COYUNTURA: De la alerta roja a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona
29/07/2005Actividades de SIPAZ (Abril – Junio de 2005)
29/07/2005
Demasiados guerrerenses mueren de pie. Demasiadas muertes airadas en un estado donde la muerte por punta, filo o bala es muerte natural.
Si es verdad que los matados no descansan, Guerrero es una inmensa congregación de muertos insomnes.
Armando Bartra. Sur profundo
Guerrero, Oaxaca y Chiapas: un triángulo en los indicadores de pobreza
Podemos decir que la atención nacional e internacional sobre Chiapas y su conflicto armado logró disminuir la violencia directa y generar una presión sobre los gobiernos estatal y federal por el costo político de la represión y sus muertos. Mientras esta preocupación se centró sobre tierras chiapanecas, en otros estados como Oaxaca y Guerrero las organizaciones sociales, campesinas e indígenas han seguido padeciendo amenazas, violencia y militarización sin tantas voces de denuncia y por tanto, con las puertas abiertas a la impunidad.
En estos lugares de México encontramos las mismas causas estructurales que provocaron el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas: la falta de derechos sociales y económicos básicos como la vivienda, la educación o la salud unido a la discriminación y el racismo labrado durante siglos de colonialismo externo e interno.
El estado de Guerrero junto a Chiapas y Oaxaca conforman un triángulo de la pobreza extrema según los indicadores socioeconómicos del 2000 del Consejo Nacional de Población (CONAPO). En estos estados se concentra una tercera parte de los pueblos indígenas de Mexico. El binomio ‘población indígena/marginación’ sigue presente en los municipios de Guerrero. El 95.9% de la población indígena de Guerrero no tiene acceso a servicios de salud (Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México- Instituto Nacional Indigenista, 2002). Respecto al derecho a la educación, aproximadamente la mitad de la población no ha pasado por la escuela.
El Guerrero de la lucha y la resistencia: ayer y hoy
Estas tierras conocieron en los años 60’s y 70’s la lucha armada revolucionaria de Genaro Vázquez y de Lucio Cabañas. Ambas surgen ante la situación de pobreza e injusticia social y en contra de un sistema político corrupto y clientelista dominado por el Partido de la Revolución Institucional-PRI. A su vez, la unión entre los caciques y el partido dominante creó círculos de poder cerrados que enfrentaron los grupos armados. (ver ‘Ideario del Partido de los Pobres’, Sierra del estado de Guerrero, marzo de 1973).
El aparato gubernamental respondió a las guerrillas con sus fuerzas de seguridad, no sólo para perseguir a los líderes y sus células guerrilleras sino también a todos aquellos que pudieran ser base social de algún grupo armado. Dentro de ellos cabían la mayor parte de la población campesina e indígena, y en especial, aquella organizada para mejorar sus condiciones de vida.
Las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, las torturas y los asesinatos llenan las páginas de este periodo histórico conocido como la ‘guerra sucia’. En la actualidad organizaciones como la Asociación de Familiares de Detenidos,
Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), siguen exigiendo el esclarecimiento de estos hechos y negando que sus muertos queden en el cajón del olvido. Esta asociación ha documentado más de 400 casos de personas desaparecidas en el estado de Guerrero durante la ‘guerra sucia’.
Con estos antecedentes históricos de lucha y resistencia, el alzamiento armado de 1994 en Chiapas representó para Guerrero un aumento de la militarización, sin precedentes desde los tiempos de Lucio Cabañas así como el acoso a los líderes y miembros de organizaciones campesinas e indígenas ante el temor de que surgiera una rebelión armada de dimensiones semejantes a la chiapaneca.
