personas así como más de 100 desapariciones y asesinatos). Meses después esta estrategia se fue desplegando hacia las zonas Altos y Selva, asumiendo cada vez más características de una «guerra de baja intensidad». El gobierno parecía apostar por la posibilidad de que el EZLN perdiera el apoyo del que se beneficiaba tanto a nivel local, nacional e internacional a través de una guerra prolongada de desgaste con dimensiones políticas, militares, económicas, jurídicas e informativas.
A lo largo del año de 1997, una onda de violencia se desencadenó en todo Chiapas. Ante estos hechos, un grupo de organizaciones civiles nacionales e internacionales, en el que participó SIPAZ, realizó una Misión Civil Nacional e Internacional de Observación para la Paz en Chiapas con el fin de documentar en el terreno las denuncias de violaciones a derechos humanos y sus implicaciones para el Proceso de Paz.
En Chenalhó, las condiciones de salud, vestido, vivienda y alimentación de los ya miles de desplazados eran críticas. La misión recibió testimonios que hablaban de civiles armados y de sus reiterados ataques a las comunidades con presencia zapatista o de las Abejas, donde éstas se negaban a colaborar para la compra de más armas. El terror que provocaron los ataques obligó a la gente a huir para refugiarse en las montañas, abandonando todas sus pertenencias para no volver a recuperarlas. Por las mismas fechas, el periodista Ricardo Rocha difundió un reportaje que evidenciaba las condiciones en las que se encontraban los desplazados de Chenalhó en Televisa, una de las cadenas de mayor audiencia del país.
Por otro lado, en su comunicado del 22 de octubre de 2007, las Abejas se volvieron a referir a hechos recopilados tanto por la Misión de Observación como por el reportaje de Rocha: «antes de la masacre esa gente que le llama [se refieren al articulista] grupos de autodefensa pasaban en las comunidades en camionetas con sus armas e iban acompañados con camiones de la Policía de Seguridad Pública del Estado». Esto apuntaría obviamente a otro tipo de responsabilidades por parte de las autoridades estatales en el contexto previo a la masacre.
En cuanto al nivel federal, el 18 de octubre de 1997, Raúl Vera, entonces obispo de San Cristóbal, había enviado una carta al secretario de Gobernación Emilio Chuayffet en la que le advertía de «los ambientes de violencia» prevalecientes en la zona. Después de la masacre, Chuayffet admitió que había recibido esta carta, pero comentó: «quienes cometen estos actos tienen a su favor dos ventajas: la sorpresa y la clandestinidad. Es muy difícil, prácticamente imposible, que todos los hechos de violencia de este género se evitaran en el mundo a partir del simple conocimiento del ambiente de violencia».
Crónica de la masacre y responsabilidad de las autoridades públicas: versiones encontradas
El 22 de diciembre de 1997, un grupo de Abejas estaba reunido en la ermita de Acteal. Estaban orando por la paz en su comunidad y otras del municipio donde se habían venido desplazando a un número cada vez mayor de personas, sea por su apoyo al EZLN sea por negarse a apoyar al grupo contrario a los zapatistas. Los atacantes empezaron a disparar con armas de alto calibre, y persiguieron a las víctimas que trataban de huir. Mutilaron varios cuerpos con armas blancas y desgarraron los vientres de cuatro mujeres embarazadas. En una barbarie que duró más de cinco horas mataron a 9 hombres, 21 mujeres (4 de ellas embarazadas) y 15 niños.
Testigos que lograron huir avisaron a Gonzalo Ituarte, entonces vicario de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, una hora después del inicio de la matanza. Él informó enseguida al secretario del gobierno del estado, Homero Tovilla Cristiani, quien le respondió unas horas después que todo estaba bajo control. No obstante su presencia a unos doscientos metros de distancia de la masacre, la Seguridad Pública no intervino, tampoco después de ser avisada por vecinos de lo que estaba sucediendo.
El entonces Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, negó que el gobierno federal tuviera responsabilidad por razones de acción u omisión. El 23 de diciembre, el presidente Zedillo condenó el ataque y anunció que el gobierno federal se haría cargo de la investigación. Unos días después de la matanza se arrestó a unos 40 presuntos agresores de afiliación priísta y cardenista. También fue arrestado Jacinto Arias Cruz, presidente municipal de Chenalhó, acusado de ser el instigador de la masacre. A finales de diciembre, llegaron 5 mil soldados más a Chiapas (2 mil para el único municipio de Chenalhó). El número de desplazados aumentó significadamente a alrededor de 10 mil personas. A principios de 1998, el gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro y el Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, fueron destituidos.
