Actividades de SIPAZ (De mediados de enero a mediados de abril de 2008)
30/05/2008
ENFOQUE: México – Iniciativa Mérida, nueva fase en la lucha contra el narcotráfico
29/08/2008
En estos últimos meses, la principal preocupación de la población mexicana ha girado alrededor del alza en el precio de los alimentos. Desde abril, grupos civiles, encabezados por la red Información y Acción por el Derecho Humano a Alimentarse (FIAN, por sus siglas en inglés), sección México, advirtieron que el país ya presentaba signos de crisis alimentaria como la que padecen al menos 37 naciones más, de acuerdo con parámetros de la Organización de Naciones Unidas (ONU). La situación es de alto riesgo debido a que la importación de comestibles básicos ha alcanzado el 35 por ciento del total de alimentos que consume el país.
De acuerdo con un diagnóstico preliminar del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hecho público en junio y titulado «Precios de los Alimentos, Pobreza y Política Social en México», en los últimos dos años, un millón 800 mil mexicanos más se encuentran en pobreza extrema y un millón 300 mil más en pobreza de patrimonio (en la que no se alcanza a satisfacer necesidades de vivienda, transporte y vestido).
Para este mismo plazo, un reporte todavía más alarmante del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados («Impacto del incremento en los precios de los alimentos en la pobreza en México»), concluyó que la población mexicana en pobreza extrema aumentó al menos en 7 millones de personas a causa del alza en los precios de los alimentos, para pasar del 13.7 al 20 por ciento del total nacional (más de 21 millones de personas).
Las respuestas gubernamentales fueron fuertemente cuestionadas por actores sociales. A finales de mayo, líderes agrarios afirmaron que las acciones en apoyo a la economía familiar anunciadas por el gobierno eran «demagógicas«, «insuficientes» e «ineficaces«. Señalaron que la liberación de los aranceles, parte del plan, tendrá poco efecto para reducir los precios de los productos agropecuarios ya que gran parte de las importaciones vienen de Estados Unidos y por tanto ya no son sujetas a ningún tipo de arancel.
A mediados de junio, legisladores, dirigentes sindicales y campesinos consideraron que el control de precios de algunos alimentos anunciado por el presidente Felipe Calderón, también resultaba «insuficiente» y más que todo «tardío«, pues la mayoría de los precios actuales ya incluían las alzas que se venían señalando.
Reforma energética: conflicto latente… por ahora
Otro tema con fuerte presencia mediática ha seguido siendo la muy polémica reforma energética presentada por Felipe Calderón el pasado 9 de abril. Para los opositores, dicha reforma implicaría un intento de privatización de los recursos petroleros de la Nación. El hecho de que el Senado decidiera organizar más de dos meses de debates abiertos a la participación de expertos antes de tomar cualquier decisión, permitió reducir ligeramente la tensión que se había generado alrededor del tema.
El Congreso Nacional Democrático encabezado por el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el Frente Amplio Progresista (FAP que agrupa los principales partidos de izquierda: Partido de la Revolución Democrática, PRD; el Partido del Trabajo, PT; y Convergencia) decidieron organizar una consulta pública sobre la reforma energética, que se llevó a cabo el 27 de julio en nueve estados de la República y el Distrito Federal. Tanto el Senado como el Instituto Federal Electoral habían rechazado participar en la misma. El coordinador de la consulta, Manuel Camacho Solís, afirmó al día siguiente que había sido un «éxito» al haber participado más de un millón y medio de personas, de las que poco más de 80% expresaron estar en contra de la reforma presentada por el ejecutivo.
Al respecto, la secretaria de Energía, Georgina Kessel, afirmó que estos resultados sólo se sumarían a la información con la que se cuenta. Agregó que la consulta tuvo los resultados esperados, con una participación mucho menor de la que se anticipaba y con diversas irregularidades. Afirmó también: «hay una cantidad enorme de encuestas que se han llevado a cabo a escala nacional y lo que nos dicen es que hay una mayoría de mexicanos que quiere reformar a Petróleos Mexicanos (Pemex), que quiere modernizar a nuestra empresa estatal».
Algunos cuestionamientos llegaron no nada más del gobierno o de la derecha, sino también de algunos sectores de la izquierda en el sentido de que el PRD habría perdido credibilidad para organizar una consulta de este tipo al seguir sin poder resolver sus elecciones internas por la presidencia del partido (realizadas en marzo). Según los mismos, y aún reconociendo el valor de un proceso de consulta abierta, eso explicaría una participación relativamente menor a la anticipada.
La reforma queda todavía por definirse en el Congreso, mientras es posible que se retomen las acciones de resistencia civil pacífica de la CND y el FAP.
