Actividades de SIPAZ (De diciembre de 2008 a marzo de 2009)
30/04/2009
ENFOQUE: El caminar del Pueblo Creyente, reflexión y acción sobre “los signos de los tiempos”
31/08/2009
En los últimos meses, cuando México no ocupaba la primera plana de los periódicos a nivel internacional por la situación de violencia vinculada a la delincuencia organizada, la ocupaba por la epidemia de la influenza AH1N1, al ser el país que alertó sobre la existencia de dicho virus y al presentar en un primer momento el mayor número de casos. Una vez superada la emergencia sanitaria y aunque la enfermedad se siga expandiendo a la fecha, dejó al desnudo tres situaciones no menos preocupantes.
© Noé Pineda Arredondo
Por un lado, se evalúa que el impacto económico de la epidemia podrá alcanzar por lo menos el 1% del Producto Interior Bruto (PIB). Además de las afectaciones al sector turismo (una de las primeras fuentes de ingresos del país), las restricciones impuestas para contener la epidemia afectaron una economía que, aún antes de la emergencia, mostraba su peor desempeño desde el colapso de 1995. La situación económica se podría volver todavía más crítica por la reducción de la migración hacia los EEUU, fenómeno que en buena medida había servido como «válvula de escape». Dicha reducción no se debe tanto a las medidas de control ejercidas desde EEUU sino a una disminución de las opciones de trabajo en este país, ello a raíz de la crisis económica mundial. La cobertura mediática de la guerra al narcotráfico y sobre la misma epidemia, demasiadas veces han llegado a opacar el hecho que casi un 40% de la población mexicana de por sí vive en situación de pobreza. Por otro lado, la emergencia evidenció lo riesgoso del sistema actual de cría industrial de animales, dominado por grandes empresas trasnacionales, y las fallas estructurales en el sistema de salud mexicano.
Elecciones en medio del descrédito de las instituciones
Puede resultar llamativo el hecho que tantos mexicanos hayan llegado a dudar de la misma existencia del virus AH1N1. Esta incredulidad se debe en buena medida a la falta de credibilidad de las instituciones. En abril, la misma Secretaría de Gobernación difundió los resultados de la IVª Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, que revela que sólo la mitad de los mexicanos considera que se vive en un sistema democrático y un porcentaje similar considera que el gobierno prefiere imponer a consultar.
Este alejamiento de la gente respecto a sus representantes se refleja en varias dimensiones, una de ellas siendo la electoral. El 5 de julio, se realizaron elecciones para ocupar más de 1.500 cargos públicos en el país. La abstención alcanzó el 55,19% y el voto nulo el 5,40%. El voto nulo había generado un significativo movimiento previo a los comicios.
Aún tomando en cuenta la baja participación real, los resultados marcan cambios comparado con las de la última década: tras casi 12 años de haber perdido el control de la Cámara de Diputados, el Partido Revolucionario Institucional (PRI, el partido que se había mantenido en el poder por más de 70 años hasta el 2000) fue el gran ganador de la jornada. De un total de 500, alcanzó una representación de 237 diputados. El mismo 5 de julio, ganó además cinco de las seis gubernaturas en disputa.
El Partido Acción Nacional (PAN, actualmente en el poder) sólo obtuvo 9.549.000 votos en la elección para el Congreso (12,3%), lo cual fue considerado como fruto de un voto de castigo hacia el gobierno de Felipe Calderón. Cabe recordar que en medio de cuestionamientos por fraude, se supone que el PAN se había mantenido en la presidencia en las elecciones de 2006 con alrededor de 14 millones de votos. Disminuirá sus diputados federales de 206 a 143, como sucederá también con los partidos de izquierda que probablemente vieron afectados sus resultados por sus divisiones y conflictos internos: de 126 diputados tendrán solamente 90 (71 para el Partido de la Revolución Democrática, PRD; 13 para el Partido del Trabajo y 6 para Convergencia).
Militarización: una solución que no acaba de serlo
A pesar de la crítica situación económica agravada por la epidemia de influenza y de los resultados electorales obtenidos por su partido, no cabe duda que la lucha contra el narcotráfico sigue siendo la principal prioridad del gobierno federal. Después de una reducción temporal en la cantidad de asesinatos, la violencia parece haber repuntado en los últimos meses.