La masacre de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995 y la de El Charco el 7 de junio de 1998, son dos ejemplos de la actuación de las fuerzas represivas del Estado contra organizaciones campesinas e indígenas, bajo el argumento de la ‘lucha contra grupos armados clandestinos’. En Aguas Blancas 17 miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) fueron interceptados y asesinados por miembros del ejército mexicano cuando iban camino de una manifestación. Durante el primer aniversario de la masacre de Aguas Blancas en 1996 aparece públicamente el Ejército Popular Revolucionario (EPR), guerrilla que llama a un cambio del gobierno ‘explotador y opresor’ (Ver ‘El Sur’, 28 de junio de 2005). En su Manifiesto de Aguas Blancas (1996), llama a las armas en contra de la violencia institucional, y animan la creación de grupos de autodefensa armada y de tribunales populares para juzgar a los represores del pueblo.
Durante la madrugada del 7 de junio de 1998, en la comunidad de ‘El Charco’, el ejército mexicano rodeó la escuela donde dormían representantes de diferentes comunidades. Descansaban tras una reunión de coordinación de los pueblos cercanos, convocados por la Organización Independiente de los Pueblos Mixtecos y Tlapanecos. En dicha asamblea también se encontraban algunos ‘fuereños‘ como Efrén Cortés quien había presentado un proyecto de desarrollo rural, y Ericka Zamora junto con Ricardo Zavala quienes llevaron su propuesta de alfabetización para las comunidades. Una vez terminada la reunión llegaron tres personas, identificadas como miembros de un grupo guerrillero, quienes querían conocer la opinión de las comunidades.
Algunas personas retornaron a sus comunidades, pero quienes llegaron de fuera y otros representantes decidieron quedarse a pernoctar. En la madrugada, el ejército mexicano masacró a 11 personas (entre ellos Ricardo Zavala), 5 otras quedaron heridas, y 21 detenidas, entre ellas Ericka Zamora y Efrén Cortés, quienes acusadas de ser comandantes del EPR, fueron torturadas y procesadas por los cargos de rebelión, conspiración, invitación a la rebelión y portación de armas. Efrén fue sentenciado a seis años y seis meses de prisión y Ericka a ocho. Ambos fueron llevados al penal de máxima seguridad de Puente Grande (estado de Jalisco). El resto de detenidos recibieron penas menores de uno y dos años.
En el pasado aniversario de la masacre de El Charco, llegaron ex-presos políticos, miembros de la OCSS y de otras organizaciones. La mayoría de ellos pasaron años de tortura carcelaria en Puente Grande junto con Efrén y Ericka. Nos compartieron las noches de hostigamiento sin poder dormir, y la denominada reeducación a la que eran sometidos, obligándoles a reiniciar la primaria ‘para quebrar la dignidad’ (testimonio de un ex preso político).
La historia demuestra que la contrainsurgencia no ha frenado la creación de nuevos grupos guerrilleros. Recientemente, apareció el ‘Comando Popular Revolucionario La Patria es Primero’ anunciando el ajusticiamiento y condena de los responsables de Aguas Blancas, dando muerte a uno de ellos (La Jornada, 9 de julio de 2005).
La militarización es justificada por la Defensa Nacional en el combate del narcotráfico y la portación ilegal de armas. Guerrero es el primer productor de ‘amapola‘ (materia prima para la producción de opio). Se responsabiliza a las comunidades campesinas e indígenas del cultivo de la amapola, pero la política ‘antidrogas‘ no busca resolver las verdaderas raíces del problema. La pobreza extrema y la caída de los precios de los productos ha llevado a los campesinos a ver una salida en la siembra de enervantes.
Organismos internacionales han recomendado al Ejército Mexicano separarse de este tipo de labores que a su vez encubren graves violaciones de derechos humanos. En este sentido, la relatora especial de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias solicitó al Estado mexicano que « logre la desmilitarización de la sociedad y evite delegar en las fuerzas armadas el mantenimiento del orden público o la lucha contra el delito … Inicie las reformas necesarias para que los tribunales ordinarios puedan juzgar a todas las personas acusadas de violaciones de los derechos humanos, cualquiera que sea su profesión » (25/11799).
De 1996 a 2004 el Centro de Derechos ‘Tlachinollan‘ ha documentado 68 casos de violación de derechos humanos por parte del ejército (incluyendo violaciones sexuales y ejecuciones sumarias). Hasta la fecha todos ellos siguen impunes.
