ANALISIS: La Sociedad Civil: el tercer actor en disputa

La consulta nacional ‘por el Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indios y por el fin de la Guerra de Exterminio‘ promovida por el EZLN y grupos de la sociedad civil ha sido uno de los eventos más significativos desde el principio del año. Ha permitido al EZLN romper con el cerco militar, político e informativo que parecía caracterizar su posición en los últimos tiempos.

A nivel político, fue una manera de retomar la iniciativa en el estancado proceso de paz. El cerco militar fue roto por la salida de sus comunidades de 5.000 delegados zapatistas que difundieron la consulta sin que el Ejército mexicano les hubiera obstaculizado significativamente, mientras el cerco informativo fue abierto por las actividades de dichos delegados en todos los rincones del país.

Es la primera vez que los zapatistas consiguieron extender su movimiento a todos los estados de la Nación, logrando relacionarse con sectores sociales hasta la fecha bastante lejanos de la realidad chiapaneca (desde los trabajadores, pasando por los jóvenes e incluso con empresarios). Una movilización tan plural y amplia parece ilustrar que, en contra de lo que se dice en varios medios de comunicación, el tiempo no ha desgastado los apoyos ciudadanos al zapatismo ni ha aislado su movimiento. Evidencia también el compromiso de muchos actores de la sociedad civil en la búsqueda de la paz. Han invertido muchos recursos en esta iniciativa, aun cuando la crisis económica (y cuando el país cuenta con más de 40 millones de pobres) invitaría a mayor individualismo. De hecho, esta dificultad, tanto económica como de acceso a los medios masivos de comunicación resalta aún más el valor de este esfuerzo de organización y de participación.

Su significado podría ser transcendente en el sentido de una nueva forma complementaria de hacer política en donde la consulta directa al pueblo pueda contribuir a la determinación de leyes y cambios constitucionales. Los resultados de la consulta constituyen un claro mensaje a los posibles candidatos presidenciales para el año 2000: el conflicto chiapaneco tendrá que ser parte de su agenda política. Y mientras tanto, aunque los resultados de la consulta no tienen carácter de obligación legal, representa un llamado a los legisladores de todas las fracciones parlamentarias, al revalorizar la propuesta de cambios constitucionales de la COCOPA (que no ha sido presentada al Congreso de la Unión).

El reacomodo de fuerzas políticas en el marco de la preparación de las elecciones presidenciales en el 2000 y, aunque por el momento, los partidos políticos parecen más bien en otro carril podría repercutir en la resolución potencial del conflicto chiapaneco. La conformación de nuevas alianzas entre ciertos actores políticos seguramente modificaría la correlación de fuerzas en el Congreso.

Varios analistas políticos piensan que, hasta las elecciones del 2000, no se van a dar cambios en la política del gobierno Zedillo en cuanto al conflicto chiapaneco. Según ellos, se tratará a lo sumo de ‘administrarlo‘. Mientras se siguen escuchando mensajes de paz tanto de parte del gobierno federal como de las autoridades estatales, muchas de sus acciones parecen encaminadas a generar mayor conflictividad.

En efecto, el Gobierno del estado parece haber optado por buscar solucionar el conflicto por medio de leyes que excluyen al EZLN del panorama político o intentan restarle importancia. Dichas iniciativas se dieron en fechas que empataban con la realización de la consulta zapatista y se vieron reforzadas por el Poder Ejecutivo Federal a través de una serie de visitas del presidente Zedillo al estado.

Un primer ejemplo de esta tendencia ha sido la ley de ‘Amnistía para el desarme de los grupos civiles en Chiapas’. Varias críticas se hicieron en cuanto a esta iniciativa: según algunos, no hay condiciones para una amnistía; para otros, no resulta claro quiénes todavía caben dentro del marco de esta ley cuando excluye al EZLN y a organizaciones civiles con estructura, adiestramiento o disciplinas similares al Ejército (esta última parte acercándose mucho a una definición de lo que es un grupo paramilitar). Por otra parte, el gobierno estatal ha organizado múltiples reuniones en toda la entidad para promoverla, generando aún más confusión.

