Actividades de SIPAZ (De Noviembre de 2006 a Febrero de 2007)
30/03/2007
ENFOQUE: Militarización en México, grave amenaza para los derechos humanos
31/08/2007
Hace un año, en un contexto social sobrecalentado, se anunciaban serios riesgos de ingobernabilidad y de brotes de violencia para el nuevo gobierno de Felipe Calderón. Las manifestaciones sociales a lo largo del 2006 y las masivas protestas postelectorales reflejaban una sociedad polarizada y enfrentada.
Un año después, el contexto parece ser otro, por lo menos según lo que presentan los medios masivos de comunicación. Aunque no se hayan resuelto las causas de fondo de las inconformidades sociales expresadas en 2006, el nuevo gobierno ha logrado actuar en un aparente regreso a la «normalidad democrática».
Ha planteado una estrategia de «mano firme», usando las fuerzas armadas en su implementación (ver también el Enfoque en este informe). No obstante, los operativos contra el crimen organizado y el narcotráfico no parecen haber logrado su cometido: no pasa un día sin que se reporte una ejecución, una emboscada o un tiroteo. Desde el inicio del año, el número de ejecutados ha superado los 1.200.
En lo económico, se ha avanzado en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, siendo uno de sus ejes el estado de derecho y la seguridad. Se ha confirmado el relanzamiento del controvertido Plan Puebla-Panamá(1) con la realización en abril de una cumbre en Campeche (México), en donde participaron jefes de estado de Centro y Sudamérica y gobernadores mexicanos. Nuevas leyes aprobadas y en debate (laborales y fiscales en particular) han levantado fuertes discusiones e inconformidades.
Movimiento lopezobradorista: una fuerza con la que hay que seguir contando
Como se señaló, el año pasado México vivió una grave crisis política a raíz del proceso electoral. Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ex candidato presidencial por el Partido de la Revolución Democrática (PRD, junto a Convergencia y al Partido del Trabajo, PT), después de denunciar un fraude electoral en su contra, ha tratado de canalizar políticamente a las 15 millones de personas que habían votado por él y de fortalecer la Convención Nacional Democrática (CND) conformada en septiembre de 2006 y que lo nombró «presidente legítimo». Se ha propuesto recorrer los 2 mil 500 municipios del país. Paralelamente, se ha creado la red nacional de representantes del «Gobierno Legítimo». A la fecha, se ha registrado un millón de representantes, siendo la meta contar con 5 millones hacia finales del próximo año.
Este proceso ha sido muy poco cubierto por los medios masivos de comunicación. En junio, el equipo de AMLO denunció un nuevo golpe en su contra cuando HSBC (Hong Kong & Shanghai Bank Corporation) decidió cancelar »por convenir a sus intereses» la cuenta que servía para el depósito de las aportaciones de los partidarios del »gobierno legítimo».
Aunque muchos venían señalando la pérdida de fuerza del movimiento lopezobradorista por su menor capacidad de convocatoria, el 1 de julio volvió a llenar el zócalo de la Ciudad de México. En este marco, el Frente Amplio Progresista (FAP, integrado por los tres partidos que respaldaron a AMLO en las elecciones del 2006) reafirmó a AMLO como «presidente legítimo» de México. López Obrador comenzó su discurso afirmando: «A un año del fraude electoral, podemos decir con orgullo y decisión, que la derecha y sus aliados se equivocaron. Aquí estamos, aquí seguimos, convencidos más que nunca de la necesidad de llevar adelante un proyecto alternativo de nación».
Abarcó posteriormente las principales problemáticas que han ocupado la atención nacional en los últimos meses, como la ley del ISSSTE (reforma laboral para trabajadores al servicio del Estado), que fue tema y lema de movilizaciones masivas en mayo, la migración o la situación del campo mexicano. En cuanto a la reforma fiscal anunciada por el nuevo gobierno, AMLO dijo: «hago un llamado respetuoso a diputados y senadores del Frente Amplio Progresista a que por ningún motivo aprueben la llamada reforma fiscal. Cero negociaciones con quienes sostienen una política contraria al pueblo y entregan la soberanía nacional al extranjero».