De la palabra del agua a la defensa de los bosques
La resistencia de los pueblos indígenas y campesinos en Guerrero no sólo ha tenido el rostro de las armas. Organizaciones campesinas e indígenas han trabajado cotidianamente por defender sus derechos y construir una nueva alternativa social desde sus propios conocimientos y valores como la comunitariedad, la solidaridad, el respeto mutuo, la sencillez, la ritualidad, el poder del servicio, el diálogo y la reconciliación.
A principios de la década de los años’90 se creó el Consejo Guerrerense de 500 años de Resistencia Indigène, Negra y Popular (CG500ARINP), una de las principales organizaciones indígenas impulsoras de las protestas contra las celebraciones de los 500 años de la conquista de América por los españoles.
En la región de la Montaña, se creó hace 11 años el Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’ A.C, con el objetivo de hacer efectivos los derechos humanos, desde una concepción integral en la que los económicos, sociales y culturales sean inherentes a los civiles y políticos. Con el Foro Estatal «Nuestra Palabra hecha camino» realizado los días 3 y 4 de junio de este año, no sólo celebraron su decimoprimer aniversario sino que crearon un puente entre los diferentes procesos organizativos que acompañan.
El equipo de Tlachinollan reconocía que en estos 11 años de caminar junto a los pueblos indios «aprendiendo su palabra, aprendieron a ser defensores de Derechos Humanos’. Y cierto es que han aprendido a abandonar una visión monocultural de la justicia y los derechos humanos: «en los pueblos existe una enseñanza de cómo se hace justicia, platicando, reuniéndose con los ancianos; una justicia que habla tlapaneco, mixteco, una justicia que está en la mesa (…) tenemos que despojarnos de la soberbia de que nosotros somos los iluminados» (Discurso de apertura de Abel Barrera, director de Tlachinollan).
En este espacio de encuentro y reflexión estuvieron presentes la Organización Independiente del Pueblo Mixteco (OIPM) y la Organización del Pueblo Indígena Me’ phaa (OPIM) pertenecientes al municipio de Ayutla de los Libres, donde se produjo la masacre de El Charco. Desde estas organizaciones se ha luchado por denunciar la militarización del territorio, y en particular han defendido los casos de dos indígenas Me’phaas, Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega quienes denunciaron haber sufrido tortura y violencia sexual por parte de elementos del ejército mexicano. Obtilia Eugenio Manuel, perteneciente a la OPIM ha participado como traductora en el proceso jurídico por las violaciones de Inés y Valentina y como consecuencia de ello, ha recibido constantes amenazas contra su vida y la de su familia.
En el foro pudimos conocer el trabajo por hacer efectivo el derecho a la vivienda de una comunidad tras sufrir un desastre natural que inhabilitó 266 viviendas. También, el caso de una comunidad nahua en la que 1600 comuneros se unieron para rechazar el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) por el impacto en su visión colectiva de la tierra.
Estuvieron presentes los testimonios y las experiencias de quienes están ejerciendo su derecho a organizarse y decidir su propia forma de vida desde abajo :
La radio Ñonmdaa (la palabra del agua en ‘amuzgo‘) nace del municipio autónomo de Xochistlahuaca, como un instrumento para fortalecer su propio proyecto autónomo. Este municipio declaró su autonomía desde el 2002 como respuesta ante la corrupción partidista existente en el gobierno oficial. Las autoridades tradicionales recuperaron su forma comunitaria de gobierno y decidieron no recibir apoyos del gobierno. En diciembre de 2004 crearon la radio autónoma Ñonmdaa a través de la que dan a conocer su forma de concebir la vida y sus tradiciones. Es la primera radio comunitaria en Guerrero y la única en lengua ‘amuzga‘. David Valtierra, representante del comité de la radio afirmó que sirve para fortalecer al pueblo amuzgo y también para crear vínculos entre comunidades aisladas o incomunicadas.
