El conflicto de Chiapas entró en una nueva etapa después del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que de hecho validó la reforma constitucional en materia indígena. Después de las reacciones críticas de múltiples actores al fallo judicial (ver Informe de SIPAZ, agosto 2002), lo dominante en este período es el silencio del EZLN.

Este silencio, que algunos interpretan como omiso, para otros se entiende en el marco de la decisión política que lo acompaña: la voluntad de construir su propio proyecto de autonomía por la vía de los hechos y a espaldas de la institucionalidad del Estado, que no atendió sus demandas. Según los analistas, los pueblos indios probaron hasta dónde podían esperar de los tres poderes democráticos, y ahora se han volcado a un proceso de largo plazo que apunta a la reconstrucción de sí mismos como pueblos (ver Enfoque). El mayor desafío que supone este proyecto es el de la unidad del movimiento indígena.

Si bien el silencio se entiende como parte de una estrategia de resistencia, algunos analistas consideran que probablemente el EZLN va a esperar la oportunidad para relanzar una nueva iniciativa política hacia el conjunto de la sociedad mexicana.

Mientras tanto, la resistencia zapatista se da en medio de tensiones inevitables con las autoridades locales oficiales, y con las organizaciones antes aliadas y hoy en disputa por el control territorial y político. También la resistencia desgasta y produce en algunos casos deserciones, e incluso la expulsión de quienes no aceptan sus exigencias.

El 17 de noviembre, al cumplirse 19 años de la fundación del EZLN y presentarse la revista Rebeldía, el subcomandante Marcos rompió su silencio haciendo pública una carta en la que descalifica a los tres partidos mayoritarios y, respondiendo a quienes dicen que ‘los zapatistas están acabados’, Marcos afirma: «lo único que se les está acabando a los zapatistas es la paciencia».

Las víctimas de agosto: ¿objetivo militar?

A cuatro meses de que fueran asesinados varios dirigentes civiles en los municipios autónomos zapatistas (ver Informe de SIPAZ, agosto 2002), las investigaciones no han arrojado ninguna luz sobre los hechos y los acusados siguen prófugos.

Hay distintas interpretaciones sobre los incidentes violentos de julio y agosto. Según la procuraduría de justicia estatal (PGJE), no existe una conexión clara entre las muertes, que obedecerían a móviles diferentes derivados de conflictos comunitarios. Para algunos analistas cercanos al gobierno estatal, se trataría de acciones del priísmo local buscando desestabilizar al gobierno de Pablo Salazar para recuperar espacio político, de cara a las elecciones legislativas de 2003.

Las organizaciones sociales y de oposición en un principio se inclinaron por explicar los hechos en el marco de la estrategia federal de desalojar a las comunidades asentadas en la codiciada y rica zona de la biósfera de Montes Azules. Posteriormente, muchos coincidieron en interpretar las agresiones hacia los zapatistas, así como el incremento de la presencia militar pocos días antes, como una forma de probar la intención de respuesta militar del EZLN, poco antes del fallo de la SCJN (que ya se adivinaba).

Más allá de si todos los hechos obedecieron o no a una estrategia política planificada, lo indiscutible es el contexto de alta tensión en que se inscriben, como producto de un conflicto que no se procesa ni se resuelve, y que lleva a interpretar las acciones de los actores desde una lógica de guerra.

Un mes antes de conmemorarse el 5º aniversario de la masacre de Acteal (22/12/97), 19 tzotziles fueron sentenciados a 36 años de cárcel, y se espera que otros 12 acusados recibirán igual condena. El Centro de DDHH Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) insistió en la necesidad de profundizar en la investigación para llegar a los responsables intelectuales de la masacre, incluidos altos funcionarios del gobierno estatal de la época y cuerpos militares o policiales presuntamente cómplices de la misma.

En el municipio de San Juan Chamula se registraron nuevos y violentos enfrentamientos entre evangélicos y católicos tradicionalistas. En la comunidad de Tzeteltón, el 14 de noviembre se produjo una emboscada que dejó siete tradicionalistas heridos de bala. La PGJE, que investiga estos hechos, afirma que los mismos se deben más a disputas por el control político entre caciques que a intolerancia religiosa.

Pese a este clima de tensión y conflictividad en el estado, el presidente Fox reiteró en su reciente gira por Europa que hay paz en Chiapas y con los zapatistas, lo cual provocó la crítica generalizada de la oposición.