Desde el año pasado, en la izquierda mexicana se ha experimentado una tensión entre una lógica de movimiento social y otra que sigue respectando la vida partidaria e institucional. Por ejemplo, en contra de la determinación de rechazar la propuesta de reforma fiscal, asumida en la CND, el Consejo Nacional y los gobernadores del PRD rechazaron las «posturas maximalistas» y decidieron no excluirse de las discusiones sobre el tema en el Congreso de la Unión. También cabe subrayar que en muchos comicios locales la unidad de los partidos integrando el FAP no se ha mantenido. Estos partidos han enfrentado luchas internas y reacomodos muy poco propicios para encabezar una oposición articulada.
La Otra Campaña sigue su ruta
A finales de marzo, en un acto realizado en San Cristóbal (Chiapas), Vía Campesina y el «Movimiento Sin Tierra» (MST) de Brasil se sumaron al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en su llamado a una «Campaña Mundial por la Defensa de las Tierras y los Territorios Indígenas y Campesinos». A mediados de abril, más de 200 organizaciones y personas de 40 países se habían solidarizado con esta campaña.
La segunda etapa de la Otra Campaña, iniciativa impulsada desde 2005 por el EZLN para formar un frente de lucha anticapitalista de izquierda, se puso en marcha con la salida de tres delegaciones de comandantes, comandantas y el subcomandante Marcos, que recorrieron el norte del país hasta principios de junio.
En mayo, a un año de los hechos de violencia en Atenco, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, parte de la Otra Campaña, denunció la falta de voluntad política para castigar a los culpables de dos asesinatos, 26 violaciones sexuales y actos de tortura. Para varios analistas, Atenco representó la apertura a la criminalización de la lucha social, un dato que pareció comprobarse cuando unos días después un juez condenó a 67 años de prisión a tres de los líderes de este movimiento por «secuestro equiparado» (por haber retenido a funcionarios durante unas horas).
Del 21 al 30 de julio, se realizó en tres de los 5 Caracoles zapatistas el Segundo Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo con la participación de más de 3 mil personas.
Resurgimiento de la «opción armada»
Recientemente, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), con presencia reconocida en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, se responsabilizó de ocho cargas explosivas detonadas en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) ubicados en Guanajuato y Querétaro. Manifestaron que forman parte de una campaña de hostigamiento al gobierno de Felipe Calderón y reclamaron que dos de sus integrantes desparecidos en Oaxaca desde mayo fueran presentados vivos por las autoridades. Posteriormente advirtió sobre la realización de nuevos ataques, hasta que sus compañeros sean liberados.
Unos días después, el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos (grupo armado que reivindicó las bombas contra las sedes del Tribunal Electoral y del Partido Revolucionario Institucional, en México DF en noviembre de 2006) exigió la presentación con vida de los miembros del EPR desaparecidos y llamó a sus propios militantes a que estén atentos «para actuar militarmente». Al final de julio, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP, escisión del EPR) advirtieron que se encuentran «discutiendo para decidir lo que nadie quiere, pero la vorágine nos arrastra hacia allá». Se ha señalado reiteradamente que el cierre de canales de diálogo y negociación podría arrinconar a los movimientos sociales a radicalizar sus modos de lucha.
Fuertes cuestionamientos en materia de derechos humanos
En marzo, el Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, señaló a México como un ejemplo de país con tendencia a la criminalización de la protesta social de los pueblos indígenas y a la represión por la fuerza pública(2).
En abril, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Florentín Meléndez, visitó México. En el informe que organizaciones civiles entregaron sobre la situación de los derechos humanos en el país, destacan que el gobierno del presidente Calderón ha dado muestras de disminuir el perfil de la política en la materia: «no ha hecho ningún pronunciamiento público sobre cuál será su política en este tema». La CIDH censuró el alto índice de ataques contra defensores de derechos humanos en México. En Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas registró 20 agresiones tan sólo en el 2006. El caso más reciente: en febrero, el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas para la Acción Comunitaria (CIEPAC) recibió una amenaza de muerte anónima.
En mayo, la presidenta de Amnistía Internacional, sección México, afirmó que la actuación del nuevo gobierno en materia de derechos humanos »ha sido decepcionante. Hasta hoy no ha mostrado voluntad para elaborar programas que atiendan las graves violaciones» existentes. Señaló que la impunidad es el fenómeno más arraigado »en todos los casos de abuso de derechos humanos en México, y es también el reto más importante de este gobierno»(3).
