Proceso de Paz, Proceso de Guerra
15/05/2012
ENFOQUE: Ciudades Rurales Sustentables – “Derechos violados, Campesinos urbanizados”
01/06/2012
El 30 de marzo, se abrieron formalmente las campañas hacia las elecciones presidenciales programadas para el 1° de julio. Enrique Peña Nieto, ex-gobernador del estado de México, representante de la coalición Compromiso por México, formada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista (PRI), se ha mantenido de puntero en las encuestas aunque la diferencia entre los tres primeros candidatos ha ido disminuyendo. En las mismas, en lo inmediato, se disputan el segundo lugar Josefina Vázquez Mota, ex Secretaria de Desarrollo Social y ex Secretaria de Educación Pública por el gobernante Partido Acción Nacional (PAN); y el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, candidato del Movimiento Progresista, integrado por los partidos izquierdistas de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y el Movimiento Ciudadano. Ambos han construido parte de su campaña en contraposición a Peña Nieto, buscando frenar el posible regreso del PRI al poder (después de haber gobernado México por poco más de 70 años, dicho partido perdió la presidencia ante el PAN desde el 2000). El último candidato es Gabriel Quadri de la Torre, del Partido Nueva Alianza (PANAL), cuyas probabilidades de ganar son casi nulas, y que trata más que todo de asegurarle el registro al partido que lo postuló.
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Las campañas presidenciales en curso se dan en un contexto que varios actores sociales han caracterizado de «emergencia nacional». En marzo, alrededor de 70 organizaciones de 26 estados y más de 100 personalidades lanzaron una «Proclama al rescate de la Nación», en la que convocaron a la sociedad a sumar esfuerzos en demanda de paz en estos tiempos electorales. Denunciaron que «(l)as instituciones del Estado están inmersas en procesos de profunda descomposición y deterioro a causa de la corrupción, y debido a la penetración del crimen organizado en todos los niveles y ámbitos de gobierno». Advirtieron además: «estamos ante el grave riesgo de que los contendientes en la sucesión presidencial asuman la continuidad y el compromiso con esa estrategia que está provocando un desastre humanitario». De manera reiterada, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), convocado por el poeta y periodista Javier Sicilia el año anterior, también advirtió que la violencia generada tanto por el crimen organizado como por la misma estrategia gubernamental en su contra no sólo no ha cesado, sino que va en aumento, y que la impunidad persiste en la mayoría de los casos. Se estima que desde su inicio, por lo menos 50 mil personas han perdido la vida en poco más de 5 años.
Avances gubernamentales y legislativos: más vale tarde que nunca
A lo largo del mes de abril, pasaron una serie de acuerdos y leyes muy significativos para el campo de derechos humanos, algunos de ellos que correspondían a demandas sociales muy sentidas en los últimos años. En abril, el Presidente Felipe Calderón planteó cambios para el uso legítimo de la fuerza, detención de personas, cadena de custodia y preservación de evidencias. Según el propio mandatario, estas reformas fueron una respuesta a recomendaciones de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. No obstante el contenido de dichos señalamientos, manifestó que los cuerpos de seguridad «cuentan ahora con una base legal mucho más sólida para seguir realizando sus tareas como hasta ahora lo han hecho: con apego a la legalidad y con respeto al derecho de las personas».
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Este mismo mes, el Senado aprobó en comisiones tipificar como delito grave el feminicidio, con penas de 40 a 60 años de cárcel y una multa de 500 a mil días de salario mínimo a quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Aprobó también la Ley General de Víctimas, misma que, de ser ratificada por la Cámara de Diputados, obligará al Estado a garantizar asistencia, protección y reparación del daño a las víctimas de la violencia y de violaciones a derechos humanos. Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado que expide la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Cambios legislativos que se dan un contexto de sostenidos cuestionamientos a México
Ciertamente, estos cambios desde el gobierno y el Congreso se dieron en un contexto en el que seguían llegando cuestionamientos reiterados a México respecto a la situación de los derechos humanos en el país. El 6 de marzo, por ejemplo, el Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue uno de ellos. En el caso de México, la CIDH informó que 61 activistas fueron asesinados en el país entre 2006 y 2010 y que muchas de las amenazas o agresiones fueron realizadas por agentes de seguridad del propio Estado.