Paz y Justicia: detenciones y divisiones

Los hechos de agosto reabrieron el debate sobre la existencia de grupos paramilitares en Chiapas. Entre los zapatistas y otros grupos de oposición, el término ‘paramilitar‘ suele emplearse en sentido amplio para referirse a grupos armados adversarios del EZLN. El gobernador Salazar insiste en que los grupos armados que operan en Chiapas no son paramilitares en sentido estricto, ya que no reciben apoyo de instituciones estatales (como ocurría en el gobierno anterior). Los defensores de derechos humanos, en cambio, sostienen que sí hay connivencia entre esos grupos, algunos caciques locales priístas (que controlan los ayuntamientos), el Ejército y las fuerzas de seguridad. Tal sería el caso del grupo conocido por la sigla OPDIC, vinculado al diputado Pedro Chulín, o de Los Aguilares, una banda de delincuentes y mercenarios.

También afirman los críticos que la procuraduría de justicia federal (PGR) no ha tenido voluntad de ir a fondo en la investigación y persecución de dichos grupos. De hecho, los operativos que resultaron en la detención de algunos de sus integrantes han sido de responsabilidad estatal y no federal. Confirmando estas críticas, a mediados de noviembre se anunció la disolución de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados (creada a raíz de la masacre de Acteal en 1997, y dependiente de la PGR), a pesar de que, como afirmó el CDHFBC: «el grave problema de los paramilitares no está resuelto y la verdad aún no se conoce».

Por otro lado, a mediados de septiembre fueron detenidos en Tila, por orden de la procuraduría estatal, 27 integrantes del grupo armado Desarrollo, Paz y Justicia (DPJ), incluido su dirigente Sabelino Torres, acusado de ser el principal responsable de diversos crímenes: robo, privación ilegal de libertad, portación de armas de uso restringido al Ejército, lesiones y homicidios. Entre los detenidos se encuentra Carlos Torres, ex presidente municipal de Tila, acusado de desviar recursos municipales hacia la organización armada.

Estas detenciones, que se suman a las del líder Diego Vázquez en febrero, podrían indicar el fin de DPJ, al menos en su antigua integración. La organización también fue descomponiéndose por sus propias divisiones internas. El primer grupo escindido creó en 2000 la Unión de Comunidades Indígenas Agrícolas y Forestales (UCIAF), que tiene más presencia en el municipio de Sabanilla; y recientemente se escindió el grupo conocido como Unión Regional de Comunidades Campesinas e Indígenas (URCCI), integrado por el sector legal de la organización, que gestiona programas económicos del gobierno.

Globalización de la resistencia

Tal como se había acordado, el 12 de octubre se realizaron movilizaciones en varios estados mexicanos. En Chiapas, coordinadoras de la sociedad civil zapatista, organizaciones sociales, indígenas y campesinas bloquearon carreteras, cerraron fronteras, realizaron marchas y expresaron de diferentes formas su rechazo a la reforma indígena, a la política económica del gobierno, al Plan Puebla-Panamá (PPP) y al Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA). La protesta abarcó también algunos países de América Central.

Del 9 al 12 de octubre se realizó el I Encuentro Chiapaneco frente al Neoliberalismo. Fue convocado por las principales ONGs y organizaciones sociales de Chiapas, con el objetivo de elaborar un plan de acción común en torno a once ejes temáticos: soberanía alimentaria, comercio justo, tierra, agrotóxicos y transgénicos, represas, privatización de energía y agua, biodiversidad y biopiratería, maquiladoras, migración, PPP, ALCA, derechos indígenas y autonomía, militarización, etc.

El mismo 12 de octubre comenzó en México la Consulta Nacional contra el ALCA, que culminará en marzo de 2003. Esta consulta forma parte de la campaña continental para impedir la concreción del acuerdo de libre comercio impulsado por Estados Unidos. En Chiapas ha sido acogida con entusiasmo por las principales organizaciones y redes civiles.

Mientras tanto, se multiplican en diversos puntos del estado las acciones contra la anunciada construcción de casi una decena de represas hidroeléctricas previstas en el PPP. Se considera que estas presas tendrían impactos altamente negativos desde el punto de vista ambiental y social. Paralelamente, continúan las movilizaciones de la población chiapaneca contra las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad.

Esta dinámica de resistencia inscribe a Chiapas en el movimiento regional y continental de lucha contra un modelo de ‘desarrollo‘ que ya ha demostrado no traer beneficios a los pueblos. En esa lucha, los pueblos indígenas han ido adquiriendo un protagonismo creciente, ya que el modelo de globalización dominante es visto por ellos como una amenaza no sólo a su identidad y sus formas de organización social, sino a su misma existencia como pueblos.