Las investigaciones siguieron su curso. Refiriéndose a las causas del conflicto, el entonces Procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar concluyó que «la matanza ocurrió por conflictos intercomunitarios e interfamiliares». Al publicar el informe «Libro blanco sobre Acteal«, declaró también que «si el Ejército mexicano hubiera tenido presencia el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, esos hechos nunca se hubieran presentado».
El presidente en turno de la COCOPA (Comisión de Concordia y Pacificación, instancia legislativa de coadyuvancia en el marco del diálogo entre el EZLN y el gobierno federal), Carlos Payán Velver, sin embargo, afirmó desde el principio que había una «altísima responsabilidad» en la masacre por parte del mismo Presidente de la República y del gobernador de Chiapas.
Pasaron los años. La versión «oficial» de la masacre como incidente provocado por conflictos intercomunitarios ha sido recientemente retomada por la revista mexicana Nexos a través de dos artículos de Héctor Aguilar Camín publicados a finales del 2007. En la línea de las tesis expuestas en el «Libro Blanco«, el autor explica que dada la violencia zapatista y las manos atadas de las fuerzas de seguridad (por la ley del diálogo que impedía acciones militares en contra del EZLN mientras durara el proceso de negociación), diversos grupos se armaron de manera espontánea, y posteriormente pasaron de la defensiva a la ofensiva. Se deriva de esta tesis que el Estado se encontraba en medio, incapaz de actuar.
En su último informe sobre la responsabilidad del Estado Mexicano en la masacre de Acteal (22/12/2007), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, vuelve en cambio a denunciar la intencionalidad y premeditación del gobierno federal en el caso. Afirma que Acteal fue «la justificación ideal para que Ernesto Zedillo, entonces presidente y comandante supremo de las fuerzas armadas, ordenara la instalación de campamentos militares en Chenalhó y así continuar con el desarrollo del plan contrainsurgente».
Los avances legales
Según reportan el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y otras organizaciones de derechos humanos, la investigación de la masacre de Acteal ha resultado en sentencias condenatorias contra más de 70 personas acusadas de estar implicadas directamente en el ataque. Recibieron penas de entre 25 y 40 años de cárcel por delitos de homicidio calificado, lesiones calificadas, portación de armas de fuego sin licencia y de uso exclusivo del Ejército. No se siguió proceso por asociación delictuosa. Quedan pendientes 27 órdenes de aprehensión en contra de civiles indígenas.
Muchas de estas sentencias están en proceso de ser impugnadas. Los responsables de la defensa de los presos denuncian que fueron detenidos a pesar de testimonios contradictorios donde ni siquiera coincide el número de atacantes, y que los presuntos responsables no tuvieron acceso ni a abogados ni a traductores en las primeras etapas del proceso. Otra de las versiones que se ha manejado tiene que ver con el hecho que cinco de los acusados confesaron en los días posteriores a la masacre ser los autores de la matanza, junto con otras cuatro personas que seguirían libres. Independientemente de la versión que se quiera manejar, quedarían múltiples pendientes para el sistema de justicia.
Quince ex servidores públicos de bajo nivel fueron procesados y condenados a penas de entre tres y 36 años de prisión por homicidio y lesiones calificados, homicidio y lesiones por omisión o por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Quedan pendientes dos órdenes de aprehensión por ejecutar contra los entonces Coordinador de la Policía Estatal y Director de la Policía de Seguridad Pública Estatal.
La detención reciente (el mismo 22 de diciembre de 2007), de Antonio Sántiz López, presunta «cabeza de los paramilitares de Chenalhó», ha sido cuestionada por algunas voces críticas: consideran que esta acción alabada en la prensa local como gran éxito para la justicia (se publicó como detención «del autor intelectual de la masacre») es en realidad una forma de encubrir responsabilidades a otros niveles. Los funcionarios de alto rango, incluyendo miembros del ejército, sospechosos de estar implicados en la masacre por omisión o por su aquiescencia con los responsables, no han rendido cuentas por sus acciones y hasta ahora han eludido a la justicia.