Derechos humanos: ¿falta de «compromiso»?
Uno de los hechos más llamativos en cuestiones de derechos humanos fue que en mayo, Amérigo Incalcaterra, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), dejó su cargo supuestamente debido a presiones del gobierno mexicano. De acuerdo con el diario español El País, la actitud crítica de Incalcaterra en los dos últimos años «incomodó a las autoridades hasta llegar a una situación insostenible». Es llamativo que esta información se hiciera pública poco después de que entrara en vigor el acuerdo de esa institución con el gobierno mexicano, supuestamente para darle mayor participación y facultad de crítica en las investigaciones sobre derechos humanos en México. Diversas organizaciones de derechos humanos nacionales se pronunciaron para que el gobierno aclarara la situación, petición que quedó sin respuesta.
A finales de mayo, Amnistía Internacional (AI) señaló que el pueblo de México continúa esperando que Felipe Calderón ejerza el liderazgo en la defensa de los derechos humanos, pues en 18 meses de administración «aún no ha demostrado un compromiso pleno para hacer avanzar la protección» a estos derechos, lo que resulta «preocupante«.
Las principales quejas tienen que ver con la militarización que ha marcado el inicio de la Administración de Felipe Calderón. Durante este período, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recibido 634 quejas en contra del Ejército mexicano por presuntos abusos y violaciones a las garantías fundamentales, con un aumento significativo en la frecuencia de las denuncias. Aún así, la segunda visitadora general de la CNDH, Susana Pedroza pareció minimizar el hecho al afirmar que las quejas no eran tan graves como las que se registraron en 1997.
En mayo, representantes de Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) criticaron la actuación de la CNDH ante la actuación del Ejército: sostuvieron que ha sido una respuesta «limitada» y en desacuerdo con estándares internacionales en la materia.
En julio, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) presentó un informe preliminar que abarca el periodo de enero de 2007 a julio de 2008, donde denuncian cerca de 50 casos de supuestos abusos cometidos por elementos de las fuerzas armadas, principalmente en los estados de Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua, Guerrero y Sinaloa. Se reportó la muerte de 11 personas debida a acciones militares en 2007, mientras que en lo que va del año (hasta el 10 de junio) se registraron otros 11 fallecimientos. Entre los abusos más frecuentes se encuentran la agresión física y el ataque con arma de fuego en retenes o cerca de los cuarteles militares.
De Acteal (Chiapas) a Atenco (Estado de México): la sombra de la impunidad
A finales de mayo, la organización civil Las Abejas afirmó que el fiscal para el caso Acteal, Noé Maza Albores, amenazó con encarcelar a sus dirigentes si no suspendían las denuncias públicas que realizan los días 22 de cada mes, al recordar la masacre de 45 indígenas el 22 de diciembre de 1997.
Por otro lado, en junio, familiares de 33 presos indígenas de Chenalhó, acusados de participar en la matanza de Acteal, iniciaron un plantón en Tuxtla Gutiérrez (capital de Chiapas) para pedir a las autoridades judiciales federales que se revisen los procesos penales. Según su versión, sólo una docena de las 78 personas detenidas que hay actualmente participaron en los hechos. Sostienen que todos fueron sentenciados en procesos penales llenos de irregularidades jurídicas. En junio, a más de 10 años de la masacre, el proceso penal de los sentenciados fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que podría pronunciarse sobre posibles irregularidades.
A dos años del operativo policíaco que reprimió una manifestación en San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, Amnistía Internacional volvió a reclamar justicia para las mujeres violadas y señaló que los «graves casos de tortura» perpetrados son «señal del insuficiente compromiso del gobierno mexicano de terminar con ese crimen y la violencia contra las mujeres».
A unos días de que se cumplieran dos años de los hechos, 11 de las 26 mujeres agredidas y violadas por elementos policíacos durante los hechos presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La catalana Cristina Valls también presentó una demanda ante la Audiencia Nacional de España por tortura contra policías y autoridades mexicanas que participaron el operativo. En julio, un magistrado le negó el amparo de justicia, decisión que decidió apelar.
Entrevistado en mayo, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto (PRI, Partido Revolucionario Institucional) rechazó que la represión en Atenco fuera un «lastre» para su gobierno, y advirtió que volvería a actuar de la misma forma si se diera el caso de restablecer el orden y la paz social. En respuesta a las críticas internacionales en materia de derechos humanos, dijo que «sigue la misma voluntad y disposición» de su gobierno para aclarar los hechos actualmente analizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Chiapas: multiplicación de operativos policíacos y militares
A partir de la segunda mitad de mayo, y como no ocurría desde finales de los 90, se multiplicaron en Chiapas operativos policíacos y militares en las regiones indígenas, en especial, pero no exclusivamente, en comunidades zapatistas de la Selva y la zona Norte. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) denunció «una lógica de contrainsurgencia» donde operan «en despliegues tácticos sobre territorios con población civil organizada en torno a justas demandas sociales» y que «les permite también observar la respuesta de la población a tales operaciones».