Chiapas: entre impunidad y nuevos conflictos
En abril, en España, Luís H. Álvarez, titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y ex-Comisionado gubernamental para la Paz en Chiapas señaló que para resolver la situación de marginación las comunidades indígenas de México no era necesario resolver el conflicto chiapaneco, algo que ni siquiera reconoció como tal. Señaló que el «EZLN ya no es un interlocutor para el gobierno de Felipe Calderón», ya que ni representa ni está integrado por las comunidades indígenas(4).
En todo caso, varios aspectos vinculados al conflicto armado iniciado con el levantamiento zapatista de 1994 siguen presentes y exigiendo respuesta en la actualidad. Prueba de ello, en marzo, grupos de desplazados por la militarización y la violencia exigieron al nuevo gobernador Juan Sabines solución a sus ya viejas demandas: «Vivimos el desplazamiento forzoso de nuestros lugares de origen, algunos desde 1994. Hemos padecido falta de respeto a nuestros derechos como indígenas y no indígenas, amenazas, violencia, maltrato a mujeres y niños, hambre y muerte»(5).
Por otro lado, el gobernador anunció «la creación de una Fiscalía Especial para el caso Acteal (…) para investigar la verdad de los [45] homicidios ocurridos el pasado 22 de diciembre de 1997, los cuales lastimaron la conciencia de Chiapas y de México, y no quedarán impunes». Sin embargo, hasta la fecha, dicha Fiscalía no ha presentado informes de las acciones que ha emprendido para cumplir con el anuncio oficial.
En cuanto a militarización (ver también el Enfoque), varios poblados siguen solicitando la salida del Ejército de sus tierras, por ejemplo, en marzo, el Nuevo Poblado 24 de Diciembre (antes Nuevo Momón(6)). En julio, el Centro de Análisis Políticos e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) resaltó que si bien el Ejército ha retirado posiciones militares, arribaron nuevos cuerpos «de élite» con mayor capacidad ofensiva, coordinados directamente con el Campo Militar Número Uno de la ciudad de México y no con los habituales mandos de las zonas militares de Chiapas(7).
Paralelamente, varias organizaciones sociales y no gubernamentales han denunciado la reactivación de grupos paramilitares en la zona Norte y Selva de Chiapas. Uno de los grupos más señalados ha sido la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), cercana al Partido Revolucionario Institucional (PRI). En noviembre de 2006, sus integrantes señalaron «Exigimos la desocupación inmediata de los terrenos que han sido ocupado por las bases de apoyo del EZLN (…), ya que de no hacerlo los ejidatarios tomarán las medidas necesarias para recuperar sus tierras que legalmente les corresponde».
En marzo, el dirigente de la OPDDIC Pedro Chulín y al menos 25 de sus militantes fueron detenidos por la Fiscalía General del estado para esclarecer la presunta agresión y retención de que fueron objeto tres periodistas. Se ha mantenido bajo arraigo domiciliario a ocho de ellos y la organización parece haber bajado su perfil.
De manera generalizada, ha crecido la conflictividad en torno a las «tierras recuperadas» por bases de apoyo zapatistas después del levantamiento de 1994. Se habla de 500 mil a 700 mil hectáreas, aunque la problemática agraria en Chiapas es de por si mucho más amplia.
Un caso ejemplar: el 13 de noviembre del 2006, se realizó un ataque en contra de la comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo. Según los testimonios de las víctimas, esta agresión fue perpetrada por comuneros de Nueva Palestina, así como por personas vestidas con uniforme de policías de Seguridad Pública. El balance fue de 4 muertos, 4 desaparecidos y desplazamiento forzoso de más de 30 personas.
Desde entonces, se ha denunciado que las autoridades no han realizado investigaciones conducentes a la localización de las personas desaparecidas. El 6 de julio pasado familiares de las víctimas y una Comisión Civil de Observación encontraron restos humanos y ropa de por lo menos dos personas. Por la vestimenta, los restos encontrados pertenecerían a dos de los desaparecidos, por lo que podrían sumar 6 las personas asesinadas en la agresión.