Frente a la falta de avances a nivel nacional, desde febrero de 2005, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, junto a sobrevivientes y familiares de los ejecutados en la masacre presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una Petición de Apertura de Caso en contra del Estado Mexicano por diversas violaciones a derechos humanos cometidas en el caso de la masacre de Acteal. En una entrevista a la revista Proceso (21/04/2005), el obispo Raúl Vera López, comentando la solicitud declaró: «Las cosas no pueden quedar en la impunidad, se debe reestablecer el estado de derecho. Conforme al derecho internacional, los crímenes contra la población indígena de Chiapas (asesinato, tortura y desapariciones) son crímenes de lesa humanidad. La denuncia está puesta contra Ernesto Zedillo».
Durante el Encuentro Nacional contra la Impunidad en diciembre de 2007, se anunció una campaña para denunciar al ex presidente Ernesto Zedillo por «permitir la masacre» y para que sea expulsado de la cátedra que imparte en la universidad estadounidense de Yale, EEUU (es actualmente director del Centro para el Estudio de la Globalización de dicha Universidad).
Impunidad, una lacra nacional
Las Abejas han declarado una y otra vez no querer venganza por la masacre de Acteal: siguen exigiendo justicia para que sucesos como ése no vuelvan a repetirse. En este marco, en 2007, llevaron a cabo una campaña por los 10 años de impunidad de la masacre y por los 15 años de lucha de la organización. El 20 y 21 de diciembre de 2007, más de 200 personas y alrededor de 50 organizaciones de México y de otros países participaron en el Encuentro Nacional contra la Impunidad organizado por la organización de Las Abejas en Acteal.
El primer día del Encuentro fue dedicado a ponencias sobre el análisis de la realidad nacional; la necesidad de mayor articulación entre las organizaciones y los movimientos civiles; el derecho y la justicia por los asesinatos contra las mujeres y la situación jurídica del caso Acteal entre otras. En el segundo día se organizaron mesas de trabajo mixtas (participantes de diversa procedencia-Abejas) para profundizar en estos temas.
Lamentablemente Acteal es tan sólo un caso de injusticia e impunidad en medio de muchos otros en el México contemporáneo. Muy en la línea de lo señalado por el Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Dato Param Cumaraswamy en 2001 y 2002, Amnistía Internacional, en su informe «Leyes sin justicia» publicado en febrero de 2007, afirmó que «la impunidad de los abusos contra los derechos humanos sigue siendo la norma, lo cual alienta a los funcionarios del sistema de justicia penal y de seguridad pública a recurrir a prácticas abusivas en el desempeño de sus funciones».
En su ponencia durante el Encuentro Nacional Contra la Impunidad, Edgar Cortés Coordinador de la Red Todos los Derechos para Todos habló de la impunidad como uno de los cuatro elementos que marcan el contexto actual en el país, junto a la militarización creciente, la convergencia autoritaria (la «mano dura» prometida por Calderón) y la criminalización de la protesta social. Subrayó que la impunidad no es un fenómeno nuevo, citando los casos de la masacre de estudiantes del 2 de octubre del 68 y la Guerra Sucia de los años 70 y 80 que llevó a la desaparición de más de 500 personas. También habló de casos mas recientes como el de Oaxaca, Atenco, Pasta de Conchos o el caso de Lydia Cacho.
En una entrevista en noviembre (‘Jornada‘ del 01/11/07), Edgar Cortez ya hacía referencia a los artículos polemizando lo sucedido en Acteal : con ese tipo de «relatos» de voceros «oficiosos» del Estado se busca «permitir que los ataques sistemáticos contra la población civil se sigan perpetrando en el país, como ha ocurrido hasta ahora en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, donde se desplaza a comunidades indígenas, se tortura, se viola a mujeres y se cometen ejecuciones y desapariciones forzadas».
El hecho que no se logre avanzar en la resolución de un caso tan sonado como el de Acteal es una mala noticia en cuanto a la situación de derechos humanos y al nivel de impunidad en México. Las Abejas lo saben y siguen en una lucha que saben será muy larga: «el tiempo y el espacio nos han dado lugar para que nuestra memoria y corazón luchen contra la impunidad de la masacre de Acteal. Aquí seguimos levantando nuestra voz hasta que sea escuchada y que los responsables sean al fin castigados conforme a derecho» (octubre de 2007).