Según el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE), dichos operativos representaron «amenazas de represión, prisión, despojo, desalojo o muerte contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), los pueblos zapatistas y miembros de la Otra Campaña».
Jorge Lofredo, del Centro de Documentación de los Movimientos Armados, al presentar «Corte de Caja», libro recién publicado de Laura Castellanos y Ricardo Trabulsi y que consiste en una amplia entrevista al subcomandante Marcos, rescataba una de sus aseveraciones:«Estamos como en 1993, pero al revés. (…) Ahora es el gobierno el que está preparando el ataque». Enfatizó en la misma presentación: «Aunque han habido reiteradas denuncias sobre incursiones militares a la zona zapatista que no se han concretado, podría considerarse la ejecución de una estrategia militar que reside precisamente allí: asedios constantes o su amenaza, que especulan con la reacción del EZLN y de organizaciones no gubernamentales para que caigan en el descrédito o la indiferencia, hasta que al final acaban sucediendo».
A principios de julio, y frente a esta situación, más de 200 colectivos de varias partes del mundo exigieron cesar agresiones a zapatistas. A finales de julio, unos 300 activistas provenientes principalmente de Europa llegaron a Chiapas para monitorear y denunciar una situación que consideran forma parte de un «escenario de guerra».
Cabe mencionar finalmente, más que todo desde la vinculación que se ha mencionado entre intereses económicos y militarización (ver enfoque en este informe) que, el 28 de junio, en Villahermosa (Tabasco, México) culminó la Décima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla. Los mandatarios presentes reafirmaron los objetivos del Plan Puebla Panamá, que fue renombrado «Proyecto Mesoamérica». La declaración final hace referencia de manera reiterada al combate a la delincuencia organizada y a la adhesión a la Iniciativa Mérida financiada por Estados Unidos.
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Operativos policíacos y militares: Principales casos
- El 27 de abril, al menos 500 policías ingresaron de forma violenta en la comunidad de Cruztón, municipio de Venustiano Carranza.
- El 19 y 20 de mayo, se registró una incursión militar y de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en la comunidad San Jerónimo Tulijá (municipio oficial de Chilón y autónomo Ricardo Flores Magón).
- El 22 de mayo, las fuerzas armadas patrullaron 11 comunidades de Venustiano Carranza con presencia de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza (OCEZ-RC).
- El 23 de mayo, en varias comunidades del municipio de Tila (zona Norte), fueron instalados retenes militares. El mismo día, se denunciaron vuelos rasantes e incursión en Carrizal y Río Florida (municipio de Ocosingo).
- El 27 de mayo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que, apoyada por la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y elementos de la Armada de México, desalojó a dos grupos de campesinos que se habían asentado de manera irregular en 35 hectáreas de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules.
- El 29 de mayo, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) denunció el sobrevuelo de helicópteros artillados sobre comunidades pertenecientes a la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ).
- El 4 de junio, se registró una incursión militar y policíaca en las inmediaciones del Caracol zapatista de La Garrucha, así como en las comunidades bases de apoyo del EZLN de Hermenegildo Galeana y San Alejandro.
- El 17 de julio, militares cercaron la comunidad 28 de Junio, municipio de Venustiano Carranza, en donde permanecieron durante tres días. Dijeron rastrear plantíos de droga, sin embargo, parecieron buscar a miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
- – El 23 de julio, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas denunció que policías estatales agredieron a campesinos de la comunidad de Cruztón, municipio de Venustiano Carranza, y a observadores pertenecientes a la Otra Campaña.
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Chiapas: otros ejes de tensión
De manera paralela, se mantienen focos rojos en varias partes del estado. En los Altos, en mayo, el consejo autónomo de Magdalena de la Paz y la Junta de Buen Gobierno (JBG) de Oventic denunciaron el intento de despojo de una porción de su territorio. En Huitepec, se mantienen amenazas de desalojo de la reserva ecológica zapatista constituida en esta zona: en junio, un grupo vinculado al poder municipal intentó sembrar árboles en la misma. En julio, habitantes de la Sección III Las Palmas, igualmente en Huitepec, afirmaron que el gobierno municipal de San Cristóbal buscaba obligarlos a respaldar el desalojo forzado de la reserva.