En marzo, la organización ‘Artículo 19 para México y Centroamérica’ presentó su informe «Silencio Forzado: El Estado cómplice de la violencia contra la prensa en México,» en el que documentó 172 agresiones contra periodistas en 2011. El informe también planteó que el mayor agresor sigue siendo el propio Estado, desmintiendo «la versión sostenida por el presidente Felipe Calderón de atribuir a los narcotraficantes la violencia contra los periodistas». En los primeros meses de 2012, en lugar de revertirse, esta tendencia ha ido incrementando. Seis periodistas fueron asesinados en menos de un mes entre abril y la tercera semana de mayo.
En mayo, fuentes periodísticas informaron que Estados Unidos podría retener el 15% de los fondos correspondientes a la Iniciativa Mérida que se encuentran condicionados al respeto de los derechos humanos en México. El 10 de mayo, la Subsecretaria de Estado Adjunto para Asuntos de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Kathleen Fitzpatrick adelantó que, si bien México ha logrado avances importantes en particular en materia legislativa, «aún queda mucho trabajo por delante en la implementación de estas leyes» y subrayó que «(l)a impunidad permanece como uno de los obstáculos más importantes para el sistema judicial mexicano, cuya capacidad de impartir justicia todavía permanece limitada».
Chiapas: incremento de la movilización social en un contexto electoral de múltiples reacomodos
En Chiapas, durante los comicios del próximo 1° de julio se votarán a cargos federales, estatales y municipales, una multiplicidad de cargos públicos que ha generado aparentes rupturas y reacomodos entre los contendientes. Llamativamente desde varios partidos políticos y no sólo desde el suyo, fue fuertemente cuestionada la intromisión directa del actual gobernador, Juan Sabines Guerrero, en dichos nombramientos. En estos reacomodos que contribuyen a la confusión se puede mencionar a la candidata a la gubernatura para el PRD, el Partido del Trabajo y el Movimiento Ciudadano, María Elena Orantes, que renunció al PRI apenas en enero pasado. Otro ejemplo podría ser Yassir Vázquez, que había dejado el cargo de presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez para contender como candidato a gobernador para el PRD: un día fue considerado el favorito de Sabines (que actualmente gobierna por el PRD) y al día siguiente, fue designado secretario general del Partido Verde (PVEM) en Chiapas.
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Por el momento, el puntero en las contiendas a gobernador es el ex senador Manuel Velasco Coello, nieto del ex gobernador de Chiapas Manuel Velasco Suárez (1970-1976). Representará una coalición entre PRI, PVEM y el PANAL. Además de él y la ya mencionada María Elena Orantes, competirán Emmanuel Nivón González, ex alcalde de Tapachula para el PAN y Marcela Bonilla Grajales por el Partido local Orgullo Chiapas (Poch).
En este marco, varias organizaciones sociales volvieron a posicionar sus demandas organizando foros, marchas, plantones o denuncias públicas. Por ejemplo, desde marzo, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), inició un plantón indefinido en San Cristóbal de Las Casas. También desde el 14 de abril, y por casi tres semanas hasta obtener la reapertura de una mesa de negociación con el gobierno estatal, se encontró en plantón en San Cristóbal otro grupo de organizaciones incluyendo la Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza (OCEZ-RC), la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ-MLN) y la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCYP), entre otras. Sus reivindicaciones incluyeron demandas agrarias y la liberación de presos políticos. El factor «presos» como canje en las negociaciones se evidenció en el caso de la detención del dirigente Caralampio Gómez Hernández, de la OPEZ-MLN, quien fue arrestado en abril tras salir de una mesa de negociación con el Secretario de Gobierno del estado, Noé Castañón. Su hijo declaró que Castañón les dijo que sería liberado a cambio de que antes desarticularan el plantón que en aquel momento tenían en Tuxtla Gutiérrez, mismo que trasladaron a San Cristóbal.