Ampliando un panorama poco alentador, a finales de junio, el Indicador de Gobernabilidad Global 2009 del Banco Mundial (BM), señaló que en una escala del 1 al 100, en estabilidad política y ausencia de violencia, México recibió 24,4 puntos en 2008; 27, en 2007, y 45, en 2004. En estado de derecho (indicador que evalúa la habilidad de hacer que las leyes sean respetadas), México recibió una calificación de 29,7 puntos en 2008 contra 36,2 el año previo y 42,4 en 2004.
En el contexto de la emergencia sanitaria por la influenza, el Congreso aprobó dictámenes relacionados con la ley de Seguridad Nacional que propuso el ejecutivo. En abril, el gobierno federal había hecho llegar un paquete de cuatro iniciativas de reforma en materia de seguridad nacional, justicia militar, tráfico de armas y delincuencia organizada.
Cabe recordar que el artículo 129 de la constitución señala que «en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar». Paradójicamente, con el objetivo de contener «la expansión de la delincuencia organizada» y garantizar «cabalmente» la seguridad nacional, se propuso sin embargo una forma de estado de excepción bajo la cual en caso de una «afectación a la seguridad interior», las autoridades civiles podrían subordinarse al ejército. Entre las causales para declarar esta situación se contempla también el caso de «sublevaciones«.
Desde el inicio del sexenio de Calderón, las Fuerzas Armadas han venido asumiendo de por sí cada vez más labores de seguridad pública, así que parece que las reformas propuestas apuntan más bien a legalizar y normalizar estas prácticas. Las preocupaciones expresadas por analistas y organismos de derechos humanos tienen que ver con el hecho que pueden implicar la suspensión de garantías básicas como la libertad de expresión, de asociación, de libre tránsito, y el derecho al debido proceso. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en este sexenio se han registrado más de 1.600 quejas contra el Ejército por delitos como la privación arbitraria de la vida, tortura, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza y de las armas de fuego.
Fuero militar: prioridad en la agenda de organizaciones de Derechos Humanos
En los últimos meses, tanto en medios como en plataformas nacionales e internacionales, se fueron denunciando violaciones de derechos humanos cometidos por miembros del Ejército, tanto durante la guerra sucia como actualmente en el combate al narcotráfico.
A finales de marzo, en Washington, en el marco del 134º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se llevó a cabo una audiencia sobre justicia militar y derechos humanos. Organismos civiles mexicanos expusieron los datos que han venido sistematizando, especialmente en el presente sexenio, y según los cuales el Estado mexicano está incumpliendo los estándares internacionales en la materia. Al finalizar el período, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado en el que expresa «su preocupación porque en algunos países de la región se continúa empleando la justicia militar para investigar y juzgar delitos comunes perpetrados por miembros de las Fuerzas Armadas o de la policía. La CIDH reitera que la jurisdicción militar es excepcional y debe ser utilizada solo para delitos de función».
En abril pasado, Human Rights Watch dio a conocer su informe «Impunidad uniformada: Uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública», en el que señala cómo el fuero militar sirve para proteger a los responsables de violaciones a los derechos humanos.
Seis de las ocho recomendaciones rechazadas nuevamente por el gobierno mexicano en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) (Ver Informe SIPAZ Vol. 14 No 1, abril de 2009) ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en junio se centraron en la necesidad de limitar la jurisdicción castrense.
El 7 de julio, México fue obligado a comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, quien fue visto por última vez en el ex cuartel militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero en 1974 (un caso de desaparición forzada en el marco de la Guerra Sucia).
El 8 de julio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia acordó trasladar al pleno la discusión de un juicio de amparo relacionado con el fuero militar. Se cuestiona el hecho que el asesinato del civil Zenón Medina a manos de elementos del Ejército, ocurrida en marzo de 2008 en un retén de Sinaloa, fuera juzgado por un tribunal militar. La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) rechazó esa petición porque considera que se trató de una indisciplina cometida por militares en actos de servicio.