Las críticas más fuertes denuncian que esta ley solamente es parte de una campaña de propaganda que quiere mostrar que el gobierno está trabajando en resolver el conflicto o que sólo el EZLN, al no querer desarmarse, está obstaculizando su resolución.

Otro ejemplo más reciente es la propuesta de ley estatal sobre Derechos y Cultura Indígena. Nuevamente, las críticas fueron muy fuertes al verse como una forma más de obstaculizar al EZLN en su demanda de cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés en base a la propuesta de la COCOPA. Cabe recordar que ya existen dos iniciativas de cambios constitucionales más: una del gobierno Zedillo, y otra del PAN. Se puede pensar que, de ser aprobada la iniciativa de ley indígena ya propuesta por el gobierno Zedillo el año pasado (aprovechando de su mayoría en el Congreso) o la del PAN, no se solucionaría el conflicto. La iniciativa estatal tampoco puede generar muchas expectativas. Difícilmente se resolverá el conflicto de manera unilateral, sin la participación de los zapatistas y de todos los actores.

Otra manera de restarle espacios políticos al EZLN pasa por la aprobación próxima de nuevos municipios en el marco de la remunicipalización del Estado, así extendiendo el control de las autoridades estatales sobre las comunidades indígenas. Así se podrían generar nuevos conflictos ya que conduce al establecimiento de los centros de poder en bastiones priístas, fuera de toda lógica geográfica.

Por otra parte, el desalojo del Consejo municipal autónomo de los edificios municipales en San Andrés Larraínzar, lugar altamente simbólico al ser la sede de los diálogos de paz, se ve como un elemento más dentro de una estrategia que busca contrarrestar el desarrollo de los municipios autónomos zapatistas. Sin embargo, no queda claro lo que llevó al gobierno estatal a retirarse sin mayores problemas cuando ciertamente el EZLN podría aprovechar del respaldo que obtuvo en la consulta para seguir avanzando con su proyecto de autonomía.

Todas estas iniciativas fueron ampliamente cubiertas por los medios de comunicación, junto con una campaña de propaganda bastante exitosa, cuyo objetivo era desacreditar al EZLN. Eso se dio a través de fuertes críticas de distintos miembros de los gobiernos estatal y federal a la consulta nacional, y, de manera mucho más ‘espectacular‘, a través de la entrega de armas de supuestos milicianos del EZLN al gobernador de Chiapas. Resulta que dicha entrega fue previamente arreglada: los desertores ya no eran zapatistas desde por lo menos 1995 o nunca lo habían sido y se les dejó pasar varios retenes donde se aplica la ley de armas de fuego y explosivos para poder llegar al evento. En fin, parece contradictorio que el gobierno del estado haya aceptado la entrega de armas a cambio de herramientas productivas cuando su propuesta de ley de amnistía y desarme no incluye a los zapatistas (se encuentran protegidos por la Ley del Diálogo).

Al fin y al cabo, ambas partes siguen buscando trasladar a la otra parte la entera responsabilidad por el estancamiento del proceso de paz. En su nuevo plan para el diálogo entregado a la COCOPA en enero, el gobierno dice querer un diálogo directo con el EZLN y lo considera intransigente; se muestra abierto a una mediación nacional, que tenga prestigio nacional, que sea discreta y profesional. Esta opción se ve poco realista cuando el EZLN se niega a dialogar sin el cumplimiento de las cinco condiciones planteadas en 1996, pasando en primer lugar por la implementación de los acuerdos ya firmados.

En el meollo de la disputa, se encuentra la sociedad civil. Conforme se acercan tiempos electorales, son el centro de atención de los partidos políticos. Para el EZLN, resulta ser el único elemento que pueda destrabar una situación por otra parte estancada así como cada vez más compleja y conflictiva.