En cuanto al PPP, parece haber entrado en un impasse después de la decisión gubernamental de bajar su perfil pasándolo a la esfera de Relaciones Exteriores. No obstante, los críticos afirman que, con el nombre de PPP o sin él, las obras previstas en el mismo ya están en marcha y tendrán los impactos negativos que se han anunciado.

En todo caso, la falta de información y de transparencia con que se desarrollan las negociaciones tanto del PPP como del ALCA, genera mayor desconfianza y rechazo por parte de la ciudadanía. Y permite vislumbrar cuáles serán los ejes de conflictividad predominantes en Chiapas -y en la región- en el futuro cercano.

¿Transición o ingobernabilidad?

Al inaugurar un nuevo período legislativo, a principios de septiembre el presidente Fox presentó su segundo informe de gobierno ante un Congreso hostil y una opinión pública cada vez más crítica e insatisfecha con los magros resultados de la transición.

Uno de los principales motivos de irritación de la oposición ha sido las relaciones con Estados Unidos. PRI y PRD acusan al Ejecutivo de ser el gobierno mexicano más complaciente con el poderoso vecino del Norte. El centro de las críticas es la figura del canciller Castañeda, acusado de haber llevado las relaciones de México con Cuba -históricamente estrechas- al borde de la ruptura diplomática.

Algunos analistas llegaron a hablar de «ingobernabilidad» para referirse a la multiplicidad de frentes simultáneos que la administración Fox no está mostrando capacidad de atender y resolver eficazmente.

Al mismo tiempo que crecía la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas a su propuesta de reforma constitucional para legalizar la inversión privada en el sector eléctrico, Fox debió enfrentar a otro poderoso sindicato: el de los petroleros. El gremio amenazó con paralizar al país si no eran atendidas sus demandas salariales. Sin embargo, el conflicto de fondo era la investigación judicial en curso por el desvío de 640 millones de pesos de la empresa estatal PEMEX hacia el sindicato del sector, que fueron destinados a la campaña electoral del candidato priísta Francisco Labastida, en 2000.

Pero el llamado Pemexgate se convirtió en un boomerang que puso al Presidente ante su propio escándalo electoral, debido a la investigación iniciada por el Instituto Federal Electoral -que aún no ha concluido- sobre el origen presuntamente ilegal de los millonarios recursos empleados en la campaña electoral por el grupo Amigos de Fox.

Otro factor de tensión ha sido el debate iniciado por el Presupuesto federal de 2003; la oposición y la Conferencia Nacional de Gobernadores han criticado duramente al Ejecutivo por los recortes previstos en el gasto social y en los recursos destinados a los estados.

Por su parte, la sociedad civil se organiza contra la política económica: a mediados de noviembre más de 40 organizaciones de trabajadores constituyeron el Frente Sindical Mexicano para resistir las reformas laborales y las privatizaciones, y un amplio espectro de organizaciones sociales anunciaron la formación de un frente unitario de lucha contra la política neoliberal.

Tormenta en el horizonte

Dos hechos inminentes pueden complicar más este difícil escenario. Por un lado, a principios de 2003 caerán los gravámenes de los productos alimenticios entre los socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Las gremiales de productores y campesinos ya han anunciado que la medida significará el golpe de gracia para la ya arruinada situación del campo mexicano, incapaz de competir con la producción subsidiada del Norte. Aunque el gobierno ha anunciado un «blindaje agroalimentario» para contrarrestar los efectos negativos, los pronósticos son por demás pesimistas.

Por otro lado, el revisionismo del período de la guerra sucia de los ’70s y ’80s, que investiga la Fiscalía Especial nombrada por el Ejecutivo, puede significar el fin de la impunidad de dos instituciones tradicionalmente intocables en el régimen anterior, y hoy cuestionadas: las Fuerzas Armadas y el PRI.

La estrategia del Ejército parece apuntar a limpiar su imagen. Para ello eligió condenar a los generales Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo (detenidos hace dos años por vinculaciones con el narcotráfico) en el momento en que un batallón entero ha sido desmantelado en el norte del país por el mismo motivo.

Sin embargo, los mismos generales deberán enfrentar próximamente juicios por el asesinato de 143 personas en Guerrero, durante la guerra sucia. Aunque estas acusaciones provienen de las denuncias documentadas por la Comisión Nacional de DDHH y radicadas ante la Fiscalía Especial, la Procuraduría General de Justicia Militar atrajo la investigación, asumiendo competencia. Esto ha generado críticas de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, ya que la Justicia Militar no ofrece garantías de independencia e imparcialidad y ha sido fuente de impunidad para los crímenes cometidos por militares.

En octubre se cumplió un año del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, sin que haya habido avances en su esclarecimiento.