Ante las presiones internacionales, y aunque el gobierno federal sigue defendiendo el fuero militar, Calderón informó a la ONU que actualmente la justicia militar integra seis averiguaciones previas y que en tres casos se consignó a 32 efectivos, además de que en nueve sentencias se condenó a 14 elementos.
A pesar de los cuestionamientos, incremento del apoyo de EEUU al Ejército mexicano
En los últimos meses, se dieron varias visitas de altos funcionarios estadunidenses a México, incluyendo la primera visita oficial del presidente Barack Obama en abril. No se realizaron anuncios relevantes en ninguno de los temas que habían generado ciertas expectativas (comercio, migración o seguridad).
Tal vez en parte por toda la cobertura mediática en EEUU en la que se llegó a presentar el mexicano como un «Estado fallido», para mediados de junio, se completó el proceso legislativo vinculado a la aprobación de la ley de gastos militares suplementarios 2009 que incluyó 420 millones de dólares para México. La cifra mencionada representa un aumento sustantivo comparado con la propuesta de Obama, quien originalmente había solicitado 66 millones. De hecho, repone e incrementa los fondos recortados en los dos primeros años de la Iniciativa Mérida.
Otra dimensión de la colaboración entre EEUU y México tuvo que ver con la participación de un contingente de la Armada de México en los Ejercicios Internacionales de Guerra Antisubmarina (Unitas, por sus siglas en inglés), coordinados por la Cuarta Flota de Estados Unidos que fue reactivada hace cerca de un año. Expertos consideran que la Cuarta Flota, al tener como zona de influencia América Latina y El Caribe, forma parte, junto con la creación del Comando Norte, de una reorientación militar estratégica por parte de los EEUU hacia la región latinoamericana. Este proceso se podría acelerar más después del golpe de estado ocurrido en Honduras el 27 de junio pasado, un hecho cuyas consecuencias geopolíticas para el continente quedan todavía por ver.
De los movimientos sociales a los grupos armados: sombrío panorama
A finales de marzo, sin mayores expectativas después de las conclusiones en el caso de Atenco (ver informe de SIPAZ de abril de 2008), el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió el informe preliminar sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en Oaxaca, de mayo de 2006 a julio de 2007. Aunque nuevamente se determinó la existencia de «graves violaciones a las garantías individuales», la comisión decidió no adjudicar «responsabilidades, sino únicamente se identifican a las personas que participaron en los hechos calificados como graves violaciones a las garantías individuales».
Abordando uno de los temas que más han enfatizado las organizaciones de derechos humanos, el 20 de abril se llevó a cabo en Guerrero el «Foro Internacional sobre la Criminalización de los Defensores de los Derechos Humanos y de la Protesta Social». Además de denunciar una tendencia generalizada en el país, la declaración final volvió a enfatizar el «derecho a protestar como consecuencia de que los mecanismos institucionales son ineficaces al no dar respuesta a las demandas sociales».
En abril, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los derechos para todos» presentó un documento en el que se identifican al menos 41 casos en los últimos dos años en los que hubo represión policíaca, detenciones arbitrarias, enfrentamientos intercomunitarios, amenazas, hostigamiento y asesinatos contra los defensores de la ecología en 13 estados de la República (incluyendo Chiapas). Se señaló que el trabajo de los defensores de los recursos naturales en el país es cada vez más arriesgado en la medida que sus acciones afectan intereses económicos de gobiernos, caciques y empresas transnacionales.
Otro hecho que podría pasar desapercibido fue la promulgación a mediados de junio del Manifiesto de Ostula, documento aprobado por pueblos y comunidades indígenas de nueve estados de la República que asistieron a la 25ª asamblea del Congreso Nacional Indígena (CNI) en la región centro Pacífico. Frente a la represión gubernamental y paramilitar en su contra, y las políticas neoliberales «de desprecio, discriminación, destrucción y muerte», reivindicaron el derecho a la autodefensa para proteger sus territorios y recursos naturales.