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Entre los presos incómodos, se encuentran también Francisco Sántiz López y Alberto Patishtán. El 16 de marzo, la Junta de Buen Gobierno (JBG) de Oventic denunció el encarcelamiento injusto de Francisco Sántiz López, base de apoyo zapatista así como de Lorenzo López Girón, sin afiliación política, ambos originarios de Tenejapa, acusados de un crimen ocurrido en diciembre pasado. El 27 de marzo, informó que el 22 de marzo recibió la noticia de que los dos presos saldrían del penal de San Cristóbal. No obstante, no fue liberado Sántiz López al imputarle en ese momento un nuevo delito de carácter federal ‘portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército’. El caso de Alberto Patishtán Gómez, integrante de la Voz del Amate, organización de presos adherente a La Otra Campaña y trasladado a Guasave, Sinaloa, en octubre del año pasado a petición del gobierno de Chiapas fue raíz de muchas movilizaciones. En marzo más de mil personas se reunieron en El Bosque, de donde es originario, para demandar su retorno a Chiapas y su liberación. En mayo también se llevó a cabo el «Foro Contra la prisión política y por la libertad de Alberto Patishtán» y un día después, arrancó la «Semana de Lucha Mundial por la Libertad de Patishtán y Sántiz López: A Tumbar las Paredes del Calabozo».
Otro tema con creciente proyección mediática ha sido el de los feminicidios. El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), capítulo Chiapas, justamente inició en San Cristóbal su primera audiencia enmarcada en los temas de violencia de género y feminicidio, durante los días 7 y 8 de marzo. El 14 de mayo, alrededor de mil 200 personas en San Cristóbal y más de un centenar en Tuxtla Gutiérrez, manifestaron en una protesta simultánea contra el feminicidio y la violencia contra la mujer en Chiapas. La marcha en San Cristóbal pasó por el lugar conocido como Fraccionamiento Sonora, donde en de abril fue hallada muerta con signos de haber sido violada Itzel Janet Méndez Pérez, de 17 años de edad.
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En cuanto a impunidad, en febrero, la Sociedad Civil Las Abejas había denunciado la excarcelación de 6 personas señaladas como autores materiales de dicha masacre. De los 87 procesados por lo mismo, quedan únicamente 28 personas encarceladas. En abril, Las Abejas alertaron además que «los hijos de los paramilitares excarcelados (…) fueron vistos (…) caminando y paseando tranquilamente en la comunidad de Acteal; con armas de sus padres (…) porque vieron que asesinar y masacrar a un pueblo inocente es trabajo del gobierno que a la vez, es bien pagado y se recibe premio como de reconocimiento al servir al estado».
Oaxaca: distancia creciente entre sociedad civil y gobierno en medio del incremento de amenazas y agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos
Los últimos meses fueron marcados por un incremento significativo de amenazas y agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos en el estado, a pesar de que la mayoría cuentan con medidas cautelares. El 15 de marzo, Bernardo Vásquez Sánchez, vocero de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), fue asesinado luego de una reunión con funcionarios del gobierno estatal para analizar el conflicto existente en el municipio de San José del Progreso desde 2008, debido a la presencia de la mina Cuzcatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Inc. Dos miembros de la misma organización resultaron heridos.
A cuatro meses del primer allanamiento, en el que se sustrajeron equipos de computación y archivos con casos de violaciones a derechos humanos, la organización ‘Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca’ denunció un segundo allanamiento en marzo. En abril, se denunciaron amenazas de muerte desde el mismo celular a distintos defensores/as como Alba Cruz del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH), y a Francisco Wilfrido Mayrén Peláez, «Padre Uvi», fundador del Centro Regional de derechos humanos «Bartolomé Carrasco Briseño» AC. y actual coordinador de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, entre otros. A mediados de mayo, después de seis amenazas de muerte desde el 2010, mismas que se incrementaron en los últimos meses, el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, director del albergue «Hermanos en el Camino» en Ixtepec declaró que saldrá del país por unos meses. Solalinde señaló que los ataques pueden venir del crimen organizado o del gobierno, porque «ya no hay diferencia entre ellos«, y responsabilizó al ex gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz de cualquier agresión que pudieran padecer él o alguno de los miembros de su equipo.