Otro tipo de caso: desde 2006, la Junta de Buen Gobierno (JBG) de los Altos declaró que «las bases de apoyo zapatistas de la comunidad «Huitepec Ocotal segunda sección» [cerca de San Cristóbal] proponen declarar 102 hectáreas como ‘Reserva ecológica Comunitaria zapatista'». Casi paralelamente, un decreto oficial anunció la creación del área natural protegida Huitepec-Alcanfores, incluyendo la Reserva Zapatista. Para respaldar su control de la zona, la JBG ha instalado campamentos civiles de observación.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas señaló que el gobierno incumplió el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la recomendación hecha por el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen (2003): «La creación de nuevas reservas ecológicas en regiones indígenas sólo deberá hacerse previa consulta con las comunidades afectadas, y el gobierno deberá respetar y apoyar la decisión y el derecho de los pueblos indios a establecer en sus territorios reservas ecológicas comunitarias».
Otro tema recurrente en los procesos organizativos locales han sido las altas tarifas de la luz. En junio, más de dos mil indígenas y campesinos de las zonas Frontera, Selva y Altos de Chiapas, adheridos a la Otra Campaña, marcharon en Comitán para protestar por la represión que ejerce la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en contra de quienes se hallan en resistencia de pago.
Oaxaca: nuevos enfrentamientos recuerdan que la problemática político-social en el estado sigue sin resolverse
En marzo, el informe final de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) afirmó que los operativos implementados en Oaxaca a finales del año pasado no tenían como objetivo restablecer el orden después del conflicto social prolongado iniciado en junio de 2006, sino «buscar una forma de paralización e inmovilización social». En conferencia de prensa, señalaron que es «una ingenuidad pensar que el conflicto está resuelto», y advirtieron que «posponer las medidas de justicia puede desatar nuevamente la violencia».
En las mismas fechas, el ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, reconoció que durante el conflicto, ocurrieron violaciones graves de los derechos humanos (torturas, detenciones arbitrarias y la muerte de al menos 20 personas), aseverando que el conflicto «aún no está resuelto, se ha pospuesto su solución, pero sigue en ebullición y puede venir un estallamiento social más violento».
Sin embargo el tema dejó de ocupar la primera plana de los periódicos por un tiempo. El 14 de junio, a un año del inicio del conflicto, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) concluyó sin incidentes una marcha masiva. Frente a esta manifestación, el Gobernador Ulises Ruiz aseguró que la situación en el estado es normal, ya que las marchas son parte de la vida cotidiana y el conflicto que estalló en 2006 está totalmente superado.
El gobierno federal también marcó distancia. El Secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, dijo que las movilizaciones en esa entidad y las exigencias de la APPO son responsabilidad exclusiva del gobernador: «Hemos cumplido a plenitud; toca al gobernador Ruiz resolver (el conflicto) a tiempo para que no se reactive».
El 16 de julio, a una semana de que comiencen las festividades tradicionales de la Guelaguetza, la violencia volvió a estallar en Oaxaca: durante más de tres horas, miembros y simpatizantes de la APPO se enfrentaron con policías, dejando un saldo de por lo menos 40 personas heridas de ambos bandos y 60 detenidos.
A raíz de estos hechos, laAPPO demandó a la Secretaría de Gobernación la reinstalación de la mesa de diálogo para detener la ‘‘nueva campaña de represión» y solucionar el conflicto. Mientras la renuncia del gobernador de Oaxaca sea el tema que se pretenda discutir en una mesa de negociación para la entidad, la instalación de la misma «no está en manos» de la Secretaría de Gobernación, fue la respuesta federal. Unos días después, se realizó una marcha silenciosa con la participación de miles de oaxaqueños sin ningún incidente, en medio de una gran movilización policíaca.
El lunes 23, día inicial de las festividades regionales, se realizó la «Guelaguetza oficial» en medio de un virtual estado de sitio. Erangelio Mendoza, concejal de la APPO aseveró «Sólo con policías y acarreados pudieron llevar gente al Auditorio Guelaguetza». Paralelamente, en las calles del centro de la capital miles de personas se manifestaron nuevamente
Si bien no hubo enfrentamientos en este día, se teme que la violencia pueda volver a surgir. Cabe subrayar que se realizarán elecciones estatales en Oaxaca el 5 de agosto, otro hecho que podría provocar nuevas tensiones. Por otro lado, los señalamientos de posible vinculación entrela APPO y el Ejército Popular Revolucionario (EPR) podrían justificar acciones represivas de mayor calado.
Notas:
- Propuesta de cooperación que busca integrar a la región mesoamericana para promover el desarrollo integral de la misma. (Volver …)
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- Artículo de La Jornada – Resultado Suplementario (Volver …)
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