El 21 de abril, la Comisión de Mediación entre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Gobierno dio por terminada su misión casi un año después de su conformación a fin de aclarar la situación de dos militantes del grupo armado a quienes consideró como detenidos desaparecidos. Justificó la decisión al explicar que «el gobierno federal sólo ha tenido voluntad declarativa».
Chiapas: impunidad y «viejos-nuevos» conflictos
En junio, se realizó el primer Encuentro Americano Contra la Impunidad, en el caracol zapatista de Morelia, con la participación de 15 países del continente, además de delegados de Europa y Australia. La impunidad fue denunciada reiteradamente como hecho del pasado y presente en América Latina, algo que ciertamente es el caso de Chiapas. Una de las situaciones más llamativas en los últimos meses en este sentido fue el riesgo señalado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emita una resolución para que sean liberados 12 inculpados en la Masacre de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) expresó el temor «que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse, contribuya a la impunidad con consecuencias imprevisibles en las comunidades indígenas de Chiapas donde persiste un Conflicto Armado Interno no resuelto».
© SIPAZ
A finales de marzo, fue creada una fiscalía especializada en la Protección de los Organismos no Gubernamentales para la Defensa de los Derechos Humanos en Chiapas, a iniciativa del Ejecutivo estatal, luego de aceptar una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para atender presuntas dilación de justicia en agresiones contra el CDHFBC ocurridos en octubre de 2006. Sin embargo, y nuevamente, este tipo de agresiones no parecen cosas del pasado cuando en junio, se observó una tendencia renovada de hostigamiento contra defensores de Derechos Humanos en San Cristóbal de Las Casas.
Por otro lado, la amplia mayoría de los temas que han sido objeto tanto de organización social como de represión está vinculada al eje «tierra y territorio». Aunque muchos de los casos tienen que ver con la problemática agraria no resuelta desde hace décadas, también se siguen denunciando casos vinculados a «tierras recuperadas» por los zapatistas después del levantamiento armado. Otros ejes de lucha y conflictividad tienen que ver con una concepción más amplia del territorio. Daremos nada más tres ejemplos:
Carreteras y proyectos eco-turísticos
A principio de junio inició en San Cristóbal la construcción de la autopista que unirá esta ciudad a la igualmente turística, Palenque. Esta construcción así como la expansión e internacionalización del aeropuerto de Palenque se debería de combinar con la concretización del Centro Integralmente Planeado Palenque-Agua Azul (CIPP), presentado por el Gobierno del Estado como «el primero desarrollo ecoarqueológico del país».
Los focos rojos vinculados al rechazo de la población a estos proyectos se han multiplicado, particularmente en Mitzitón, en el municipio San Cristóbal de las Casas y en San Sebastián Bachajón. A principios de julio, salieron libres cinco de los siete ejidatarios tzeltales de este último municipio, que habían sido detenidos en abril pasado en distintas acciones policiacas. Denunciaron haber sido torturados para que se declararan culpables por su supuesta participación en asaltos en la carretera entre San Cristóbal y Palenque. El CDHFBC había enmarcado su detención explicando: «Los pobladores del ejido San Sebastián Bachajón, Adherentes de La Otra Campaña son parte del movimiento indígena, que se contrapone a los planes neoliberales de despojo del territorio y depredación de los recursos naturales. La región de Agua Azul ha sido por muchos años zona turística cuyas cuantiosas utilidades son aprovechadas por intereses ajenos al pueblo tseltal de Bachajón».
Altas tarifas de la luz
Además de una organización creciente en lo local (un 40% de usuarios chiapanecos estarían sin pagar), en mayo, representantes de 20 organizaciones procedentes de siete estados mexicanos formaron en San Cristóbal de Las Casas la Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica. A raíz de este esfuerzo de articulación («si tocan a uno, tocan a todos»), la detención de 5 personas en resistencia al pago de la luz de Candelaria, Campeche a principios de julio ha sido objeto de actos de solidaridad y protesta en otras partes del país.
Minas
Otro tema que sigue generando movilización ha sido el de la minería. A mediados de abril, alrededor de 3 mil católicos de varios municipios de la sierra de Chiapas marcharon para exigir la cancelación de 56 permisos de explotación minera otorgados a empresas canadiense y estadounidense.