En un hecho que fue caracterizado de judicialización de la protesta social, el 22 de febrero, fue detenida Lucila Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT). Cruz Velázquez fue puesta en libertad bajo fianza. Un mes después, cinco miembros del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo, adherida a la APIITDTT, también fueron detenidos.
No se puede negar que haya habido un avance formal desde el cambio de gobierno en diciembre de 2010. El gobernador Gabino Cué enfatizó que «Oaxaca ha pasado de la alternancia a la transición democrática porque, después de una reforma política que transformó 33 artículos de la Constitución local». En marzo, se dio otro avance con la eliminación de la figura del arraigo. No obstante, organizaciones de la sociedad civil señalan que «Si bien es cierto que mediante la elección de este gobierno de alternancia el pueblo de Oaxaca logró que una mafia criminal abandonara el gobierno, también es verdad que el nuevo gobierno del estado no tiene la fuerza necesaria para lograr un cambio profundo en la sociedad».
En una oportunidad fallida de consolidación democrática y acercamiento entre sociedad civil y gobierno, el 9 de mayo, el Congreso oaxaqueño nombró a Arturo Peimbert Calvo como titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), un proceso en el que la sociedad civil organizada había participado activamente. Militantes de diversas organizaciones protestaron señalando la intervención del poder ejecutivo en dicha elección y que Peimbert Calvo era funcionario de gobierno, razón por la que no podía llegar al puesto de Ombudsman.
Guerrero: siguen impunidad, persecución y militarización en el estado
El 6 de marzo, en nombre del Estado mexicano el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, y la Procuradora General de la República, Marisela Morales, pidieron disculpas públicas a Inés Fernández Ortega, mujer indígena tlapaneca violada por militares en el 2002. Este acto se llevó a cabo en la cabecera de Ayutla de los Libres en el marco del cumplimiento de una sentencia en contra del Estado mexicano emitida en noviembre de 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Inés Fernández denunció que pese a la sentencia no solo los acosos por parte de militares vestidos de civil continúan en su contra, sino también la situación de violencia y discriminación contra los pueblos indígenas. Afirmó que: «los del gobierno, aunque te digan que están de tu lado, no van a cumplir, no les hagan caso».
Por otro lado, el 20 de febrero, con la participación de diversas organizaciones de derechos humanos y representantes comunitarios, se conmemoró en Ayutla de los Libres el tercer aniversario luctuoso de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, líderes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixtecto (OFPM). Un nuevo caso se presentó además con la detención arbitraria de Maximinio García Catarino, dirigente de la OFPM y beneficiario de medidas provisionales de la CoIDH, que después de estar dos meses encarcelado, logró su libertad absoluta el 20 de marzo. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan manifestó que su encarcelamiento era una evidencia de la «persecución sistemática contra los defensores de derechos humanos» y del uso del sistema de justicia para acallar sus voces. Por lo demás, unos minutos de haber salido del penal de Ayutla, Maximino García recibió una amenaza telefónica.
También el tema de la militarización sigue vigente en Guerrero. A mediados de mayo, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, el Centro de Análisis e Investigación Fundar y el Monitor Civil de la Policía cuestionaron «(el) reciente anuncio del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, de que próximamente comenzará a sustituir con soldados a los policías estatales que se encuentren en edad de jubilación o no hayan aprobado los exámenes de acreditación (…) ya que militarizar las instituciones de seguridad pública va en sentido contrario a los estándares internacionales en materia de seguridad ciudadana».