En la zona Selva, debido a una disputa por agua y luz eléctrica en mayo, militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y bases de apoyo zapatistas se enfrentaron en la comunidad de Morelia, sede de otro Caracol zapatista, municipio de Altamirano, con saldo de por lo menos 10 heridos.
Otro eje de conflictividad siguen siendo las altas tarifas de luz. En abril, los miembros de Pueblos Unidos por la Defensa de la Energía Eléctrica (PUDEE) de varios municipios de la zona Norte de Chiapas volvieron a denunciar que se condicionaba a los habitantes a pagar altas tarifas por sus consumos a cambio de recibir fondos de programas gubernamentales. En julio, más de mil indígenas marcharon en Ocosingo para exigir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tarifas justas, condonación de adeudos y el fin de los cortes al servicio.
En seguimiento al proceso organizativo iniciado en distintas cárceles en marzo y abril pasado (ver informe de SIPAZ anterior), a principios de junio, fueron liberados los presos zapatistas Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y su padre Francisco Pérez Vázquez después de 12 años en la cárcel en Tacotalpa, Tabasco. A finales de julio, fueron liberados 3 miembros de La Voz de Los Llanos, recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CRSS) número 5 de San Cristóbal de Las Casas; así como 3 presos de La Voz de El Amate que se encontraban en el CRSS 14.
Diálogo EPR-gobierno: mucha cobertura mediática, pocos resultados
A finales de abril, el Ejército Popular Revolucionario (EPR, grupo armado cuya formación tiene origen en las guerrillas surgidas en el sur de México hace cuatro décadas) llamó a varias personalidades mexicanas a conformar una mediación que le permitiera entablar un diálogo indirecto con el gobierno federal para obtener la aparición con vida de dos de sus miembros: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desparecidos en Oaxaca desde mayo de 2007. Dichas personalidades accedieron a participar, mientras el EPR aceptó todas las condiciones planteadas por la comisión de intermediación, incluyendo el compromiso de suspender de inmediato cualquier acción armada.
Las posibilidades de negociación parecieron alejarse cuando el gobierno federal añadió condiciones al diálogo: encuentro directo (donde las personalidades propuestas para integrar el comité mediador fungirían sólo como «testigos sociales»); que el EPR se comprometa públicamente a suspender de forma definitiva «acciones radicales» de sabotaje y de violencia; y que el diálogo no sea exclusivamente acerca de los dos desaparecidos, sino sobre la forma de abandonar la lucha armada.
El escritor Carlos Montemayor y el antropólogo Gilberto López y Rivas, propuestos por el EPR como parte del grupo mediador, señalaron que para que esta iniciativa prosperara era indispensable que la Secretaría de Gobernación entendiera «que cuando una fuerza guerrillera se abre a una negociación política, no está proponiendo su propia capitulación». También rechazaron, ser «convidados de piedra» al participar en un proceso de este tipo en calidad de «testigos sociales». A través de un comunicado, el EPR advirtió que no habrá «diálogo ni negociación que signifique la rendición incondicional, y mucho menos que implique dejar la lucha armada para incorporarse a la vida institucional».
El gobierno federal finalmente accedió a tener reuniones con la comisión mediadora el 13 de mayo y el 20 de mayo. Según Montemayor, cuando «los integrantes de la comisión planteamos a fondo, por vez primera, los aspectos procesales y políticos del tema», los medios informativos guardaron «un silencio inesperado» después de la atención mediática que se le había dado inicialmente al tema.
Parte de la dificultad y las diferencias entre el gobierno federal y la comisión mediadora es que la segunda considera que se reúnen algunos de los requisitos legales necesarios para tipificar la desaparición forzada de persona, un aspecto que pondría el Estado frente a otro tipo de responsabilidades. En un artículo publicado en La Jornada, Montemayor enfatiza de hecho que la «prolija secuencia de acciones legales, frustrantes e inoperantes, puede sugerir, en el contexto de la legislación internacional, que estaría configurándose uno de los aspectos principales que tipifica el delito de desaparición forzada de persona», según la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Persona, suscrita por el gobierno mexicano en 2001.
Después de iniciado el proceso de diálogo, se ha seguido con investigaciones en medio de especulaciones y rumores en cuanto a la participación o no de funcionarios de la Procuraduría de Justicia de Oaxaca, así como del Ejército sin que se llegara a la fecha a ninguna conclusión. En junio, en un nuevo comunicado, el EPR advirtió al gobierno federal que el «tiempo se acorta» para la presentación con vida de sus integrantes y señaló que en México «sí hay desaparición forzada», pues según ellos al menos existirían 75 casos en la actualidad.