Argumentan el derecho a tener su propia radio, apoyándose en los Acuerdos de San Andrés y en el Convenio nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo que reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales. Pese a ello, inspectores de vías de comunicación se intentaron llevar el equipo el pasado 25 de febrero. Estas acciones van unidas al hostigamiento que las autoridades autónomas sufren desde su declaración de autonomía. La mayor parte de ellas tienen órdenes de aprehensión.
Estuvieron presentes miembros de la Policía Comunitaria creada ante los altos niveles de delincuencia en la región de la Costa Montaña y frente a un sistema judicial oficial, corrupto y monocultural. Las comunidades se organizaron para tener su propio Sistema de Seguridad Pública Comunitaria. Pero sin quedarse ahí, están generando también su propio sistema de justicia y reeducación a través del rescate sus propios sistemas normativos y sin dejar de lado el derecho positivo mexicano. El próximo 15 de octubre cumplirán diez años y como ellos dicen, en este tiempo ‘han avanzado mucho y tropezado mucho también’. Crearon la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), órgano comunitario encargado de impartir la justicia comunitaria. En ella tienden a reeducar al delincuente porque como platicaban ‘las cárceles oficiales lo vuelven a uno más salvaje’. Consideran que para el delincuente como para la sociedad es mucho más beneficioso que el delincuente se pueda reintegrar. No hablan de castigo, sino de sanción, de reconciliación o de reparación del daño. En la actualidad, existen órdenes de aprehensión pendientes contra policías comunitarios.
La intervención de las mujeres campesinas ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán fue uno de los momentos más conmovedores del foro por la situación de represión y hostigamiento que están sufriendo por defender los bosques frente a la tala clandestina e inmoderada. La presidenta de la Organización de Mujeres de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Celsa Baldovinos, es esposa de Felipe Arreaga, reconocido activista ambiental de la región, en la actualidad, injustamente encarcelado como represalia por su labor en favor del medio ambiente. Felipe Arreaga y Celsa animaron a las mujeres a crear esta organización para luchar contra la contaminación y la deforestación. Hoy cuentan aproximadamente con 60 mujeres de diferentes comunidades.
Visitándolas en la Sierra de Petatlán pudimos conocer su proyecto de reforestación de cedros rojos y de cómo han conseguido frenar los incendios que asolaban la región. También sus campañas de limpieza de los bosques y ríos, así como sus proyectos de hortalizas en las que involucran a toda la familia. Representa un esfuerzo en la recuperación de la soberanía alimentaria. Cuentan con una ‘caja de ahorro’ mediante la que prestan dinero al 5% de interés en caso de necesidad. Para quienes no son ahorradores se les presta a un interés un poco más elevado y los beneficios se inyectan en los proyectos de la organización.
El coraje de estas mujeres que viven en un constante clima de amenazas y hostigamiento por hacer lo que hacen : ‘defender los bosques‘, les quiebra la voz cuando platican de la represión sufrida por Felipe Arreaga y por otros campesinos ecologistas. En el foro recordaron la emboscada sufrida recientemente por Albertano Peñaloza, en la que fallecieron dos de sus hijos, quedando gravemente heridos él y otro de sus hijos. Celsa nos decía ‘cómo es posible que cada vez que avanzamos como organización, nos pasa algo grave. Me preocupa qué va a seguir, que nunca nos van a dejar trabajar ‘.
Esta Sierra es paradigma de la injusticia e impunidad que gobierna Guerrero. Los lazos entre los caciques regionales, las autoridades y los mandos militares, con el narcotráfico por medio, pueden dar una idea del contexto en el que luchan los y las campesinas ecologistas, así como el resto de miembros de organizaciones mencionadas.
El presente texto pretende ser una pequeña ventana a través de la que asomarse a una realidad trágica y al mismo tiempo llena de esperanza. Son los pueblos quienes resisten y embaten las situaciones más adversas para ponerle freno a las políticas que les condenan a desaparecer. Es cierto que la militarizacion, la continua represión y las dificultades económicas han destruido el tejido social y han expulsado a muchas personas de las comunidades como migrantes. Pero también existen muchas experiencias, como las mencionadas en este artículo, que prueban la energía de las comunidades para reinventarse y regenerarse culturalmente.