«Chiapas es un volcán en calma que puede explotar en cualquier momento»
(Cardenal Roger Etchegaray -presidente emérito de los Pontificios Consejos de Justicia y Paz, y emisario del Papa- después de su visita en Chiapas a principios de enero)

Hace un año, nuestro análisis del conflicto chiapaneco resultaba mucho más optimista en cuanto a posibilidades de reanudación del proceso de paz: el EZLN anunciaba su marcha a la ciudad de México y los nuevos gobiernos, tanto a nivel federal como estatal, daban señales alentadoras a siete años de iniciado el conflicto (ver informes de SIPAZ de febrero y mayo de 2001).

Este proceso de acercamiento se frustró en abril pasado con la aprobación de una reforma sobre derechos indígenas que las organizaciones indígenas rechazaron por ser contraria a los Acuerdos de San Andrés firmados entre el gobierno y el EZLN en febrero de 1996. Eso constituía un tema medular por ser una de las condiciones planteadas por los zapatistas para reiniciar el diálogo.

Reducción creciente de los márgenes de maniobra

El EZLN ha guardado silencio por más de nueve largos meses y los analistas no esperan que rompa este silencio hasta la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las más de 300 controversias constitucionales que se presentaron contra la ley indígena. La influencia del máximo órgano judicial ha crecido mucho desde el inicio del gobierno de Fox. Por su posible contrapeso frente a los demás poderes, podría convertirse en el árbitro de la transición.

Este compás de espera ha servido hasta ahora para contener la tendencia creciente a la polarización de los actores. Por eso la SCJN tiene una alta responsabilidad ante el tema: si falla a favor de la ley, se cerrarán más aún los márgenes para acciones políticas y legales. Ese fallo podría dar legitimidad a los grupos armados más radicales y hacer resurgir la opción violenta como única vía posible. Si en cambio la SCJN falla en contra de la ley y se reabre el tema en el Congreso, la tensión tendrá más posibilidades de ser manejada políticamente por los actores.

Otro margen de maniobra subsistiría aún por la propuesta planteada por 160 diputados de rediscutir el proyecto de reforma de la COCOPA. En un contexto internacional poco favorable, con el Plan Puebla-Panamá ya en puertas y con la conformación actual del Congreso, la reapertura de la discusión alrededor de dicha ley tendría sin embargo pocas posibilidades.

A un año de gobierno del presidente Fox

Chiapas es sólo una de las múltiples promesas de campaña pendientes que tiene el gobierno del presidente Fox. Si bien ha logrado mantener cierta estabilidad macroeconómica en medio de un contexto internacional adverso, muchos asuntos sociales permanecen irresueltos e incluso agravándose. En más de un ámbito, la situación se presta a mayor inestabilidad y conflictividad.

Aunque no puede negarse algunos avances en la transición democrática (en particular, un mayor respeto a la división de poderes), algunos temas se pospusieron hasta tiempos más propicios. Es el caso por ejemplo de la prometida reforma del Estado que se quedó archivada por falta de apoyo en el Congreso.

Una iniciativa importante fue la presentación sorpresiva, cuatro días apenas antes de finalizar su primer año de gobierno, del informe de la CNDH sobre desapariciones forzadas. Constituye un primer paso en el esclarecimiento de los crímenes de Estado que se cometieron en las décadas pasadas, y una decisión clave en la lucha contra la impunidad. También se reabrieron otros temas pendientes : masacre del 68, caso del general Gallardo, etc. Esta tendencia no dejó de provocar malestar en ciertos sectores del Ejército y del PRI.

A partir del asesinato de la activista en derechos humanos, Digna Ochoa en octubre del 2001, se han multiplicado las amenazas a defensores de derechos humanos, periodistas y militantes políticos. Más allá de los casos puntuales, resulta cada vez más difícil negar el carácter estructural de los problemas en México: impunidad, limitaciones y falta de garantías en el sistema de administración de justicia, privilegios e incidencia creciente de las fuerzas armadas, etc. La reiteración de casos de esta naturaleza introdujo un bemol en la relación del gobierno de Fox con organismos internacionales de derechos humanos, después de varios meses de relativa armonía.

A un año del gobierno estatal de Pablo Salazar

La realidad que se observa a nivel federal presenta más de una similitud con lo que se está viviendo a nivel estatal: titulares del Ejecutivo gobernando sin el apoyo de los partidos que los llevaron al poder, o con un Congreso controlado por la oposición; reubicación de las fuerzas y los actores políticos; contradicciones en y entre los niveles de poder; inercias de las instituciones y falta de experiencia de los nuevos integrantes en los gobiernos; creciente descontento social, …

Si bien el PRI conservó la mayoría en el Congreso estatal, eso no significa que tenga el control como partido. La estrategia del Ejecutivo parece haber apostado a un cabildeo individual de los congresistas más que a una negociación con las fracciones parlamentarias. De hecho, se están desdibujando cada vez más las divisiones partidarias, lo cual resulta aún más patente a nivel municipal. En las comunidades, muchos optan por ser «oficialistas», cualquiera sea el partido en el poder.

El PRI estatal se encuentra debilitado por presiones ejercidas desde dos frentes: por un lado, el recambio de dirigencias en el que aparecen más claramente intereses personales, lo que reaviva las tensiones entre el PRI nacional y estatal; por otro lado, los procesos judiciales iniciados contra funcionarios del gobierno anterior.

En este primer año, el primer gobernador no priísta de Chiapas tuvo que gastar mucha energía en mantener una gobernabilidad mínima, no logrando responder a los enormes rezagos económicos y sociales, ni frenar la conflictividad. Además, frente a la polarización del escenario político-social, resulta particularmente difícil promover proyectos de desarrollo sin que sea una fuente más de tensión y división entre los distintos sectores.

Chiapas: ¿a punto de estallar?

Mientras tanto, el estancamiento del proceso de paz sigue cobrando altos costos a nivel local, ya que conlleva consigo la radicalización de las posturas de los actores. El EZLN se está distanciando cada vez más de organizaciones locales anteriormente aliadas y ahora afines al gobierno de Pablo Salazar. Los enfrentamientos por asuntos agrarios y diferencias políticas – donde los conflictos poselectorales siguen pesando- se han venido multiplicando en varias zonas del estado, y la forma de procesarlos pone en evidencia dramáticamente la falta de una cultura democrática y de tolerancia.

Más allá del futuro de la ley indígena y del proceso de diálogo, esta situación de división y violencia creciente en las comunidades indígenas dificultará las posibilidades de construcción de la autonomía, un tema que podría convertirse entonces en otra fuente de conflictos.

Por otro lado, en 2001, Chiapas volvió a ocupar el primer lugar de marginación a nivel nacional, una realidad preocupante que abarca no sólo a las comunidades indígenas sino también a algunas zonas mestizas.